Muerte por amianto, nuevo juicio en Ciudad Real

D. JAGQ, trabajó en la empresa Uralita S.A., domiciliada en el Polígono Industrial de Alcázar de San Juan desde el 01 de agosto 1976 hasta el 24 de abril de 2012.

Durante este período de tiempo ejerció las funciones con categoría profesional adscrita al grupo IV. Como consecuencia del desarrollo de su actividad laboral estuvo en contacto con amianto que la empresa utilizó para la fabricación de tubos de fibrocemento.

Desde el año 1976 al año 2003 permaneció expuesto a riesgo por amianto manejándolo manualmente sin ningún tipo de protección y con un desconocimiento absoluto de los riesgos a los que se exponía. Durante esos años, jamás recibió información ni formación alguna sobre los riesgos que para su salud podía significar la exposición al amianto.

En febrero-marzo de 2016 le fue detectado un tumor canceroso en el pulmón, concretamente un mesotelioma pleural maligno de origen demoplástico. La única causa del mesotelioma pleural maligno es la exposición al amianto. 

El 11 de agosto de 2016 su enfermedad fue calificada como Enfermedad Profesional por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS pero falleció antes de que le fuese concedida dicha calificación, el 20 de marzo de ese mismo año.

Es muy posible que, como ha ocurrido en múltiples ocasiones en casos contra Uralita, el fallo judicial sea a favor del trabajador e incluso se fije una importante cantidad indemnizatoria a favor de su viuda y sus dos hijas.

Si es así, la empresa recurrirá y será otro caso que se dilate en el tiempo siendo lo normal que en unos años las herederas legales vean cumplido su derecho a tener una indemnización que nunca será “justa”, porque la vida de una persona no debería ser tasada y convertida a una discusión judicial exclusivamente económica, más aún, cuando la empresa conocía perfectamente el daño que su amianto podía producir en la salud de sus trabajadores.

Una vez que exista la sentencia definitiva, sea cual sea la cantidad indemnizatoria, la viuda y sus dos hijas no cobraran un solo euro, porque debido a la ingente cantidad de juicios que Uralita está perdiendo debido a las enfermedades que el amianto ha causado entre sus trabajadores, se declaró en concurso de acreedores, (suspensión de pagos).

UN FONDO ESTATAL PARA INDEMNIZAR A LOS VÍCTIMAS DEL AMIANTO

En noviembre de 2021 la  Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados aprobó una enmienda transaccional al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 acordada por PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y ERC que incluirá una partida de 25 millones de euros destinada a indemnizar a las víctimas del amianto algo que, a juicio de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto, CCOO y UGT, fue un paso en la dirección adecuada para empezar a solucionar el problema del reconocimiento y compensación de las personas afectadas por este agente tóxico y cancerígeno. El fondo se diseñó para indemnizar a todas las víctimas, con independencia de si la empresa sigue en activo y de si la persona afectada recibe una prestación por incapacidad, derivada del reconocimiento de la enfermedad profesional.

Pero, siempre hay peros, el ministerio de Escrivá en sus enmiendas a la constitución de dicho fondo indicaba que proponían excluir a los trabajadores víctimas de este material cancerígeno y solo limitar su cobertura a otras personas afectadas “por causas ajenas a su trabajo”, en casos además de mucha gravedad. Parece que dieron marcha atrás ante tamaña barbaridad de cara a las víctimas y admitiendo la inclusión en dicho fondo de trabajadores enfermos por amianto, se sigue desmarcando y busca limitar el fondo a personas que hayan quedado afectadas de una discapacidad permanente de al menos un 33% y no tengan derecho a una pensión o prestación y que hayan residido al menos 10 años en España.

Seamos sensatos, ¿qué trabajador enfermo no cobra su pensión como derecho derivado de sus cotizaciones? Estos fondos no son una alternativa a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la enfermedad profesional, sino a las indemnizaciones por daños y perjuicios tras procesos judiciales que se prolongan durante años y que en muchos casos finalizan cuando la persona afectada ya ha fallecido. Además, son la única vía para compensar en aquellos casos en los que la empresa ha desaparecido, situación bastante frecuente al estar asociada a patologías con largos periodos de latencia y que se manifiestan décadas después de las exposiciones”.

Esperemos que, durante el trámite parlamentario, predomine la cordura y el ministro Escrivá recupere el espíritu del que su grupo hizo gala cuando firmó la enmienda y familias como la del caso que nos ocupa puedan optar a una indemnización, seguro que inferior a la que dicten los jueces pero que les restituya, aunque sea en una mínima parte su pérdida.

Joaquín Ortega Herrera

Ingeniero de Edificación, experto en amianto.