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DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado al presidente del Gobierno a "renunciar" a la reforma del delito de sedición y le ha pedido aclaraciones acerca de quién ese "señor X" del PSOE que visitó al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para negociar un Código Penal "a la medida de los líderes golpistas". En su réplica, Pedro Sánchez ha echado en cara a los 'populares' su oposición "negacionista" y les ha espetado: "Basta ya y cumplir con la Constitución".
Este cruce de reproches mutuos en la sesión de control del Congreso entre el jefe del Ejecutivo y el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo se ha producido seis días después del anuncio del PP de suspender las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ) y el Tribunal Constitucional alegando la reforma del delito de sedición.
Gamarra ha afirmado que los pactos de Sánchez con los independentistas le "inhabilitan para buscar hoy el interés general" porque tiene "demasiadas hipotecas con todos aquellos que desprecian la convivencia entre todos". De hecho, ha recalcado que "siempre" que ha tenido oportunidad de elegir, ha optado por el "populismo, el radicalismo y el independentismo" antes que el "interés general, el sentido de Estado y la moderación".
GAMARRA: "SÁNCHEZ NO TIENE PALABRA"
Dicho esto, ha pedido saber quién es "ese nuevo señor X del PSOE que fue a ver a Puigdemont". "¿Quién ha ido a negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas? ¿Quién ha ofrecido que las leyes en España se redactan en la sede de ERC?", se ha preguntado, para añadir que esa persona "lo hizo siguiendo las órdenes" del presidente del Gobierno.
De esta forma, ha proseguido, el presidente del Gobierno se aleja así de su promesa de "tipificar el delito de referéndum ilegal y de poner a Puigdemont ante la Justicia". A su entender, el país puede ver hoy "nuevamente" que Sánchez "no tiene palabra".
"Tiene hoy la oportunidad de renunciar aquí y ahora a la modificación del delito de sedición para bajar las penas. Ya sé que es imposible porque para usted todo vale. Pero en el PP nos movemos por el interés general", ha manifestado, para resaltar que Alberto Núñez Feijóo, a "diferencia" de Sánchez, tiene "palabra, principios políticos y conciencia".
SÁNCHEZ ACUSA AL PP DE "REPARTIR CARNETS DE ESPAÑOLIDAD"
Por su parte, el presidente del Gobierno ha acusado al PP de dedicarse a repartir "carnets de españolidad y constitucionalismo" y ha resaltado que cuando gobernó España el país estuvo "cerca de poder romperse".
"Y llevan ahora en la oposición cuatro años saltándose su compromiso y obligación de cumplir con la Constitución", ha aseverado, para agregar que él entiende que es "difícil" para el PP porque "no tienen argumentos".
Así, ha indicado que el PP empezó esta nueva etapa con Feijóo proponiendo "una rebaja generalizada de impuestos" y vio "la salida de la primera ministra británica Liz Truss"; después ha señalado que el PP también "descalificó la solución ibérica como el timo ibérico" cuando "lo aplaude" la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Además, ha resaltado que el PP votó en contra del transporte público gratuito y hay "dos millones de personas que lo están utilizando", al tiempo que ha criticado la oposición del PP al impuesto a las grandes energías cuando "hay organismos colores de todos los colores" que lo proponen.
Según Sánchez, el PP "no tiene argumentos" y solo se dedica a "desscalificar". Es más, ha asegurado que el primer partido de la oposición cree que "solo hay un gobierno legítimo" cuando es de su partido y por apuesta "incumplir la Constitución a su conveniencia". "Basta ya y cumplir con la Constitución".
En los pasillos del Congreso, también la ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha referido al fracaso de la renovación del Poder Judicial acusando al PP de haber "golpeado otra vez" al CGPJ.
"Recuperar el diálogo depende del Gobierno", ha replicado Gamarra a los periodistas.
CRUCE DE REPROCHES TAMBIÉN POR LA ECONOMÍA
El cruce de reproches entre Sánchez y Gamarra también se ha extendido a la economía. Gamarra ha afirmado que hace una semana los datos de la EPA recogían que el paro "volvió a subir". Además, ha destacado que la economía española "solo creció en el tercer trimestre dos décimas, menos que Italia y Alemania, que sí hablan ya abiertamente del riesgo de recesión".
"El humo de su propaganda no paga ni los tickets de la compra ni las facturas. Todo esto con unas hipotecas que han subido una medida de 200 euros al mes. ¿Creen que sus políticas generan oportunidades para los españoles?", ha preguntado a Sánchez.
El presidente del Gobierno le ha contestado afirmativamente alegando que su Ejecutivo está "desarrollando, pese a las dificultades del contexto y la oposición del PP, un plan de respuesta económica a las consecuencias económicas claro".
Según ha explicado, ese plan está fundamentado en "dos pilares": el de la "protección a la mayoría social" del país y "una hoja de reformas para permitir que la economía sea "mucho más competitiva en el horizonte más cercano".
"Ahí están los datos. Hoy tenemos 20,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, unos datos que no sacaron desde antes de la crisis financiera. Este año la economía española va a crecer por encima del 4%, muy por encima de la media europea; y los datos de la inflación de la semana pasada lo que nos certifica es la validez y la eficacia de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de España".
En este sentido, Sánchez ha recalcado que España tiene la inflación "más baja de Europa, solamente por delante de Francia", al tiempo que el diferencial de inflación "favorable a España" con respecto a la media europea. "Pese a las dificultades y su oposición negacionista, este Gobierno avanza y protege a la mayoría social del país", ha proclamado.
Ante esas palabras del jefe del Ejecutivo, Gamarra la ha contestado: "Mire, los datos están ahí. Ese paro subiendo, las facturas que no pueden pagar los españoles y unas hipotecas que empiezan a ser insostenibles".
A su entender, el Gobierno de Pedro Sánchez "se dedica a crear oportunidades solo para sí mismo, no para la gente", y también para sus socios parlamentarios. "Ustedes los necesitan y ellos lo saben".
El Gobierno no contempla en este momento acometer una reforma legal para rebajar la mayoría necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una vez que han fracasado las negociaciones con el PP. Por el contrario, insisten en trasladar la presión al partido de Alberto Núñez Feijóo y además indican que van a esperar al órgano de gobierno de los jueces antes de acometer sus dos nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional.
Sobre la rebaja de la mayoría parlamentaria, fuentes del Gobierno trasladan que no están en eso, que en todo caso se trata de "otra pantalla" y subrayan la gravedad de que el PP se haya levantado de la mesa y diga que no va a llevar a cabo esta renovación a la que le obliga la Constitución. "No podemos estar en esta situación", añaden.
Otras fuentes del Ejecutivo, cuestionadas sobre qué va a hacer el Gobierno si esta presión no surte efecto y el PP mantiene su posición, han indicado que siempre existen teclas legales, aunque evitan concretar los pasos concretos que puede dar el Ejecutivo.
Actualmente la elección de los 12 vocales del CGPJ que está en manos del Congreso y del Senado, se lleva a cabo por mayoría reforzada de tres quintos (210 diputados en la Cámara baja), por lo que resulta imprescindible un acuerdo entre PSOE y PP, las dos principales fuerzas de la Cámara. Sin embargo, desde el socio de Gobierno, Unidas Podemos, han venido reclamando que esta mayoría se rebaje y los vocales sean elegidos por mayoría absoluta (176), como ya se hizo para renovar el Consejo de RTVE.
QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN NO SE "NATURALICE"
En este sentido las fuentes del Gobierno consultadas señalan que no se puede permitir que el incumplimiento de la Constitución, en el que a su juicio se ha instalado el PP, "se naturalice" después de cuatro años del CGPJ con el mandato caducado y pendiente de renovación.
Sostienen, por tanto, que todo el foco se debe situar aquí, en la presión al PP para que se avenga a acometer la renovación y hablan incluso de que debería tratarse de una exigencia ciudadana y del papel clave de los medios de comunicación en este sentido.
La negociación entre el Ejecutivo y los populares descarriló el pasado jueves después de tres semanas de conversaciones a causa de la posible reforma del delito de sedición para beneficiar a los independentistas, según argumentó el PP.
EL CGPJ YA ESTÁ REUNIÉNDOSE
Por otro lado, respecto a si el Gobierno va a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde, en Moncloa trasladan van a esperar a ver que decisión toma el actual CGPJ --que también debe designar otros dos magistrados--.
Así recuerdan que el órgano de gobierno de los jueces también está sometido a la ley y por tanto tiene que desbloquear los nombramientos en el TC. En esta línea señalan que el CGPJ tiene que volver a activar los trabajos y que ya está reuniéndose. "Vamos a esperar", indican.
Además, las mismas fuentes niegan que se estén produciendo nuevas conversaciones entre los negociadores de ambas partes, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. "No estamos en eso", han zanjado.
HAN VISTO UN PP RADICALIZADO
Respecto al rifirrafe de esta mañana entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en Moncloa ven a los 'populares' radicalizados, después de haber cometido numerosos errores en las últimas semanas y que "todas las encuestas" indiquen que los populares llevan una tendencia a la baja, según trasladan.
Consideran por tanto que han demostrado que no tienen proyecto ni tampoco liderazgo y por eso han caído en la "desesperación absoluta" y en la "descalificación", según han acusado.
Por el contrario ven que Sánchez estuvo "contundente en el fondo" de su respuesta y que está "donde tiene que estar", llevando a cabo un plan de medidas que "ya está dando resultado", puesto que la inflación está bajando, tal como sostienen.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido que no hay otra opción para superar el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salvo cambiar el sistema de mayorías para elegir a vocales, al tiempo que ha recalcado que el PSOE conoce su posición y debe pronunciarse.
Además, el presidente del grupo parlamentario y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, ha reclamado a los actuales miembros del CGPJ que designen ya a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional o dimitan en bloque, a la par que ha demandado al PSOE que deje de ser el "pagafantas" del PP en esta materia.
Así lo ha trasladado ambos en declaraciones a TVE y Onda Cero respectivamente, recogidos por Europa Press, para insistir en su demanda de rescatar la propuesta para reformar la ley orgánica del Poder Judicial para habilitar la elección de 12 vocales que le corresponden al Congreso, una vez que ha fracasado de nueva la negociación con el PP para remodelar el órgano de gobierno de los jueces.
De esta forma, Echenique ha defendido la opción de habilitar la vía de elegir vocales por la mayoría absoluta, cuando no sea posible hacerlo mediante tres quintos de la cámara, y con el requerimiento de reunir a la mitad de los grupos parlamentarios en el hemiciclo. Con ello se mantendría la condición de requerir una mayoría cualificada y se garantizaría la "pluralidad ideológica" del organismo judicial.
ECHENIQUE: EL PP ASESTA UN "GOLPE BLANDO A LA DEMOCRACIA"
Y es que para Echenique la situación del CGPJ solo deja dos opciones, permitir que el PP "consume su golpe blando a la democracia" para tener "secuestrado" el Poder Judicial durante toda la legislatura, o "arrebatar" a los populares su "minoría de bloqueo" con esa reforma del sistema de la mayorías para la elección de voces.
Ante esta disyuntiva, Echenique ha reivindicado que solo existe una opción y es ese cambio legislativo para reaccionar ante la "infracción" grave al orden constitucional por parte del principal partido de la oposición.
Cuestionado por las objeciones de la esfera UE respecto a la remodelación del sistema de elección en el CGPJ, Echenique ha respondido que las opiniones en la comunidad son "recomendaciones no vinculantes" en esta materia, incidiendo en que este cambio legislativo es un ámbito de estricto "soberanía nacional" porque es el Congreso quien elige a 12 representantes.
Respecto a si han trasladado al PSOE su posición, el dirigente de la formación morada ha destacado que su socio conoce la postura de Unidas Podemos y que superar ese "secuestro" que "degrada" la institución "va más allá de posiciones políticas partidistas".
ASENS: SE ESTÁ INCUMPLIENDO LA LEY CON EL TC
A su vez, el presidente del grupo parlamentario y dirigente de En Comú Poden, Jaume Asens, también ha considerado que "más pronto que tarde" se debe abordar la reforma de la Ley del Poder Judicial para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los doce vocales del turno judicial, de tal manera que el PP no sea necesario para el acuerdo.
"Llevamos tres años diciendo que hay que abordar esa reforma", ha asegurado para apuntar que esta tarde se reúnen los miembros de CGPJ y es el momento de pedirles que "que elijan a los miembros que tienen que elegir o sino que dimitan". "Es decir, que cumplir la ley porque la ley ya está incumpliendo", ha asegurado respecto a la situación del TC, a la par que ha avisado que "si no pasa nada" esta tarde "habrá que pensar en posibles medidas legales".
Asens ha advertido que se trata de "uno de los peores golpes a la democracia" desde el 23F y esto, en sus palabras, tiene que ver con la visión "patrimonialista" del poder de la derecha. "La derecha tiende a romper las reglas del juego democrático cuando pierde".
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado este miércoles que Unidas Podemos "exhibe su totalitarismo sin pudor" ante su propuesta de cambiar el sistema de mayorías para elegir a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y superar así el bloqueo, asegurando que "no tienen límites" y "son capaces de hacer cualquier cosa para controlar todos los poderes del Estado".
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha defendido la opción de habilitar la vía de elegir vocales por la mayoría absoluta, cuando no sea posible hacerlo mediante tres quintos de la cámara, y con el requerimiento de reunir a la mitad de los grupos parlamentarios en el hemiciclo. Con ello se mantendría la condición de requerir una mayoría cualificada y se garantizaría la "pluralidad ideológica" del organismo judicial.
"No es una cuestión de mayorías y minorías, es separación de poderes", ha explicado Arrimadas ante los medios en el pasillo del Congreso, donde ha insistido en que "los políticos no pueden elegir a los jueces" porque "tienen que tener la libertad para ejercer su función" y "perseguirles en caso de que cometan delitos".
SACAR LAS "ZARPAS" DE LA JUSTICIA
Así, considere que "la postura totalitaria" de intentar rebajar las mayorías "queda como una cosa normal" después de que "el bipartidismo lleve cuarenta años repartiéndose a los jueces", que tienen que ser "independientes". "Hay que sacar las zarpas de la Justicia", ha hecho evidente.
Además, ha querido remarcar que el Gobierno "está negociando en nombre de Unidas Podemos y del separatismo", por lo que las mayorías del PSOE para el CGPJ, que lleva más de cuatro años en funciones, y el Tribunal Constitucional (TC) "significa que sean o no para el nacionalismo". A su juicio, esto es "intolerable", por lo que ha pedido que "dejen ya de dar vergüenza".
El PP ha llevado este miércoles al Pleno del Congreso la visita a Bélgica de miembros del PSOE para verse con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, según ha desvelado este último. Así, la mayoría de los diputados del Grupo Popular han aprovechado su pregunta a los ministros en la sesión de control para interrogarles acerca de si se encargaron de ir a Waterloo a "negociar" la reforma penal del delito de sedición.
"¿Fue usted el encargado de ir a Waterloo a negociar con Puigdemont?", es una de las preguntas que han utilizado algunos de los parlamentarios 'populares', pocos días después de Puigdemont revelara que, durante los cinco años que lleva viviendo en Bélgica, ha recibido visitas de miembros del PSOE en diversas ocasiones para generarle "expectativas de un buen trato, vía reforma del código penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo".
El PP ya registró el pasado lunes la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique sus compromisos "personales con los prófugos de los que depende", según anunció la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Además, esta formación extendió esa petición de explicaciones a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
La propia Gamarra ha aprovechado su pregunta a Sánchez para pedir cuentas acerca de quién es "ese nuevo señor X del PSOE que fue a ver a Puigdemont". "¿Quién ha ido a negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas? ¿Quién ha ofrecido que las leyes en España se redacten en la sede de ERC?", ha interpelado, para añadir que esa persona "lo hizo siguiendo las órdenes" del presidente del Gobierno.
UN GOBIERNO "TRAMPOSO" Y "MENTIROSO"
Poco después ha seguido sus pasos el secretario general del Grupo Popular, Carlos Rojas, que ha arrancado preguntando a la vicepresidenta Nadia Calviño: "¿Fue usted la encargada de negociar en Waterloo con un prófugo de la Justicia? Si no fue usted, ¿Sabe quién del Gobierno fue?". Según ha añadido, los españoles tienen el Gobierno "tramposo" y "mentiroso".
Después, la presidenta del PP de Baleares y portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Marga Prohens, también ha interpelado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera: "¿Fue usted la encargada de ir a Waterloo en nombre del señor Sánchez?".
La diputada del PP Sandra Moneo --que ha pedido cuentas al Gobierno por no defender el derecho de estudiar en castellano-- también ha preguntado a la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, si la ha "enviado el señor Sánchez a visitar al señor Puigdemont y negociar con él".
En su réplica, la titular de Educación ha señalado que el Partido Popular debe "cumplir y asumir la Constitución", y dejarse de "excusas y de mentiras, también en política lingüística".
Por su parte, la portavoz de Interior en el Congreso, Ana Vázquez, también ha echado en cara al ministro Fernando Grande-Marlaska, que el Gobierno "pacte el delito de sedición" con sus socios, que están "saltándose la Constitución". El titular de Interior ha afirmado que el PP "tiene secuestrado a uno de los poderes del Estado" y se ha "rebelado" contra la propia Carta Magna.
En su turno, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha aprovechado la pregunta que le ha formulado el PP sobre los fondos europeos para pedir a los 'populares' que "desbloqueen por fin" la renovación del CGPJ y "dejen de ir a Bruselas a hablar mal de España". "Feijóo ha cambiado la cara, pero no ha cambiado las formas", ha espetado a la bancada del Grupo Popular.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado este miércoles a sus socios parlamentarios del bloqueo en la tramitación de normas como la Ley de Vivienda o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana -'ley mordaza'- y ha emplazado a los grupos parlamentarios a buscar puntos de "equilibrio" para poder aprobarlas en las Cortes.
Así ha respondido Sánchez a las críticas que, por el parón que sufren estas dos iniciativas, le ha dedicado la locutora parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, en la sesión de control al Gobierno.
El presidente ha defendido que el Gobierno "ha cumplido" remitiendo esos proyectos al Congreso y que "ahora le corresponde a los grupos" parlamentarios buscar acuerdos para hacer realidad esas leyes.
NO ES BLOQUEO, ES QUE NO HAY ACUERDO
"A lo mejor no es que estemos bloqueando, es que no coincidimos en la aproximación que ustedes tienen de la seguridad ciudadana", ha dicho el presidente, incidiendo en que eso no significa que el PSOE sea "menos de izquierdas", sino que " defiende a la mayoría social".
En cualquier caso, el presidente ha garantizado que el Ejecutivo a va cumplir con su agenda legislativa impulsando leyes "en beneficio de la mayoría social" y ha recordado que ya han visto la luz nuevas normas como la de eutanasia, que se han revertido los recortes a la dependencia y que se han impulsado para medidas y fondos para mejorar la atención pública a la salud mental.
NO QUEDA MUCHO TIEMPO
De su lado, Aizpurua ha reconocido estos "avances" en derechos sociales pero ha urgido a Sánchez ha cumplir todos sus compromisos en esa materia, incluida la Ley Trans, la Secretos Oficiales y la reforma fiscal. "No hay mucho tiempo ya", ha avisado, recordando que apenas queda un año de legislatura y que "hay mayoría suficiente" para que vean la luz.
"Decida si quiere aprobar o no estas leyes en los términos que prometió, son cuestiones básicas para un Gobierno que se dice progresista y no hacerlo hipotecará el futuro de millones de personas y puede que también el suyo y el de su Gobierno", ha advertido Aizpurua, antes de apuntar que "no cumplir las promesas y no avanzar en derechos sólo beneficia a la derecha".
La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles en el Pleno del Congreso que los últimos datos de crecimiento publicados permiten anticipar que la previsión de aumento del 4,4% del PIB para este año "se quede corta".
Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en la Cámara Baja, Calviño ha reconocido que el entorno es "complejo", de "alta volatilidad e incertidumbre", que existe una "ralentización" de la economía, pero que la economía española "está resistiendo bien en una situación compleja".
En este sentido, ha destacado los "mínimos históricos" en tasa de temporalidad, de desempleo juvenil, el crecimiento del 5,5% registrado en 2021 o un crecimiento mayor que el 4,4% de la última previsión, cree que se quedará "corta" tras conocerse que el PIB del tercer trimestre del año avanzó un 0,2%.
Todo ello tras enfrentarse a las preguntas de los diputados Carlos Rojas (PP) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox), que le han reprochado su gestión de los fondos europeos y de la crisis de precios, así como sus previsiones económicas.
PP: "SUS PREVISIONES FALLAN UNA Y OTRA VEZ"
"Sus previsiones fallan una y otra vez", ha asegurado Rojas, antes de mostrar un folio en blanco para ponerlo como ejemplo de sus aciertos en materia económica y acusar a la vicepresidenta de "aferrarse a un Gobierno imposible" y de "descontrol".
"No va a haber propaganda que esconda su ineficacia", ha dicho Rojas, que ha afeado a Calviño no haber contado con las comunidades autónomas para decidir sobre los fondos europeos y le ha reclamado un Pacto de Estado para gestionar la salida de la crisis.
En su réplica, Calviño ha destacado los últimos datos conocidos de la inflación, que sitúan a España a la cola de la subida de precios --7,3% frente al 10,7% de media en la Eurozona--. "Aquí sí que estamos muy cerca del final", ha dicho, respondiendo a las acusaciones de Roja de que España estaba a la cola de la recuperación tras la pandemia.
Asimismo, ha pedido a los 'populares' que "dejen de repartor carnés de buen español", que "cumplan la Constitución y defiendan los intereses de España, dentro y fuera de sus fronteras". "Es lo mínimo que se le puede pedir a la oposición, ojalá cambien de actitud y empiecen a cumplir", ha dicho, en una intervención en la que ha acusado al PP de "no ser de fiar".
"PARECE QUE LES FASTIDIA QUE TENGAMOS BUENAS NOTICIAS"
En su intervención, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha asegurado que el último dato de inflación conocido "no e una cifra para estar contentos", ha puesto en duda las afirmaciones de la vicepresidenta sobre que los datos no apunten hacia una recesión y ha asegurado que el Gobierno de coalición pasará a la historia por acabar su mandato con estanflación (inflación y estancamiento económico).
Calviño ha remarcado los últimos datos de crecimiento --"Parece que les fastidia que tengamos buenas noticias y datos"-- y ha dicho que "semana tras semana inversores y organismos económicos reafirman su confianza y apoyo a la política económica del Gobierno", frente a una "visión absolutamente destructiva" de su grupo.
CREE QUE Cs "TIENE UNA OBSESIÓN CON LAS PENSIONES"
Finalmente, la vicepresidenta ha enfrentado al vicesecretario y portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, que ha anticipado que en 2035 toda la recaudación tributaria irá dirigida a sostener el sistema público de pensiones, por lo que ha pedido al Gobierno ser "adultos responsables".
"Tienen usted una obsesión con las pensiones", ha respondido Calviño, señalando que el gasto público dirigido a estas prestaciones está en el entorno del 11% del PIB, "significativamente por debajo" del de países del entorno, que la transferencia el próximo año desde el Estado a la Seguridad Social "es la mitad que en años anteriores" y que además aumentarán las cuentas del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como 'hucha de las pensiones'.
"No sé por qué quiere generar miedo, y menos aún enfrentamiento entre generaciones", ha abundado Calviño, asegurando que los mayores "merecen tranquiliad y apoyo".
El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha criticado la falta de agilidad en la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno, acusando de existir "lentitud y un cierto caos" en el despliegue de los recursos, por lo que ha instado al Ejecutivo a "ponerse las pilas" a este respecto.
"Hay sensación de que falta un plan, nadie tiene la foto de esta situación, póngase las pilas", ha espetado Esteban al presidente Pedro Sánchez, denunciando que los fondos no llegan o lo hacen muy lentamente.
SIN FONDOS EUROPEOS NO HABRÁ CRECIMIENTO
Según el portavoz del PNV, los Presupuestos de 2023 basan su crecimiento en la ejecución de dichos fondos, por lo que si no se ejecutan correctamente, "no va a haber crecimiento". "Sus propios datos nos señalan que de lo comprometido, solo un 45,6% este año ha sido reconocido, lo cual no significa siquiera que esté ejecutado", ha puntualizado.
Así, Esteban ha apuntado que de los 11 PERTEs solo ha habido cinco convocatorias. El diputado ha destacado especialmente el del automóvil, que en su opinión es "para reflexionar", dado que se ha adjudicado en unos porcentajes "mínimos" y las empresas hablan "posiblemente de renunciar".
Además, el dirigente nacionalista ha acusado al Gobierno de estar dejando "marginados" a los ciudadanos de Euskadi en la ejecución de los fondos europeos, en referencia a los concursos publicados para la seguridad y conservación de carreteras de alta capacidad del Estado.
Esteban ha explicado que estos concursos solo se han convocado para carreteras del Estado, cuando en Euskadi la titularidad de las carreteras pertenece a la comunidad autónoma. "Han dejado marginados a más de 2,5 millones de ciudadanos que al parecer no son europeos", ha afeado Esteban, que ha preferido entenderlo "como un error" y no como algo deliberado por parte del Gobierno.
EVIDENTES ERRORES
El diputado ha enmarcado esta crítica en los "evidentes errores de diseño" en los PERTEs, especialmente por su "demasiada rigidez", que impide, en su opinión, el desarrollo y la aplicación más efectiva de esos fondos por parte de las comunidades autonómicas y otras veces "hasta ignoran y marginan a parte de la población".
En su réplica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto de relieve que España es el primer país donde ha llegado el segundo desembolso de los fondos, el 45% de las transferencias que corresponden a España desde aquí a 2026.
Asimismo, Sánchez ha destacado los 11 PERTEs enmarcados en estos fondos, así como que España es el país más avanzado de los 27 Estados miembros y el único país con el segundo desembolso, más de 30.000 millones de euros, que supone el 45% de las transferencias que corresponden a España hasta 2026. Todo ello, dice Sánchez, "está contribuyendo a frenar la ralentización económica".
En el caso del vehículo eléctrico conectado, ha añadido, se han concedido cuatro proyectos tractores en Euskadi, liderados por empresas establecidas en la región, con más de 235 millones de ayuda que van a asegurar la transformación del nódulo productivo.
También ha puesto de relieve otros datos macroeconómicos como los más de 20,5 millones afiliados a la Seguridad Social, un crecimiento por encima del 4%, de los cuales casi 2 puntos de ello tienen que ver con la ejecución y despliegue de los fondos europeos.
Por último, ha reconocido y agradecido a Euskadi su papel para la tramitación de los PGE, que en su opinión "es el instrumento más importante para el despliegue de los fondos europeos el próximo año".
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha propuesto este miércoles la celebración de una jornada sobre la Carta de Derechos Digitales en el Congreso de los Diputados, dado el impacto que tendrá en futuras normativas.
Calviño ha respondido en la Cámara Baja a una pregunta del diputado de Más País Íñigo Errejón acerca de su visión sobre el efecto de los algoritmos, la inteligencia artificial y las redes sociales en la sociedad digital contemporánea.
Errejón ha instado al Gobierno a acelerar la puesta en marcha de la Agencia de Supervisión de Algoritmos, la creación de un observatorio de trastornos alimentarios y la imposición de una obligación a los anunciantes de alertar al consumidor si en una publicidad el físico de los actores ha sido alterado digitalmente.
Calviño ha destacado que considera que el tema abordado es "muy importante" para el presente de España y ha asegurado que el Gobierno actúa con "máxima celeridad" para contar con herramientas para fiscalizar los algoritmos.
El próximo sábado termina el plazo para que los distintos municipios y comunidades autónomas manden candidaturas para acoger la sede de la Agencia de Supervisión Algorítmica. Al menos 11 localidades han mostrado su intención de presentar una propuesta.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha defendido este miércoles la gestión del Gobierno del Perte para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado (VEC) y ha acusado al PP de "boicotear" los fondos europeos y de ir a Bruselas "a hablar mal" de España.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso y en respuesta a las críticas de la diputada del PP Tristana Moraleja por su gestión del Perte VEC, Maroto ha subrayado que los 877 millones de euros asignados en la primera convocatoria de este proyecto son más de los "cero" fondos que destinó el Gobierno del PP a apoyar a la industria del automóvil.
"No sé si ejecutar 877 millones de euros puede ser una buena o mala noticia, pero es más de lo que ejecutaron ustedes apoyando a la industria del automóvil, que fue cero (...) Muchas palabras y pocos hechos. Antes de dar lecciones al Gobierno, respeten la Constitución, desbloqueen el Consejo General del Poder Judicial y dejen de ir a Bruselas a hablar mal de España", ha replicado la ministra a la diputada 'popular'.
Maroto se ha mostrado "muy satisfecha" de la gestión que está realizado el Gobierno de los fondos europeos. "En estos dos años de ejecución de los fondos ya hemos autorizado cerca de 3.000 millones de euros, lo que supone un 64% de todos los fondos asignados al Ministerio. Satisfacción frente a un PP que bloquea y boicotea los fondos", ha subrayado.
Además, la ministra ha instado al PP a apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2023 si le preocupan los fondos europeos, ya que las cuentas públicas contemplan 10.000 millones de euros para el Ministerio de Industria, "con un incremento de más del 200% respecto al presupuesto mísero que el PP dejó en 2018", ha denunciado.
EL PP PIDE SU CESE
Por su parte, la diputada del PP Tristana Moraleja ha afirmado que, si el Gobierno quiere asegurarse el éxito en la gestión de los Perte, tendría que cesar a la ministra Maroto del cargo, y ha puesto como ejemplo de su "fracaso" todo lo ocurrido con el Perte VEC.
"Usted anunció el 3 de marzo de 2021 Perte VEC y, en su osadía, le puso nombre a los beneficiarios antes de sacarlo a la libre concurrencia, cuando ni podía ni debía hacerlo. Sánchez tuvo que rectificar un poco más tarde asegurando concurrencia ante el escándalo que provocó".
La diputada del PP ha criticado además que cuando se publicaron las bases reguladoras de la convocatoria del Perte VEC, en diciembre de 2021, se vio que "faltaba madurez" y hasta el 17 de marzo de este año no se convocaron las ayudas.
"El resultado fue una decepcionante resolución provisional y ya, la semana pasada, la constatación de su fracaso con una resolución definitiva que dejó atrás a muchas empresas y trabajadores y eso un año y 7 meses después de su anuncio".
"Están en juego importantes inversiones y la responsabilidad es suya".
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha informado este miércoles en el Congreso que el Gobierno investigará si hay eléctricas que están dificultando "de forma particular" la información a los consumidores para su acceso a la tarifa regulada TUR (tarifa último recurso).
Preguntada en los pasillos de la Cámara Baja sobre los problemas de acceso de los consumidores para completar su trasvase del mercado libre a la tarifa regulada en sus consumos energéticos, Ribera ha asegurado que cuenta con informaciones de que las compañías están "dificultando de forma particular" la información a sus clientes.
REUNIÓN GOBIERNO Y CNMC
"Ha llegado información que deberemos investigar sobre si además se está dificultando de forma particular el acceso siquiera a la información, así que tenemos que estar pendientes", ha dicho la vicepresidenta, criticando que "no es razonable que haya dificultades por parte de las empresas para hacer viable ese acceso" después del "esfuerzo" del Gobierno "para ofrecer una tarifa regulada que permitiera pasar el invierno en condiciones asumibles".
Durante su intervención, Ribera ha informado de que este mismo miércoles la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha mantenido un encuentro con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), supervisor que ha abierto un expediente informativo por posibles trabas que las empresas comercializadoras de gas a la hora de tramitar cambios a la tarifa regulada de sus clientes.
REFORZAR SU PERSONAL PARA ESTAR A LA ALTURA
Sobre este asunto, Ribera ha defendido que "es capital" que las empresas energéticas refuercen sus servicios técnicos para permitir un cambio de tarifa "de forma ágil".
"Entiendo que deben de estar desbordados en este momento. No me atrevo a decir si están siendo responsables o no. Sí creo que tienen que hacer un esfuerzo por estar a la altura de lo que sus clientes les piden".
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido en el Congreso que 2022 ha sido "el peor año hidráulico en décadas", que ello ha afectado a la capacidad de generación de electricidad a través de energía hidroeléctrica, pero que esto responde a la falta de lluvia y no a la gestión de las cuencas hidrográficas.
"Los embalses están vacíos porque no llueve, es algo relativamente fácil de entender", ha explicado durante una interpelación urgente en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja en la que Vox le ha responsabilizado de limitar la producción hidroeléctrica por autorizar todos los vaciamientos de pantanos.
Ribera explicaba así los elevados precios de la electricidad, pese al mecanismo ibérico, en relación a otros países más dependientes del gas, como Alemania. Sin embargo, el diputado José María Figaredo ha reprochado que esto respondía a que en ese país "funcionan a golpe de ciencia y de números" y en el Gobierno lo hacen "a golpe de ideología" y "dogmas".
Figaredo ha afeado a la vicepresidenta el fin del carbón, así como la posibilidad de explorar yacimientos gasísticos o la explotación por 'fracking', señalando que las energías renovables también generan dependencia por los materiales que exige y "pegas ecológicas". "Renovables sí, pero con justa medida y paciencia", ha dicho.
"¿En qué mundo y en qué año se ha quedado usted anclado?", ha replicado la vicepresidenta, reprochando a Vox que quiera "regalar miseria" con la reapertura de unas minas que tuvieron que ser nacionalizadas para evitar suspensión de pagos en los años 70, ha dicho, y que sufrieron "décadas de abandono".
Por ello, ha defendido que el futuro no es reabrir minas, sino ofrecer alternativas industriales en sus cuencas e intensificar la transición hacia un 'mix' 100% renovable, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y preparándose para escenarios de escasez de recursos.
DEFIENDE EL "GIRO COPERNICANO" DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA
Por otra parte, Ribera ha defendido que España "ha dado un giro copernicano a lo vivido con anterioridad" en materia energética. En un respuesta a una interpelación al diputado Albert Botran, de la CUP, Ribera ha advertido de la necesidad de "una transformación muy profunda" en el modo de consumir, "teniendo claro que hay límites al crecimiento".
Así, ha subrayado que se está "al borde temporal de reaccionar con solvencia" para asegurar oportunidades de "presente y futuro", tras una invasión de Ucrania por Rusia que ha acelerado todo.
"Tenemos la oportunidad de repensar un modelo poco y mal distribuido, basado en pocas infraestructuras y pocos actores a la hora de tomar las decisiones", ha dicho.
A este respecto, ha destacado la oportunidad que representa el despliegue del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como 'hoja de ruta' para esta década, así como el impulso de las renovables, la eficiencia energética, el almacenamiento o el autoconsumo, en la búsqueda de "una transformación profunda", dando además "certidumbre a los inversores y pendiente del impacto ambiental".
Asimismo, ha destacado la obligación de "tener claro" que las personas "siempre" deben estar "en el centro de la decisión", ya que "son los destinatarios y beneficiarios de las políticas".
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado este miércoles a Vox de tener un programa "oculto" para abaratar "todavía más" el despido y "privar" a los tribunales españoles de su capacidad para controlar las causas del mismo.
"Eso sería la Ley de la Selva, que es la que ustedes defienden. No les gustan los derechos de los trabajadores, no les gusta la negociación colectiva. Ustedes son muchísimo más del sindicato vertical. Les molestan las pensiones públicas, el salario mínimo, los ERTE, el derecho de huelga, los derechos de las mujeres e incluso los derechos de las personas trans. Pero, a pesar de ustedes, España es un país orgullosamente diverso y plural", ha subrayado Díaz.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso y en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Inés María Cañizares, Díaz ha recordado al partido de Santiago Abascal que votó en contra de prohibir el despido durante la pandemia y durante la guerra iniciada "por su aliado Putin". "Ustedes lo que defienden es el despido libre y gratuito", ha criticado la vicepresidenta.
Por su parte, Cañizares ha acusado a la ministra de tener la "idea chulísima" de querer encarecer el despido de las mujeres, lo que generaría "un efecto negativo" a la hora de crear empleo femenino, ha advertido.
"Es el mismo plan que han urdido para las personas con discapacidad, a las que han eliminado o piensan eliminar los incentivos a su contratación creando así barreras para su incorporación al mercado de trabajo", ha denunciado la diputada de Vox.
"Con estas propuestas discriminatorias ya vemos cómo entiende usted la igualdad: vulnerando derechos fundamentales, que es el principio rector de las políticas de su Gobierno", ha criticado Cañizares.
La diputada de Vox ha recriminado así a Díaz que "en vez de sumar, reste oportunidades al empleo". "En lugar de un cargo público, se ha convertido en una carga muy pesada para el bolsillo de los españoles".
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que a Vox les "molestan los derechos de las mujeres y de las personas trans" y les ha clasificado en el "género cómico" ante la pregunta sobre cuántos géneros contempla su sistema de despido.
"¿Cuántos géneros contempla usted para esas novedosas indemnizaciones por despido?", ha preguntado la diputada de Vox Inés María Cañizares a Yolanda Díaz, este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, Díaz ha respondido que lo que plantea Vox es "una farsa". "Aunque su pregunta pretende ser del género cómico, en realidad es una auténtica farsa", ha remarcado.
Según la diputada de Vox, la propuesta "chulísima" de Díaz de "dosificar las indemnizaciones por despido con perspectiva de género" generaría "un efecto negativo para que las empresas contraten a mujeres si les va a resultar más caro despedirlas"; y ha añadido que es "el mismo plan que han urdido para las personas con discapacidad, a las que piensan eliminar sus incentivos a la contratación".
Además, Cañizares ha preguntado a la ministra de Trabajo si, para llevar a cabo esta idea, "pedirá auxilio a la ministra de Igualdad, Irene Montero", para la que también ha tenido críticas, ya que le ha reprochado que "todavía no ha condenado el asesinato de la niña a manos de su madre" en Gijón.
Por su parte, Yolanda Díaz, ha afeado a Vox que "les molesten las pensiones públicas, el salario mínimo, los ERTES, los derechos de las mujeres e incluso los derechos de las personas trans" y ha defendido que "España es un país diverso y plural".
Además, para desmontar la "farsa" de Vox, ha argumentado que la formación liderada por Santiago Abascal "votó en contra" siempre que se propuso prohibir el despido. "Si por ustedes fuera, se abarataría todavía más el despido".
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reiterado su defensa del sistema de pensiones, que en su opinión "es sostenible", y cree que todavía hay tiempo para pensar en una auditoría de la Seguridad Social, como le reclaman desde ERC.
En la sesión de control al Gobierno, Montero ha destacado entre otros datos los 20,5 millones de trabajadores en España, lo que, en su opinión, contribuye a la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Sin salir de las pensiones, Montero ha destacado la incorporación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 de una nueva suma de 3.000 millones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social --hucha de las pensiones-- por primera vez en más de diez años.
En el marco de los PGE de 2023, la ministra ha puesto de relieve el incremento de las transferencias equilibradoras en los PGE de 2023, que alcanzarán los 20.000 millones de euros aproximadamente y conseguirán "frenar la hemorragia en las cuentas públicas". Aquí Montero ha recordado los 1.300 millones de euros que financiaba el Partido Popular en su Gobierno.
ERC EXIGE UNA AUDITORÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL
Todas estas consideraciones las ha realizado Montero a la pregunta del diputado Jordi Salvador, de Esquerra Republicana, quien ha solicitado información sobre el cumplimiento de algunas exigencias recogidas en un informe del Tribunal de Cuentas.
En concreto, Salvador i Duch se ha referido a una auditoría a la Seguridad Social que se acordó el pasado mes de diciembre para un plazo máximo de seis meses. "Llevamos más de 11 meses y ni rastro de la auditoría", ha recriminado el diputado, que ha afirmado que el Gobierno, en este aspecto, "está incumpliendo la Ley".
Con respecto a la auditoría que demanda ERC, Montero ha justificado la demora en la pandemia y en los actuales planes de recuperación económica del Gobierno. "Todavía tenemos tiempo después de haber venido de una pandemia y saber que estamos muy enfrascados en la recuperación económica".
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este miércoles que la Política Agrícola Común (PAC) es un "seguro de renta" para los agricultores y ganaderos, junto a la ley de cadena alimentaria, aprobada en esta legislatura, y a los seguros agrarios, cuya cuantía se ha elevado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado hasta 317 millones de euros para 2023.
"Con los más de 1.000 millones de euros de apoyo que este Gobierno ha aprobado este año para el conjunto del sector primario, constituye un elemento absolutamente fundamental 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas para agricultores y ganaderos en el periodo 2023-2027", ha subrayado en su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Se trata, según ha señalado, de "una garantía obtenida para el conjunto de España" gracias a la aprobación el pasado 31 de julio del Plan Estratégico Nacional de España, que es "la garantía de cobro para nuestros agricultores y ganaderos de los fondos".
Según ha explicado el ministro, a fecha de hoy, 2 de noviembre, "únicamente" siete Estados miembros de los 27 tienen aprobado dicho plan, entre ellos España.
"Es muy importante que llevemos a cabo una tarea de información y asesoramiento a los beneficiarios, eso corresponde y es una responsabilidad legal de las comunidades autónomas", ha subrayado.
Respecto a los escoesquemas, que constituyen el 23% de las ayudas directas y son una "gran novedad" de esta PAC, Planas ha afirmado que ha escuchado "algunas voces aisladas e irresponsables" que llaman a su no aplicación.
"Es una total contradicción, porque supone primero reducción de fondos para agricultores y ganaderos, disminución de objetivos ambientales, que tendremos que cumplir, porque esta PAC pretende la rentabilidad, pero también la sostenibilidad ambiental de nuestro país y por tanto llamo a la responsabilidad y a no perder un solo euro".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este miércoles al PP de difundir bulos tras ser señalado por el principal partido de la oposición de mentir ante el aumento de la criminalidad o la muerte de migrantes en Melilla el pasado 24 de junio. "Vivimos en un país seguro, la seguridad no preocupa en España", ha respondido.
En la sesión de control en el Congreso, Grande-Marlaska ha sostenido que el PP "hace un favor" al Gobierno al utilizar el índice de criminalidad que, según él, no preocupa a más del 90% de los ciudadanos. Como dato, ha apuntado que la tasa de criminalidad en 2012 --con el PP-- era de 48 delitos por mil habitantes, mientras que ahora es "poco más de 41".
En este sentido, ha mencionando el incremento de 13.000 agentes con respecto a la etapa del PP, para lo que ha aludido a polémicas como el 'caso Kitchen': "A día de hoy, la tasa de criminalidad es cero en el Ministerio del Interior".
DOCUMETAL DE LA BBC SOBRE MELILLA
"Conociéndole a usted, no me extrañaría que fuera el encargado de negociar con el señor Puigdemont la reforma del delito de sedición y que no le detuviera la Policía, ¿fue usted?", le ha preguntado la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez. Además, se ha interesado por el documental de la BBC que, según la diputada, constata las "mentiras" sobre la tragedia en Melilla en la que murieron al menos 24 migrantes.
Grande-Marlaska le ha reprochado que recurra a bulos, lo que ha relacionado con que el PP "tiene secuestrado a uno de los poderes del Estado y se han declarado rebelde a la propia Constitución", en alusión al fracaso de la renovación del CGPJ. "Ahora lo mezclan todo y hablan de seguridad", ha apuntado.
El ministro ha reprochado al PP que utilice el índice de criminalidad que publica Interior al comparar los datos con los de 2020 y 2021, cuando bajó la estadística debido al confinamiento y la pandemia de Covid-19. Vázquez, por su parte, ha censurado que el Ministerio justifique el aumento de criminalidad de un 19% en delitos sexuales a que ahora "se denuncia más gracias a los eslóganes feministas".
La diputada 'popular' ha sostenido que también aumentan el "48% las riñas en las calles, los hurtos un 45%, los robos con violencia un 33% o la ocupación un 41%", afeándole la falta de autoridad con una media de 30 agresiones al día.
Vázquez también ha aludido al cese de un inspector de Valencia que, según ella, "se atrevió a decir que un 11% de la población total española comete el 32% de los delitos son extranjeros". "Ese dato es oficial y lo ha dado el INE", ha subrayado antes de reprocharle de que "sólo está preocupado de vaciar las cárceles" para favorecer a los presos de ETA.
"Usted tergiversa los datos", le ha reprochado Grande-Marlaska, recordando que la portavoz 'popular' señaló a España como el país con más entradas de migrantes de forma irregular, cuando Italia y los Balcanes "triplican" el dato.
El Ministerio del Interior ha defendido este miércoles que no hay "ninguna prueba" que sostenga que en la tragedia junto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio se registraron fallecidos en territorio nacional, reiterando que la actuación policial fue "proporcional y ajustada a la legalidad".
La BBC publicó este martes una investigación sobre la tragedia de Nador, junto a la frontera con Melilla, en la que sostenía que la policía marroquí trasladó cadáveres desde territorio español. Además, acusaba al Ministerio del Interior de ocultar imágenes de las cámaras de vigilancia.
En la sesión de control en el Congreso de este miércoles, la portavoz del PP en materia de Interior, Ana Vázquez, le ha preguntado a Grande-Marlaska por el documental de la BBC que cuestiona la versión oficial de las muertes de migrantes en Melilla, reprochándole que mintiera en la Cámara Baja cuando dio explicaciones sobre este incidente.
"Es cuando menos decepcionante y sorprendente que se hagan acusaciones de gran gravedad sin el sustento de ninguna prueba. Absolutamente nadie, ni la Guardia Civil, ni la Gendarmería, ni la Fiscalía General del Estado, ni El Defensor del Pueblo ni las autoridades marroquíes sostienen que las muertes tuvieron lugar en territorio nacional", ha apuntado Interior.
Fuentes de este Ministerio han vuelto a reiterar "su más firme respaldo" a la actuación de la Guardia Civil, al tiempo que han reafirmado que actúo de forma "proporcional, ajustada a la legalidad y firme ante un intento de asalto violento a nuestra integridad territorial".
"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seguirán defendiendo nuestras fronteras con la misma profesionalidad, ejemplaridad y sujeción a la legalidad", han añadido las citadas fuentes del Ministerio del Interior.
El pasado 14 de octubre, el Ministerio del Interior respondió al Defensor del Pueblo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron "dentro de las más estricta legalidad" cuando procedió al rechazo en frontera de migrantes en la tragedia de Melilla.
La Oficina que dirige Ángel Gabilondo señaló que "no consta que en el rechazo en frontera de 470 personas en Melilla se tuvieran en cuenta garantías legales nacionales e internacionales". Fuentes de la Guardia Civil rebajaron esta cifra a 101 expulsiones.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reafirmado que las muertes de migrantes en la frontera con Melilla del pasado 24 de junio son "hechos gravísimos" que han de investigarse.
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios a su llegada al Foro de diálogo de alto nivel Global Deal, que organiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y cuestionada sobre el documental de la BBC que cuestiona la versión oficial que se ofreció sobre la muerte de 24 personas migrantes.
Respecto a este asunto, Díaz ha recalcado que mantiene "exactamente lo mismo" que cuando acontecieron estos "hechos luctuosos", al subrayar que los derechos humanos "no son relativizables" y que, ante la gravedad de lo acontecido debe ser investigado.
Esta mañana Unidas Podemos ha reafirmado sus dudas ante la actuación en esta tragedia y ha mostrado su "enfado" con el titular del Interior, Fernando Grande Marlaska, que no se está comportando como un ministro del Gobierno progresista. Por tanto, ha demandado que rectifique y se acometa una investigación en profundidad de lo ocurrido.
"Se parece más a Fernández Díaz (exministro de Interior del PP) que a un ministro del Gobierno de coalición, ha lanzado el presidente del grupo parlamentario confederal, Jaume Asens.
Mientras, el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, ha aseverado en los pasillos del Congreso que este documental incide en las dudas que manifestó en su día Podemos sobre lo ocurrido en el salto a la valla de Melilla.
La titular de Igualdad, Irene Montero, ha dicho que no ha visto el reportaje pero que ya se expresó en su día sobre esta cuestión, al aseverar que son "hechos que no se pueden permitir y que estarán siempre del lado del respeto y las garantías de los derechos humanos".
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha insistido en el compromiso del Gobierno con los alumnos de Cataluña para que "estudien en castellano y en catalán y que dominen ambas lenguas cuando terminen la enseñanza obligatoria".
Por su parte, la diputada del Grupo Popular Sandra Moneo ha acusado a la ministra de permitir "que se pisotee la Constitución y los derechos de las familias que día a día pelean en los tribunales para que sus hijos puedan estudiar en castellano".
Así lo han manifestado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde Alegría ha respondido a la pregunta de los populares sobre "cuántas veces se va a poner en evidencia que el Gobierno no defiende el derecho de los catalanes a estudiar en castellano".
En este contexto, la ministra ha criticado al PP por traer a la Cámara Baja "una retahíla de mentiras" cuando "les va mal": "Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad, sino en una mentira más grande".
Así, la responsable de Educación ha incidido en que "el único problema es la posición del PP con Cataluña", calificándola de "fallida y reincidente" al utilizar "siempre la confrontación con Cataluña para rascar votos en España". "Para eso no han tenido ningún tipo de pudor para manosear el castellano y el catalán para seguir en la confrontación y división", ha precisado.
Para la ministra, la relación del PP con Cataluña "está basada en la distancia y en la falta de comprensión" y ha afirmado que "nunca han tenido un proyecto para Cataluña". "Pensé que con la llegada de Feijóo iba a entender la pluralidad lingüística en este país aunque fuera única y exclusivamente porque así aparece en la Constitución, pero ni aún así, también eso Feijóo y ustedes han decepcionado, es un líder que en absoluto es moderado que no entiende la pluralidad lingüística y no va a dejar la política de confrontación", ha comentado.
En este punto, ha cargado contra los populares por creerse "los únicos buenos españoles" y les ha recomendado "asumir y cumplir la Constitución". "Déjese de excusas y mentiras también en política lingüística", ha sentenciado.
"ROMANCE" ENTRE EL GOBIERNO Y EL SEPARATISMO CATALÁN
Durante su intervención, la diputada del PP ha hecho referencia a la "complicidad" del Gobierno sobre lo que está ocurriendo en el sistema educativo en Cataluña, algo que considera que "es hoy una clarísima revelación". "El último que se ha sumado a poner luz a ese apasionado romance que mantienen con el separatismo catalán es Aragonès, que sin filtro alguno ha revelado el pacto", ha dicho.
Así las cosas, Moneo ha afirmado que Alegría "no recurría la normativa catalana que expulsa al castellano de las escuelas como pilar para reimpulsar la mesa de diálogo". "Hace unos días usted hablaba de honestidad y franqueza y permite que se pisoteé la Constitución y los derechos de las familias que día a día pelean en los tribunales para que sus hijos puedan estudiar en castellano", ha lamentado.
La diputada popular ha criticado que la ministra "se dedica a incumplir la ley y a convertirse en cómplice de aquellos que pretenden socavar los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho".
En su opinión, Alegría "se siente más cómoda" como portavoz del PSOE que como ministra de Educación. "Podrían haber paralizado las leyes catalanas que impiden la presencia del castellano en la escuela y no lo han hecho, se podían haber puesto del lado de las familias y no lo han hecho, podrían haberse separado del separatismo y radicalismo y no lo han hecho. Los libros de historia escribirán sobre su Gobierno que socavó los pilares del Estado de derecho".
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado al PP de partido "antisistema" y ha asegurado que el liderazgo de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha quedado "tocado, probablemente hundido" tras el fracaso de las negociaciones para la renovación del Poder Judicial. "Es un líder fallido, a la tercera irá la vencida", ha comentado, en alusión a la caída de Pablo Casado a pasada primavera.
Las afirmaciones del ministro se han producido en el Pleno del Congreso y ante una pregunta de Vox, que pedía saber si el Gobierno piensa pactar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Ante esto, Bolaños ha señalado que "es absolutamente evidente" que la situación actual de Cataluña es mejor que la que había en 2017 con un Gobierno del PP, pues ahora no hay referéndum ilegal, ni declaración de independencia, ni violencia en las calles ni leyes de desconexión. "Lamento mucho que se les haya parado el reloj en 2017", ha dicho al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro.
A su juicio, esta mejora del panorama político catalán se ha logrado "con diálogo dentro de la ley y la Constitución" y ha remarcado que así seguirá actuando el Gobierno de coalición.
RECHAZA DESCARTAR UNA REBAJA DE LAS PENAS DE SEDICIÓN
Gil Lázaro ha alertado también contra la posibilidad de rebajar las penas contempladas actualmente para el delito de sedición, lo que en su opinión sería una "amnistía encubierta", y el ministro ha replicado reiterando el compromiso del Gobierno de homologar la legislación penal con Europa. Eso sí, ha prometido que lo que se haga será "dentro de la ley y de la Constitución".
Y a partir de ahí el ministro ha cargado contra el PP, que a su juicio forma parte de "la derecha antisistema" igual que Vox. Bolaños, el negociador del Gobierno en las fallidas conversaciones del Poder Judicial, ha recordado que el PSOE sí pactó el CGPJ cuando estaba en la oposición y el Ejecutivo de Rajoy se dedicaba a recortar derechos con la reforma laboral y cambiar la ley de aborto, y cuando estaba de actualidad el caso de los papeles de Bárcenas.
"Por eso, el liderazgo de Feijóo está tocado, probablemente hundido --sostiene--. Dijo que iba a ser un líder y obedece a quienes le pusieron y dijo que era un hombre de Estado y está agravando la crisis institucional en el Poder Judicial. Feijóo es ya un nuevo líder fallido del PP. A la tercera irá la vencida".
En el mismo debate, no sólo Bolaños ha criticado al PP. También el diputado de Vox ha reprochado la actuación de la dirección nacional del PP, aconsejándoles no hablar nada con el Gobierno: "Con Sánchez, diálogo cero y oposición frontal --ha enfatizado--. A ver si otros empiezan a hacer lo mismo para evitar que les toreen y no tengan que hacer el ridículo".
La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado "enormemente preocupada" por las enmiendas presentadas por el PSOE que "tocan el corazón" de la Ley Trans y les ha pedido que las "retiren".
"Estoy enormemente preocupada por esas enmiendas del PSOE. Así se lo he hecho saber porque además han incumplido su compromiso de no tocar el corazón de la ley que yo pacté con Carmen Calvo, referido a la libre determinación de la identidad de género para mayores de 18 años y también para los niños y niñas trans", ha señalado Montero, este miércoles, en declaraciones a los medios, en los pasillos del Congreso de los Diputados.
En este sentido, ha pedido a los socialistas que "retiren esas enmiendas" y ha asegurado que, desde su Ministerio, se van a "dejar la piel" para "mantener la ley como está".
Además, ha reclamado que no se cometa la "crueldad" de "estigmatizar" a los menores trans y de "cuestionar quiénes son". "Bastante sufrimiento tienen, sufren discriminación, violencia, incomprensión de sus entornos escolares y muchas veces de sus familias", ha advertido Montero.
Por ello, ha querido enviar un "mensaje claro y rotundo" a los niños y niñas trans. "Vamos a trabajar con la mayoría feminista del Congreso para intentar que la ley salga antes de que acabe el año sin un solo recorte en derechos, tampoco para las infancias trans".
SESION DE CONTROL AL GOBIERNO
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contestará este miércoles en el Pleno del Congreso a preguntas del PP, el PNV y Bildu relativas a la situación económica, agravada por la guerra de Ucrania, la gestión de los Fondos Europeos y la ampliación de derechos sociales.
"¿Cree que sus políticas generan oportunidades para los españoles?", reza la pregunta que la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, realizará al presidente al comienzo de la sesión, a las 9.00 horas.
Tras ella será el turno del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que cuestionará a Sánchez sobre su valoración de la ejecución efectiva de los Fondos Europeos.
En último lugar, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, preguntará al presidente sobre si cumplirá con las promesas pendientes en materia de derechos.
El pleno seguirá con las preguntas dirigidas a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; segunda, Yolanda Díaz; y tercero, Teresa Ribera; además de con preguntas para María Jesús Montero (Hacienda); Fernando Grande-Marlaska (Interior); Pilar Alegría (Educación), Reyes Maroto (Industria), Luis Planas (Agricultura); Félix Bolaños (Presidencia); e Irene Montero (Igualdad).
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