La ministra de Transportes afirma con rotundidad sobre los peajes que no habrá un sistema "que no pase por el diálogo y por el consenso"

El portavoz de Transportes del PP en Congreso, Andrés Lorite, ha acusado al Gobierno de estar "empeñado" en generalizar el sistema de peajes por carretera, mientras que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que no habrá un sistema "que no pase por el diálogo y por el consenso".

Y es que en una interpelación urgente para abordar la crisis en el sector de transporte de mercancías por carretera, el PP ha recordado que impedir este sistema es una de las reivindicaciones del paro patronal convocado para los días 20, 21 y 22 de diciembre.

En un primer momento, la ministra ha limitado su posición a "abrir un amplio debate", pero el diputado 'popular' le ha recordado que la intención declarada del Ejecutivo es aprobar el anteproyecto de ley de Movilidad sostenible y financiación del transporte en apenas unas semanas, antes de que acabe el año. "¿Qué diálogo va a llegar, si ya han actuado a espaldas del sector?", le ha preguntado.

Lorite ha recordado que Ábalos también decía que esta cuestión "era una mera reflexión" cuando ya había propuestas aprobadas por el Consejo de Ministros y que desde el verano de 2019 el Gobierno viene "filtrando" diferentes opciones para un modelo que, ha vaticinado, el Congreso acabará enterándose en la presentación de la futura ley.

LA MINISTRA AVISA: "NO VAMOS A ELUDIR LA RESPONSABILIDAD"

Sánchez Jiménez ha lamentado, por su parte, que el PP ya se anticipe en contra "porque sin siquiera conocer cuál es el modelo, que no está definido, ya anticipan cuál va a ser", y todo ello pese a que los anteriores gobiernos del PP, ha asegurado, "han realizado estudios muy detallados y exhaustivos de cómo tenía que ser ese sistema".

"Nosotros no vamos a eludir la responsabilidad, aun sabiendo que es un tema que puede generar aristas y es un tema que hay que explicar y hacer pedagogía", ha esgrimido la titular de Transportes que, en todo caso, ha dicho que "los transportistas pueden estar seguros": "No vamos a implantar un sistema que no pase por el diálogo y por el consenso, como así nos comprometimos".

Vox rechaza en el Congreso una declaración institucional por el Día Mundial contra el Sida

Vox ha vetado este miércoles, 1 de diciembre, la aprobación de una declaración institucional en el Congreso con motivo del Día Mundial contra el Sida. Las declaraciones institucionales requieren de la unanimidad de todos los grupos parlamentarios por lo que el veto de los de Santiago Abascal ha impedido su lectura.

El texto, promovido por el PSOE, ha recibido el respaldo de todo el arco parlamentario salvo Vox, que ha apuntado que no firmará ni apoyará "ninguna declaración institucional que haga alusión a la Agenda 2030", según informaron fuertes de este partido.

La tercera fuerza nacional subraya, eso sí, que apoya a la comunidad médica y científica en su lucha contra el Sida y muestra su confianza en que el progreso científico y los buenos cuidados sanitarios hagan posible la curación completa de la enfermedad.

"UN ERROR MÁS DE VOX"

"Un error más de Vox", ha respondido el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, cuando se le ha preguntado por el veto de Vox a su declaración en la que, según ha recalcado, se instaba a seguir fomentando la investigación de esta enfermedad y se llamaba a continuar luchando para evitar el "estigma" de las personas padecen VIH.

En la misma línea, desde Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha añadido que no apoyar en pleno siglo XXI una declaración por el Día Mundial contra el Sida es "estar alejado de la realidad" y de los problemas de los españoles.

La semana pasada, el Congreso tampoco pudo aprobar una declaración institucional contra la violencia machista con ocasión del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, porque, según denunciaron el PSOE y Unidas Podemos, Vox se opuso.

Olona acusa a Díaz de ser un "castigo" para los trabajadores 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la diputada de Vox Macarena Olona han protagonizado este miércoles un nuevo rifirrafe en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a cuenta de la huelga del metal en Cádiz y de los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Nada más arrancar su intervención, Olona acusaba a la ministra de ser un "castigo para la clase obrera española y los trabajadores del SEPE" y le reprochaba el "desastre" en el que, en su opinión, se ha convertido el antiguo Inem.

"Se la está comiendo el personaje que se ha creado de sí misma. Usted no es una líder mundial. Lamento tener que ser yo la que se lo diga, pero alguien tiene que decírselo", le ha espetado Olona a Díaz.

La diputada de Vox ha denunciado que se han cerrado 10 oficinas del SEPE; 37 sólo cuentan con un efectivo; 91 oficinas tienen dos efectivos y 115 oficinas disponen de tres trabajadores para atender a los desempleados.

"La realidad es que con usted los desempleados en España se encuentran con oficinas a las que se les prohibe acceder si no es con cita previa, con teléfonos comunicando y con una web colapsada. Se han perdido más de 6.000 efectivos en los últimos años y acaban de despedir a los 1.500 interinos que contrataron para gestionar las prestaciones del Covid", ha criticado Olona.

La diputada de Vox ha pasado entonces a hablar de la huelga de metal de Cádiz y de la actuación de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT en el conflicto, al pactar un convenio que no recogía, a su juicio, las demandas de los trabajadores en las calles.

"Usted ha conseguido que los sindicatos mayoritarios se conviertan en sus plataformas políticas personales (...) Lo único que quieren es carga de trabajo, no políticas sectarias (...) Ha sobornado a los sindicatos para evitar las movilizaciones en las calles", ha subrayado Olona, que ha añadido que "los trabajadores quieren patria". "Le anticipo que están a punto de perder las calles", le ha advertido Olona a Díaz.

DÍAZ: "TIENE USTED UN PROBLEMA CON LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA"

La vicepresidenta ha respondido a la representante de Vox que sus palabras no la ofenden y que a quien dejan "retratada" es a ella misma, por el "poco respeto" mostrado a los agentes sociales y a los trabajadores del SEPE, que fueron los que "salvaron" al país en la crisis.

"Si alguien ha demostrado que hemos podido salir adelante con un SEPE recortado en 3.000 personas por el PP, en el que estaban muchos de los miembros de Vox, han sido los trabajadores del SEPE", ha replicado la vicepresidenta.

Díaz ha acusado a Olona de "tener un problema con la Constitución española", pues los agentes sociales "forman parte del mandato constitucional y deben formar parte del diálogo social".

"Han desplegado en Cádiz, tanto las patronales como los sindicatos, lo mejor del texto constitucional y nos han dado una lección colectiva (...) Nos han dicho los agentes sociales y los trabajadores y sus familias en Cádiz que organizarse, luchar, movilizarse, dialogar y negociar vale la pena", ha subrayado Díaz.

La ministra ha afirmado que, "en nombre del Gobierno de España", da las gracias a los agentes sociales y a las familias trabajadoras de Cádiz, porque "a pesar de sus discursos, sindicarse, defender la democracia, tener patronales, hace más sólido a este país".

Díaz ha añadido que en la crisis financiera de 2008 se destruyeron más de 600.000 empleos industriales, mientras que a día de hoy España cuenta con 25.000 trabajadores más en la industria que antes de la llegada del Covid. "Comparto la preocupación por la industria, pero usted debe defender la Constitución española"

El PP pide al Gobierno una "autoridad sanitaria" antes de fin de año

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, ha pedido este miércoles al Gobierno una "autoridad sanitaria" para regular las restricciones por la pandemia antes de que acabe el año para no tener "17 Navidades distintas".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Pastor ha criticado que sean las comunidades autónomas las que implanten medidas contra la pandemia en lugar de tener una norma común dirigida por "expertos y científicos".

El Partido Popular ya había reclamado al Gobierno la creación de una ley de pandemias con el fin de tener un marco común en materia sanitaria. Es por ello que Pastor ha trasladado al Ejecutivo que "la llamen como quieran", pero que lleven a cabo una legislación "de una vez por todas".

"Estamos dispuestos a sentarnos y trabajar con el Gobierno. Se lo hemos dicho y no nos han llamado jamás para hablar de esto", ha reprochado. Con todo, Pastor ha criticado que España vaya "por detrás de los acontecimientos" y ha recordado que su formación pidió en agosto a la titular de Sanidad, Carolina Darias, la administración de la tercera dosis.

PIDE AL GOBIERNO UNA RESPUESTA SOBRE LA MASCARILLA EN EXTERIORES

Pastor también ha exigido al Gobierno que responda sobre la mascarilla en espacios exteriores después de que el Ejecutivo vasco haya anunciado que reiterará su propuesta al Consejo Interterritorial de Sanidad para modificar el Real Decreto para que el uso de la mascarilla sea obligatorio también en el exterior.

En este punto, la vicesecretaria 'popular' ha animado a la ciudadanía a cumplir con las recomendaciones sanitarias, como el uso de mascarillas en interiores, la vacunación y la administración de la dosis de refuerzo.

Grande-Marlaska sobre el cierre de fronteras: "Está recogido en el Código Schengen pero no lo compartimos"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que, aunque el cierre de fronteras por parte de Francia está recogido en el Código Schengen, ni España ni otros países del Mediterráneo comparten esta situación, ya que defienden la libre circulación interior.

Grande-Marlaska ha sido cuestionado por esta situación por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien ha explicado de forma específica la situación que se vive en la frontera entre el país galo y Euskadi. Según ha relatado Iñarritu, en las "últimas semanas" han fallecido siete personas migrantes, tres de ellas ahogadas en el río Bidasoa, en un intento por cruzar una frontera que Francia ha cerrado.

En este sentido, el ministro ha explicado que, desde el pasado agosto, se ha desplegado un dispositivo de la Guardia Civil que incluye al Servicio Marítimo Provincial, patrullas reforzada con el Núcleo de Reserva de la comandancia, el Grupo de Acción Rápida, o la realización de reconocimientos esporádicos por parte de la Unidad Aérea.

Del mismo modo, ha indicado que los servicios de información y policía judicial "han reforzado" sus contactos con las fuerzas de seguridad galas "para luchar contra las redes y grupos criminales" que se dedican al "tráfico de inmigrantes" y "ponen en riesgo" las vidas de estos. Según ha indicado Grande-Marlaska, en este sentido, se han pasado 16 puestos fronterizos cerrados a 10.

EN DEFENSA DE LA LIBRE CIRCULACIÓN

En su intervención, el responsable de Interior ha indicado que esta medida que ha puesto en marca el Gobierno francés "no es novedosa", ya que desde 2015 está recogida en la normativa del país y vecino, además de incluirse, también, en el Código Schengen. En este sentido, Grande-Marlaska ha apuntado que España no comparte necesariamente esta actuación.

Según ha explicado, tanto España, como otros países del Mediterráneo consideran como un "pilar fundamental" la "libre circulación" y defienden, frente a estas situaciones que ya hay "medidas necesarias y precisas para proteger las fronteras" y "garantizar la libre circulación interna".

El diputado de EH Bildu ha calificado de "interesante" la postura explicada por el Ministro, aunque ha señalado que las "medidas policiales" desplegadas hasta ahora por el Ejecutivo "no están sirviendo para eliminar" el drama de los migrantes que buscan pasar al Francia.

Iñarritu ha explicado al ministro que, si se acerca a frontera verá cómo la colaboración entre policías española y francesa permite la devolución de personas con arreglo al acuerdo de Málaga, pero también se producen "devoluciones en caliente" y "controles policiales por perfil étnico". "Es intolerable", ha declarado, antes de exigir más medidas.

Grande-Marlaska ha insistido en que se está trabajando en "medidas plurales" para "evitar" la "pérdida de vidas" y también ha insistido en que las prácticas que lleva a cabo Francia en los puestos fronterizos están avalados por el Código Schengen.

Marlaska defiende que la nueva ley de Seguridad Ciudadana busca garantizar unos derechos que fueron "limitados" por la mayoría absoluta del PP

El PP y Vox han censurado este miércoles en el Congreso la propuesta del Gobierno para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como 'ley mordaza', en un intento de aprobar una nueva ley que, según estos partidos, beneficia a la "chusma violenta" contando con el apoyo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pesar de que en su etapa como vocal en el Poder Judicial sí se sumó al "rodillo" que avaló la norma de 2015.

En la sesión de control al Gobierno, Grande-Marlaska ha defendido que la nueva ley busca garantizar la "seguridad jurídica" de los policías y los derechos de ciudadanos, unos derechos que fueron "limitados" por la mayoría absoluta del PP en un intento de "protegerse de las protestas por la corrupción que les ahogaba".

EL PP SE REMONTA A 2014

"La actual ley la avaló el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", le ha replicado la diputada del PP Ana Belén Vázquez, antes de recordarle: "Pero también usted". En este sentido, ha recordado que el 27 de marzo de 2014, estando en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP, "formó parte del rodillo" que por "unanimidad" respaldó el texto de la conocida como 'ley mordaza'.

En su turno, Grande-Marlaska ha señalado que la ley de 2015 fue "cuestionada" por el Tribunal Constitucional, que "declaró una parte inconstitucional y otras de necesaria interpretación". También ha recordado la subida salarial aprobada durante su mandato para policías y guardias civiles, la oferta de 10.000 plazas frente a las 13.000 perdidas con el PP y el plan de inversiones en infraestructuras policiales de 600 millones.

Asimismo, Grande-Marlaska ha defendido que España cuenta con la tasa de criminalidad más baja de los últimos años, por lo que no es un país inseguro como "pinta" el PP y "sus amigos de Vox". "Prepárense para seguir viviendo en democracia durante mucho tiempo con un Gobierno como este", ha terciado.

MANIFESTACIÓN DE POLICÍAS

El PP le ha reprochado también que ahora cuestione la manifestación del sábado en Madrid de policías, guardias civiles y representantes de cuerpos autonómicos y locales que no respaldan la reforma de la 'ley mordaza' que plantea PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de ERC, PNV o EH Bildu.

Ana Vázquez le ha mostrado varias fotografías en las que Grande-Marlaska, en el pasado, lució la pulsera de la plataforma Jusapol, la convocante de la manifestación del sábado en Madrid, aludiendo también a que, estando en la oposición, miembros del PSOE "se pelaron" por llevar la pancarta en otras protestas convocadas por esta asociación de la que surgieron las organizaciones mayoritarias en Policía (JUPOL) y Guardia Civil (JUCIL).

"Váyase, señor Marlaska", ha concluido la diputada del PP, mencionando otras polémicas como el tercer grado para el detenido por el crimen del niño de Lardero. "¿Qué es lo que cambió cuando usted colgó la toga?", se ha preguntado.

El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha denunciado la "miserable" y "humillante" reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, al entender que quiere "regalar" el control de las calles al conjunto de la extrema izquierda y a los partidos herederos de quienes "hicieron del crimen su profesión".

También ha aludido a los "ministros comunistas con cartera que jalean cualquier forma de terrorismo" y a una "chusma violenta que existe y está ahí, y que sigue pretendiendo quemar vivo algún día a un policía". Según Gil Lázaro, el plan del Gobierno es "facilitarse las cosas" para que, cuando pierdan el poder, "poder quemar las calles, que es lo que ha hecho sistemáticamente".

Grande-Marlaska le ha respondido que el único interés de Vox es "generar un clima de odio" y que, para ello, instrumentaliza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "¿Sabe cómo somos nosotros patriotas? Con 10.000 puestos más de agentes, subiendo sueldos, con 600 millones para infraestructuras", ha comentado el ministro, que también ha dicho en sus intervenciones que ahora no hay un "uso partidista" de Interior.

Interior reconoce "retrasos" en los trámites de asilo 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que ha habido "retrasos" en las resoluciones de asilo aunque ha apuntado que "se están corrigiendo" al tiempo que ha recalcado que España garantiza la documentación a las personas solicitantes.

Grande-Marlaska ha respondido así a la pregunta que la diputada de ERC, María Carvalho, le ha dirigido en la sesión de control al Gobierno del Congreso, relacionada con este tema.

En concreto, Carvalho ha denunciado que España es el "único" país de la UE, junto con Hungría, que "no reconoce los derechos en fase judicial" de personas solicitantes de protección que "han estado trabajando" en el país y que, en esta situación, "solo tienen tres opciones". "Pedir ayuda, la economía sumergida o pasar hambre en la calle", ha señalado la diputada.

Al representante del partido independentista también ha recordado a Grande-Marlaska que existen leyes y directivas europeas que reconocen el derecho a documentación de estas personas y ha recordado que hay sentencias de la Audiencia Nacional que señalan que España "desobedece de forma agravante" estas normativas.

DEFIENDE MEJORAS EN LOS SERVICIOS

Sin embargo, el ministro del Interior ha insistido en que el Gobierno "garantiza" de forma "efectiva" y "en parámetros de legalidad" esta derecho de los solicitantes de protección y ha recordado que la Secretaría de Estado de Seguridad y la Subsecretaría del ramo han realizado una instrucción conjunta "para hacer efectivo" ese derecho.

Grande-Marlaska ha explicado, además, que su departamento se ha preocupado "en estos años" de aumentar el personal a las oficinas de asilos, "cuatriplicado sus funcionarios", según ha explicado, así como creando "nuevas infraestructuras para ser mucho más ágiles".

Según ha apuntado, España es el segundo país de la UE en solicitudes de protección y ha destacado que el año pasado "se resolvieron más expedientes" de "los que entraban".

"No negamos dilaciones, retrasos, pero los mismos se están corrigiendo", ha declarado el ministro, antes de apuntar que su departamento tiene la mira puesta en "mejorar los servicios públicos y dar garantías necesarias" a estas personas que viven en situaciones "complicadas" y, según ha indicado, "se merecen servicios públicos y administraciones" que cumplan con sus derechos.

Díaz confía en alcanzar un acuerdo con el PSOE sobre la Ley Audiovisual

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha confiado en alcanzar un acuerdo con el PSOE para que la Ley Audiovisual "salga adelante" y ha apelado al diálogo de cara a conseguir un consenso.

Así lo ha indicado la líder del espacio confederal en declaraciones en el Congreso, mostrando un tono más conciliador que el presidente del grupo parlamentario en la Cámara Baja, Jaume Asens, quien reprochó a su socio de coalición no haber negociado este anteproyecto y llegó a deslizar que están "más cerca del no que del sí" a la hora de pronunciarse sobre esta iniciativa.

"Desde la Vicepresidencia segunda estoy segura de que vamos a alcanzar un acuerdo para que esta ley salga adelante (...) Dejemos trabajar a todo el mundo para que esta ley, que es importante insisto, salga adelante", ha trasladado Díaz a los medios de comunicación.

Previamente, Asens ha avanzado que el grupo parlamentario presentará enmiendas durante la tramitación en el Congreso de la Ley Audiovisual y reprochó a los socialistas que no hayan atendido previamente su llamada al diálogo de cara a poder introducir sus propuestas, pese a la insistencia manifestada meses antes.

ASENS HABLA DE DECEPCIÓN Y AVANZA ENMIENDAS

En declaraciones a TVE, el también dirigente de En Comú Podem ha admitido que están "decepcionados" y "disgustados" con la redacción de esta normativa, pero también ha matizado que esperan llegar a un acuerdo en el seno de la coalición en el trámite de enmiendas para corregir la redacción.

Y es que aparte de la preocupación por el estatus de las lenguas cooficiales, el grupo parlamentario afea la ausencia en esta norma de un organismo independiente regulador que garantice la pluralidad en el sector audiovisual que no se cierre la puerta a "privatizaciones" de servicios informativos en entes públicos, cuando son considerados esenciales.

También ha sostenido que la aprobación del anteproyecto de Ley Audiovisual en el Consejo de Ministros les pilló por sorpresa y ha recriminado al PSOE que se centrara en negociar con ERC, un partido de "oposición".

ENTIENDE EL ENFADO DE ERC PORQUE TAMBIÉN HAN SUFRIDO DESLEALTAD

Eso sí, ha trasladado que comprende que ERC esté disgustado con los socialistas, después de que ayer el portavoz republicano Gabriel Rufían hablara de "trampas" del PSOE y de no cumplir el acuerdo suscrito al eximir a plataformas internacionales de cumplir con la cuota reservada a lenguas cooficiales, dado que Unidas Podemos también ha padecido "deslealtad" por parte de su socio.

En el espacio confederal confían en poder reconducir desde la negociación con el PSOE la controversia generada por la redacción de esta Ley, dado que reconocen que el texto actual no agrada y presenta carencias.

Yolanda Díaz anticipa unos "muy buenos datos" de paro e "históricos" en afiliación a la Seguridad Social

La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anticipado este miércoles en el Congreso unos "muy buenos datos" de paro e "históricos" en el caso de afiliación a la Seguridad Social, que se publicarán este jueves.

Así lo ha manifestado a su llegada al Congreso, en declaraciones a los medios de comunicación, y en respuesta al secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.

"Va a comprobar cómo la cifra es histórica en afiliación a la Seguridad Social", le ha anticipado la vicepresidenta segunda al dirigente 'popular'.

Antes, en declaraciones a los medios de comunicación, Díaz ha asegurado que los datos de desempleo que se publicarán del mes de noviembre "van a ser muy buenos" y que seguirán la "senda descendente" de reducción de paro.

"Vamos a continuar en una sende descendente a pesar del mes en el que nos encontramos. Van a ser muy positivos para el país".

Podemos acusa al PSOE de no negociar la Ley Audiovisual 

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha desvelado que su formación está "más cerca del no que del sí" respecto a la Ley Audiovisual, al acusar al PSOE, su socio de coalición, de no haber negociado con ellos el contenido de la normativa y de haberla llevado de forma unilateral al Consejo de Ministros.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso para reprochar a los socialistas que, pese a sus demandas de participar en el anteproyecto, su socio ha optado por centrar las conversaciones con un "partido de la oposición", en alusión a ERC.

Precisamente ayer la Ley Audiovisual fue aprobado en el Consejo de Ministros y el portavoz del grupo republicano, Gabriel Rufían, expresó su rechazo a la redacción del anteproyecto, habló de "trampas" del PSOE no cumplir su acuerdo de hace una semana y para, entre otras cosas, eximir a plataformas internacionales como Netflix o HBO Max de cumplir con la cuota reservada a lenguas cooficiales.

"Lo que tendría que hacer el PSOE es negociar esta ley porque estamos más cerca del no que del sí", ha insistido Asens, quien ha detallado que sus propuestas, pese a su "insistencia", no han sido atendidas en el texto y por tanto ha avanzado que tratarán de introducirlas cuando se abra el plazo de enmiendas.

Por ejemplo, ha lamentado que no se contemple un organismo supervisor de la pluralidad del sector audiovisual o que los servicios informativos, que son "esenciales", no se puedan "privatizar ni externalizar", aspecto que ahora no cierra el anteproyecto.

No obstante y aparte del tema de la presencia de las lenguas cooficiales, Asens ha detallado que tienen más propuestas pero no han obtenido respuestas de su socio "ni han sido invitados" a la negociación.

Se debatirán entre otras cosas las clases en castellano en Cataluña

El PP, Vox, Ciudadanos van a aprovechar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles para exigir al Ejecutivo que garantice la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la escuela pública catalana a ofrecer un 25% de las clases en castellano.

Así, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el diputado 'popular', Óscar Clavell, han registrado sendas preguntas para la ministra de Educación, Pilar Alegría, con el objetivo de que les explique cómo piensa afrontar este asunto una vez que la Generalitat ha dejado claro que no piensa aplicar esta decisión judicial.

ALEGRÍA CREE QUE EL FALLO "NO ADMITE DEBATE"

Alegría aseguró el pasado jueves que este asunto no admite "debate" porque las sentencias deben ser acatadas siempre, sin embargo, desde la Generalitat y desde ERC sostienen que del Ejecutivo asume el "éxito" del modelo de inmersión lingüística catalán.

En concreto, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, replicó a la responsable del ramo que hay "una parte del Gobierno" que sabe que las denuncias en esta materia son "superminoritarias" y se presentan con un "interés político".

En este contexto, Arrimadas busca que la ministra le aclare qué va a hacer para "garantizar los derechos de las familias catalanas a que sus hijos reciban una educación también en castellano, tras contrastar la negativa de la Generalitat a cumplir con las sentencias judiciales".

Los argumentos en contra de la sentencia del Supremo se escucharán en boca de la diputada de la CUP, Mireia Vehí, quien había dirigido su pregunta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, aunque, el Ejecutivo, que es quien decide cuál de sus miembros contesta a cada cuestión, se la ha derivado a la titular de Educación.

Así, Vehí retará a Alegría a detallar cómo aplicará el Gobierno una sentencia del TC que, según recalca, "contradice la ley Celaá en materia lingüística".

Y UNA MOCIÓN EN EL SIGUIENTE PLENO

Y, después de las preguntas, llegará una interpelación de Vox sobre el mismo asunto. Textualmente, los de Santiago Abascal aspiran a que el Gobierno exponga las medidas que piensa impulsar para "garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional".

Ese debate dará lugar a una moción que se someterá a votación en el siguiente Pleno del Congreso en la que Vox podrá incluir sus 'recetas' para poder aplicar la sentencia del Supremo.