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La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este lunes que el control judicial del Tribunal Supremo sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es "fundamental" en un Estado de derecho y ha informado de que su teléfono móvil no fue infectado con el programa de espionaje Pegasus, como se lo hizo saber el servicio español de inteligencia al día siguiente de entregárselo para que lo analizara.
Llop ha remarcado que es "importante" defender que España es un Estado de derecho, por lo que también es "importante" que exista un control judicial y es "fundamental" que se haga por parte del Tribunal Supremo "cuando es solicitado por los integrantes del CNI".
"Como se hace ahora en la ley", ha contestado la ministra tras ser preguntada por las informaciones que apuntan a recelos dentro del Supremo ante la posibilidad de que una reforma de la ley de secretos oficiales, como la anunciada por el Gobierno, le dé mayor responsabilidad para analizar en qué casos autorizar las escuchas.
La titular de Justicia ha rechazado pronunciarse sobre el contenido de la ley porque se está trabajando en la misma. "Pero porque tampoco sabemos cuál será el texto final", ha explicado.
Sobre Pegasus, Llop ha dicho que le comunicaron que su móvil no sufrió una infección. "Y me lo devolvieron, me parece, al día siguiente", ha señalado a los medios en el Centro de Estudios Jurídicos. Allí ha inaugurado una jornada sobre becas del Ministerio para acceder a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al de la Abogacía del Estado.
Fue el pasado 3 de mayo cuando la titular de Justicia anunció que iba a entregar su móvil al CNI para que lo examinaran y después de que el Gobierno comunicara que el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados con el 'software' Pegasus en 2021.
Llop defendió ese día durante una entrevista que el Ejecutivo de Sánchez ha cumplido con los protocolos de ciberseguridad y las actualizaciones del sistema en sus dispositivos móviles, aunque no aclaró si entregaban de forma periódica sus teléfonos al CNI.
El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha rechazado, por falta de legitimación, la petición que había realizado la Generalitat de Cataluña para personarse como acusación popular en el 'caso Pegasus', donde se investiga bajo secreto el espionaje sufrido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, a través de sus teléfonos móviles.
En un auto de este mismo miércoles, el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 señala que no hay habilitación legislativa específica para que la personas jurídicas públicas, como es el caso de la Generalitat, puedan ejercer la acción popular.
El magistrado recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo al respecto, la cual establece que el sistema general de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) no permite inferir que las entidades públicas puedan ejercer como acusación popular.
Asimismo, el instructor descarta que dicha legitimación se pueda sustentar en la normativa autonómica que invoca el Gobierno catalán en la petición formulada en la sede judicial.
Con todo, Calama indica, en línea con la Fiscalía, que la acción pública para su ejercicio en el procedimiento penal corresponde en exclusiva al Ministerio Público, "no teniendo cabida el ejercicio por parte de personas jurídicas públicas de la acción popular fuera de los casos en los que esta posibilidad se encuentra contemplada legalmente, sin que en el presente supuesto exista previsión legal específica en la que pueda ampararse la personación pretendida por la Generalitat".
No obstante, el auto firmado por el magistrado aún no es firme, ya que la Generalitat tiene un plazo de tres días para presentar un recurso de reforma y de cinco días para impugnar ante la Sala de lo Penal.
El 'caso Pegasus' centrará este miércoles, por tercer Pleno consecutivo, la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El PP volverá a interrogar por este asunto al presidente Pedro Sánchez, que también tendrá que afrontar preguntas al respecto de Bildu y PNV. Los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y Defensa, Margarita Robles, serán objeto de nuevo de un examen al que está vez también se sumará también el responsable de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Abrirá fuego la 'número dos' del PP, Cuca Gamarra, quien emplazará a Sánchez a confesar si no cree que el Gobierno ya ha hecho "suficientes" concesiones al independentismo, la última el cese de Paz Esteban al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha elegido este asunto para su pregunta a Sánchez, al que pedirá que aclare si la Guardia Civil y la Policía Nacional poseen en programa 'Pegagus'.
De su lado, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, le retará a exponer cómo piensa recuperar la mayoría de la investidura, resentida tras el estallido de la polémica del espionaje a independentistas.
TRIPLE EXAMEN PARA BOLAÑOS
Para el ministro Bolaños se han presentado tres preguntas con la firma del PP, Vox y Cs. En concreto, la 'popular' Ana Beltrán quiere que aclare si está "en condiciones de garantizar que las comunicaciones de la Presidencia son seguras".
"¿A dónde va este Gobierno?", reza la pregunta registrada por la diputada y candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, mientras que la líder de Cs, Inés Arrimadas, le pedirá que opine sobre si las alianzas parlamentarias del Gobierno "garantizan la estabilidad, la prosperidad y el buen funcionamiento democrático de España".
Otras dos preguntas tienen como destinataria a Robles. Desde el PP le exigirán que detalle los motivos del cese de Paz Esteban y desde Vox que confiese por qué no dimitió en lugar de "consentir" que se destituyera a una persona a la que había respaldado "pública y reiteradamente".
EL PP FORZARÁ UNA VOTACIÓN
La única pregunta para Grande Marlaska la ha registrado la portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, con el objetivo de saber si Interior ha abierto alguna investigación por la vulneración de las comunicaciones Sánchez, Robles y él mismo.
Además, el PP ha presentado una interpelación para que el Ejecutivo responda por sus divisiones internas "en cuestiones de política exterior y seguridad", en referencia a las tensiones que la guerra de Ucrania han provocado entre el PSOE y Unidas Podemos y también al pulso que, a cuenta del espionaje, vivieron Bolaños y Robles semanas atrás. Ese debate dará lugar a una moción que se someterá a votación en la última semana de mayo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá finalmente el jueves 26 de mayo en el Pleno del Congreso para informar de la crisis política motivada por el espionaje con el sistema 'Pegasus', que ha afectado a políticos independentistas y también a miembros del Ejecutivo, incluyendo al propio jefe del Gabinete, y que provocó la destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Así lo ha revelado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, quien ha explicado que se ha escogido esa fecha y no el miércoles de la víspera porque el presidente no podía acudir el día anterior al Congreso porque estará participando en el Foro de Davos.
Se trata de una comparecencia que había exigido la oposición y que salió a delante en la Junta de Portavoces la pasada semana al quedarse en minoría los dos partidos que componen el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos. Será además un debate monográfico, como pedían los demás grupos.
Despejada esa fecha, el Congreso tendrá que fijar al menos otros dos plenos con Sánchez antes del verano, uno para el prometido Debate del estado de la Nación y otro para informar de las consecuencias de la decisión del Gobierno de apostar por el plan marroquí de autonomía para el Sáhara, además de la sesión informativa del próximo Consejo Europeo que ponga fin al primer semestre de presidencia europea. Por ello, desde el PSOE ya han deslizado que el Debate sobre el estado de la Nación podría desplazarse al mes de julio.
El Parlament de Catalunya ha presentado una denuncia este lunes por la tarde por el espionaje realizado con el programa Pegasus, según un comunicado de la cámara.
En la denuncia se plantea que se depuren en sede judicial las posibles responsabilidades de las personas que hayan participado en el espionaje.
La denuncia está firmada por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, se ha presentado en la Ciudad de la Justicia y va dirigida al Juzgado de Instrucción que corresponda por el turno de reparto.
En el texto de la denuncia, el Parlament alega que el espionaje con el programa Pegasus "puede ser constitutivo" de un delito del artículo 197 bis del Código Penal, que tipifica acceder a un sistema de información o mantenerse dentro sin autorización y en contra de la voluntad del propietario.
Ha apuntado que la condición de miembros del Parlament de parte de los afectados "es un indicio claro de que se habría podido producir un acceso ilegal a los sistemas de información" de la cámara.
Por este motivo, el Parlament podría ser "directamente persona ofendida, especialmente a la vista del acceso sin restricciones que Pegasus proporciona en los dispositivos espiados".
Ha señalado que los hechos también podrían ser constitutivos de un delito previsto en el artículo 197 ter del Códgo Penal sobre el aprovechamiento de las intrusión para interceptar comunicaciones o acceder a información almacenada.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido la ampliación de la denuncia solicitada por la Abogacía del Estado y que incluye la infección con Pegasus de los móviles del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del de Agricultura, Pesca y del Alimentación, Luis Planas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha tomado esta decisión después de haber recibido el escrito de los servicios jurídicos del Estado en el que se informa de que sendos dos teléfonos móviles sufrieron la infección en el mes de junio de 2021, según se desprende de los dos informes elaborados por el Centro Criptológico Nacional.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comparecerá este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso para rendir cuentas de distintos asuntos planteados por la oposición, entre ellos el espionaje con el sistema 'Pegasus', los viajes en 'Falcon' del presidente Pedro Sánchez, y las derrotas del Ejecutivo en el Tribunal Constitucional.
Bolaños acudirá a la Cámara Baja a petición propia para dar cuenta del Plan Anual Normativo y su evaluación, pero tendrá que responder a un total de 10 asuntos planteados por distintos grupos parlamentarios, según el orden del día recogido por Europa Press.
El último punto, presentado por Ciudadanos, pide a Bolaños que explique el contenido de su reunión exprés con la Generalitat de Cataluña "a raíz de la información publicada sobre presuntas escuchas a políticos independentistas".
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado hoy a favor de que el Gobierno desclasifique los documentos del CNI relativos al espionaje a los independentistas que ha realizado el citado Centro Nacional de Inteligencia.
Así lo ha afirmado hoy durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha acordado al destitución de la directora del CNI, Paz Esteban y su sustitución por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro.
Margarita Robles respondía así a la pregunta de si estaría dispuesta a que se desclasifiquen esos documentos tal y como ha pedido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés y los independentistas que han sido espiados por el CNI con respaldo judicial y que ascenderían a 18.
"En lo que a mi respecta, ya que es una decisión que tendrá que tomar el Gobierno si lo pide algún juez, yo estaría encantada porque los ciudadanos tienen derecho a saber", ha precisado. Es más, ha mostrado su esperanza de que "algún día se desclasifique" para que los españoles "sepan de verdad cómo se actúa con arreglo a la legalidad".
Además, Robles ha afirmado que lo único que siente es tener que guardar el deber de confidencialidad en la parte que ella sabe porque hay muchas cosas que desconoce, ya que son aspectos técnicos y no le corresponden saberlo.
Pero ha insistido en que como no tiene ninguna duda de que los organismos públicos "actúan con arreglo a derecho" está a favor de que se desclasifique y haya "transparencia máxima". "Ya me gustaría a mi que se pudiera ver todo", ha exclamado.
Según la ministra de Defensa, si se hacen públicos esos documentos, quedaría muy claro el respeto que el Gobierno tiene los derechos, las libertades y las ideologías de las personas que, según ha apuntado, "son absolutamente respetables". Y ha recordado la máxima: "yo mataría para que otros pudieran defender aquellas posiciones".
En cualquier caso, ha apuntado que la ya exdirectora del CNI, Paz Esteban, acudió a la Comisión de Gastos Reservados del Congreso de los Diputados con "toda la documentación" y las autorizaciones judiciales "absolutamente motivadas", en relación con el espionaje a los líderes independentistas, y los presentes en la misma tuvieron oportunidad de verla.
En este sentido, ha señalado que todas las actuaciones que realiza el CNI son siempre con arreglo a derecho y con autorización judicial y ha añadido que, por suerte, "en este país los jueces motivan y explican por qué toman las decisiones". Robles ha querido así dejar claro que en España "no se espía a nadie por sus ideas políticas".
Ciudadanos ha presentado este martes ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el diputado y portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, al que acusan de revelación de secretos por sus declaraciones a la prensa tras asistir a la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en la Comisión de Gastos Reservados.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el partido naranja solicita al Ministerio Fiscal que abra una investigación sobre "algunos diputados" y, "en particular", sobre Rufián. Según Ciudadanos, el portavoz de ERC podría haber cometido un delito que el Código Penal castiga con penas de uno a cuatro años de cárcel.
Le achacan haber "revelado" la información a la que tuvo acceso como miembro de la comisión de secretos oficiales, una vez que la Cámara Baja rebajó las mayorías necesarias para dar cabida a los partidos independentistas en medio de la polémica por el espionaje del CNI a líderes catalanes con el sistema israelí Pegasus.
Ciudadanos adjunta en la denuncia, de tres páginas, las declaraciones del portavoz parlamentario de ERC. Entre ellas, el partido que dirige Inés Arrimadas recoge que Rufián aseguró al salir de la comisión que la directora del CNI había reconocido que "solo una parte de los dirigentes independentistas espiados lo fueron por los servicios de inteligencia, siempre bajo autorización judicial".
Además, Ciudadanos señala que Rufián "habría planteado que la incursión en los teléfonos del resto de los investigados, a los que no pinchó el CNI, podría tener dos orígenes: o bien una potencia extranjera, o bien 'organismos descontrolados' del propio Estado".
Para el partido naranja, Rufián ha incumplido, con sus declaraciones a los medios, "no sólo la obligación específica que soportan los diputados, sino la general de no revelar información clasificada" en virtud de la Ley 9/1968 sobre secretos oficiales, que afecta "a todas las autoridades e, incluso, a los ciudadanos".
CONSECUENCIAS PENALES
En la denuncia, que está firmada por el vicesecretario general y portavoz nacional del partido, Edmundo Bal, Ciudadanos señala que incumplir la obligación de guardar secreto, es decir, de divulgar información considerada clasificada, "tiene consecuencias penales".
Y cita el artículo 598 del Código Penal, que castiga a quien, "sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años".
En este sentido, el partido naranja especifica que el artículo 599 también incluye el castigo cuando la revelación del secreto se haga en algún medio de comunicación o de forma que asegure su difusión.
Para Bal, mantener el secreto de la información clasificada que desveló la semana pasada en el Congreso la jefa de los servicios secretos españoles es de obligado cumplimiento por ser un material sobre asuntos de "indudable trascendencia" que afectan "a la seguridad nacional" y, por consiguiente, "al orden constitucional".
"En consecuencia, el respeto de su naturaleza secreta y el cumplimiento de las obligaciones que sobre la misma impone la ley deben suscitar en los ciudadanos, preocupados por el mantenimiento de tal orden, a llevar a cabo las actuaciones que en su mano se encuentren para preservar la legalidad", se indica en el escrito.
Ciudadanos sostiene que actitudes como la de Rufián merecen ser denunciadas tanto por el "incumplimiento" del deber de secreto como por los "comportamientos escandalosos, sin rubor alguno", que persiguen "la decidida voluntad de incumplir la legalidad".
"NO ES UNA BROMA"
En declaraciones a los medios tras registrar la denuncia, Bal ha hecho hincapié en que desvelar información clasificada "no es una broma" ni un asunto que se pueda tratar con "frivolidad". "Los secretos oficiales son algo importante para todas las democracias avanzadas y pretenden mantener la seguridad nacional, que es la seguridad de todos los españoles", ha apuntado.
Según el portavoz 'naranja', en la Comisión de Gastos Reservados la directora del CNI mostró documentos que llevaban el rótulo de secreto "en todas y cada una de sus páginas", pero Rufián, "sin embargo", no pudo aguantarse la "compulsión" de filtrar el contenido de la comparecencia a los medios.
Bal ha puesto en valor el desempeño del CNI para evitar atentados terroristas o ciberataques contra empresas españolas desde el extranjero, y ha honrado a los agentes del servicio secreto que han perdido la vida "sirviendo a su país, a los españoles". "Esto es lo que el señor Rufián frivoliza", ha criticado.
MANOS LIMPIAS TAMBIÉN DENUNCIA
El sindicato Manos Limpias también ha interpuesto una denuncia contra Rufián por los mismos hechos, pero en su caso ante el Congreso de los Diputados, tal y como figura en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
A juicio del sindicato, que Rufián desvelara el contenido de la comisión ha generado un "gravísimo perjuicio" a las instituciones españolas y la "vulneración" del Estado de derecho, así como un "descrédito" de la imagen del país "a nivel internacional".
En el escrito, dirigido a la presidenta de la Cámara Baja, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, interesa la suspensión cautelar de funciones de Rufián "dada la gravedad del comportamiento" del diputado de Esquerra Republicana.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado hoy de que el teléfono móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también fue infectado por el sistema 'Pegasus' en junio del pasado año del que le fueron sustraídos más de 6 gigas de información. Además, el teléfono del ministro de Agricultura, Luis Planas, también sufrió un intento de ataque, pero fue fallido.
Así lo ha explicado este mediodía la Portavoz del Ejecutivo, quien ha precisado que el Centro de Ciberseguridad Nacional ha revisado todos los terminales de los miembros del Consejo de Ministro.
Según han precisado fuentes del Gobierno, el terminal de Grande- Marlaska sufrió dos ataques en el mes de junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.
El volumen de datos sustraídos al ministro del Interior es el más elevado de los conocidos hasta ahora, dado que a Sánchez le robaron 2,6 gigas y a la ministra de Defensa solo 9 megas.
El resultado de este análisis es el hallazgo de la infección en tres teléfonos del Gobierno, los del presidente Pedro Sánchez, la ministra Margarita Robles, de los que ya informó el Ejecutivo y el del titular de Interior.
Este último resultó infectado en junio de 2021, al igual que el de la ministra Margarita Robles, mientras que el de Pedro Sánchez sufrió dos ataques, uno entre los días 17 y 18 de mayo y otro en junio.
El análisis de los terminales también ha podido determinar un intento de infección del teléfono del ministro de Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, y también se produjo en el mes de junio del pasado año.
En el resto de los terminales de los ministros "no existen infecciones compatibles con Pegasus", según Isabel Rodríguez, quien ha adelantado que el Gobierno pondrá en conocimiento de la Justicia el informe para ampliar denuncia que ya interpuso en la Audiencia Nacional por la infección de los móviles de Sánchez y Robles.
La hasta ahora secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, ha sido nombrada este martes nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en sustitución de Paz Esteban, destituida como consecuencia
de escándalo de espionaje con el programa 'Pegasus'.
Casteleiro es una persona con una larga trayectoria profesional en el CNI, del que llegó a ser secretaria general, según ha recordado este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado el visto bueno al relevo en la cúpula del centro de inteligencia.
Secretaria de Estado de Defensa desde junio de 2020, es una persona de amplia confianza de Robles, con la que llegó al Ministerio de Defensa como directora de gabinete.
Casteleiro ingresó en el Centro Nacional de Inteligencia en el año 1983, ocupando hasta el año 2018 diversos puestos en unidades centrales y del despliegue exterior (en Cuba y Portugal) siempre en el ámbito de la Inteligencia.
El 28 de septiembre de 2004 fue nombrada Secretaria General del Centro Nacional de Inteligencia, cargo que desempeñó hasta junio de 2008. Desde el 2008 hasta 2014 ocupó nuevos destinos en unidades de Inteligencia en el exterior y, desde el 2014 hasta su llegada al Ministerio de Defensa de la mano de Margarita Robles, ocupaba la jefatura de la Unidad de Inteligencia del CNI en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
El Gobierno ha acordado la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, como consecuencia del 'caso Pegasus' y tras 39 años de trabajo en los servicios de inteligencia, según han confirmado a Europa Press fuentes del centro.
Esteban era la principal señalada tras destaparse el informe de 'Citizen Lab' sobre un presunto espionaje a más de 60 políticos independentistas a través del programa 'Pegasus'.
Además, el Gobierno reveló la pasada semana que también habían sido extraídos datos mediante el mismo programa de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La propia Esteban compareció la pasada semana ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, que se celebra a puerta cerrada, para dar cuenta de la participación del CNI en el espionaje a líderes independentistas.
Según revelaron fuentes de la reunión, en su comparecencia reveló escuchas a 18 dirigentes independentistas, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y se desvinculó del resto de personas de la lista de 'Citizen Lab'.
En todos los casos de los espiados, según aseguró, se contaba con autorización del juez del Tribunal Supremo adscrito al CNI y de forma justificada. Incluso dejó ver a los diputados copias de esas autorizaciones judiciales.
El teléfono móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también fue infectado con el 'software' Pegasus en junio de 2021, según ha informado la Cadena Ser. El ataque se produjo en las mismas fechas que el sufrido en el terminal de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y un mes después del acometido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Gobierno tiene previsto informar este martes tras el Consejo de Ministros sobre el chequeo a los teléfonos móviles de los miembros del Gobierno encargado al Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al CNI, cuya labor de Inteligencia está siendo cuestionada desde hace días por los partidos independentistas.
El ataque con Pegasus a Grande-Marlaska coincide en el tiempo con el confirmado de forma oficial a Sánchez y Margarita Robles. En mayo y junio de 2021 el Gobierno gestionó la crisis por la entrada de miles de migrantes a Ceuta y también comunicó los indultos a los políticos catalanes por el referéndum del 1-O.
Por el momento, según la Ser --que confirma la información adelantada días atrás por El País-- se desconoce los datos a los que tuvieron acceso con el ataque con el programa israelí Pegasus. En cambio, sí que han detallado que el volumen robado a Grande-Marlaska fue en torno a 10 megas, similar a la cantidad de información que robaron del móvil de la titular de Defensa.
Los terminales de los miembros del Gobierno han sido analizados y este martes el Ejecutivo va a dar a conocer los informes del análisis que ha llevado a cabo el Centro Criptológico Nacional. Alguno de los ministros consultados ha explicado a Europa Press que ya les han devuelto el teléfono, pero sin un informe concreto sobre su situación, aunque en algún caso sí se les ha informado sobre si había estado infectado con 'spyware' o no.
Marlaska es el tercer miembro del Gobierno afectado por el espionaje de Pegasus, a la espera de los resultados del análisis del resto de móviles de ministros que han sido chequeados en profundidad desde hace poco más de una semana, después de que el Ejecutivo informara del espionaje de los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, aseguró que darían cuenta de los resultados una vez completado el examen de todos los dispositivos. La portavoz del Ejecutivo también admitió que, si bien han cumplido con los protocolos de seguridad, el escándalo por el presunto espionaje a líderes independentistas que desveló la plataforma Citizen Lab propició la investigación de los teléfonos móviles del presidente y la titular de Defensa.
El Gobierno hará público este martes el informe que ha elaborado sobre los móviles de los ministros a raíz de tener conocimiento de que el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados presuntamente a través del sistema 'spyware' de 'Pegasus'.
Según fuentes del Ejecutivo, hoy se informará del trabajo realizado por el Centro Criptológico Nacional sobre los terminales de los ministros, que tuvieron que entregar los móviles para su análisis hace poco más de una semana.
Alguno de los ministros consultados ha explicado a Europa Press que ya les han devuelto el teléfono, pero sin un informe concreto sobre su situación, aunque en algún caso si se les ha informado sobre si había estado infectado con 'spyware' o no.
La decisión de analizar los móviles de todo el Gobierno se produjo a raíz de saber que el teléfono de Pedro Sánchez y el de Margarita Robles fueron espiados en mayo y junio del pasado año. Y esta intrusión se descubrió, a su vez, a raíz de la publicación del informe por parte de The Citizen Lab, de un presunto espionaje a 63 independentistas catalanes.
En el caso del móvil de Pedro Sánchez, el informe aportado en la denuncia presentada en la Audiencia Nacional refleja que la primera entrada tuvo lugar entre el 17 y el 18 de mayo, justo después de que se produjera la entrada masiva de más de 10.000 inmigrantes marroquíes en Ceuta. De hecho, el 18 de mayo, Sánchez visitó la ciudad autónoma y también Melilla acompañado del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La segunda vez habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Precisamente, este último declaró el 1 de junio como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.
En cuanto al móvil de Margarita Robles, los informes indican que "fue infectado por Pegasus en junio de 2021; se produjo exfiltración de información del dispositivo debido a esta infección en esas fechas; y actualmente el móvil no presenta indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus", según recogía el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en las diligencias previas que ha incoado.
El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha defendido este lunes a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, y ha advertido que destituirla por cumplir con su deber de proteger a España sería "injustificable".
Así se ha pronunciado en medio de la crisis abierta por el llamado 'caso Pegasus' entre el Gobierno liderado por Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, quien ha exigido responsabilidades políticas y que se desclasifique la autorización judicial del Tribunal Supremo que permitió que el CNI le espiara cuando era vicepresidente del Govern.
González Pons se ha preguntado si "había razones para escuchar a Aragonés". "Si un juez lo autorizó cabe pensar que sí. "¿Y no se le piden explicaciones a él?", ha exclamado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.
SIN CONTAR POR QUÉ UN JUEZ RESPALDÓ SU INVESTIGACIÓN
Dicho esto, ha mostrado su desacuerdo con la posibilidad de que el Ejecutivo pueda cesar a la directora del CNI, un cargo al que los socios del Gobierno han puesto en la picota así como a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
"Destituir a una funcionaria por cumplir con su deber de proteger a España y no contar por qué un juez respaldó su investigación es injustificable", ha afirmado el responsable de Institucional del Partido Popular.
El pasado jueves, en su comparecencia a puerta cerrada en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, la directora del CNI confirmó el espionaje con autorización judicial a una veintena de independentistas, entre ellos el presidente de la Generalitat.
En medio de esta crisis por el presunto espionaje, el jefe del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat prevén celebrar una reunión para buscar una solución. Por ahora, Aragonès ha mostrado su escepticismo ante ese encuentro. "Una reunión por sí sola, no resuelve nada", dijo este domingo en el diario 'Ara'.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este viernes que el "agente externo" que según el Ejecutivo espió los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, no tiene por qué ser un país sino que también puede ser "otro tipo de entidad".
Ante los señalamientos de que Marruecos pueda estar detrás del espionaje mediante el software Pegasus a Sánchez y Robles, Albares ha incidido, en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, en que "no se nombra quién es el agente externo, ni siquiera se nombra si es un país u otro tipo de entidad", si bien no ha querido entrar en más detalles.
"No se ha hablado de un país extranjero, se ha hablado de un agente externo, externo a las instituciones del Estado", ha subrayado, tras ser preguntado precisamente por la posibilidad de que Marruecos pueda estar detrás.
Albares, que ha vuelto a reiterar que hay que esperar a esclarecer los hechos antes de realizar "conjeturas" porque no es así como funcionan las relaciones internacionales sino en base a hechos, ha sostenido que el único hecho que es "incontrovertible es que ninguna institución del Estado ha realizado esa entrada en ilegal en esos móviles".
En cuanto a la posibilidad de que Marruecos haya chantajeado a España con la información extraída del móvil de Sánchez, el ministro de Exteriores ha esgrimido que "no hay ningún hecho que pruebe esto". "España toma sus decisiones soberanas, las que tiene que tomar en cada momento por un único motivo, sin aceptar ningún chantaje de nadie, defender los intereses de los españoles y proyectar sus valores", ha aseverado.
En este sentido, se ha mostrado contrario a los señalamientos y los comentarios sobre Marruecos puedan dañar las relaciones con este país, con el que España "está entrando en una nueva etapa de confianza", basada en el respeto mutuo y la ausencia de decisiones unilaterales.
Así, ha puesto en valor que este verano habrá Operación Paso del Estrecho, cuyos detalles se están discutiendo ya, y también se prevé próximamente la reapertura de la frontera con Ceuta y Melilla de forma "ordenada y gradual" y que se haga "de forma estratégica".
EL GOBIERNO APUESTA POR LA TRANSPARENCIA
Asimismo, tras recordar que otros líderes también han sido objeto de espionaje en el pasado, entre los que ha citado a la excanciller alemana Angela Merkel, ha defendido el que el Gobierno español haya sido el único que ha reconocido abiertamente que este hecho se ha producido.
"No juzgo lo que hacen otros gobiernos pero aseguro que el Gobierno de España decide lo que es mejor para este país en cada momento y ha sido la transparencia", ha dicho al respecto para justificar el paso dado por Moncloa este lunes, si bien no ha querido aclarar si su móvil, que el CNI ya ha revisado, también ha sido espiado. El Gobierno se mueve en los parámetros de "legalidad, estado de derecho y transparencia", ha recalcado.
Por otra parte, ha defendido la unidad del Gobierno de coalición ante la divergencia de posiciones del PSOE y Unidas Podemos, que ha ejemplificado en los resultados de los Consejos de Ministros: "Cada martes se verifica esta cohesión".
"Cada martes me siento en el Consejo de Ministros y constato que se están aprobando leyes en un momento en el que la unidad es más importante que nunca", ha asegurado, subrayando que lo relevante es que los matices y discrepancias --que ha considerado habituales en los Ejecutivos, tanto monocolores como de coalición-- no paralicen la acción gubernamental.
Asimismo, ha asegurado que España es un referente en materia de ciberseguridad y que "nadie duda" de su solidez en la cuestión, como ha podido comprobar en los contactos que él mismo mantiene con otros gobiernos.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado el secreto por un mes de la causa abierta por el presunto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través de sus teléfonos móviles con Pegasus, y ha ofrecido a ambos personarse como perjudicados, tal y como había solicitado el Ministerio Fiscal.
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que la declaración del secreto tiene por objeto "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación".
"Solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento", expone.
Además, Calama recuerda que el resultado de las diligencias que se practiquen durante este periodo podrá ser conocido posteriormente, "evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida la efectividad con esta medida perseguida el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna".
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha elogiado este jueves la "claridad y contundencia" de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, para negar que haya habido espionaje ilegal a políticos independentistas, a la vez que ha cuestionado las informaciones publicadas en The New Yorker.
Gómez ha expresado la satisfacción del PSOE por las explicaciones de la directora del CNI, que ha comparecido durante tres horas y media a puerta cerrada ante la Comisión de Gastos Reservados. "Hacemos una valoración extremadamente positiva, ha quedado algo muy claro: el Gobierno se ha movido en el ámbito estricto de la legalidad", ha zanjado en una rueda de prensa posterior.
El diputado socialista ha ensalzado la "enorme voluntad" de Paz Esteban para esclarecer los hechos y la "mucha información" puesta a disposición de los diputados, por lo que cree que "ha quedado claro que el CNI se ha movido en el ámbito escrito de la legalidad". "La comisión ha superado las expectativas por la claridad y contundencia de la compareciente", ha destacado.
NO ESTAMOS EN CESES
A su juicio, la comparecencia de Paz Esteban es "un paso importantísimo" y ha reiterado su respaldo absoluto a la ministra de defensa, Margarita Robles, y al CNI. "No estamos en fase de ceses", ha zanjado, cuando se le ha preguntado por las peticiones de dimisión desde la oposición o incluso Unidas Podemos.
Además, ha cuestionado la versión publicada por The New Yorker y ha pedido "analizar la fiabilidad de la información o desinformación que salen en ámbitos que no son públicos y que se pueden generar para desestabilizar". "No todo lo que se publica se corresponde con la realidad, no se puede dar por cierto todo", ha advertido.
El espionaje a independentistas ha centrado las explicaciones de Esteban, según ha detallado Gómez, y no se ha tratado mucho la infección de los móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra Robles.
La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha estado este jueves compareciendo en el Congreso durante tres horas y media ante la Comisión de Gastos Reservados por la polémica del espionaje a políticos con el sistema 'Pegasus'.
A puerta cerrada y sin móviles en la mesa, Paz Esteban ha dado explicaciones ante los diez diputados autorizados por el Pleno del Congreso para conocer secretos oficiales, entre ellos cuatro independentistas: Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua (Bildu), Miriam Nogueras (Junts) y Albert Botran (CUP). Estos dos últimos diputados catalanes figuran en la lista de diputados espiados por 'Pegasus' publicada por The New Yorker.
La responsable de los Servicios de Inteligencia, que lleva 40 años en 'La Casa', se ha tenido que enfrentar a partidos que tienen pedida la dimisión de la directora del CNI por esta polémica del espionaje, incluyendo Unidas Podemos, que comparte Gobierno con el PSOE. La formación morada y ERC también han reclamado la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, la representante del Gobierno que más ha apoyada a Paz Esteban.
RUFIÁN SE FUE UN POCO ANTES
Tras el final de las explicaciones, los diputados fueron abandonando la sala, el primero de ellos el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que salió poco antes de que finalizara la sesión. A su llegada ya había dicho que no esperaba nada de esta comparecencia.
También se fue la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que tenía que atender una visita internacional. La diputada socialista también preside la comisión en razón de su cargo.
La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, comparecerá este jueves ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, donde se verá las caras con los diputados que piden su cese y acusan al centro de inteligencia de espionaje ilegal.
Paz Esteban acudirá al Congreso para informar a puerta cerrada de la investigación interna sobre el supuesto espionaje a políticos independentistas, con el ojo del huracán puesto sobre el papel que pudo tener el CNI en estas escuchas y también en su gestión en el espionaje revelado esta semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
En el escrito registrado para pedir su comparecencia, al que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno señala que Paz Esteban explicará "las conclusiones del ejercicio del control interno del CNI", sin mencionar expresamente el programa 'Pegasus' con el que supuestamente se espiaron los teléfonos móviles.
El escándalo del espionaje ha puesto a la directora del CNI en el centro de la diana de partidos como ERC, la CUP o Junts, que han pedido que se depuren responsabilidades y han apuntado directamente a los servicios de inteligencia.
También el socio de coalición del Ejecutivo, Unidas Podemos, ha señalado la necesidad de asumir responsabilidades políticas por el "escándalo" del espionaje y, aunque no ha puesto nombres, ha señalado al CNI.
Este miércoles en la comparecencia de Robles ante la Comisión de Defensa, el portavoz 'morado', Pablo Echenique, ha pedido que se asuman "responsabilidad políticas al máximo nivel" por el espionaje a líderes independentistas porque "la situación actual es insostenible".
ESPIADOS ANTE LA DIRECTORA DE CNI
En su comparecencia, Paz Esteban se enfrentará con los portavoces de los grupos independentistas, entre los que incluso hay dos que se encuentran entre los espiados según 'The New Yorker': Miriam Nogueras de Junts y Albert Botran de la CUP. También están en esa lista los diputados Jon Iñarritu, de Bildu; y Ferran Bel, del PDeCAT, aunque ellos no pueden acceder a la Comisión de Gastos Reservados.
La directora del CNI llega al Congreso con algunas voces dando por hecho su cese --"será cabeza de turco", dijo este martes el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros--, aunque también ha recibido este miércoles el respaldo de la ministra de Defensa.
RESPALDO DE ROBLES
Robles ha elogiado el trabajo de los 3.000 miembros del CNI, que ha asegurado que trabajan siempre "conforme a la legalidad", y ha dicho que Esteban "está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad".
Este sentido, ha censurado que se viertan sobre el centro de inteligencia acusaciones "sin base probatoria" mientras que la institución no se puede defender por el secreto que rige sus actuaciones por ley. Por ello, ha dicho que su directora esclarecerá en la comisión toda la información necesaria, "que es la legal y documentada".
ESTRENO DE LA COMISIÓN TRAS AÑOS DE BLOQUEO
La Comisión de Gastos Reservados, la única del Congreso con acceso a secretos oficiales, que controla las actividades del CNI y que recibe informes periódicos del Gobierno sobre el uso de fondos reservados por parte de los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores, no se había podido constituir en estos más de dos años de legislatura ya que los partidos independentistas no tenían asegurados los 210 votos que se exigían para ser autorizados por el Pleno.
Tras conocerse el supuesto espionaje a independentistas catalanes, el ministro Félix Bolaños viajó en domingo a Barcelona para reunirse con la Generalitat y se comprometió a reactivar la comisión. Dos días después, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, propuso rebajar a 176 votos el requisito para acceder a secretos oficiales y 48 horas después el Pleno ya eligió a los diez integrantes de la comisión, uno por cada grupo parlamentario.
A la cita de este jueves estan convocados, además de Batet, los diputados Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Pablo Echenique (Unidos Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Grupo Plural), Edmundo Bal (Ciudadanos), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (Bildu) y Albert Botran (Mixto).
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que por su parte sería "incorrecto" pedir dimisiones, como reclama Unidas Podemos en referencia al espionaje a políticos con el programa 'Pegasus', sin conocer previamente lo que ha ocurrido.
"Primero conozcamos los hechos y después tomemos medidas adecuadas", ha sentenciado Díaz este miércoles en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press al ser preguntada por la petición de la formación morada para depurar responsabilidades por el presunto caso de espionaje a políticos.
"Yo me guío por el principio de prudencia y sería absolutamente incorrecta que sin conocer lo que ha pasado pidiera dimisiones", ha replicado, para añadir que el asunto debe regirse por un procedimiento basado en investigar lo que ha sucedido y "si hay vulnerabilidades y, por supuesto, responsabilidades, actúese en consecuencia", ha matizado.
Al respecto, ha insistido en que el caso del espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, es de suma "gravedad" por lo que hay que dar "claridad" a los españoles.
En cuanto a las críticas por parte de los grupos independentistas que reprochan que el Gobierno tiene "credibilidad cero", Díaz les ha pedido que "tengan altura de miras". "Saben que estamos ante una cuestión de Estado de máxima gravedad y pediría altura de miras", ha reiterado.
De forma parecida se ha referido a las sospechas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado, sobre las explicaciones del Gobierno del espionaje, que "no hay coartada para semejante perversión" a lo que Díaz ha contestado que ha estado "bastante desatinado" con este discurso.
"Ahora España está conociendo al señor Feijóo. Ni en una cuestión de Estado como es esta, está donde tiene que estar", ha afeado la titular de Trabajo que se ha preguntado qué opina el líder de la oposición al saber que a Sánchez le han espiado su teléfono móvil.
"Me gustaría saber qué opina el señor Feijóo sobre la circunstancia de que su presidente del Gobierno haya visto mermados sus derechos", ha cuestionado, para luego recordar que "no vale todo en política".
El comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, ha opinado este miércoles que el uso ilegal de programas informáticos para intervenir conversaciones privadas "es un crimen que debe ser sancionado" pero ha rechazado que el papel de la Comisión Europea sea el de investigar el uso en la Unión Europea de Pegasus, programa supuestamente utilizado para espiar a líderes independentistas y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otros.
"Todos coincidimos en que no son de recibo unos pinchazos ilegales, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Es un crimen que debe ser sancionado", ha dicho Hahn en un debate en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia) en el que eurodiputados de diversos grupos han criticado la falta de respuesta por parte de Bruselas en este asunto.
Hahn --que intervino en lugar del comisario de Justicia, Didier Reynders, que también ha sido presuntamente víctima de espionaje-- ha insistido en señalar que el Ejecutivo comunitario no tiene capacidad de investigar estas cuestiones ligadas a la seguridad nacional, si bien ha celebrado que la Eurocámara haya creado su propia comisión de investigación sobre Pegasus y ha señalado a las autoridades nacionales como las responsables de investigar cada caso que se dé en su territorio.
El asunto fue incluido en la agenda de la sesión plenaria a petición del grupo de Los Verdes/ALE, del que forma parte ERC, después de que 'The Neew Yorker' publicara una información apuntando al espionaje a más de 60 líderes independentistas en Cataluña, incluidos varios eurodiputados, como los de ERC, Diana Riba y Jordi Solé.
Ambos han intervenido en el debate para denunciar las escuchas y apuntar al Gobierno español como responsable. "He sido espiada por Pegasus siendo eurodiputada, por tanto todos los que estáis aquí sois víctimas colaterales", ha proclamado Riba para avisar de que con ello queda "comprometida la independencia" de la Eurocámara. Solé, por su parte, que también ha dicho ser afectado de escuchas ilegales, ha pedido "no normalizar el espionaje político en la UE" y ha criticado que haya afectados "de primera y de segunda".
El eurodiputado de EH Bildu, Pernando Barrena, ha reclamado que las instituciones europeas investiguen "qué gobiernos han violado la ley", al tiempo que ha abogado por examinar la industria de los software de espionaje porque considera que Pegasus es solo "la punta del iceberg".
Los tres eurodiputados de JxCAT, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, han intervenido también en la misma línea y para pedir que "Europa no mire para otro lado" ante el espionaje de líderes independentistas, que ha descrito como "el mayor caso de espionaje". Toni Comín, por su parte, ha aprovechado su intervención para apuntar al exministro de Interior y ahora eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, y preguntarle si durante su época en el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió al programa de Pegasus.
Zoido ha eludido la respuesta directa a Comín pero ha defendido el uso de "herramientas de cibervigilancia" como "fundamentales" para proteger a las fuerzas de seguridad y a los ciudadanos y ha asegurado que "a nadie debería sorprender que se hayan podido hacer algunas escuchas a personas condenadas por delitos de sedición".
La jefa de la delegación del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha criticado que los políticos independentistas que "dieron un golpe contra la democracia europea en España" hayan recurrido a un debate parlamentario como "oportunidad para la victimización".
En la bancada socialdemócrata, el eurodiputado del PSOE Iban García ha pedido "no capitalizar" cuestiones que preocupan a la UE para sacar ventaja en asuntos locales, por lo que ha apoyado que es necesario aclarar "quiénes, cómo, cuándo y quién está detrás" de las escuchas ilegales, ya sea por gobiernos o por la propia empresa que comercializa el software.
El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, por su parte, ha considerado "paradójico que quienes robaron los datos de siete millones de catalanes para un referéndum ilegal denuncien el robo de los suyos sin pruebas". "Los separatistas acusan sin pruebas, usando y abusando de este Parlamento no para saber la verdad sino para propagar la mentira".
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