La consejera de Igualdad "ruega" a Núñez que deje claro que la posición del PP es en contra de los maltratadores

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha "rogado" al presidente del PP, Paco Núñez, que amoneste al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro, que este jueves cuestionaba las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, y "deje claro que la posición del PP de Castilla-La Mancha está en contra de los maltratadores".

De este modo ha reaccionado Fernández, en la firma de un convenio de colaboración con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Tita García Élez, en materia de prevención de la violencia de género, después de que el portavoz de los 'populares' albaceteños cuestionase en el pleno del Consistorio la gestión de estas ayudas y propusiera destinar los fondos contra la violencia machista a infraestructuras.

"Este señor se atreve a decir que qué hacemos gastándonos el dinero en chorradas y tonterías, en lugar de hacer trenes. Esto es lo que dijo el portavoz del PP en Albacete, y lo peor de todo es que nadie de la Dirección del PP lo ha corregido", ha condenado la responsable regional de Igualdad.

"No me atrevo a exigirle, porque no quiero que se ponga a la defensiva. Por ello, ruego al señor Núñez que, por favor, amoneste públicamente a este concejal, deje claramente escrito y dicho que la posición oficial del PP es contra los maltratadores, contra la violencia machista y no cuestiona, en ningún caso, que las mujeres son víctimas".

Dicho esto, ha alertado que este tipo de palabras "alimentan el negacionismo y la desinformación, y el negacionismo y la desinformación en este momento son un enemigo invisible pero poderoso que debilita a las víctimas y empodera a los que tienen el poder, que son los maltratadores y los delincuentes".

TÍTULO HABILITANTE

En este marco, la consejera ha destacado que la mitad del presupuesto del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, más de 20 millones de euros, van destinados a "proteger a las víctimas, rehabilitarlas y restañar sus heridas para que puedan salir de círculo y de la violencia".

Según Fernández, desde el 2003 --año en que arrancaron los registros-- hasta el 2021, se ha pasado de una media nacional de 91 mujeres asesinadas a 50 y, aunque los datos siguen siendo "extremadamente graves", los esfuerzos y los recursos dedicados en estas casi dos décadas han servido para reducir de forma importe las muertes y han protegido muchas vidas.

"No se pueden cuantificar las vidas que se han protegido, pero en Castilla-La Mancha en los últimos 20 años, en los recursos de acogida, se han protegido a 15.500 mujeres y a sus hijos e hijas, que huyeron de sus casas porque temían por su vida, y no hemos pedido ningún papel, ninguna denuncia, ninguna prueba, porque lo primero era proteger su vida", ha defendido.

"Las palabras de Navarro ponen el foco en un presunto delito de las víctimas, desviándolo de los maltratadores, y eso es absolutamente irresponsable", ha insistido Fernández, que ha explicado que en la Conferencia Sectorial, el Gobierno de España y las comunidades autónomas decidieron establecer una serie de criterios unánimes y homologables en todo el territorio nacional para poder articular el llamado título habilitante, una documentación administrativa que acredita que la mujer que la posee es víctima de violencia machista y se hace cuando no hay sentencia firme.

Fernández ha incidido en la necesidad de hacer ese título habilitante porque "los tiempos de la justicia son los que son, y porque hay mujeres que han sido víctimas durante muchos años y no tienen pruebas, solo secuelas".

"La administración desde hace muchos años se pertrechó del título habilitante y trabajamos todas las comunidades autónomas en esta dirección que pasa por que expertos en la materia de los centros de la mujer, evaluando la situación, establecen o no el título habilitante, porque tienen conocimientos suficientes para valorar la situación de una determinada mujer que dice que es víctima", ha agregado.

"En Castilla-La Mancha, 15.500 vidas lo atestiguan y no les hemos exigido ninguna denuncia porque bastante prueba era que tenían que abandonar su vida, sus propiedades y su hogar con una mano delante y otra detrás, para que venga un señor concejal a responsabilizarlas absolutamente de nada".

Por último, la responsable de Igualdad del Gobierno regional ha defendido que en Castilla-La Mancha "se está haciendo lo qué se tiene que hacer, que es dar respuesta inmediata a quien tiene que salir de las peor de las torturas, que es la que ocurre en tu propio hogar".