Bruselas pide castigar los delitos medioambientales con penas de cárcel y veto a contratos públicos en la UE

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles reforzar la tipificación de los delitos medioambientales incluyendo más supuestos y aclarando los existentes, al tiempo que ha pedido establecer penas mínimas comunes de modo que se apliquen penas de cárcel y el veto a los contratos públicos en los casos más graves juzgados en cualquier país de la Unión Europea.

El comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha apuntado que cada año aumenta una media del 5% el número de delitos ligados a los daños al medio ambiente, acciones cuyos efectos se ven a largo plazo y contra los que hay "pocos incentivos para cumplir la ley", por lo que con frecuencia quedan sin castigo.

La revisión que plantea Bruselas pasa por aportar "claridad jurídica" a los crímenes medioambientales ya previstos pero también ampliar la lista para incluir otras acciones perniciosas como el comercio ilegal de madera, el desguace ilegal de buques o la extracción de agua sin autorización.

En este marco, el Ejecutivo comunitario quiere también que los Veintisiete estén obligados a perseguir como crímenes estas prácticas, incluido con penas de cárcel de hasta diez años y sanciones económicas para los casos más graves que puedan causar la muerte o lesiones a la población.

La nueva norma, además, incluiría otras formas de sanción como la obligación de quien contamine a reparar los daños causados a la naturaleza, la prohibición de acceder a licitaciones o fondos públicos y la retirada de permisos administrativos, medidas que en opinión de Bruselas "con frecuencia son más eficaces" que las multas.

El comisario Sinkevicius ha alertado, además, de que cada vez es más frecuente que quienes denuncian este tipo de delitos sean después víctimas del acoso, la intimidación o incluso violencia de parte de los infractores, por lo que su propuesta incluye medidas para proteger mejor a quienes den el paso de denunciar.

"El medio ambiente no conoce fronteras pero los delitos contra él tiene efectos negativos a través de los Estados miembro. Esta propuesta dará a las autoridades y a la judicatura las herramientas para actuar más eficazmente contra los delitos medioambientales en la UE", ha indicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Justicia, Vera Jourova, sobre la propuesta.

La Comisión apunta otra clave para reforzar la lucha contra los crímenes medioambientales que tiene que ver con mejorar la cooperación entre Estados miembros y con dar más apoyo y medios a los inspectores, Policías, fiscales y jueces que persiguen este tipo de delitos.

Para ello, propone por ejemplo ofrecer formación específica, herramientas de investigación, instrumentos de coordinación y mejorar los procesos de recopilación de datos y estadísticas; además de apuntar a los gobiernos para reclamarles estrategias nacionales específicas que aseguren la "coherencia" en las medidas a desarrollar y en la disponibilidad de los recursos necesarios.

Además apela a la mejor coordinación entre países para perseguir mejor los delitos transfronterizos, habida cuenta de que acciones como la contaminación por vertidos o el tráfico ilegal de especies silvestres puede extenderse por distintos Estados miembro a la vez.

En todo caso, la propuesta presentada por la Comisión este miércoles necesita aún pasar al Parlamento Europeo y al Consejo, que revisarán y negociarán su contenido antes de que vea la luz.