"¿En serio? ¡Hombre, don Carlos!"

Podríamos calificar de sospechosa la reiterada negativa del Partido Popular a renovar el Consejo General del Poder Judicial. En realidad es mucho más que eso. 

No hace falta decir que el “poder” de los jueces es o debería ser uno de los pilares esenciales de una democracia, un poder neutral que nos conceda al menos la apariencia de sentirnos todos seguros de que vamos a recibir un trato ecuánime en caso de ser sometidos al arbitrio judicial o a la interpretación más correcta de las leyes. No parece necesario abundar sobre este aspecto básico del derecho internacional. En este sentido resultaría inconcebible que un partido político controlara los pilares del poder judicial.

Pero, con el mandado del CGPJ caducado, primero Pablo Casado y ahora Feijóo llevan cerca de cuatro años poniendo las mas absurdas excusas y trabas para, a fin de cuentas, seguir controlando a los jueces aunque la propia Constitución obliga a la renovación de los componentes de este máximo órgano que propone el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo o nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales y Salas.

Y aquí llegamos al centro de la cuestión: el PP se niega a renovar el CGPJ para utilizar la justicia a su favor y en contra del resto de los partidos políticos y es asi como el poder judicial se convierte en cómplice de esta parálisis.

El empecinamiento del PP demuestra que algunas de las decisiones judiciales son favorables a sus intereses y deberían ser los propios jueces quienes obligaran al PP a cumplir la Constitución porque de otra forma parecerán cómplices de esta intolerable confabulación anti democrática.

Cuesta mucho escribir esto con tanta claridad pero estamos cerca ya de cumplir cuatro años de bloqueo y parece llegado el momento de superar el sentimiento de impotencia y exigir con absoluta firmeza la renovación de las personas que componen sin legitimidad el actual Consejo. 

Porque los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, se someten de forma permanente a los controles de la oposición. El judicial está sometido a unas normas que dicta claramente la Constitución y que deben cumplirse sin excusas. Ni los españoles, ni los jueces, ni el resto de los implicados en el cumplimiento de la ley pueden ni deben permitir esta ilegalidad que demuestra el interés del PP por perpetuar una ventaja antidemocrática.

Ahora, en la apertura del Año Judicial ante el rey, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, cuyo mandato caducó en 2018, reclama que los partidos se pongan de acuerdo para renovarlo y le ha respondido, más claro aún, Baltasar Garzón en un artículo en Infolibre titulado "El guardián de la independencia judicial:

“¿En serio? ¡Hombre, don Carlos! ¿De verdad cree que lo responsable es mantenerse en funciones por más de cuatro años? Esto más que otra cosa, lleva a reflexionar sobre los importantes asuntos en juego para el Partido Popular, como los incontables juicios por corrupción en su contra, de modo que vienen bien los nombramientos de jueces afines, o como la rebeldía anunciada y consumada el pasado jueves de sus ocho vocales que, curiosamente, mejor coinciden con las ansias del PP, en no renovar el Tribunal Constitucional. Y, que, de momento, han logrado con ello atrasar sine die la elección”.

Sine die.

elObservadorDCLM