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DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
"La mente humana es sabia y tiende a olvidar lo malo para recordar solo lo bueno, lo que nos lleva a cometer varias veces el mismo error, para ello el mejor remedio: la hemeroteca".
El 13 de junio de 2012 algunas familias lloraban lágrimas de hierro viendo con impotencia cómo algunos de sus hijos se veían obligados a abandonar los estudios. Para unos por falta de medios para comer tras haber quedado los padres en el paro, para otros por falta de medios para estudiar con la subida de los precios públicos de los estudios universitarios para el próximo curso. Un día como hoy hace diez años, el ministro Wert se reunía con las CCAA para fijar estos precios al alza.
El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de CLM defendía que, el Gobierno de Cospedal tenía la previsión de “recortar en Educación, con métodos como eliminar la gratuidad de los libros o subir las tasas universitarias”. El Presupuesto en Educación se reducía este 2012 en 500 millones respecto al de 2011, un 21.43% menos.
Un total de 120 unidades educativas peligraban, solo en la provincia de Cuenca
Esto fue motivo suficiente para alertar a la población, que acudió a una movilización “en defensa de la Educación” para protestar por el cierre de 120 unidades educativas, solo en la provincia de Cuenca. Las previsiones incluían 40 escuelas unitarias, 13 de infantil, 67 de primaria, 30 grupos de secundaria y 10 de bachillerato.
Según los cálculos estimados que se movían entre quienes tenían más datos, eran un total de 617 profesores de apoyo a los niños con dificultades verían rescindidos sus contratos de trabajo.
El Grupo Parlamentario Socialista, tomó cartas en el asunto, y se comprometió a votar a favor el Presupuesto Regional siempre que el Gobierno regional garantizara la universalidad de la Educación y “no se negociara con la Sanidad”. Algo que sabían difícil de conseguir por parte del Gobierno de PP, cuando “el presupuesto de Presidencia ya se había incrementado un 186% y el de los altos cargos un 157%”.
Pero Cuenca no solo veía peligrar sus colegios, sino también su hospital y por ello el alcalde de Cuenca, Juan Ávila, intentaba infructuosamente hablar con el consejero de Sanidad, Ignacio Echániz. Los conquenses estaban inquietos por el desmantelamiento del hospital pero el consejero de Sanidad rechazó reunirse con el alcalde mientras silenciaba si era cierto o no el probable descenso del 30% del presupuesto del hospital. Tampoco respondía a las preguntas sobre dónde se encontraban los pacientes crónicos que habían sido atendidos en los últimos días en el Hospital Alameda a través de un concierto con el SESCAM.
“Un paciente que hace uso aleatorio de la sanidad pública y la privada, le ahorra a la sanidad pública más de 631 euros anuales y si solo usan la privada el ahorro a la Sanidad Pública se eleva hasta los 1.225 euros”.
El PP seguía haciendo su “junio”, tratando de convencer a la población de que lo mejor eran los seguros sanitarios privados. De hecho, por primera vez se cuantifican los gastos sanitarios privados per cápita por comunidades autónomas.
Según este informe las aseguradoras consideraban que CLM era la región con menor gasto en sanidad por habitante, mientras las que mayor gasto soportaban eran País Vasco, Cataluña y Madrid, con más de 700 euros por habitante, mientras que CLM se situaba en 400 euros. Por detrás de CLM estaban Andalucía, Canarias y Extremadura.
Este era el momento en el que nos explicaban que “un paciente que hace uso aleatorio de la sanidad pública y la privada, le ahorra a la sanidad pública más de 631 euros anuales y si solo usan la privada el ahorro a la Sanidad Pública se eleva hasta los 1.225 euros”.
Nos presentaban estos datos sin ningún tipo de rubor, en una clara apuesta a la sanidad privada, planteando incluso un incentivo fiscal del 15% “para recetas a las rentas inferiores a 30 mil euros, que contraten un seguro privado de Salud”, ya que según sus cálculos así “saldrían del sistema público de salud, más de un millón de personas, de forma voluntaria, total o parcial. Y esto generaría un ahorro de entre 631 a 1.225 millones de euros”.
Con este escenario no era difícil entender que el 44% de los castellano-manchegos temieran perder su puesto de trabajo, según una encuesta realizada y publicada por Ramstard.
Pero la subida de las tasas universitarias y la Sanidad pública no eran las únicas preocupaciones. Había una que añadía más inseguridad a los castellano-manchegos, el precio de los alquileres.
A punto de cobrar los 29.107 proveedores de las CCAA a los que se adeudaban 17.700 millones de euros.
El ministro de Hacienda no tenía una tarea más gratificante cuando se dirigía a los 29.107 proveedores de las CCAA a los que se adeudaban 17.700 millones de euros. En este caso el ministro Montoro les informaba que podrían comenzar a cobrar a partir de finales del mes de junio, todos los proveedores excepto Galicia, Navarra y País Vasco que habían quedado fuera del acuerdo.
Pero si hay alguien capaz de rizar el rizo, ese es el PP de CLM y la consejera de Empleo de CLM, Carmen Casero, se empeñaba en convencernos de que este pago a proveedores “haría mejorar los datos de empleo”.
P. Moratilla
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