DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sostenido este miércoles que no hay ningún eurodiputado español que esté siendo investigado "ni de cerca ni de lejos" en lo que se ha dado en llamar 'Qatargate', el presunto pago de sobornos a miembros de la Eurocámara por parte de este país del Golfo.
En respuesta a una pregunta formulada por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu en el Pleno del Congreso, el ministro ha reconocido su preocupación por este caso, que ha considerado "de extrema gravedad", al tiempo que ha confiado en que la investigación que la Policía y la Fiscalía belga están llevando a cabo llegue "hasta el final".
Asimismo, ha señalado que en base a la información de la que dispone "en estos momentos ningún eurodiputado español está ni de cerca ni de lejos siendo investigado", al tiempo que ha indicado que ha hablado de este asunto con sus homólogos europeos en la reunión que mantuvieron el lunes en Bruselas y trasladado la disposición del Gobierno a "colaborar en todo lo que se pueda".
Albares ha subrayado que si algo demuestra este caso es que "la corrupción internacional existe y es necesario reforzar la cooperación" en la lucha contra ella. En este sentido, ha reivindicado que "si alguna es la seña de identidad de este Gobierno es precisamente esa, la lucha contra la corrupción".
Por su parte, Iñarritu ha hecho hincapié en que no se trata de un hecho aislado sino que ya se han producido otros similares en otras instituciones detrás de los que suelen estar siempre "tiranías" y ha advertido de que esto representa "una amenaza a la confianza" en esas instituciones por parte de la ciudadanía.
En este sentido, se ha interesado por saber qué medidas concretas va a tomar el Gobierno para evitar que casos como el 'Qatargate' "se vuelvan a reproducir".
El ministro ha defendido que un país en solitario no puede hacer frente a estas tramas que actúan internacionalmente y por ello es necesario "extremar la coordinación internacional". El Gobierno, ha añadido, ya está "tomando medidas preventivas" conforme a lo estipulado por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que España es parte.
Así, ha dicho, "hemos tipificado estas conductas, estrechamos la cooperación internacional y, en la medida que podemos, participamos en la recuperación de activos". Además, ha recordado que "hay un tipo penal en España que precisamente tipifica tanto la corrupción de funcionario internacional como el hecho que desde instancias internacionales se pueda corromper a funcionarios españoles".
El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro ha acusado al Gobierno de "asaltar" el Tribunal Constitucional (TC) "con nombramientos y reformas para intentar controlar esa institución" mientras sostiene que defiende la Constitución.
Así lo ha recalcado durante su intervención en la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso y tras preguntar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre si el Ejecutivo seguiría reformando el Código Penal "a la carta" para mantenerse en el poder, en referencia a las reformas del delito de sedición y de malversación.
Llop, en su turno de respuesta, ha acusado a su vez al PP de haberse instalado "en el bloqueo y la deslealtad constante", y ha defendido las últimas reformas apuntando que el Gobierno actúa con "valentía, firmeza y determinación" con el objetivo de proteger a la mayoría social y no generar "enfrentamientos entre territorios".
Pero Bermúdez de Castro le ha indicado que su ministerio ha actuado desde la "improvisación y el caos normativo" por sacar adelante hasta 17 reformas del Código Penal en la Legislatura, y ha afeado que algunas hayan visto la luz a través del Grupo Socialista "para eludir los informes preceptivos".
Considera que la tramitación exprés de la proposición de ley para eliminar la sedición ha servido para "pisotear" los derechos de los diputados de la cámara, y considera que esa urgencia provoca que determinadas leyes como la del 'sólo sí es sí' sirvan únicamente para "desproteger a las mujeres". "Más grave es la reforma de la sedición por imposición de los que lo cometieron a cambio de aprobar los Presupuestos", ha añadido.
Llop ha sacado pecho de las 175 iniciativas legislativas que han impulsado y le ha respondido que si gobiernan es porque gozan de la confianza del Parlamento y de las fuerzas políticas que les apoyan. Tras esto, se ha dirigido al Grupo Popular para reprocharles que su problema es que "no reconocen" ni la legitimidad del Congreso ni el resultado de las últimas elecciones.
"La finalidad no es gobernar a toda costa sino proteger a la mayoría social del país, (...) estar al lado de las personas que más lo necesitan, proteger a las víctimas, combatir la corrupción, (...) es no hacer enfrentamientos entre territorios", ha añadido.
Bermúdez de Castro le ha señalado que no defendía las reformas con convencimiento porque le vienen dadas desde La Moncloa y porque actúan "en dirección contraria" a lo prometido en campaña, y ha explicado que no se puede negociar con el PP la renovación de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "y en paralelo acordar con ERC y Bildu suprimir o rebajar delitos para beneficiar a los condenados en el 'procés'".
EL PP "GOLPEA" LAS INSTITUCIONES
Al hilo, ha echado en cara al Gobierno que defienda la Constitución y luego "asalte" el Tribunal Constitucional "con nombramientos y reformas para intentar controlar esa institución", y que defienda la independencia judicial pero luego "insulte" a los jueces cuando llegan sentencias que no les gustan.
Bermúdez de Castro ha indicado que todo esto ataca la separación de poderes e instrumentaliza la justicia, y dado que "va en contra del interés general" le ha invitado a convocar elecciones para conocer la respuesta de los españoles.
La ministra le ha respondido que el hecho de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo "presuma" de bloquear el CGPJ es "es una auténtica indignidad democrática" y ha apuntado que es "deplorable" que ellos hablen de deriva democrática y autogolpe "cuando el que golpea las instituciones democráticas es el PP".
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles estar "orgullosa" de formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha desdeñado los llamamientos del PP a rebelarse ante los cambios legislativos que, según los 'populares', se están acometiendo "al dictado de delincuentes".
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del PP Carlos Rojas ha apelado a la trayectoria profesional de Robles y su carrera como jurista para preguntarle "hasta cuándo" va a seguir formando parte del Ejecutivo y si está dispuesta a mantener el cargo si salen adelante los cambios legislativos que derogarán el delito de sedición y modificarán el de malversación. "¿Dónde está el límite?", ha preguntado a Robles.
"Me siento orgullosa de ser ministra de Defensa como me siento orgullosa de ser parte de este Gobierno", ha replicado Robles pidiendo al diputado que no se preocupe tanto por ella y, en cambio, reflexione sobre la actitud de su partido "bloqueando" la renovación del Consejo General del Poder Judicial, "incumpliendo la ley y la Constitución".
El diputado del PP cree que "no se puede caer más bajo" y el Gobierno está "rompiendo todos los límites", ante lo que ha pedido a Robles que "deje el argumentario". "Se trata de su trayectoria, una vida que ha entregado al Derecho, se trata de España", ha pedido avisando a la ministra de que "está perdiendo una gran responsabilidad". "Un cargo se convierte en una carga cuando se pierden los principios", ha advertido.
A su juicio, el objetivo del Ejecutivo es "obtener a cualquier precio" el apoyo parlamentario de los partidos "separatistas". "Este Gobierno destila fraude por los cuatro costados", ha censurado visiblemente airado y pidiendo la convocatoria urgente de elecciones generales.
"No se preocupe tanto por mí, preocúpese por usted que está incumpliendo la Constitución y la ley", ha insistido Robles, que ha vuelto a subrayar su "orgullo" por España y por su Constitución. "Y por cumplirla, no como ustedes", ha reprochado a los 'populares'.
También ha subrayado su orgullo como ministra por las Fuerzas Armadas y ha acusado al PP de haberlas dejado "prácticamente inatendidas" durante los siete años que ocuparon en Palacio de la Moncloa. "Usted, que tanto se preocupa por la trayectoria de otros, está incumpliendo la Constitución y la ley", ha vuelto a acusar al diputado Rojas.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha dejado la puerta abierta a prorrogar el descuento del 30% en el transporte autonómico, que está en vigor desde el 1 de septiembre y que vencerá el próximo 31 de diciembre.
En el pleno del Congreso de este miércoles, Montero ha señalado que esta medida podría incluirse en un nuevo decreto ley de medidas para luchar contra las consecuencias de la guerra en Ucrania, que se debatirá en las próximas semanas.
Así lo ha informado en respuesta a una pregunta de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, quien lamentaba que el Gobierno no haya incluido esta prórroga en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal y como había demandado su partido.
La ministra ha respondido que en los PGE sí que se incluyó la gratuidad del transporte público de titularidad estatal para viajeros habituales de los trenes de Cercanías y Media Distancia y de algunos autobuses de largo recorrido, pero que el tramo autonómico podría introducirse en el próximo decreto ley.
Sagastizabal le ha recordado a la ministra que solo quedan 17 días para aprobar esta prórroga, antes de su vencimiento a final de año, y ha ensalzado las ventajas que esta medida tendría para ayudar a las familias y para luchar contra el cambio climático.
La diputada del PNV también ha anunciado que la intención de su partido es prorrogar el descuento en País Vasco, si bien ha admitido que será difícil sin la financiación del Estado, al igual que pasará en el resto de comunidades autónomas.
La medida actualmente en vigor consiste en un descuento del 30% en el transporte autonómico y de los ayuntamientos financiado por el Estado, que las entidades autonómicas y locales pueden complementar hasta el 50% si así lo deciden, por lo que solo tendrían que aportar el 20% de la financiación del descuento.
Algunas comunidades, como Galicia y ahora País Vasco, ya han solicitado al Gobierno explícitamente que prorrogue la medida. Otras, en cambio, como Madrid, ya han anunciado de forma unilateral que no prorrogarán el descuento del 50%, aunque si el Gobierno aprueba la medida, el 30% de descuento se aplicará en toda España puesto que lo financiaría el Estado.
De hecho, la ministra ha aprovechado para hacer una llamamiento al conjunto de las administraciones autonómicas para que, en caso de aprobarse la prórroga, complementen el descuento hasta el 50% para hacer más efectiva la medida.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a defender, este miércoles en el Congreso, su Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley 'solo sí es sí', aunque sí ha reconocido que, recogiendo un "cambio profundo" en el Código Penal pueda suponer "dificultades y problemas en su aplicación".
"Efectivamente, con un cambio tan profundo en el Código Penal puede necesitarse tiempo para asentarse y también puede generar dificultades y problemas en su aplicación", ha asegurado Montero en su intervención durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja.
Y, en este sentido, ha comparado las críticas que está teniendo la Ley de 'solo sí es sí' con la Ley de Medidas contra la Violencia de Género aprobada en 2004 por un Gobierno socialista. Según ha indicado, cuando esta norma salió adelante "se presentaron casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad por los propios tribunales, 127 fueron admitidas a trámite, crecieron los sobreseimientos en los primeros 7 años de aplicación de la norma un 158% y se puso en cuestión una norma" que, según ha indicado, ahora "todo el mundo considera que es un triunfo de las mujeres y de la democracia del país".
La titular de Igualdad ha respondido así a la pregunta de la diputada del PP Carmen Navarro, que le ha exigido disculpas por acusar, la semana pasada, a su partido de fomentar "la cultura de violación" y le ha reprochado que "hoy, en España, violar sea más barato que ayer".
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que la enmienda introducida en la exposición de motivos de la proposición legislativa para derogar el delito de sedición referida a la Ley de Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', "facilitará" una "correcta" interpretación de la norma cuando los tribunales aborden revisiones de penas.
En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Montero ha destacado que la Ley del 'solo sí es sí' es "sólida" aunque cuando se dan dificultades de interpretación, como casos de rebaja a penas a condenados por agresión sexual, el legislativo debe hacer "todo lo posible" para ayudar a su correcta lectura y aplicación.
De esta forma, ha reivindicado el uso de esta fórmula técnica, ahondando en el sentido de la norma en lo relativo al Código Penal mediante la exposición de motivos, ayudará como guía para facilitar una adecuada interpretación.
Y es que se trata de "dejar claro cual es la intención del legislativo" y en eso han trabajado con esta adición a la proposición de ley que suprime el delito de sedición, pero referida a la Ley del 'solo sí es sí' y ante las polémica de reducción de penas aplicadas por diversos tribunales.
Por último, ha destacado que ahora el Ejecutivo tiene también que desplegar rápido todo el contenido de esta ley, que protege a todas las mujeres que padecen violencia sexual con independencia de que denuncien o no. Así, ha explicado que entre las medidas se garantiza por parte del Estado ayuda psicológica y asesoramiento jurídico gratuito, entre otros puntos.
PLANTEAMIENTO DE LA ENMIENDA
En concreto, PSOE y Unidas Podemos recordaron que para la aplicación de las reformas penales contenidas en esta ley a los delitos cometidos antes de su entrada en vigor debe administrarse, entre otras, la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995, que impide una rebaja automática de las penas.
Desde el PSOE aseguran que con estos párrafos "los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno facilitan la interpretación del derecho transitorio de acuerdo con la jurisprudencia consolidada, para una aplicación correcta de las modificaciones del Código Penal, entre ellas algunas recientemente aprobadas como la Ley de Libertad Sexual".
Fuentes de Unidas Podemos subrayan que el Ministerio de Igualdad ha estado implicado en las conversaciones y que la nueva redacción "busca aclarar a los jueces que la voluntad del legislador, a modo de recomendación, es que, en caso de revisión de condenas, se mantengan las penas impuestas".
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha proclamado este miércoles que, gracias a las "decisiones valientes" del Gobierno de Pedro Sánchez, Cataluña "ya no es un problema para España" y que cinco años después del referéndum ilegal de 2017 sólo quedan "separatistas nostálgicos del enfrentamiento" situados en el "lo volveríamos a hacer" y una derecha que es "garantía" de "conflicto" en esa comunidad.
Así ha replicado Bolaños a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ha señalado como la "mayor amenaza para España", por encima incluso que el "separatismo", la "ambición insaciable" que achaca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que "el odio a España" va a ser "un eximente para delincuentes" con el nuevo Código Penal.
El 'duelo' entre ambos ha tenido lugar en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, un cita que Arrimadas ha aprovechado para interpelar directamente a Bolaños sobre los beneficios que tendrá "para los españoles de a pie" la supresión del delito de sedición y la "rebaja" en las penas para el de malversación pactadas entre el PSOE y ERC.
Arrimadas ha echado en cara a Bolaños que el Gobierno, en lugar de legislar para combatir los robos, las ocupaciones ilegales, la corrupción o los ataques del separatismo a las familias catalanas que quieren una educación también en castellano, recurra a "artimañas infames" para cambiar el Código Penal en beneficio de "cuatro delincuentes condenados por el golpe de 2017".
"A partir de ahora el odio a España será eximente para delinquir y robar será más fácil si alguien es socio de Pedro Sánchez. Ustedes son cooperadores necesarios del separatismo", ha sentenciado la líder de Ciudadanos, acusando al Ejecutivo "humillar" a la Policía, "controlar" a los jueces, y "destrozar" la ley que, son las únicas que, a su juicio, pueden crear "problemas" a unos "golpistas" a los que el Gobierno busca "sacar" de la cárcel.
LES DAN TODO LO QUE PIDEN
En definitiva, Arrimadas ha señalado que el Gobierno le entrega al separatismo "todo lo que pide" y ha dado por hecho que también le dará "un referéndum de independencia" precisamente porque Bolaños ha negado que vaya a ser así.
"Ustedes han sustituido al separatismo como la mayor amenaza a nuestra democracia que hoy es la ambición insaciable de Pedro Sánchez. El verdadero problema ya no son sus socios, son ustedes. Se creen que las noticias de mañana van a borrar los hechos de hoy, pero han llegado demasiado lejos y jamás podrán los borrar de la historia de España y de la memoria de los españoles y más pronto que tarde tendrán que rendir cuentas por ello", ha avisado Arrimadas.
Bolaños le ha replicado aludiendo a la crisis que atraviesa Ciudadanos y apuntando que quizá tiene que ver con que Arrimadas es "absolutamente intercambiable con la ultraderecha y la derecha extrema" que, ha dicho, llevaron a Cataluña a un "conflicto y una tensión insoportables" a los que el Gobierno actual ha puesto fin.
EN EL PUESTO 45 DE LA LISTA DE PROBLEMAS
El ministro ha insistido en situar a la líder 'naranja' en esa oposición que "insulta, falta a la verdad y niega legitimidad al Gobierno" y en defender que la política del Gobierno respecto a Cataluña está dando frutos. Así, ha dicho que si en 2017 el conflicto catalán era el problema "más grave" para la ciudadanía, ahora ocupa el puesto 45 en ese ranking.
"Hemos trabajado con diálogo y entendimiento frente a los que vivieron de espaldas a Cataluña, como el PP; a los que viven contra Cataluña, como Vox; y a los que, como usted huyen, de Cataluña", le ha espetado a Arrimadas.
"Estamos programados para buscar soluciones al problema catalán y lo hacemos con decisiones valientes porque son las que están normalizando ya la situación política en Cataluña, que ya no es un problema para España", ha indicado.
En este contexto, ha pedido a Ciudadanos que no actúe como "los separatistas nostálgicos del enfrentamiento que están en el 'volveríamos a hacerlo'. Ustedes volverían a tensar la sociedad catalana y a sembrar discordia y enfrentamiento y nosotros vamos a trabajar todo el tiempo que seamos Gobierno para que la situación se normalice", ha concluido.
Esquerra Republicana (ERC) ha reclamado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte de la Generalitat de Cataluña, una cuestión que, según le ha respondido el propio Escrivá, "es inconstitucional".
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada independentista Norma Pujol, se ha referido a un error detectado en el cobro del IMV en Cataluña, el pasado mes de noviembre, por el que se vieron afectadas, según ha indicado Pujol, más de 1.100 personas que también cobran la renta básica autonómica.
La diputada ha reconocido que "cualquier persona puede equivocarse", pero ha apuntado que los sindicatos de funcionarios están "descontentos" por cómo se está gestionando la ayuda estatal. Pujol ha advertido al ministro de que, en temas tan "sensibles" es necesario "agudizar el sentido" y "agilizar los procesos". Algo que, a su juicio, también ayuda a solucionar los errores.
Pero, además, cree que "el verdadero error" de los sucedido es la consecuencia de "legislar dos veces sobre un mismo hecho y una misma población objetiva, con dos niveles distintos de prestación, dos tiempos distintos de acceso, y definiciones distintas de los requisitos".
DOS OPCIONES
Y, en este sentido, se ha planteado dos soluciones: "recortar derechos" dejando a la población sin la renta autonómica catalana, o "tomar la senda de la responsabilidad, poner a la ciudadanía en el centro y priorizar la lucha de la pobreza frente al solapamiento entre instituciones, traspasando a Cataluña la gestión del IMV.
Ante este discurso, Escrivá ha recordado a la representante de ERC que la Ley del IMV fue aprobada en el Congreso "sin votos en contra", incluyendo la disposición adicional recogida en el texto que, según ha indicado el ministro, no establece el traspaso, sino "la posibilidad de una gestión conjunta" de las ayudas del Estado y las comunidades autónomas. "Eso es lo que llevamos intentando desde que se puso en marcha la ley, hace algo más de dos años", ha apuntado.
A su juicio, el problema de la gestión del IMV en Cataluña es que la Generalitat decidió recurrir la norma al Tribunal Constitucional. Para Escrivá, esta decisión no fue "muy consecuente" con lo que se había acordado en la Cámara respeto a la disposición adicional de la ley.
UNIÓN DE LAS DOS ADMINISTRACIONES
"Esto retrasó extraordinariamente el avance que yo creo que tenemos que hacer entre las dos administraciones para lo que realmente le interesa a los ciudadanos de Cataluña", ha explicado, para añadir, que lo que quieren los catalanes es que se "pongan de acuerdo las dos administraciones y que haya una ventanilla única que gestione la Generalitat y provisione el escudo de lucha contra las personas más vulnerables y se unan fuerzas desde las dos partes".
El titular de Inclusión ha lamentado, así, que ERC "siga insistiendo" en reclamar una transferencia de la gestión cuando es "inconstitucional", según dictó el Tribunal Constitucional, y ha indicado que si el IMV existe es por la Comisión Europea y el Consejo de Europa alertaron de las incidencias que ha habido en los 25 años de despliegue de la renta autonómica.
El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha afirmado este miércoles que la apuesta del primer secretario del PSC, Salvador Illa, de una consulta en Cataluña sobre un nuevo Estatuto es una solución enmarcada en la Constitución y "los caminos que las instituciones marcan".
Tras la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación pactada entre PSOE y ERC, la formación independentista ha vuelto a poner sobre la mesa la vía del referéndum de autodeterminación en Cataluña. Este miércoles, Illa ha rechazado la posibilidad de usar este mecanismo, pero se ha inclinado por consultar a los catalanes los acuerdos logrados entre las dos formaciones.
Iceta, que fue el anterior líder del PSC, ha defendido la consulta propuesta por Illa como "un intento de encontrar soluciones a través de los caminos que las instituciones marcan", pero negado rotundamente la posibilidad de que se celebre un referéndum de autodeterminación en la comunidad autónoma.
PERO REFERÉNDUM, NO
"Lo que se puede hacer es lo que contemplan las leyes y la Constitución, pero no va a haber un procedimiento fuera de los cauces hoy establecidos de la Constitución y el estatuto de autonomía", ha insistido en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso.
Además, ha defendido las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a Cataluña, poniendo en valor que el Ejecutivo está "resolviendo un problema que heredó del gobierno anterior", en referencia al de Mariano Rajoy.
"Cuando gobernaba el PP había referéndums ilegales, consultas y declaraciones unilaterales de independencia y desde que gobierna Sánchez no ha habido nada de eso".
PLENO EN EL CONGRESO
El PP quiere que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aclare este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso si el Ejecutivo respalda que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, haya mostrado su apoyo a la vicepresidenta de aquel país, Cristina Fernández de Kirchner, que está "condenada por corrupción".
En concreto, la pregunta registrada por el diputado 'popular' Pablo Hispán tenía como objetivo que el jefe de la Diplomacia española explicara "cómo valora la visita a Argentina de la vicepresidenta segunda a apoyar a una persona condenada por corrupción".
Díaz tenía previsto participar el pasado lunes, junto con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto organizado en Buenos Aires por el Grupo de Puebla para prestar apoyo vicepresidenta de Argentina, que ha sido condenada a seis años de prisión por corrupción.
Sin embargo finalmente ese acto se pospuso al día 19 de diciembre tras dar Kirchner positivo en Covid. Pese a todo, durante su visita a Buenos Aires, Díaz ha dejado constancia de su respaldo su homóloga argentina, a la que ha señalado como una de las "grandes referencias como política y como mujer en el mundo".
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