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El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha fijado para el primer Pleno de febrero --a celebrarse los días 7, 8 y 9-- el debate sobre el recurso presentado por el PP contra la ley del aborto aprobada en 2010 durante el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Según ha informado el órgano de garantías, el tribunal abordará la ley de la eutanasia el próximo 21, 22 y 23 de febrero, mientras que el 7,8 y 9 de marzo estudiará la Ley Orgánica de Educación de 2020, conocida como la LOMLOE.
Desde el TC han destacado que la intención de Conde-Pumpido es "acelerar la resolución de los asuntos, tanto los que tienen más antigüedad como aquellos que revisten una mayor repercusión social y política".
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha convocado para este martes un Pleno gubernativo con el fin de abordar su reconfiguración interna y repartir asuntos, tras la renovación parcial que se produjo la semana pasada.
Según ha informado el TC, se tratará la nueva composición de las salas primera y segunda de la corte de garantías y de sus cuatro secciones, así como los criterios de reparto de las ponencias.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que los nuevos magistrados --Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa-- heredarán las ponencias encargadas a los magistrados que han sustituido --Pedro González-Trevijano, Juan Antonio Xiol, Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez--.
Detallan además que podrían producirse cambios de ponente en los asuntos que se estudian a nivel de sala, no siendo así con los elevados al Pleno, que continuarán en manos de sus actuales ponentes.
Se trata del primer Pleno del TC que tiene lugar desde la elección el pasado miércoles de Conde-Pumpido como su nuevo presidente, en sustitución de González-Trevijano, como consecuencia de la renovación parcial que se produjo el 9 de enero, tras más de seis meses, y que ha dado paso a un TC de mayoría progresista.
De acuerdo con dichas fuentes, Conde-Pumpido se ha propuesto entre sus objetivos dar salida a los más de cien asuntos pendientes que hay actualmente en el TC, empezando por los más antiguos, entre los que destaca el recurso del PP contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero, ponencia de la que se ocupa Enrique Arnaldo.
El ahora presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado tras asumir el cargo que la "Constitución no permite ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación", según informan a Europa Press fuentes del órgano de garantías.
Conde-Pumpido --magistrado del ala progresista y ex fiscal general del Estado-- ha dirigido unas palabras al Pleno que le ha elegido este mismo miércoles con 6 de los 11 votos que necesitaba para hacerse con la Presidencia frente a la también magistrada del sector progresista María Luisa Balaguer.
Fuentes presentes en el Pleno precisan que el nuevo presidente ha hecho una breve salutación tras la votación a modo de mensaje ante los rumores de los últimos días de que con su llegada a la Presidencia se podría favorecer de cierto modo a dirigentes independentistas.
Las mismas fuentes subrayan que Conde-Pumpido ha incidido en que la Constitución establece en su artículo 2 la indisoluble unidad de España, por lo que "no permite ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación".
Al mismo tiempo ha hecho hincapié en que el citado precepto "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas", poniendo de relieve la necesidad de mantener el equilibrio entre los dos principios constitucionales: la unidad y la autonomía.
El presidente también ha comunicado este mismo miércoles al resto de magistrados del Constitucional que celebrará un Pleno gubernativo el próximo martes para distribuir las secciones y salas del tribunal, lo que implicará también una reorganización de las ponencias de algunos asuntos.
El primer Pleno jurisdiccional, para resolver sobre la admisión o no de los asuntos planteados al TC y el fondo de los mismos, se espera para la siguiente semana, la del 23 de enero.
Según las citadas fuentes, el presidente se ha fijado entre sus objetivos dar salida a los más de 100 asuntos pendientes, empezando por dar respuesta a los más antiguos, entre ellos el recurso del PP contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero..
LA PRESIDENCIA
El ex fiscal general del Estado asume la Presidencia tras seis años como magistrado en el Tribunal Constitucional, órgano al que llegó en 2017 tras ser designado por el Senado. Desde mediados de 2022, cuando el TC vio caducar el mandato de cuatro de sus magistrados --incluido su presidente--, su nombre empezó a sonar como candidato a encabezar la corte de garantías, pero no ha sido hasta este miércoles que se ha hecho con el cargo.
La elección de Conde-Pumpido como presidente ha sido posible por el vuelco a una mayoría progresista --de 7 magistrados contra 4, frente a la antigua conservadora de 6 a 5-- que tuvo lugar el pasado lunes con la renovación parcial del TC, pendiente desde el pasado 12 de junio.
Aunque el cargo de la Presidencia del TC se fija por tres años, la ley que regula al propio tribunal establece que en caso de retraso en el nombramiento se descontará el periodo correspondiente. En esta ocasión, la Presidencia debía haberse renovado el pasado verano, cuando el entonces presidente Pedro González-Trevijano vio caducar su mandato.
Así las cuentas, el ahora jefe del TC asume el cargo para los próximos dos años y medio. Aunque la norma permite que el presidente sea reelegido por otro periodo de tres años, Conde-Pumpido no podrá repetir porque verá caducar su mandato en 2026, cuando cumpla los nueve años que le corresponden como magistrado
Cándido Conde-Pumpido ha sido elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) tras obtener 6 de los 11 votos que estaban en juego durante el Pleno que se ha celebrado este miércoles en la corte de garantías, mientras que Inmaculada Montalbán se ha alzado con la Vicepresidencia, por lo que el bloque progresista se adjudica ambos cargos, rompiendo con la dinámica de los últimos años.
Conde-Pumpido ha ganado el pulso a su compañera María Luisa Balaguer, también del ala progresista, que se postulaba como candidata de consenso con el bloque conservador de la corte de garantías. Él ha obtenido el respaldo unánime de los otros 5 magistrados del sector progresista --incluido el de María Luisa Segoviano, cuyo voto era la gran incógnita--, mientras que Balaguer ha sumado su propio voto y el de los 4 conservadores.
De esta forma, el bloque progresista cierra la fractura generada un día antes, cuando sus 7 magistrados celebraron una reunión interna con la intención de que el grupo acudiera al Pleno de este miércoles con un solo candidato, algo que no fue posible por la persistencia de ambos en someter su propuesta al conjunto del tribunal.
LA OFERTA A BALAGUER
Fuentes del órgano de garantías consultadas por Europa Press precisan que justo ayer martes Conde-Pumpido ofreció a Balaguer el cargo de vicepresidenta si desistía de su intención de medirse por la jefatura del tribunal.
Según indican dichas fuentes, la magistrada se negó a ir en tándem con el que este miércoles ha sido su contrincante al creer que contaría con el apoyo de la mayoría del TC. Balaguer abandonó aquella reunión sin esperar el resultado de este miércoles.
Ayer, en el marco de las negociaciones internas del bloque progresista y ante la negativa de Balaguer a ser la 'número dos' del TC, la oferta recayó en otra magistrada del sector progresista, Inmaculada Montalbán, por ser la siguiente de mayor edad y antigüedad dentro del bloque mayoritario.
La maniobra se mantuvo prácticamente en secreto hasta el Pleno de este miércoles, cuando Balaguer y los magistrados del ala conservadora que le han apoyado se vieron sorprendidos por el resultado. La sorpresa fue doble: ni la catedrática en Derecho Constitucional consiguió los votos suficientes para hacerse con la Presidencia, ni el candidato del bloque minoritario a la Vicepresidencia, Ricardo Enríquez, salió elegido.
Así, a las 13.00 horas se ha desvelado el movimiento cerrado ayer por los progresistas y la mayoría del Pleno ha elegido --con 6 votos frente a 5-- a Conde-Pumpido como presidente y a Montalbán como vicepresidenta.
ADIÓS AL ACUERDO TÁCITO
De esta forma, el sector progresista ha roto la norma no escrita en la que se fijaba que la Presidencia correspondía al sector mayoritario y la Vicepresidencia, al minoritario. De hecho, el bloque conservador había postulado a Enríquez, el magistrado de mayor antigüedad y edad, que ha logrado 5 votos: los de los 4 conservadores y el de Balaguer.
Este mecanismo se venía aplicando en los últimos años como una forma de lograr que las dos almas del TC tuvieran representación en la cúpula del TC, pero no siempre ha sido así, ya que hay precedentes de tándem procedente del mismo bloque.
Fuentes de la corte de garantías ya advertían de que, si los magistrados conservadores no votaban al candidato que mayor consenso suscitaba en el sector progresista, incumpliendo así su parte del acuerdo tácito, la corriente mayoritaria se vería liberada del mismo.
Las fuentes indican que, destapado el resultado del Pleno, el sector progresista ha justificado el cambio en el hecho de que la minoría conservadora apostó por Balaguer, en lugar de Conde-Pumpido, respaldado por el bloque mayoritario.
Además, los magistrados progresistas han incidido en que ante el tablero actual de paridad en el tribunal --6 magistrados y 5 magistradas-- no procedía que la cúpula del TC estuviese representada por dos magistrados, de acuerdo con dichas fuentes.
Así, señalan que con Conde-Pumpido en la Presidencia correspondía a una magistrada ocupar el cargo de vicepresidenta, que este miércoles ha recaído en Montalbán, también del ala progresista.
UN TRIBUNAL PROGRESISTA
Conde-Pumpido y Montalbán sustituirán a Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol, respectivamente, que abandonaron sus cargos el pasado lunes, junto a Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, con la renovación parcial del TC, que estaba pendiente desde el pasado 12 de junio.
La entrada de los cuatro nuevos magistrados provocó un vuelco de la antigua mayoría conservadora --de 6 magistrados frente a 5-- a una holgada progresista --de 7 contra 4--.
De los cuatro nuevos magistrados, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, propuestos por el Gobierno, han reemplazado a González-Trevijano y Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Por su parte, Segoviano, ex presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), y César Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, ambos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han dado el relevo a Xiol y Martínez-Vares, postulados también por el CGPJ.
Fuentes del órgano de garantías consultadas por Europa Press han revelado que este mismo miércoles Conde-Pumpido ha comunicado al resto de magistrados del Constitucional que celebrará un Pleno gubernativo el próximo martes para distribuir las secciones y salas del tribunal.
Según dichas fuentes, el presidente se ha fijado entre sus objetivos dar salida a los más de 100 asuntos pendientes, empezando por dar respuesta a los más antiguos, entre ellos el recurso del PP contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido ha sido elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), tras obtener seis de los once votos que estaban en juego durante el Pleno que se ha celebrado este miércoles en la corte de garantías, según las fuentes jurídicas consultadas.
Cándido Conde-Pumpido, el magistrado del ala progresista que ahora preside el Tribunal Constitucional (TC), fue fiscal general del Estado con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se opuso --durante su etapa en el Tribunal Supremo-- a la imputación del expresidente del Gobierno Felipe González por el 'caso GAL' y se mostró --como magistrado del TC-- en contra de considerar inconstitucionales varios apartados del estado de alarma que dictó el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la pandemia del coronavirus.
Este miércoles, Conde-Pumpido ha resultado elegido como presidente del órgano de garantías en el primer Pleno celebrado tras la renovación parcial del tribunal, que tuvo lugar el pasado lunes cuando los cuatro nuevos magistrados del Constitucional tomaron posesión de sus cargos y alteraron, con su llegada, el sistema de mayorías de la corte para dar ventaja al bloque progresista sobre el conservador.
Asume la Presidencia tras seis años como magistrado en el Tribunal Constitucional, órgano al que llegó en 2017 tras ser designado por el Senado. Desde mediados de 2022, cuando el TC vio caducar el mandato de cuatro de sus magistrados --incluido su presidente--, el nombre de Conde-Pumpido empezó a sonar como candidato a encabezar la corte de garantías, pero no ha sido hasta este miércoles que se ha hecho con el cargo.
FISCAL GENERAL DEL ESTADO CON ZAPATERO
Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) pertenece a una larga familia de juristas. Fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, a propuesta del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Es quien más tiempo ha ostentado este cargo.
En esos siete años que estuvo al frente del Ministerio Público, se llevó a cabo la instrucción de numerosas causas de corrupción: la relativa al 'caso Malaya', en la localidad malagueña de Marbella; la del 'caso Palma Arena', que comenzó a investigarse en 2008; y la de la trama 'Gürtel', relacionada principalmente con el PP de Madrid y Valencia.
En sus primeros años como fiscal general, la Fiscalía triplicó la presencia de fiscales en la Audiencia Nacional especializados en terrorismo islamista, tras los atentados del 11-M. De su mandato se recuerdan, entre otras, la ya famosa frase que pronunció durante una tregua de ETA y la negociación del Gobierno con la organización terrorista de que había que "mancharse las togas con el polvo del camino".
También causaron polémica unas declaraciones suyas, durante un desayuno informativo de Europa Press el 16 de abril de 2009, cuando denunció que la Fiscalía se tenía que apoyar únicamente en la Guardia Civil en relación a las listas que periódicamente pretendía presentar a las urnas el entorno de ETA, ya que la Policía, según dijo, sólo respondía a las peticiones del juez instructor, en clara referencia al exmagistrado Baltasar Garzón.
MAGISTRADO DEL SUPREMO
Conde-Pumpido también fue magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde destacó por su oposición a la imputación del expresidente del Gobierno Felipe González por el 'caso GAL'.
Fue ponente de sentencias como la del 'caso Roldán' en 1999, en la que se elevaba la condena al exdirector general de la Guardia Civil de 28 a 31 años. Y llevó a cabo la instrucción de la causa contra la fallecida exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la 'Operación Taula' derivada del 'caso Imelsa'.
En la lista de casos en los que ha participado consta también el relativo a la privatización de la empresa textil Intelhorce y el caso del expresidente del Gobierno de Navarra Gabriel Urralburu, por el cobro de comisiones ilegales de constructoras.
Además, Conde-Pumpido formó parte del tribunal que condenó, entre otros, al exministro del Interior José Barrionuevo, por el 'caso Marey'. También integró la Sala que ratificó la condena de cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a Alfonso Fernández Ortega, 'Alfon', al considerar que el explosivo que portaba durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 "estaba destinado a causar graves lesiones e incluso la muerte de una o varias personas que se encontrasen cerca en el momento de la explosión".
El ahora presidente del TC fue, a su vez, ponente de la inadmisión de la querella presentada contra el expresidente de Extremadura José Antonio Monago, por los 32 viajes que realizó a Canarias entre 2009 y 2011. En este caso, el Tribunal Supremo aconsejó la conveniencia de establecer una regulación "suficientemente precisa" de los viajes realizados por los parlamentarios para evitar "cualquier duda" del correcto empleo de los fondos públicos.
A lo largo de su carrera también fue portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Estuvo destinado en la Audiencia Provincial de San Sebastián y posteriormente fue presidente de la Audiencia Provincial de Segovia.
SEIS AÑOS EN EL CONSTITUCIONAL
En sus seis años en el Constitucional, Conde-Pumpido ha sido ponente de varias sentencias. La relativa a la causa del asalto al Parlament de Cataluña en junio de 2011 fue rechazada. En 2019, el magistrado abogó por la absolución de los condenados al considerar que se vulneraron sus derechos. Finalmente, el Pleno dejó la ponencia en manos del magistrado Antonio Narváez, que era favorable a las condenas dictadas por el Supremo.
También ha redactado varios votos particulares para dejar constancia de su discrepancia con algunas decisiones adoptadas por la mayoría del Pleno, hasta ahora conservador.
En el verano de 2021 mostró su oposición a la sentencia que declaró inconstitucionales determinados aspectos del primer decreto de estado de alarma por la pandemia de COVID-19. En el marco de aquel debate, se vio involucrado en una polémica por la que pidió disculpas públicamente a sus compañeros del tribunal por algunas expresiones vertidas en un borrador de su voto discrepante.
Dichas expresiones, en las que se refería a sus compañeros como autores de una sentencia "más propia de un lego que del máximo interprete de la Constitución" e incluso como "juristas de salón", fueron eliminadas del voto que sumó y notificó junto a la sentencia que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Al margen, Conde-Pumpido también se mostró en contra de la decisión del Pleno de paralizar la tramitación parlamentaria de dos enmiendas impulsadas por el PSOE y Unidas Podemos por las que se buscaba modificar el sistema de elección de los candidatos al tribunal que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El pasado diciembre, el magistrado aseguró --junto a otros magistrados progresistas-- que la decisión fue "insólita en la historia del Tribunal Constitucional" porque constituyó "una interferencia sin precedentes en la función legislativa". Lamentó que la deliberación y resolución de este asunto generara una división en dos bloques de los miembros del TC que trasladó a la opinión pública "una imagen de mimetismo o seguidismo del (...) del conflicto político partidista".
Además, Conde-Pumpido se mostró en contra de la prisión permanente revisable al considerar que es una medida que atenta contra el principio de la dignidad humana.
Se opuso también a la sentencia del Constitucional sobre el impuesto de plusvalías porque, a su juicio, "provoca un vacío normativo innecesario y desequilibrado que beneficiará a quienes, aún habiendo obtenido importantes plusvalías, no se verán obligados a pagar el impuesto". Para el magistrado, se debería de haber dado un plazo al legislador para que pusiera en marcha un sistema alternativo al actual.
El Tribunal Constitucional (TC) celebra este miércoles a las 13.00 horas un Pleno para elegir a su nuevo presidente, un cargo que se disputan los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, mientras que el actual titular interino, el magistrado conservador Ricardo Enríquez, se postula como candidato único a la Vicepresidencia de la corte de garantías.
Los siete magistrados del bloque progresista, y ahora mayoritario, se reunieron el martes por la mañana durante más de dos horas para intentar consensuar un único candidato, pero no fue posible, por lo que finalmente tanto Conde-Pumpido como Balaguer competirán por el puesto en el Pleno, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.
Las fuentes explican que el principal escollo para el consenso interno fue que ambos se mantuvieron firmes en su intención de conquistar la Presidencia, así como que ninguno parecía reunir los apoyos suficientes para alzarse directamente con la victoria en la votación de este miércoles. Así las cosas, el escenario está "abierto", aseguran.
Hasta ahora, ninguno de los dos figuraban como candidatos formales, pero Conde-Pumpido es percibido como el aspirante nato para el cargo, por ser el de mayor antigüedad y edad del bloque progresista, y Balaguer ya destapó hace meses su intención de competir también por el puesto como candidata de consenso entre las dos corrientes del Constitucional.
Y ello porque, de acuerdo con las fuentes consultadas, el sector conservador --ahora con una minoría de cuatro magistrados-- se inclina por respaldar a Balaguer, lo que la adjudicaría esos votos.
De momento, no está claro cuántos apoyos podría sumar en su propio bando, donde los magistrados Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán y los recién llegados Juan Carlos Campo y Laura Díez serían más proclives a Conde-Pumpido, de modo que el voto clave sería el de María Luisa Segoviano.
VICEPRESIDENCIA CONSERVADORA
Desde el bloque conservador, que también mantuvo contactos internos y con sus pares progresistas a lo largo del martes, ha surgido la candidatura a la Vicepresidencia de Enríquez, actual presidente interino del Constitucional, por ser el de mayor antigüedad y edad de todo el tribunal.
La norma no escrita que se ha venido aplicando en los últimos años --no siempre ha sido así-- marca que la Vicepresidencia recaiga sobre un magistrado del sector minoritario, para que las dos almas del TC estén representadas en su cúpula.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece en su artículo 9 que el presidente y el vicepresidente de la corte de garantías se elegirán en una votación de carácter secreto que se resolverá por mayoría absoluta y, en caso de tener que repetirse, a favor de quien obtenga más votos.
Si el empate persiste, "se efectuará una última votación y, si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y, en caso de igualdad, el de mayor edad".
RENOVACIÓN PARCIAL
Cabe recordar que en el Tribunal Constitucional se ha producido un giro radical en el equilibrio de fuerzas, que ha pasado de una mayoría conservadora (de 6 magistrados frente a 5) a una progresista (de 7 a 4).
El vuelco tuvo lugar el lunes, cuando los cuatro nuevos magistrados --Campo y Díez, propuestos por el Gobierno; y Segoviano y César Tolosa, designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-- tomaron posesión de sus cargos, consumando así una renovación parcial del TC que estaba pendiente desde el 12 de junio.
Campo, ex ministro de Justicia, y Díez, ex alto cargo de Moncloa, reemplazaron a Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; mientras que Segoviano, ex presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), y Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, dieron el relevo a Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, que fueron postulados por el CGPJ.
Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), incluidos los cuatro nuevos que han tomado posesión de sus cargos, se reunirán este martes por bloques --progresista y conservador-- para fijar posición de cara al Pleno que se celebrará mañana a las 13.00 horas para elegir al próximo presidente de la corte de garantías, un cargo al que aspiran Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista.
El TC ha completado este lunes su renovación parcial con la entrada del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, propuestos el 29 de noviembre por el Gobierno; junto a María Luisa Segoviano, ex presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), y César Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, designados el 27 de diciembre por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Su desembarco en el Constitucional ha provocado un vuelco desde una mayoría conservadora de 6 a 5 a una progresista de 7 magistrados frente a 4, un nuevo equilibrio de fuerzas que garantizará que el presidente saliente, Pedro González-Trevijano, sea sustituido por un magistrado progresista.
El presidente interino, Ricardo Enriquez, ha convocado un Pleno a las 13.00 horas del miércoles para que los magistrados elijan a su nuevo presidente en una votación de carácter secreto que requiere mayoría absoluta y, en caso de que sea necesario repetir, mayoría simple.
Según las fuentes del TC consultadas por Europa Press, en las últimas semanas se han producido contactos informales pero será mañana cuando ambos bloques, progresista por un lado y conservador por otro, se reúnan para fijar sus respectivas posiciones.
De esos cónclaves saldrán las candidaturas formales que deberán analizarse y votarse en el Pleno del próximo miércoles, aunque tanto Conde-Pumpido como Balaguer aspiran oficiosamente a reemplazar a González-Trevijano.
Las citadas fuentes indican que, 'a priori' la intención es que desde el ala progresista se proponga un único candidato, si bien en estos momentos el escenario está abierto porque ambos parecen dispuestos a dar la batalla por la Presidencia del TC.
Los cuatro magistrados del bloque conservador se inclinan por apoyar a Balaguer, lo que daría a la magistrada al menos cinco votos --incluyendo el suyo--, de modo que la pugna se sitúa en el seno del sector progresista, donde el posicionamiento de Campo, Díez y Segoviano será determinante.
LA VICEPRESIDENCIA Y LA NORMA NO ESCRITA
El miércoles también se votará, con las mismas reglas, al nuevo vicepresidente del TC, cargo que ejercía otro de los magistrados salientes, el progresista Juan Antonio Xiol.
La norma no escrita que se ha venido aplicando en los últimos años, ya que no siempre ha sido así, marca que la Vicepresidencia del TC recaiga sobre un magistrado del bloque minoritario. Según las mencionadas fuentes, le correspondería al propio Enríquez por ser el magistrado de mayor antigüedad.
No obstante, al mismo tiempo las fuentes advierten de que, si el sector conservador no vota por el candidato progresista, romperá el acuerdo tácito y, en consecuencia, la nueva mayoría podría adjudicar el cargo de 'número dos' a uno de sus miembros.
El Rey Felipe VI ha presidido la mañana de este sábado, 31 de diciembre, el acto de jura y promesa del cargo de Juan Carlos Campo, Laura Díez Bueso, María Luisa Segoviano y César Tolosa Tribiño como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
En el acto estuvieron presentes, junto a Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Castejón; la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet; el presidente del Senado, Ander Gil; el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González-Trevijano; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo; la ministra de Justicia, Pilar Llop; y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente.
Tras el acto de juramento/promesa, los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional tomaran posesión el día 9 de enero a las 12.30 horas. Posteriormente se procederá a la elección del nuevo presidente, según fuentes consultadas por Europa Press. Para ello, se convocará formalmente un nuevo pleno, que no puede programarse hasta que los nuevos magistrados hayan tomado posesión y que varias fuentes del Tribunal Constitucional prevén que pueda celebrarse el 10 de enero.
El Pleno del Tribunal Constitucional dio el visto bueno a los cuatro nuevos magistrados para la renovación parcial del órgano de garantías tras examinar si cumplían con los requisitos de idoneidad que fija la ley.
Según informó el órgano de garantías, el Pleno Gubernativo aprobó por unanimidad las candidaturas de Campo, Díez, Tolosa y Segoviano. El tribunal consideró que los cuatro reúnen los requisitos establecidos: son ciudadanos españoles de carrera magistrados, fiscales, abogados, profesores universitarios o funcionarios públicos, "todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función".
Los cuatro magistrados designados por el Gobierno y el CGPJ reemplazarán al presidente del TC, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, que componen el tercio que la Constitución encarga renovar al Ejecutivo y al órgano de gobierno de los jueces.
Así las cosas, tiene lugar la renovación parcial del Tribunal Constitucional, que estaba pendiente desde el pasado 12 de junio cuando cuatro de los 12 magistrados del tribunal vieron caducar su mandato.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a responder con "serenidad y firmeza" ante el, a su juicio, "irresponsable" bloqueo al que el PP está sometiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una actitud que considera "injustificable".
Así lo hace en una carta que ha enviado a la militancia del PSOE en la que saca pecho de las medidas económicas y sociales puestas en marcha por el Ejecutivo para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania pero en la que no menciona ni la reciente reforma penal ni el conflicto catalán.
En línea con el balance de fin de año que realizó en su comparecencia del pasado martes en Moncloa, Sánchez incide en que, pese a todas las dificultades actuales, "España avanza" y que lo hace "a pesar de la injustificable actitud de la derecha que se sitúa fuera del marco constitucional al persistir en un inaceptable bloqueo en la renovación de las instituciones".
El también secretario general del PSOE vuelve a denunciar que el objetivo único del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo es "revertir por cualquier medio los derechos y conquistas sociales alcanzados en esta legislatura con la razón democrática de los votos".
"Ante la postura irresponsable del principal partido de la oposición, el Gobierno responderá con siempre con serenidad y firmeza para garantizar que nuestra Constitución se cumple en toda su integridad. Con la convicción más absoluta de que la democracia siempre prevalecerá", enfatiza Sánchez en su misiva.
NO OLVIDAN A QUIÉN REPRESENTAN
Además, deja claro que los socialistas no olvidan ni de dónde vienen ni a quién representan. "Gobernamos para toda la sociedad, pero tenemos claro que nuestras políticas públicas son la única esperanza para una mayoría siempre relegada cuando son otros quienes ejercen el poder", asegura.
En este contexto, explica que este año que termina su "máxima prioridad" ha sido "controlar la inflación y paliar sus efectos en el día a día de la mayoría social", operando también "con decisión a nivel europeo, donde España ha defendido la intervención del mercado energético.
Así, recuerda que se ha desplegado un plan de respuesta valorado en 45.000 millones de euros para proteger al conjunto de la ciudadanía y a los colectivos más expuestos, reducir la inflación y seguir creciendo para crear empleo "estable y de calidad".
NO SERÍA LO MISMO CON EL PP Y VOX
"Hoy España avanza con un Gobierno de coalición progresista que aprueba medidas progresistas para proteger a la gente de a pie. Medidas que son muy diferentes a las que adoptaría un hipotético gobierno de la derecha con la ultraderecha", recalca Sánchez, quien apunta que, aún "con toda la prudencia exigible" ya se puede constatar que "los resultados avalan" su gestión.
Así, destaca que la inflación "se sitúa en el 6,8%, muy por debajo de la media europea", que "más de 20 millones de personas cotizan a la Seguridad Social" y que "España crece y crea empleo estable,
desmontando las predicciones catastrofistas de una derecha incapaz de articular un discurso económico coherente".
No obstante, reconoce que "queda mucho por hacer para seguir reduciendo una inflación" que sigue "en niveles elevados" y explica que ese el objetivo del nuevo paquetes de medidas aprobadas el pasado martes por el Consejo de Ministros.
NO CAMBIA PRIORIDADES AUNQUE SEA AÑO ELECTORAL
"Es una muestra más de que, a diferencia de lo ocurrido hace una década con la respuesta neoliberal a la crisis financiera, la factura de la crisis provocada por la guerra en Ucrania no recaerá en una clase media y trabajadora a la que este gobierno pone en el centro de toda su acción", agrega Sánchez en su carta.
Además, garantiza que en un 2023 electoral el Gobierno no variará el rumbo y hará lo mismo que desde 2018. En este punto alude a la subida del salario mínimo y de las pensiones para "proteger el poder adquisitivo de las familias". "Los años electorales y los que no lo son, los años pares e impares, gobernaremos siempre para las mayorías, para las clases medias y trabajadoras, para la gente de a pie", insiste.
"Si hemos conseguido proteger a las familias y empresas y hemos conseguido que España avance con un vendaval en contra, imagina todo lo lograremos cuando el viento sople a favor", concluye la carta de Sánchez a la militancia socialista.
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s electorales y los que no lo son, los años pares e impares, gobernaremos siempre para las mayorías, para las clases medias y trabajadoras, para la gente de a pie", insiste.
"Si hemos conseguido proteger a las familias y empresas y hemos conseguido que España avance con un vendaval en contra, imagina todo lo lograremos cuando el viento sople a favor", concluye la carta de Sánchez a la militancia socialista.
El Tribunal Constitucional (TC) se reunirá en un Pleno Gubernativo este jueves para examinar la idoneidad de los candidatos del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la propia corte de garantías.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han informado de que el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, ha convocado para mañana el Pleno Gubernativo que iniciará el trámite para sustituir a los cuatro magistrados del Constitucional que vieron caducar su mandato el pasado 12 de junio y empezará así el proceso interno para que se lleve a cabo su renovación parcial.
Ya el martes, el Constitucional informó de que convocaría un Pleno Gubernativo "de forma inmediata" una vez recibiese en su sede el acuerdo de designación adoptado por el CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces remitió su acuerdo la mañana de este miércoles.
Que el Constitucional se reúna en dicho Pleno Gubernativo es el primer paso para examinar la idoneidad y verificar los requisitos que deben cumplir los cuatro candidatos: el magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez; el magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano.
Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), sus miembros deben ser ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, abogados, profesores universitarios o funcionarios públicos, "todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función".
Tras recibir el visto bueno del tribunal en dicho Pleno Gubernativo, los nuevos ingresos jurarán o prometerán el cargo ante el Rey Felipe VI, a quien compete nombrarlos, para un periodo de nueve años.
Concluido este acto protocolario ante el Rey, los candidatos ya podrán tomar posesión en el TC. Los cuatro magistrados designados por el Gobierno y el CGPJ reemplazarán al presidente del TC, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, que componen el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ.
CAMBIO DE MAYORÍAS
Con la entrada de estos cuatro candidatos, cambia el tablero de mayorías en el Constitucional. Hasta ahora, el tribunal figuraban 6 magistrados del bloque conservador y 5 del bloque progresista.
De hecho, la semana pasada el TC resolvió una votación inédita con esta fórmula --6 a favor y 5 en contra-- para paralizar de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modificaba el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
La llegada de Segoviano, Campo y Díez cambiará este escenario y favorecerá al ala progresista, que conseguirá reunir 7 magistrados. Los conservadores, por su parte, se quedarán con 4.
Todo ello, a la espera de que se cubra la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que abandonó el cargo por motivos de salud; la ley estipula que su plaza se cubrirá de la misma forma en la que se designó al magistrado que se sustituye y por el tiempo que le restase; es decir, a través del Senado. Antes de su designación, deberá comparecer previamente ante la correspondiente comisión de la sede legislativa.
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL TC
Una vez que los cuatro nuevos integrantes del Constitucional tomen posesión, se procederá a la elección de los nuevos presidente y vicepresidente para reemplazar a González-Trevijano y Xiol. Será una votación secreta que, en una primera vuelta, requerirá mayoría absoluta y, en caso de que no se alcance, se procederá a una segunda votación que se resolverá por mayoría simple.
"En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad", señala la ley. El nombre del presidente y del vicepresidente elegido se elevará al jefe de Estado para su nombramiento por un período de tres años. Solo podrán ser reelegidos una vez.
Hasta ahora, los dos nombres que han trascendido como candidatos a presidir el órgano de garantías son los de Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista del tribunal.
Fuentes del órgano de garantías consultadas por Europa Press descartan por ahora entrar a valorar si la entrada de Segoviano en el Constitucional puede suponer que la balanza se incline a favor de Conde-Pumpido o de Balaguer. Las mismas fuentes se limitan a celebrar que por fin hay acuerdo para renovar el tribunal.
La propia ley del Constitucional contempla qué debe hacerse en casos como el actual, en el que la renovación se ha visto retrasada cuatro meses. "Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación"
Un Tribunal Constitucional (TC) de mayoría progresista estudiará los recursos contra las reformas que atañen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al propio TC, contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas, o contra la ley del aborto.
Con la entrada de los candidatos del Gobierno --el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez-- y del CGPJ -el magistrado del Tribunal Supremo César Tolosa y la magistrada jubilada María Luisa Segoviano--, cambia el tablero de mayorías en el TC. Hasta ahora, en el tribunal figuraban 6 magistrados del bloque conservador y 5 del progresista. El nuevo escenario cambiará para favorecer al ala progresista, que conseguirá reunir 7 magistrados. Los conservadores se quedarán con 4.
Con este cambio, el foco está puesto en la respuesta que dé el TC a los recursos presentados por Vox y PP contra las dos reformas operadas en los últimos años sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La primera, de marzo de 2021, prohibió a un CGPJ caducado --como el actual-- hacer nombramientos discrecionales en los altos tribunales, mientras que la segunda, del pasado julio, devolvió al Consejo su poder para designar a sus dos candidatos al TC.
La primera reforma fue impugnada tanto por Vox como por PP. Ambos recursos fueron admitidos a trámite pero el fallo sigue pendiente. En la misma situación se encuentra el recurso 'popular' contra la segunda modificación. Algunas voces habían urgido al TC a resolver estas impugnaciones para despejar dudas en el contexto de la crisis generada en torno al CGPJ, si bien fuentes de la corte de garantías subrayan la necesidad de mantener al TC al margen del ruido político.
A final del año, PP y Vox recurrieron también dos enmiendas incorporadas en la proposición de ley que deroga el delito de sedición y reforma el de malversación, por las que se rebajaba la mayoría con la que el CGPJ elige a sus dos aspirantes al TC y se eliminaban las barreras para que los dos candidatos del Gobierno pudiesen tomar posesión sin esperar a los dos del Consejo.
El Constitucional, tras dos Plenos extraordinarios en apenas una semana, admitió a trámite el recurso del PP y las medidas cautelarísimas que incluía, suspendiendo la tramitación parlamentaria de ambas enmiendas, lo que supuso excluirlas de la propuesta legislativa, que finalmente quedó aprobada sin ellas el pasado 22 de diciembre.
El recurso de los de Santiago Abascal, aún pendiente de que se admita o no a trámite, es mucho más amplio porque se dirige no solo contra esas dos enmiendas sino contra el conjunto de la proposición de ley, por su forma de tramitación parlamentaria, exprés y sin informes de los órganos consultivos --CGPJ, Consejo Fiscal, Consejo de Estado--.
SUSPENSIÓN CAUTELAR EN LAS CORTES GENERALES
El recurso 'popular' contra dichas enmiendas dio lugar el pasado 19 de diciembre a una decisión inédita: la suspensión urgente de la tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Nunca antes, en sus más de 40 años de historia, el tribunal había frenado un debate y una votación en el Parlamento nacional.
Estas enmiendas contenían una reforma de la LOPJ y de la Ley Orgánica del TC (LOTC) destinada a desbloquear la renovación del propio tribunal. Fue el pasado 12 de junio cuando expiró el mandato de 4 de sus 12 magistrados --Pedro González-Trevijano, Juan Antonio Xiol, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares--, el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ, con dos cada uno.
El objetivo de la citada reforma era, por un lado, rebajar las mayorías para que el Consejo elija a sus dos aspirantes a Constitucional y, por otro, remover los obstáculos para que los dos nominados por el Ejecutivo --el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-- pudieran tomar posesión como magistrados del TC sin esperar a la dupla del CGPJ.
LA VOTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL
Otros recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados por Vox, el PP y Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado 'popular', que se sumó por error suyo a los síes.
Tanto Vox como el PP sostienen que la decisión de Batet de no permitir que Casero votara de forma presencial, para enmendar su equivocación, supuso "hurtar la voluntad popular". Posteriormente, un informe de los letrados del Congreso determinó que el voto telemático del diputado fue válido, descartando un error informático y apuntando así al fallo humano.
El TC también ha admitido pero no resuelto las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, que limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados, respectivamente, en inmuebles de administraciones públicas, establecimientos comerciales, espacios culturales o transportes.
El Constitucional tiene igualmente sobre la mesa los recursos de PP y Ciudadanos contra la ley catalana que sortea la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que reafirma la obligación de que al menos el 25% de las clases en Cataluña sean en castellano. Vox también recurrió pero su impugnación no se admitió a trámite por un defecto formal.
ABORTO, EUTANASIA Y LEY CELÁA
En el plano social también hay varias decisiones pendientes. La corte de garantías admitió los recursos de PP y Vox contra la ley que regula la eutanasia, que permite practicarla a pacientes que lo soliciten y que tengan un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".
A la espera de la decisión del TC, Vox alegó que la ley es inconstitucional porque, a su juicio, el Estado tiene como "primera obligación" defender la vida, no puede convertirse "en cómplice de la muerte", mientras que el entonces PP de Pablo Casado expuso que, con "125.000 fallecidos por coronavirus", en junio de 2021 no era el "mejor momento para abordar" este tema.
También se aguarda la respuesta del Constitucional al recurso presentado en 2010 por el PP contra la ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que supuso implantar un sistema de plazos, al que después se ha sumado un recurso de Vox contra la ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
Asimismo, sigue pendiente la respuesta a la impugnación de Vox contra la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia. Los de Santiago Abascal reprochan que se incluya la obligatoriedad de que todos los menores reciban "educación afectivo sexual", una medida que --dicen-- "incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos".
Tampoco hay resolución sobre los recursos admitidos de Vox y PP contra la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá --la ministra que la impulsó--. Casado calificó la norma como "un atentado contra la libertad" y contra la calidad y unidad del sistema educativo. En concreto, afeó que ataca al castellano como lengua vehicular en toda España, que permita "pasar de curso con más asignaturas suspensas" y que impida elegir centro educativo.
Por otro lado, el Constitucional todavía debe resolver los dos recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y contra la pérdida del escaño. La Fiscalía se ha mostrado a favor de concederle el amparo por esto último, pero no por la condena.
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han elegido este martes por unanimidad en su segunda votación a los dos magistrados que les corresponde designar al Tribunal Constitucional: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y la magistrada jubilada del (TS) María Luisa Segoviano; ambos propuestos por el ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces, aunque Segoviano estuvo en un principio en la lista de 9 nombres de los progresistas.
El ala conservadora del CGPJ ha conseguido el respaldo para sus dos candidatos y, por ende, ha logrado dejar fuera a la opción del sector progresista, el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés.
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, en el momento de la votación cinco vocales del ala progresista --Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez-- han manifestado que renunciaban a Bandrés "por sentido institucional".
Hasta ahora, el equilibrio de fuerzas en el CGPJ --con 8 vocales progresistas y 10 conservadores-- había hecho imposible el acuerdo. En la votación del 20 de diciembre, los dos nominados por el sector mayoritario, Tolosa y Pablo Lucas, obtuvieron 10 votos, mientras que Bandrés logró 7, todos los que podía conseguir el bloque progresista porque el vocal Enrique Lucas se abstuvo a raíz de que su hermano era uno de los nombres sobre la mesa.
Para la fumata blanca eran necesarios 11 síes, algo que hasta ahora no había sido posible porque los vocales habían votado en bloque y ninguno se había descolgado para cambiar el equilibrio. Las reglas vigentes imponen una mayoría de tres quintos para enviar candidatos al Constitucional y permiten que cada uno de los 18 vocales que actualmente forman el CGPJ proponga y vote a dos aspirantes.
FIN AL BLOQUEO
Fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press indican que el ala conservadora apostó por incluir un nombre progresista en su tándem (primero con Lucas y ahora Segoviano) para que sus homólogos renunciasen a Bandrés, un magistrado sobre el que los conservadores habían impuesto un veto tácito.
Aunque el sector progresista insistió con el nombre de Bandrés para esta segunda votación, a última hora ha desistido y ha aceptado avalar a Tolosa y Segoviano. Así, los 18 vocales han acordado por unanimidad respaldar ambos.
Fuentes del CGPJ aseguran a Europa Press que el sector progresista ha optado por apoyar a Tolosa y Segoviano ante la situación de bloqueo en el Constitucional y las proposiciones de ley que tensaban la posibilidad de acuerdo.
Las mismas fuentes subrayan, además, que seguir sin fumata blanca implicaba un desgaste de la institución. Según relatan, los vocales han decidido desatascar el Constitucional por "higiene democrática".
Al margen, las fuentes consultadas hacen hincapié en que el bloque progresista ha decidido ceder en favor de que el Constitucional tenga una mayoría progresista.
Con la entrada de estos cuatro candidatos, cambia el tablero de mayorías en el Constitucional. Hasta ahora, el tribunal figuraban 6 magistrados del bloque conservador y 5 del bloque progresista. Este escenario cambiará para favorecer al ala progresista, que conseguirá reunir 7 magistrados. Los conservadores, por su parte, se quedarán con 4.
EL TC EXAMINARÁ LA IDONEIDAD DE LOS ELEGIDOS
Con este movimiento, se desbloquea la situación en el Constitucional, que desde el 12 de junio tenía pendiente renovar los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el CGPJ.
Los dos candidatos elegidos por el órgano de gobierno de los jueces se sumarán a los dos seleccionados por Moncloa el pasado noviembre: el magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez.
Ahora, el Pleno gubernativo del Constitucional deberá analizar la idoneidad de los candidatos comprobando que cumplen los requisitos legales para ser magistrado del Constitucional --ser español y jueces, fiscales, profesores universitarios, funcionarios o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional--.
EL AVISO DE MONCLOA
En un principio había dudas de que el Constitucional pudiese examinar y dar el visto bueno a los dos candidatos del Ejecutivo sin los dos del CGPJ, porque la Constitución establece una renovación por tercios. Ante este escenario, en verano salió adelante una reforma que devolvió al órgano de gobierno de los jueces su capacidad de elegir a los dos candidatos que le corresponde designar al Constitucional.
El bloqueo, sin embargo, continuó ante la falta de acuerdo de los 18 vocales, por lo que el PSOE y Unidas Podemos propusieron vía enmienda --en la ley por la que se derogó la sedición-- modificar el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al tribunal que nombra el CGPJ. Esta vía, sin embargo, se vio paralizada por el propio Tribunal Constitucional, toda vez que acordó --6 votos frente a 5-- aplicar las medidas cautelarísimas que solicitó el PP en un recurso presentado contra la tramitación de dichas enmiendas en las Cortes Generales.
Este martes, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente, Pedro Sánchez, aseguró que si los vocales del CGPJ alcanzaban un acuerdo esta tarde para elegir a sus dos candidatos, la "urgencia" por presentar una proposición de ley que reforme el sistema y las mayorías necesarias para esos nombramientos "no sería la misma".
Una vez que el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han presentado los nombres de los candidatos a sustituir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que vieron caducar su mandato el pasado 12 de junio empieza el proceso interno de la corte de garantías para que se lleve a cabo su renovación parcial. Los nuevos ingresos suponen un cambio en la mayoría del tribunal a favor del ala progresista.
El objetivo es reemplazar al presidente del TC, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, que componen el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ.
Ahora que los cuatro nombres están sobre la mesa, se activa el proceso legal que conducirá a su toma de posesión. El primer paso es que el Pleno de la corte de garantías se reúna para verificar los requisitos que deben cumplir los cuatro candidatos: el magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez; el magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano.
Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), sus miembros deben ser ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, abogados, profesores universitarios o funcionarios públicos, "todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función".
Tras ello, jurarán o prometerán el cargo ante el Rey Felipe VI, a quien compete nombrarlos, para un periodo de nueve años. Concluido este acto protocolario, ya podrán tomar posesión en el TC.
CAMBIO DE MAYORÍAS
Con la entrada de estos cuatro candidatos, cambia el tablero de mayorías en el Constitucional. Hasta ahora, el tribunal figuraban 6 magistrados del bloque conservador y 5 del bloque progresista.
De hecho, la semana pasada el TC resolvió una votación inédita con esta fórmula --6 a favor y 5 en contra-- para paralizar de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
La llegada de Segoviano, Campo y Díez cambiará este escenario y favorecerá al ala progresista, que conseguirá reunir 7 magistrados. Los conservadores, por su parte, se quedarán con 4.
Todo ello, a la espera de que se cubra la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que abandonó el cargo por motivos de salud; la ley estipula que su plaza se cubrirá de la misma forma en la que se designó al magistrado que se sustituye y por el tiempo que le restase; es decir, a través del Senado. Antes de su designación, deberá comparecer previamente ante la correspondiente comisión de la sede legislativa.
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL TC
Una vez que los cuatro nuevos integrantes del Constitucional tomen posesión, se procederá a la elección de los nuevos presidente y vicepresidente para reemplazar a González-Trevijano y Xiol. Será una votación secreta que, en una primera vuelta, requerirá mayoría absoluta y, en caso de que no se alcance, se procederá a una segunda votación que se resolverá por mayoría simple.
"En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad", señala la ley. El nombre del presidente y del vicepresidente elegido se elevará al jefe de Estado para su nombramiento por un período de tres años. Solo podrán ser reelegidos una vez.
Hasta ahora, los dos nombres que han trascendido como candidatos a presidir el órgano de garantías son los de Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista del tribunal.
Fuentes del órgano de garantías consultadas por Europa Press descartan entrar a valorar si la entrada de Segoviano en el Constitucional puede suponer que la balanza se incline a favor de Conde-Pumpido o de Balaguer. Las mismas fuentes se limitan a celebrar que por fin hay acuerdo para renovar el tribunal.
MANDATO ACORTADO
Con todo, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que si el mandato de tres años para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincidiera con la renovación del órgano, "tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados".
Asimismo, el texto legal precisa que ningún magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato, "salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años".
La ley también contempla qué debe hacerse en casos como el actual, en el que la renovación se ha visto retrasada cuatro meses. "Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación"
La jubilación de Octavio Herrero, magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), agudiza la crisis en el Alto Tribunal ante la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras siga en funciones.
Este martes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara la jubilación forzosa del magistrado Octavio Herrero por cumplir la edad legalmente establecida este 27 de diciembre.
Fuentes jurídicas indican a Europa Press que con la salida de Herrero sigue menguando la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que cuenta ya con un déficit de 10 magistrados; es decir, que en la actualidad está integrada por 23 magistrados en lugar de los 33 que debería tener --32 más el presidente--.
De cara al próximo año, la situación en esta Sala podría empeorar, ya que el 27 de marzo se jubilará también Inés Huerta. Y eso sin tener en cuenta que varios de sus integrantes suenan como posibles candidatos al Tribunal Constitucional (TC) por parte del CGPJ, que debe nombrar a dos.
Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, junto a la Sala de lo Social, es la que más afectada se ha visto por la ley aprobada en marzo de 2021 que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras este funciones --como está desde diciembre de 2018 ante la incapacidad de los grupos parlamentarios de llegar a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces y elegir a los 20 vocales que les corresponden--.
Además, ambas salas son las que acumulan la mayoría de las reclamaciones realizadas ante el Supremo por los efectos de la pandemia, desde reclamaciones laborales a administrativas. Las fuentes señalan que ello ha provocado un aumento de los casos a resolver justo cuando son menos magistrados, lo que se ha traducido en un atasco importante en ambas sedes.
71 VACANTES EN LA CÚPULA JUDICIAL
Según fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, el total de vacantes en la cúpula judicial alcanza ya los 70: 18 de ellos en el Supremo, 32 en los Tribunales Superiores de Justicia, 20 en las Audiencias Provinciales y 1 en la Audiencia Nacional.
Hace un año, en octubre de 2021, la Sala de Gobierno del Supremo aprobó un informe del Gabinete Técnico en el que se avisaba de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales en el Alto Tribunal implicaría que al año se realizaran 1.000 sentencias menos.
El documento hacía un repaso a la repercusión que tiene la imposibilidad de cubrir vacantes en cada de una de las cinco salas del tribunal. Salvo en la Sala de lo Penal --a la que la falta de cobertura de vacantes no le afectaba en el futuro inmediato-- en el resto de salas la situación se define como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo es la más afectada por las vacantes. Le sigue la Sala de lo Social, que debería contar con 13 magistrados, presidente incluido. Sin embargo, hay cinco vacantes, entre ellas la de su última presidenta, María Luisa Segoviano, que se jubiló el pasado 20 de octubre. El 18 de julio lo hará también Rosa María Virolés.
Igualmente crítica es la coyuntura de la Sala de lo Militar, donde de los 8 magistrados que la integran habitualmente quedan 6, a los que el 7 de septiembre se sumará Fernando Pignatelli.
El problema al que se enfrentan desde hace tiempo las salas de lo Social y lo Contencioso-Administrativo es que sus magistrados deben rotar para poder componer las secciones donde se deliberan y fallan los asuntos, una especie de pequeños tribunales que deben tener cinco magistrados.
Más desahogada es la situación de la Sala de lo Civil, donde solo hay una vacante, lo que implica que aún conserva a 9 de sus diez magistrados. Por ahora, la única intacta es la Sala de lo Penal, que mantiene a sus 15 magistrados. Sufrirá su primera baja el próximo 13 de abril por la jubilación de Miguel Colmenero.
Ante esta coyuntura, en el Supremo permanecen a la espera de dos cosas: un acuerdo entre Gobierno y PP para renovar el CGPJ, de modo que pueda recuperarse la dinámica de nombramientos discrecionales; o que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si es constitucional o no la citada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará este martes, a las 16.30 horas, un Pleno extraordinario para votar por segunda vez a los candidatos que le corresponde designar al Tribunal Constitucional (TC). Dos de los tres candidatos repiten en esta ocasión, los magistrados del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa --por el ala conservadora-- y José Manuel Bandrés --por el bloque progresista--; la novedad, a petición de los conservadores, es la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano, que figuró en la lista inicial de nueve nombres de los progresistas.
Hasta ahora, el equilibrio de fuerzas en el CGPJ --con 8 vocales progresistas y 10 conservadores-- ha hecho imposible el acuerdo. En la votación del 20 de diciembre, los dos nominados por el sector mayoritario, Tolosa y Pablo Lucas, obtuvieron 10 votos, mientras que Bandrés logró 7, porque el vocal Enrique Lucas tuvo que abstenerse a raíz de que su hermano era uno de los candidatos.
Para la fumata blanca son necesarios 11 síes, algo que hasta ahora no ha sido posible porque los vocales han votado en bloque y ninguno se ha descolgado para cambiar el equilibrio. Las reglas vigentes imponen una mayoría de tres quintos para enviar candidatos al Constitucional y permiten que cada uno de los 18 vocales que actualmente forman el CGPJ proponga y vote a dos aspirantes.
TRES CANDIDATOS
Fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press indican que el ala conservadora ha apostado por incluir un nombre progresista en su tándem (primero Lucas y ahora Segoviano) para que sus homólogos renuncien a Bandrés, un magistrado sobre el que los conservadores han impuesto un veto tácito. De momento, sin embargo, el ala progresista mantiene el nombre de Bandrés sobre la mesa.
La candidatura de Tolosa y Segoviano fue avalada con la firma de 6 de los 10 vocales del bloque conservador. Bandrés llega con el respaldo de 7 de los 8 que integran el sector progresista, a falta de la firma del vocal Enrique Lucas.
Algunas fuentes consideran que esta falta de unanimidad ante la candidatura de Bandrés puede traducirse en un voto más para Tolosa y Segoviano, lo que sería suficiente para que salieran elegidos.
Otras voces consultadas, sin embargo, le restan importancia al asunto y precisan que la ausencia de Lucas es por respeto a su hermano, que la semana pasada figuraba como aspirante al TC. Añaden, además, que en el sector conservador tampoco hubo unanimidad.
Con todo, las fuentes recuerdan que hasta el mismo martes, a las 16.30 horas, podrán proponerse otros candidatos y no descartan que se sumen otro nombre a la votación.
El cónclave del 27 de diciembre es una nueva oportunidad para que el CGPJ elija a los dos magistrados que debe enviar al Constitucional, pero si cada bloque vuelve a votar solamente a los suyos y ninguno cede, seguirá el bloqueo.
CAMBIO DE RITMOS
Los vocales conservadores buscan resolver la cuestión de los nombramientos al Constitucional antes de que se aprueben las enmiendas --ahora paralizadas, pero que podrían tramitarse por otro cauce parlamentario-- por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos que nombra el CGPJ.
Las fuentes consultadas explican que las prisas surgidas en el sector conservador se deben a que la citada reforma cambiará el sistema de votación favoreciendo que los elegidos sean los dos candidatos más votados, con lo que saldrían victoriosos uno de cada bloque, en el caso de la corriente progresista: Bandrés.
El Constitucional aguarda desde el 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces.
Las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que los dos candidatos de Moncloa pudieran tomar posesión sin esperar a los dos del CGPJ llevaron a impulsar y aprobar el pasado julio en el Parlamento una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo su poder para nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.
En este contexto, PSOE y Unidas Podemos diseñaron la citada reforma, que, además de cambiar el sistema de votación en el CGPJ, despeja los obstáculos para que los nominados por el Gobierno el 29 de noviembre, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, puedan tomar posesión como magistrados del TC sin tener que esperar a los dos del Consejo.
El de este martes será el segundo intento del CGPJ en una semana para lograr un consenso que permita elegir a los dos magistrados que le corresponde designar al Tribunal Constitucional. Tolosa, Segoviano y Bandrés se medirán para conseguir el apoyo de tres quintos de los vocales.
Los vocales del ala progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han acordado mantener a su candidato al Tribunal Constitucional --el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés-- y han incluido su nombre en el orden del día del Pleno extraordinario que se celebrará el martes 27, a las 16.30 horas, para elegir a los dos magistrados que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces para el tribunal de garantías.
Según ha informado este viernes el CGPJ, los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda y el presidente interino del órgano, el vocal Rafael Mozo, han registrado esta mañana la candidatura de Bandrés, que en la votación anterior recabó 7 votos, todos los que podía emitir el ala progresista.
El bloque progresista mantiene así la postura que ya desveló el pasado 3 de noviembre. Bandrés se medirá de nuevo --como hizo ya sin éxito el pasado martes-- contra dos candidatos del ala conservadora.
Las fuentes del órgano de los jueces consultadas por Europa Press recuerdan que hasta el mismo inicio del Pleno extraordinario podrán proponerse otros candidatos.
TRES CANDIDATOS
Para el último Pleno extraordinario --el del 20 de diciembre--, los vocales del ala progresista presentaron su nombre contra los candidatos propuestos por el sector conservador: los también magistrados del Supremo César Tolosa y Pablo Lucas --que formó parte de la lista inicial de 9 nombres que barajó el propio sector progresista--.
El próximo martes, sin embargo, el nombre de Bandrés estará en la mesa frente al de Tolosa --que repite-- y el de la magistrada jubilada del Supremo María Luisa Segoviano --que también estuvo en la lista inicial de 9 nombres del ala progresista--. Cabe recordar que Tolosa ya fue uno de los votados en el Pleno extraordinario del pasado martes, también a instancias de los vocales conservadores, obteniendo solo sus 10 votos, uno menos de los necesarios.
Fue ayer jueves cuando el CGPJ acordó en su Pleno ordinario que celebraría un cónclave extraordinario el martes 27 de diciembre para llevar a cabo una segunda votación a fin de elegir a sus dos candidatos al Constitucional. Según informó el órgano, se acordó a propuesta de seis de los diez vocales que integran el sector conservador del CGPJ, que ha sido quien ha propuesto a Tolosa y Segoviano como candidatos.
Las mismas fuentes indican que, incluyendo un nombre progresista en su tándem (primero Lucas y ahora Segoviano), el ala conservadora busca que sus homólogos renuncien a Bandrés, otro magistrado del TC sobre el que los vocales conservadores han impuesto un veto tácito.
ENROQUE DE POSICIONES
En este contexto, la candidatura de Bandrés se percibe como el principal escollo de unas negociaciones que encallaron el 2 de diciembre porque ambos sectores continúan enrocados en sus respectivas posiciones.
Los vocales conservadores buscan resolver la cuestión de los nombramientos al TC antes de que la reforma ideada por el Gobierno --ahora paralizada pero que podría tramitarse por otro cauce parlamentario hasta quedar aprobada el próximo año-- se consume.
Las fuentes explican que las prisas surgidas en el sector conservador se deben a que la citada reforma cambiará el sistema de votación favoreciendo que los elegidos sean los dos candidatos más votados, con lo que saldrían victoriosos uno de cada bloque, en el caso de la corriente progresista: Bandrés.
Las reglas vigentes imponen una mayoría de tres quintos (11 votos) para enviar candidatos al Constitucional y permiten que cada uno de los 18 vocales que actualmente forman el CGPJ proponga y vote a dos aspirantes.
Hasta ahora, el equilibrio de fuerzas en el Consejo --con 8 vocales progresistas y 10 conservadores-- ha hecho imposible el acuerdo. En la votación del 20 de diciembre, los dos nominados por el sector mayoritario, Tolosa y Pablo Lucas, obtuvieron 10 votos, mientras que Bandrés logró 7.
De esa primera votación tuvo que abstenerse el vocal Enrique Lucas, porque su hermano --también magistrado del Tribunal Supremo-- era uno de los candidatos, lo que restó un voto a Bandrés.
LA RENOVACIÓN DEL TC
El TC aguarda desde el 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces.
Las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que los dos candidatos de Moncloa pudieran tomar posesión sin esperar a los dos del CGPJ llevaron a impulsar y aprobar el pasado julio en el Parlamento una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo su poder para nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.
En este contexto, PSOE y Unidas Podemos diseñaron la citada reforma, que, además de cambiar el sistema de votación en el CGPJ, despeja los obstáculos para que los nominados por el Gobierno el 29 de noviembre, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, puedan tomar posesión como magistrados del TC sin tener que esperar a los dos del Consejo.
El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado este miércoles la decisión que adoptó hace apenas 48 horas de suspender la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley sobre la sedición y la malversación que buscan renovar el propio TC, desestimando de esta forma el recurso presentado por la Cámara Alta para poder debatir y votar en su Pleno de mañana la reforma propuesta.
Tras más de tres horas de intensa deliberación entre sus 11 magistrados, la corte de garantías ha confirmado su resolución inicial con los mismos votos con los que la adoptó: los 6 del bloque conservador frente a los 5 de la minoría progresista.
Y ello después de rechazar la tramitación de las recusaciones lanzadas por Unidas Podemos (UP) y por la Fiscalía contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narvaéz. De haberlos apartado, se habría producido un cambio de mayoría a favor del bloque progresista.
Unidas Podemos (UP) ya lo planteó ante las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP en su recurso de amparo contra dichas enmiendas, pero el TC consideró que entonces no era el momento procesal oportuno.
Podemos había vuelto a recusar este miércoles, aduciendo que estos dos magistrados tienen un "interés directo" en que las citadas enmiendas no se aprueben porque, de hacerlo, serían sustituidos por los dos candidatos nominados por el Gobierno: el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.
La Fiscalía también había interesado abrir un incidente de recusación contra González-Trevijano y Narváez, al observar una "incuestionable vinculación directa de los citados miembros del Pleno con el objeto de tramitación parlamentaria". A su juicio, era "objetivamente incuestionable la incidencia automática de dicha norma en la situación personal/profesional de ambos".
SEGUNDO PLENO URGENTE EN 48H
González-Trevijano ha tenido que convocar este Pleno extraordinario con apenas unas horas de margen, después de que el Senado formulara un recurso de súplica para intentar levantar las medidas cautelarísimas que el TC acordó hace dos días a instancias del PP.
La intención del Senado era llegar a tiempo para que en su Pleno de mañana se pudiera debatir y votar la proposición de ley --con todas sus enmiendas--, de modo que quedara aprobada definitivamente, después de que el Congreso de los Diputados la avalara la semana pasada.
Se trata del segundo Pleno extraordinario que celebra el TC en apenas 48 horas. El lunes, tras más de nueve horas, acordó admitir el recurso del PP y las medidas cautelarísimas, una decisión inédita, ya que en sus más de 40 años de historia nunca había paralizado una tramitación parlamentaria en las Cortes Generales.
Según informó entonces el TC, los magistrados consideraron que el avance de la tramitación parlamentaria causa un daño de difícil reparación a los legisladores 'populares', que invocaban el artículo 23 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.
Sobre el fondo del asunto, el Constitucional explicó que dio entrada al recurso 'popular' porque la vulneración alegada por el PP no es descartable, atendiendo a la doctrina constitucional sobre el ejercicio del derecho de enmienda y la relación de homogeneidad que ha de existir entre las enmiendas y la iniciativa legislativa que se pretende modificar.
Asimismo, indicó que el asunto planteado en este recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional porque suscita una cuestión jurídica de "relevante y general repercusión social", que además tiene "unas consecuencias políticas generales".
El PP se dirigía, en concreto, contra los acuerdos de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso por los que se admitieron a trámite ambas enmiendas y contra la decisión del presidente de esta Comisión, Felipe Sicilia, de no revocarlos.
SUSPENSIÓN "EXTEMPORÁNEA"
En su recurso, el Senado aducía que la suspensión urgente fue una medida "extemporánea" porque, si tanta prisa corría --y de ahí su carácter cautelarísimo--, se debía haber acordado la semana pasada, antes de que la Cámara Baja aprobara la proposición de ley con sus enmiendas.
En este sentido, subrayaba que el fallo del TC le ha afectado "directamente" cuando en realidad no es la sede legislativa que ha adoptado los acuerdos recurridos por el PP, por lo que entiende que tanto la cámara como sus miembros "se hallan indefensos".
También esgrimía que la suspensión vulnera los requisitos que exige la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), esto es, que "no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona'".
A este respecto, defendía que "la suspensión ocasiona una perturbación de la máxima gravedad a un interés constitucionalmente protegido, como es el consistente en que el Poder Legislativo del Estado español, encarnado en las Cortes Generales (Congreso y Senado), que representan al pueblo español, pueda ejercer con plenitud las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas, sin interferencias indebidas".
Con todo, advertía de que la paralización de la tramitación parlamentaria se trata de "una actuación desproporcionada" que constituye "un precedente de impredecibles consecuencias", alertando de "la posibilidad de que se pueda utilizar el recurso de amparo como medio para perturbar el ejercicio de la función legislativa de las Cortes Generales".
LA RENOVACIÓN DEL TC
El problema de fondo es que el TC aguarda desde el 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: González-Trevijano y Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces.
Las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que los dos candidatos de Moncloa pudieran tomar posesión sin esperar a los dos del CGPJ llevaron a impulsar y aprobar el pasado julio en el Parlamento una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo su poder para nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.
Pero las negociaciones en el seno del CGPJ encallaron el 2 de diciembre por el veto tácito del bloque conservador al candidato de sus homólogos progresistas, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés, y la negativa de estos últimos a volver a engordar su listado de aspirantes (que llegó a contar con nueve). En su primera votación para nominar aspirantes, que tuvo lugar el martes, ambos sectores se enrocaron en sus posiciones y frustraron el acuerdo.
En este contexto, 'morados' y socialistas introdujeron en la mencionada proposición de ley las dos enmiendas: una para que los dos candidatos del CGPJ se elijan por mayoría simple, en lugar de por tres quintos; y otra para que Campo y Díez puedan tomar posesión como magistrados del TC sin tener que esperar a los dos nominados por el Consejo.
El Congreso de los Diputados se ha adherido al recurso de súplica presentado este miércoles por el Senado, donde se pide al Tribunal Constitucional (TC) que levante la suspensión cautelar de la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas que buscan renovar el propio TC, advirtiendo a la corte de garantías de que con dicha paralización se ha producido "la mayor de las perturbaciones posibles". "Las Cortes Generales son inviolables", ha zanjado la Cámara Baja.
Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, el Congreso ha recordado que, conforme a la ley que rige el TC, esta medida cautelarísima "debe ser ponderada", no siendo posible adoptarla "si ocasiona una perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, a los derechos fundamentales o a las libertades de otra persona".
"En este caso, la suspensión ha ocasionado la mayor de las perturbaciones posibles que se puedan imaginar, no solo a un 'interés constitucionalmente protegido', sino todavía más grave, a una función del Estado, como es la función legislativa otorgada en exclusiva a las Cortes Generales", ha defendido la Cámara Baja.
En este sentido, ha recordado que, de acuerdo con al artículo 66.3 de la Constitución, "las Cortes Generales son inviolables". "Lo que ha de entenderse que se extiende al modo en que desarrollan sus funciones constitucionales", ha anudado.
El Congreso ha razonado que esta perturbación se debe a que la suspensión "ha afectado a una tramitación en curso --y aún no finalizada-- de una ley, eliminándose una parte de un texto que fue aprobado legítimamente por la Comisión de Justicia y el Pleno del Congreso".
Además, ha sostenido que "las consecuencias de tal perturbación se pueden calificar de 'graves'" porque "la medida cautelar viene a tener el efecto de que se modifica por el TC el texto aprobado por el Congreso, como si se tratara de una enmienda de supresión", y "se impide que el Senado pueda pronunciarse sobre lo realmente aprobado", de modo que "ahora es del todo imposible que se puedan presentar, debatir y votar" dichas enmiendas.
VULNERACIÓN DE LA SEPARACIÓN DE PODERES
La Cámara Baja también ha hecho hincapié en que "el procedimiento legislativo tiene una configuración especialísima, de naturaleza constitucional, formando parte su regulación del denominado bloque de constitucionalidad, habiendo querido el constituyente que sean las propias cámaras quienes decidan las reglas por las que ellas mismas quieren regirse".
"Todo ello tiene una finalidad clara: proteger la tramitación legislativa de injerencias externas, garantizar que la cámara, de principio a fin, pueda desarrollar su procedimiento de aprobar las leyes con plena autonomía", ha subrayado.
Por eso, ha denunciado que "la medida cautelar adoptada ha supuesto una vulneración del principio de separación de poderes que, aunque no viene expresamente recogido en nuestro texto constitucional, subyace en él y rige el funcionamiento y las relaciones entre todos los poderes del Estado".
Asimismo, ha calificado de "incongruente" que los recurrentes (el PP) "solo consideren vulnerados sus derechos por la tramitación de estas enmiendas 61 y 62 y, en cambio, no hayan recurrido otras enmiendas que aparecen incorporadas al texto aprobado por el Pleno del Congreso".
A este respecto, ha destacado que "en la ponencia se hizo constar que eran heterogéneas" una decena de enmiendas, de las cuales se introdujeron en ponencia siete, mientras que tres se mantuvieron hasta el Pleno" del Congreso.
Vox ha vuelto a pedir al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda la tramitación completa de la proposición de ley que deroga el delito de sedición y toca el de malversación --sin las enmiendas que paralizó el Pleno del Tribunal Constitucional sobre la renovación del propio tribunal-- que se votarán el jueves en el Senado.
El escrito esgrime al Alto Tribunal que la Mesa del Senado "ha guardado silencio" sobre la petición de la semana pasada de los senadores sobre esta iniciativa legislativa y su posterior reconsideración, de modo que se ha continuado con la tramitación de la iniciativa legislativa "con infracción reglamentaria y vulneración constitucional formuladas al amparo del artículo 23 Constitución Española".
El grupo parlamentario ya presentó un recurso de amparo ante el TC en el que solicitaban la suspensión del texto íntegro y no sólo de las enmiendas referidas al Alto Tribunal así como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como, apuntan, "ha hecho el Partido Popular" y "al que sí han dado respuesta".
En su petición, la formación que preside Santiago Abascal se fundamenta en la falta de resolución "expresa y motivada por parte de la Mesa del Senado de las solicitudes realizadas por los senadores", ya que, asegura, "vulnera su derecho al ejercicio del cargo representativo" citando el artículo 23.2 de la Constitución, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.
De este modo, advierte, se genera "una situación de evidente indefensión al vulnerar el "ius in officium" a los representantes en el Senado de la formación política por ello la lesión del principio de respeto a las minorías que establece nuestro sistema democrático", recoge el escrito.
Según el partido de Abascal, y siguiendo el argumento utilizado para la suspensión cautelar de la eliminación parcial del texto de la iniciativa parlamentaria, "debería ser aplicable para suspender la votación y la tramitación del texto íntegro", y en el menor de los supuestos, "para las disposiciones referidas a la malversación pues ninguna conexión tiene con la finalidad expuesta de la iniciativa"
El Gobierno ha criticado la actuación de los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, que acordó suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria de parte de una iniciativa de PSOE y Unidas Podemos. A su juicio, es una maniobra sin base jurídica y por tanto todavía están buscando los argumentos para justificar la decisión que tomaron este lunes.
Así lo han señalado fuentes gubernamentales que ven muy descarado el movimiento llevado a cabo por el TC y creen que hoy, tres días después de que hiciesen pública su decisión, todavía no tienen los argumentos para explicarla.
El tribunal de garantías decidió, por una mayoría de 6 votos frente a 5, suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
QUEDARÁ SU INFLUENCIA SOBRE LA JUSTICIA
Además, las citadas fuentes consideran que el PP ha ido demasiado lejos con su estrategia, que califican de error, y que se ha puesto en evidencia. Sostienen además que es una irresponsabilidad el recurso que presentaron y que también es malo para ellos.
Interpretan por tanto que es un error cuestionar la legimitidad del Parlamento y aunque hayan cosechado una "pequeña victoria" en el TC, esta no tiene ningún tipo de base jurídica. En esta misma línea apuntan que a pesar de todo, la ley que impulsa el Gobierno saldrá adelante.
Creen por tanto, que al final la estrategia no le saldrá bien al PP porque lo que va a quedar es su bloqueo a la justicia y la influencia que ejercen sobre los órganos judiciales.
APISONADORA EN EL TC
Finalmente, respecto al pleno del TC que se está celebrando en estos momentos, no esperan ninguna novedad a favor de sus intereses. "Habrá una apisonadora", señalan en referencia a la mayoría conservadora que esperan que imponga su criterio.
Respecto a la nueva proposición de ley que presentará el PSOE junto a sus aliados parlamentarios y que recoge el espíritu de las enmiendas que tumbó el TC, desde Moncloa piden dejar trabajar a los grupos y no coartar su iniciativa parlamentaria.
"FEIJÓO LLEVA 9 MESES INSULTANDO"
Por otro lado, respecto al cara a cara que han mantenido este miércoles en el Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Moncloa consideran que el jefe del Ejecutivo ha hecho un discurso pedagógico sobre el papel que ha jugado su rival en los nueve meses que lleva al frente del partido.
Piensan que ha quedado patente que el presidente 'popular' no tiene equipo, ni proyecto mientras que Sánchez ha utilizado su intervención para explicar a que se ha dedicado Feijóo desde que dirige el PP. "Lleva nueve meses insultando sin parar", se quejan.
Sostienen además que una vez más se ha visto que Feijóo no es autónomo, no puede tomar sus propias decisiones y que "no hay nada detrás" de su proyecto. Ven por tanto que el jefe del Ejecutivo ha desmontado a su oponente.
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que aparte a su presidente, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez antes de que el Pleno extraordinario convocado para este mismo miércoles aborde el recurso presentado por el Senado para intentar levantar la suspensión del trámite parlamentario de las dos enmiendas que buscan renovar el TC, según fuentes fiscales consultadas por Europa Press.
El Ministerio Público ha enviado al TC sus alegaciones al recurso formulado por el Senado, indicando que, a su entender, la queja de la Cámara Alta está bien fundada. A juicio de la Fiscalía, la suspensión del debate y la votación parlamentaria de dichas enmiendas se adoptó con premura y sin precedente alguno. En este sentido, alerta del peligro de que la actuación de la corte de garantías haya establecido un precedente.
Además, interesa que se abra un incidente de recusación contra González-Trevijano y Narváez, los dos magistrados a los que primero Unidas Podemos (UP) y después el PSOE pidieron apartar de la deliberación sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso de amparo contra dichas enmiendas. Para 'morados' y socialistas, tienen un "interés directo" porque, de aprobarse, serían sustituidos por los candidatos del Gobierno al TC: Juan Carlos Campo y Laura Díez.
En el Pleno extraordinario del pasado lunes, el TC decidió por 6 votos frente a 5 que no era el momento procesal oportuno para estudiar las recusaciones planteadas por ambos partidos, lo que le permitió avanzar en el estudio de las otras cuestiones que tenía encima de la mesa, admitiendo a trámite el recurso del PP y suspendiendo con carácter urgente la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas.
La Fiscalía cree que, "aceptada la personación de dichas partes, y también abierto el proceso, y con ello establecida la relación jurídico-procesal que operaba como óbice para el tratamiento de dichas cuestiones", ya es "procedente que el Pleno del tribunal aborde su tratamiento, con carácter previo a resolver sobre la pretensión del Senado y a cualquier otro trámite procesal subsiguiente que haya de llevarse a cabo".
"INCUESTIONABLE VINCULACIÓN"
Para el Ministerio Fiscal, "la incuestionable vinculación directa de los citados miembros del Pleno con el objeto de tramitación parlamentaria sobre la que se proyecta el recurso de amparo (...) sustenta razonablemente, 'a priori', dicha pretensión de recusación (...) por resultar objetivamente incuestionable la incidencia automática de dicha norma en la situación personal/profesional de ambos, en caso de que llegara a aprobarse".
En su opinión, esta circunstancia, "al margen de cualquier valoración acerca de la disposición psicológica de los afectados, constituye un factor innegablemente condicionante de la apariencia de imparcialidad que de manera constante y enfática viene invocando, como factor esencial, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del propio Tribunal Constitucional".
No obstante, la Fiscalía lamenta que haya tenido que pronunciarse sin poder conocer la fundamentación jurídica de las decisiones adoptadas el pasado lunes por el TC, ya que de momento solo se ha difundido la parte dispositiva del auto, no su contenido íntegro.
Eso, recalca el Ministerio Público, le impide "valorar con la deseable precisión" no solo "el fundamento de la pretensión impugnatoria formulada por la representación procesal del Senado, sino también de la premura que circunstancialmente concurre en la singular tramitación --en cuanto carente de precedentes en el recurso de amparo parlamentario-- de todo el procedimiento".
CAMBIO DE MAYORÍAS
Esta misma tarde, UP ha presentado sus propias alegaciones para apoyar igualmente el recurso del Senado y volver a pedir la abstención y, en su caso, recusación de González-Trevijano y Narváez, solicitante expresamente que se estudie antes de la impugnación en sí misma y que, esta vez, dichos magistrados no participen del debate sobre su eventual apartamiento.
Cabe recordar que, de admitirse las recusaciones, cambiaría el equilibrio de fuerzas en el Constitucional. Actualmente, hay una mayoría conservadora de 6 magistrados, en la que se integran González-Trevijano y Narváez, y una minoría progresista de 5, por lo que, si son apartados, estos últimos podrían imponerse a los primeros.
El objetivo del Senado, según refleja en su recurso de súplica, al que ha tenido acceso Europa Press, es intentar llegar a tiempo para su Pleno de mañana, cuando está previsto que se debata y vote la proposición de ley donde inicialmente se incluían las enmiendas impugnadas por el PP. Si el TC le da ahora la razón, fuentes parlamentarias explican que el Pleno de la Cámara Alta podría retrasarse para que la Comisión de Justicia las vuelva a incorporar al texto.
os vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han celebrado este martes su primera votación para elegir a los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde nombrar, pero no han logrado acuerdo ninguno porque ambos bloques, el progresista y el conservador, se han mantenido en sus respectivas posiciones, lo que supone alejar el acuerdo al próximo año.
Según ha informado el propio CGPJ, de los tres candidatos en liza --José Manuel Bandrés, por parte del sector progresista; y Pablo Lucas y César Tolosa, por parte del bloque conservador-- ninguno ha conseguido los once votos necesarios para quedar nominado al TC.
La votación se ha saldado con 10 votos para Tolosa y Lucas --los 10 votos que aportan los vocales conservadores-- y 7 votos para Bandrés, todos los que podía emitir el ala progresista.
Se trata del resultado que anticipaban las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, ya que el problema radica en el veto tácito de la mayoría conservadora a Bandrés, por un lado, y en la negativa de sus colegas progresistas a volver a abrir el abanico de candidatos, por otro.
Cabe recordar que las actuales normas de votación en el Consejo para nombrar candidatos al Constitucional permiten que cada uno de los 18 vocales actuales proponga y vote a un máximo de dos aspirantes y, para que haya elección, exigen una mayoría de tres quintos (al menos 11 votos).
A VUELTAS CON LAS RECUSACIONES
Otro de los puntos de fricción en este Pleno extraordinario ha sido la participación en el mismo de Clara Martínez de Careaga. Un grupo de vocales conservadores ha pedido que se abstuviera de la deliberación y votación, alegando que tiene un interés directo en su resultado por ser la mujer del magistrado del TC Cándido Conde-Pumpido. Las fuentes explican que ella se ha negado y ha contado con el respaldo de una amplia mayoría, más allá de los vocales del ala progresista.
El motivo aducido por los vocales que pedían apartarla es que su imparcialidad podría verse afectada por el hecho de que los candidatos que finalmente sean enviados al TC participarán en la votación para elegir al nuevo presidente de la corte de garantías, ya que Pedro González-Trevijano, actualmente en ese cargo, será uno de los reemplazados por los recién llegados y Conde-Pumpido opta al puesto.
Las fuentes explican que uno de las factores que influye en las negociaciones en el seno del CGPJ sobre los dos candidatos al TC es la eventual presidencia de Conde-Pumpido. Concretamente, cómo quedará el equilibrio de fuerzas en los bloques progresista y conservador del Constitucional cuando desembarquen sus nuevos miembros de cara a facilitar que el ex fiscal general del Estado sea elegido entre sus pares como nuevo presidente del tribunal.
El vocal Enrique Luscas, integrado igualmente en el bloque progresista del CGPJ, sí ha tenido que abstenerse porque su hermano, era uno de los tres candidatos que se votaban este martes, todos ellos magistrados del Tribunal Supremo.
Esta jugada en el órgano de gobierno de los jueces se produce un día después de que la mayoría conservadora del TC frenara las recusaciones formuladas por Unidas Podemos primero y PSOE después contra González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, imponiéndose así a la minoría progresista, de la que forma parte Conde-Pumpido.
Los partidos esgrimían que González-Trvijano y Narváez tenían un "interés directo" en la reforma destinada a renovar el propio TC porque, de salir adelante, serían los dos magistrados reemplazados inmediatamente por los candidatos nominados por el Gobierno --el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez--. La mayoría conservadora rechazó aduciendo que no era el momento procesal oportuno.
PRIMER PASO
Es la primera vez que los vocales votan potenciales candidatos al TC desde que las Cortes Generales les devolvieran el pasado julio su poder para nombrar magistrados de la corte de garantías, una facultad de la que les privó una reforma legal en marzo 2021 por estar en funciones, situación en la que ya llevan más de cuatro años.
Aunque la segunda reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) les puso como fecha límite para designar a sus dos aspirantes al TC el pasado 13 de septiembre, ambos nombramientos continúan pendientes.
Hasta ahora, el ala progresista urgía a enviar la dupla al Constitucional. Así, en octubre puso sobre la mesa un primer listado de nueve candidatos que un mes después redujo a uno: Bandrés.
El sector conservador, por su parte, había dilatado la cuestión de los nombramientos, primero incidiendo en la necesidad de pulir las reglas del juego y después reclamando a sus pares progresistas que añadieran nombres al de Bandrés.
DISTINTAS VELOCIDADES
Las dinámicas se invirtieron cuando PSOE y Unidas Podemos incluyeron en la proposición de ley para derogar el delito de sedición dos enmiendas para reformar la el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC.
Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la razón es que la reforma propuesta favorecía que Bandrés saliera elegido, al impedir que cada vocal propusiera y votara a más de un candidato. Además, permitía despejar los obstáculos para que Campo y Díez tomaran posesión en el TC sin esperar a los dos del CGPJ.
Tras el movimiento parlamentario, los vocales conservadores instaron a convocar el Pleno extraordinario de este martes, a pesar de que ya había uno ordinario señalado para el jueves, porque el 22 de diciembre estaba previsto que el Senado aprobara definitivamente ambas enmiendas.
En un principio, el presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, se negó por un defecto formal: no acompañaban su petición con ninguna candidatura. En respuesta, el bloque conservador desveló por primera vez sus aspirantes: Lucas y Tolosa.
Por su parte, los vocales progresistas deslizaron la necesidad de esperar a que Congreso y Senado aprobaran la reforma propuesta para votar ya con las nuevas normas.
EL REVÉS DEL TC
Sin embargo, la decisión adoptada por el TC la noche del lunes, cuando suspendió de forma urgente la tramitación en el Senado de dichas enmiendas --tal y como le reclamaba el PP en un recurso de amparo--, volvió a provocar un cambio de roles.
Así las cosas, las fuentes consultadas ven difícil llegar a un acuerdo si los vocales progresistas se aferran a la candidatura de Bandrés y sus homólogos conservadores insisten en su veto tácito a este magistrado de la Sala Tercera del TS.
Las mismas fuentes apuntan que la votación fallida de este 20 de diciembre supone posponer el eventual acuerdo sobre los dos candidatos al TC al próximo año, ya que en el orden del día del Pleno ordinario del 22 de diciembre ni siquiera consta la cuestión de los nombramientos a la corte de garantías.
Entretanto, los cuatro magistrados del TC cuyo mandato expiró el 12 de junio --González-Trevijano y Narváez, y el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares-- siguen esperando su relevo.
Desde que el Ejecutivo lanzara los nombres de Campo y Díez, el principal escollo son las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que estos cuatro magistrados, que forman el tercio que la Constitución encomienda renovar a Gobierno y CGPJ (con dos cada uno), puedan sustituirse sin el 'pack' completo.
El PSOE tiene intención de registrar esta semana en el Congreso una proposición de ley que incluya el espíritu de las dos enmiendas que ha suspendido el Tribunal Constitucional para su propia renovación.
Las mismas fuentes han desvelado que esta proposición de ley se hará mediante la tramitación urgente y para ello ya han hablado con varios grupos que han censurado la decisión del Constitucional para que se sumen a la iniciativa.
No descartan por tanto que a la proposición de ley se sumen el resto de grupos parlamentarios que apoyaron la reforma del Código Penal que salió adelante el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Es decir, PSOE, Unidas Podemos más ERC, el PNV, el PDeCAT, Más País y Bildu.
En esta reforma se incluía también la modificación de la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que finalmente ha sido paralizada tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
NO DESCARTAN HABILITAR ENERO
Las fuentes parlamentarias consultadas han señalado que ya se han producido conversaciones entre estos grupos y es probable que registren la iniciativa esta misma semana.
Además indican que todavía existe la posibilidad de que el texto que se presente finalmente tenga alguna diferencia respecto a lo que se ha hablado hasta el momento pero precisan que el objeto de esta tramitación es aprobar las dos enmiendas para desbloquear el CGPJ y el TC.
Asimismo precisan que esta tramitación no tiene por qué llevarse a cabo en lectura única pero sí señalan que se realizará por tramitación urgente. En este sentido, el objetivo es que la nueva proposición de ley esté aprobada antes de final de año aunque no descartan habilitar el mes de enero --en el que habitualmente no hay actividad parlamentaria-- si no es posible sacarlo adelante antes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este martes que el Gobierno acata la decisión que adoptó ayer el TC de paralizar la votación en el Senado de la reforma para elegir a sus magistrados, pero ha anunciado que su Ejecutivo adoptará "cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del CGPJ y del TC" y para que sea respetada la voluntad popular.
Según ha precisado el presidente del Gobierno, que ha considerado que la decisión no tiene precedentes y ha culpado al PP de la situación, "en momentos de incertidumbre se precisa serenidad y firmeza" para lograr el estricto cumplimiento de la ley y para hacer prevalecer la voluntad popular expresada en las urnas.
Sánchez se pronuncia así tras la decisión de anoche del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), de paralizar la reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos en el Parlamento con el fin de cambiar, por una vía acelerada, el sistema de elección de los candidatos al Tribunal Constitucional que nombra el Consejo General del Poder Judicial. El TC admitía así el recurso del PP contra las dos enmiendas que lo hacían posible.
La decisión fue adoptada por 6 votos (los de la mayoría conservadora) frente a 5 (los de la minoría progresista), la misma mayoría con la que no aceptaron las recusaciones lanzadas por los partidos del Gobierno contra dos magistrados, esgrimiendo una cuestión técnica: que la relación jurídico-procesal aún no está constituida.
LA VOLUNTAD POPULAR DE 2019
En una declaración institucional desde La Moncloa, Sánchez ha lanzado un mensaje de acatamiento a la decisión del TC, en la misma línea que ayer siguieron la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet y del Senado, Ander Gil, así como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Pero además Sánchez ha señalado que la democracia española tiene mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. "Ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro, que el de la ley y el cumplimiento de la Constitución".
De este modo ha afirmado que aunque no comparta la decisión del Alto Tribunal el Gobierno acatará la resolución adoptada ayer "por la actual mayoría conservadora del TC", según ha precisado. Sin embargo, a renglón seguido ha avisado de que, conforme a la Ley y a la Constitución, adoptarán las medidas necesarias "para poner fin al injustificable bloqueo" del Poder Judicial y del TC "para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones de 2019".
El presidente ha afirmado que el Gobierno "garantizará el estricto cumplimiento" de la Ley y de la Constitución y ha subrayado que la democracia "requiere respeto a la ley y a la voluntad popular" de la que deriva la legitimidad de todos los poderes del Estado, "también la del Poder Judicial", según ha apostillado.
COMPOSICIÓN FAVORABLE AL PP
Durante su intervención, Sánchez ha cargado contra el PP al señalar que la situación "inédita" vivida en la noche del martes tiene su origen en la decisión del PP que "cuando perdió las elecciones decidió incumplir el mandato constitucional", según ha lanzado, para bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional con el propósito de "mantener una composición más favorable para su orientación", según ha sostenido.
En la misma línea ha señalado que los distintos pretextos y excusas que a su juicio han esgrimido las distintas direcciones nacionales del PP para no llevar a cabo esta renovación, demuestran que su único propósito es mantener "por medios espurios" un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas.
"CHOQUE INSTITUCIONAL" SIN PRECEDENTES
A juicio de Sánchez la situación se ha ido agravando a los largo de los años hasta desembocar en la resolución adoptada este martes, que ha calificado como hecho muy grave ya que por primera vez se ha impedido a los parlamentarios ejercer sus funciones de representación, debate y legislación.
Así ha afirmado que comprende la "indignación de muchos demócratas" que se hayan sentido vulnerados en un principio básico de la soberanía así como la "preocupación" de los ciudadanos "que contemplan desconcertados un choque institucional tan grave y tan inédito", puesto que no tiene precedentes en la historia democrática de España ni de los países del entorno europeo, según ha apuntado Sánchez.
La Mesa del Congreso, en la que el PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, ha decidido personarse en el procedimiento abierto en el Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo del PP contra la tramitación de las enmiendas de la ley de sedición destinadas a la renovación de este órgano y lo ha hecho con el aval de los servicios jurídicos y pese a la oposición del PP y Vox.
Según han explicado fuentes parlamentarias, los 'populares' y los de Santiago Abascal han mostrado su rechazo a la personación de la Cámara que ya anticipó a última hora de lunes la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien defendió la actuación del Congreso y mostró su deseo de que la Cámara sea "oída" cuanto antes en el TC.
Además, el propio TC, en la resolución emitida este lunes, emplazaba al Congreso a comparecer en el procedimiento en calidad de demandado y le daba un plazo de diez días para hacerlo.
Recibida la notificación del tribunal de garantías, y tras al debate suscitado en el seno del órgano de gobierno, la Mesa de la Cámara ha optado, con el aval de los servicios jurídicos de la institución, por tomar parte en el procedimiento para poder defender la autonomía del Congreso y su función legislativa.
La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha adelantado este martes que su grupo parlamentario también está valorando si se persona en el recurso de amparo por el que el Pleno del Tribunal Constitucional decidió paralizar la reforma en las Cortes del propio tribunal a través de medidas cautelarísimas.
Así ha reaccionado Eva Granados en rueda de prensa a la decisión del Pleno del Constitucional de este lunes, explicando que el grupo socialista en la Cámara Alta cuenta con diez días para decidir si se persona en el recurso ante el tribunal.
Se sumaría a la personación del Senado como Cámara, después de que así lo haya acordado la Mesa de la Cámara , con los votos a favor de PSOE y PNV frente al rechazo del PP.
Asimismo, Granados, que ha defendido que su grupo acatará la decisión del Tribunal Constitucional, ha incidido en que no la comparte porque, según ha alegado, las formaciones tenían capacidad de enmendar o presentar veto a las enmiendas que finalmente han sido suspendidas con las cautelarísimas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional a las 11.00 horas en el Palacio de la Moncloa "para valorar la decisión adoptada ayer por el Pleno del Tribunal Constitucional", según ha anunciado el Ejecutivo.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó a última hora del lunes, por 6 votos frente a 5, suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya hizo anoche una primera valoración del fallo, asegurando que el Gobierno lo acatará si bien advirtió de que la Ley no confiere al TC la posibilidad de paralizar la actividad parlamentaria
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá este martes a las 13.30 horas en la sede del PP para valorar la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación en el Senado de la ley que busca renovarlo, según ha informado el partido. Lo hará dos horas y media después de la declaración institucional del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para valorar el fallo del tribunal de garantías.
La Mesa del Senado ha acordado, con los votos a favor de PSOE y PNV frente al rechazo del PP, personarse en el recurso de amparo por el que el Pleno del Tribunal Constitucional decidió paralizar la reforma en las Cortes del propio tribunal.
Se ha decidido en la reunión extraordinaria de la Mesa de la Cámara Alta que se ha producido este martes a primera hora tras conocerse la decisión del Constitucional de emitir cautelarísimas paralizando la reforma que afecta al propio tribunal.
"Acusar recibo, personarse y ser parte en el recurso de amparo avocado número 8263-2002, disponiendo que la representación y defensa de la Cámara sea asignada, de conformidad con el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, a la Letrada de las Cortes Generales, doña Isabel María Abellán Matesanz, Directora de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado, con quien se entenderán las sucesivas diligencias y trámites", es lo que ha acordado la Mesa, con el voto en contra del PP.
La Mesa del Senado ha acordado este martes continuar con la tramitación de la reforma del Código Penal, que deroga el delito de sedición y toca el de malversación, sin las enmiendas que paralizó el Pleno del Tribunal Constitucional sobre la renovación del propio tribunal.
Así lo ha acordado este órgano, que se ha reunido antes de que se produzca la cita de la Comisión de Justicia. Esta decisión ha salido adelante gracias a la mayoría que conforman el PSOE y el PNV en la Mesa del Senado, frente al rechazo del PP, según han informado fuentes parlamentarias.
De este modo, la Mesa del Senado ha dado luz verde a que se reúna la Comisión de Justicia para que se encargue de separar del resto de la proposición de ley las enmiendas sobre las que el Tribunal Constitucional emitió sus cautelarísimas y decidió paralizar.
Así, continúa la tramitación en el Senado del resto de la proposición de ley que deroga el delito de sedición y rebaja las penas del delito de malversación, de modo que, si la Comisión de Justicia da luz verde este martes al dictamen, la reforma del Código Penal iría al Pleno del Senado este jueves 22 de diciembre, aunque sin las enmiendas paralizadas por el Constitucional.
LA RENOVACIÓN DEL TC
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó en la noche de este lunes por 6 votos frente a 5, suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
Tras esto, el presidente del Senado, Ander Gil, decidió emitir una declaración institucional en la que afirmó que acataría la decisión Constitucional, pero anunció que, una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución, se estudiarán las vías "para preservar la autonomía parlamentaria".
Se trata de la primera vez en la historia del Tribunal Constitucional que frena un debate parlamentario en Cortes Generales.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
De esta forma, los magistrados han entendido que el avance de la tramitación parlamentaria causa un daño de difícil reparación a los derechos de los legisladores 'populares', que invocaban el artículo 23 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.
Es la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el Constitucional ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales, por lo que se trata de una decisión inédita.
La corte de garantías da este paso después de que dichas enmiendas fueran aprobadas en el Congreso de los Diputados el pasado jueves en el marco de la proposición de ley para derogar el delito de sedición.
Aunque dichas enmiendas ya habían superado el trámite parlamentario en la Cámara Baja aún quedaba el Senado, donde estaba previsto que quedaran igualmente aprobadas el próximo jueves.
Ahora, el secretario de Justicia del Pleno, Alfonso Pérez Camino, tendrá que entregar personalmente en la Cámara Alta la decisión adoptada por el TC, de acuerdo con las citadas fuentes.
MÁS DE 9 HORAS DE INTENSO DEBATE
Los once magistrados han iniciado su cónclave interno a las 10.00 horas, pero las decisiones de calado no han llegado hasta las 19.30, cuando han acordado admitir a trámite el recurso del PP; aceptar también la personación solicitada por Unidas Podemos (UP) y PSOE; y rechazar las recusaciones lanzadas por los partidos de Gobierno contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez.
Las fuentes jurídicas detallan que el recurso 'popular' se ha admitido por 6 votos --los de la mayoría conservadora-- frente a 5 --los de la minoría progresista--; mismo resultado con el que se ha resuelto que no era el momento procesal oportuno para abordar las recusaciones formuladas por los 'morados' y los socialistas.
UP argumentaba que González-Trevijano y Narváez debían apartarse al considerar que tienen "interés directo" en paralizar esta reforma porque serían reemplazados por los candidatos nominados por el Gobierno --el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-- si sale adelante la modificación planteada.
El Pleno del TC ya se reunió con carácter urgente el pasado jueves, pero entonces González-Trevijano accedió a aplazarlo a este lunes después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con irse, si no se les daba más tiempo estudiar un asunto de gran "complejidad" y "relevancia" que habían conocido apenas 24 horas antes. De haberse marchado, habrían impedido el 'quorum' de al menos 8 magistrados que se exige para que el Pleno quede constituido.
LA RENOVACIÓN DEL TC
El problema de fondo es que el TC aguarda desde el pasado 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: González-Trevijano y Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces.
Las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que los dos candidatos de Moncloa pudieran tomar posesión sin esperar a los dos del CGPJ llevaron a impulsar y aprobar el pasado julio en el Parlamento una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo su poder para nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.
Sin embargo, las negociaciones en el seno del CGPJ encallaron el pasado 2 de diciembre por el veto tácito del bloque conservador al candidato de sus homólogos progresistas, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés, y la negativa de estos últimos a volver a engordar su listado de aspirantes (que llegó a contar con nueve).
NEGOCIACIONES EN EL CGPJ
En este contexto, 'morados' y socialistas introdujeron en la proposición de ley que elimina el delito de sedición las dos enmiendas que despejan el camino para que Campo y Díez tomen posesión como magistrados del TC sin tener que esperar a los dos nominados por el órgano de gobierno de los jueces.
Por su parte, el CGPJ tiene previsto celebrar este martes a las 17.00 un Pleno extraordinario donde, por ahora, los únicos candidatos que figuran en el orden del día son los magistrados del TS Pablo Lucas y César Tolosa.
Las fuentes consultadas por Europa Press ya apuntaban que, aunque formalmente Bandrés era el único aspirante formal y el bloque conservador manejaba varios nombres, los mejor posicionados para lograr el aval del conjunto del CGPJ eran Lucas y Tolosa.
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que la democracia ha salido "fortalecida" tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación en el Senado de la ley que busca renovarlo y ha subrayado que en un Estado de Derecho "todos los poderes están sometidos a la ley". El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la resolución del TC debe acatarse pero ha advertido de que la Ley no confiere al citado Tribunal la posibilidad de paralizar la actividad parlamentaria. El ministro ha acusado al PP de querer controlar el Parlamento también cuando no tiene mayoría". La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha asegurado que el partido se muestra "preocupado y perplejo" tras la decisión que no comparte del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la tramitación en la Cámara Alta de la reforma que busca renovar el órgano de garantías al tiempo que ha culpado al Partido Popular de provocar un "conflicto de máxima gravedad". |
Feijóo: "Ha triunfado del Estado de Derecho"
Nada más conocer la decisión del tribunal de garantías, fuentes de la dirección del PP han asegurado que el Estado de Derecho "ha triunfado" y han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que acate la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección de los candidatos del TC.
"El TC no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno y ha amparado a los diputados del PP. Pero ha hecho mucho más que eso: ha defendido a todos los españoles y a nuestro Estado de Derecho de la deriva autoritaria y antidemocrática de Sánchez".
GÉNOVA PIDE AL GOBIERNO ACATAR LA DECISIÓN
Desde 'Génova' han subrayado esta noche que "todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución". "Esperemos que el Gobierno acate la decisión y no siga metido en esa deriva, que le ha llevado ya a calificar a los jueces de fachas con toga, a no respetar la separación de poderes y a arremeter y presionar a todos aquellos que ponen en tela de juicio su actuación".
El PSOE se muestra "perplejo" por una decisión del TC que no comparte y culpa al PP de un "conflicto de máxima gravedad"
La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha asegurado que el partido se muestra "preocupado y perplejo" tras la decisión que no comparte del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la tramitación en la Cámara Alta de la reforma que busca renovar el tribunal al tiempo que ha culpado al Partido Popular de provocar un "conflicto de máxima gravedad".
Así se ha expresado Granados en una declaración institucional tras la decisión del tribunal que este lunes ha admitido las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Granados ha cargado contra el principal partido de la oposición asegurando que esta "crisis institucional" no se hubiera producido si el PP "hubiera decidido respetar la Constitución y respetar a los representantes de la ciudadanía" ante la "previsión de una derrota en una votación democrática en el Senado", ha remachado.
En este punto, ha incidido en que es "la primera vez en la historia" que el TC y "sus miembros conservadores, algunos con el mandato caducado, paraliza una tramitación legislativa, irrumpe el normal funcionamiento del poder Legislativo" impidiendo el debate y una decisión que es de "exclusiva competencia" de dicho poder.
Así, ha denunciado que la decisión "no respeta" a los representantes de la soberanía popular y "violenta" los derechos de los senadores en "un claro conflicto de intereses" y de "máxima gravedad".
Dicho esto, Granados ha vuelto a criticar al PP y le ha preguntado "hasta dónde está dispuesto a llegar en esta cruzada" instándole al mismo tiempo a "reconocer su derrota hace ya cinco años" y reprochando su pacto con Vox en las instituciones.
El PSOE entiende así que se han "conculcado" sus derechos por lo que ha remarcado que no comparten la decisión de un tribunal "dividido" y "con varios miembros con mandato caducado". Además, ha avisado que los socialistas seguirán defendiendo la democracia y su derecho a legislar.
Bolaños ha señalado que lo ocurrido hoy es de una "gravedad máxima", porque el TC ha tomado la decisión en un tiempo inusualmente breve y con una mayoría exigua. El ministro ha acusado al PP de querer controlar el Parlamento también cuando no tiene mayoría.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que la resolución del TC debe acatarse pero ha advertido de que la Ley no confiere al citado Tribunal la posibilidad de paralizar la actividad parlamentaria.
Ha señalado que lo ocurrido hoy es de una "gravedad máxima", porque el TC ha tomado la decisión en un tiempo inusualmente breve y con una mayoría exigua de seis votos frente a cinco. Además, ha asegurado que el Gobierno no comparte "ni el insólito procedimiento seguido" ni tampoco el fondo de la decisión "nunca antes visto en las Cortes Generales".
Bolaños ha realizado una declaración desde Moncloa, después de que el Pleno del Tribunal Constitucional acordara en la noche del lunes suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De este modo, el tribunal de garantías admitía las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
NO HA OCURRIDO EN 44 AÑOS
El ministro ha acusado al TC de detener la acción legislativa de los parlamentarios, "representantes legítimos del pueblo español" y ha remarcado que es algo que no había ocurrido nunca en los últimos 44 años, que no ha pasado jamás "en ningún país europeo de nuestro entorno" y que afecta a los fundamento de la separación de poderes.
"La ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales. Es más, esa facultad existía y en 1985 se derogó, precisamente para evitar que se pudiera impedir a los parlamentarios debatir y aprobar asuntos. Lo que se pretendía evitar, justo ha ocurrido hoy", ha lamentado Bolaños.
También ha afeado al TC que haya "paralizado su propia renovación" que está pendiente desde hace seis meses y que lo hayan hecho algunos magistrados que "con su voto han decidido su propio futuro".
ACUSA AL PP DE QUERER CONTROLAR EL PARLAMENTO
El ministro ha acusado al PP de querer controlar el Parlamento también cuando no tiene mayoría pues a su juicio "quiere decidir qué se aprueba y qué no se aprueba". Este es, según Bolaños, el nuevo motivo que se ha revelado hoy por el que el PP pretende bloquear el Consejo General del Poder Judicial y el TC.
"Hoy, lamentablemente, se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá, ya que el principal partido de la oposición ha recurrido siempre ante el Tribunal Constitucional todos los avances de la sociedad española: lo hizo con la ley del aborto, la ley de igualdad, la ley de matrimonio igualitario, la ley de eutanasia o la reforma laboral".
Por tanto, ha señalado que el actual no es un conflicto entre partidos ni instituciones sino entre quienes cumplen la Constitución y "quienes la incumplen desde hace cuatro años", en referencia al PP.
Finalmente, el ministro ha asegurado comprender y compartir la preocupación que sienten los ciudadanos "en el día de hoy" y ha trasladado que el Gobierno "está con ellos para garantizar sus derechos". Asimismo, ha señalado que quiere transmitir "tranquilidad" y que el Gobierno "seguirá actuando siempre en el marco de la ley y la Constitución" frente a los que "han decidido rebasar todos los límites".
"Así construimos nuestra democracia y así la preservaremos. La democracia y la Constitución, al igual que la verdad, siempre se abrirán camino a pesar de las dificultades. No tengan duda".
Es la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el Constitucional ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha mostrado su "honda preocupación" por los efectos que esto puede tener en el "funcionamiento del legislativo". Ander Gil dice que "se estudiarán las vías "para preservar la autonomía parlamentaria".
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado este lunes que la Cámara acatará la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de las enmiendas para la renovación del propio órgano de garantías que ahora está en trámite en el Senado, pero ha defendido la actuación del Congreso durante la misma, ha avanzado que pedirá ser "oída" en el procedimiento para defender "la autonomía parlamentaria y las funciones del legislativo" y ha mostrado su "preocupación" por este hecho "sin precedentes".
Así se ha pronunciado Batet a través de una declaración institucional leída en el Congreso en la que ha remarcado que aún no ha recibido notificación formal de una decisión del TC hacia la que ha mostrado su "respeto".
Eso sí, ha remarcado que la suspensión de un proceso legislativo carece de "precedentes" en la democracia española y ha mostrado su "honda preocupación" por los efectos que esto puede tener en el "funcionamiento del legislativo", pues "se posibilita que "la interrupción de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado con la interposición de un recurso de amparo".
DESLEGITIMACIÓN DEL SISTEMA
Ha apuntado que la resolución del TC sobre las cautelarísimas solicitadas por el Grupo Popular se produce "en un contexto de bloqueo" de las instituciones "y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas", un escenario que, ha alertado "entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático".
La presidenta ha subrayado que el Congreso "conduce su funcionamiento desde la lealtad a todos los poderes del Estado y la confianza en todas sus instituciones" y "se guía siempre por el leal cumplimiento del Reglamento y la Constitución".
"El Congreso de los Diputados para ejercer sus competencias interpreta la Constitución y enmarca su actuación en su sentido posible, si bien en nuestro sistema constitucional la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional".
A continuación ha incidido en que la decisión del TC tiene como efecto "la suspensión de un procedimiento legislativo en curso, un hecho que carece de precedentes en la historia de la jurisdicción constitucional".
UN SÓLO DIPUTADO PUEDE PARAR UNA LEY
"Con la decisión conocida hoy se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación, desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales", ha avisado Batet.
Y ha abundado: "En el marco de los entendimientos sobre las relaciones entre las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional en los últimos cuarenta años, no se había experimentado o contemplado la posibilidad de una actuación suspensiva del ejercicio de una función constitucional básica en una democracia como es el debate parlamentario y la potestad legislativa, reconocida en el artículo 66 de la Constitución".
En este contexto, ha puesto de relieve que la "Norma Suprema", a través de distintas previsiones, "garantiza y preserva
el proceso de libre formación de la voluntad de los órganos legislativos mediante el debate, la deliberación y la votación. Sin interferencias" y que este "es un principio que ha regido siempre, hasta ahora, la convivencia de nuestro modelo de justicia constitucional con el ejercicio de la soberanía popular a través de las funciones atribuidas a las Cortes Generales".
Batet ha remarcado que "la actuación del Congreso de los Diputados no puede ser sino una: la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional". Si bien ha dicho esperar que "a la mayor brevedad" la Cámara espera ser "oída" y poder presentar ante el TC sus "argumentos para defender la autonomía parlamentaria y las funciones del poder legislativo".
Ander Gil acata la decisión del TC, pero anuncia que estudiará las vías para "preservar la autonomía parlamentaria"
El presidente del Senado, Ander Gil, ha afirmado que la Cámara Alta acatará la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de suspender de forma urgente la tramitación de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha anunciado que, una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución, se estudiarán las vías "para preservar la autonomía parlamentaria".
Así ha reaccionado Ander Gil mediante una declaración institucional a la decisión del Constitucional, en la que, al igual que ha hecho la presidenta del Congreso minutos antes, ha ratificado que dará cumplimiento a esta resolución del tribunal.
Eso sí, el presidente de la Cámara Alta ha cargado contra esta decisión, advirtiendo que el fallo "supone un triste punto de inflexión en la historia reciente". "En cuarenta y cuatro años de democracia, jamás se había despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar. Su inviolabilidad queda de este modo seriamente comprometida", ha denunciado.
Asimismo, ha insistido en que no existe precedente alguno a esta situación, censurando que el proceso legislativo de esta norma "ha sido interrumpido".
"DEGRADACIÓN DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO"
Con todo, el presidente del Senado ha querido "señalar la gravedad de la situación" de esta decisión, avisando de que "se está dando un paso de difícil retorno en la degradación del sistema democrático".
Por ello, considera que "sustraer" al poder legislativo la tramitación y la votación parlamentaria en las Cortes "supone un grave quebranto del sistema democrático y conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en la democracia".
"Pero mucho más grave resulta, aún si cabe, hacerlo mediante la instrumentalización de quien tiene como principal cometido garantizar la estabilidad del sistema constitucional", ha añadido Ander Gil.
SUMADO AL BLOQUEO DEL CGPJ
El presidente del Senado ha continuado su declaración institucional, que se ha producido cercana a la medianoche, denunciando que esta "instrumentalización" del Tribunal Constitucional se ha sumado "al profundo menoscabo de las instituciones del Estado generado por el injustificable bloqueo del Consejo General del Poder Judicial" y del propio tribunal.
En este punto, Gil ha culpado de este hecho a quienes, "irresponsablemente, han tratado de obtener del tribunal lo que no pueden extraer del debate legislativo ante las Cámaras"
"La utilización tacticista que se está haciendo de un pilar fundamental de nuestro sistema democrático, como es el Tribunal Constitucional, cuando se le obliga a tomar partido en el juego parlamentario, desnaturaliza su función, perjudicando gravemente su posición institucional y, por ende, el funcionamiento del Estado de Derecho en su conjunto. Lo que está ocurriendo hoy, tendrá un alto coste en términos democráticos mañana", ha denunciado Ander Gil, en referencia velada al PP.
DEMOCRACIA FUERTE
En cualquier caso, el presidente de la Cámara Alta ha defendido que "la democracia es fuerte" y cuenta con "mecanismos para superar las peores crisis": "Estoy seguro de que la ciudadanía española sabe muy bien que el Parlamento es la institución central a través de la cual se expresa la voluntad del pueblo y se promulgan las leyes".
Ha finalizado su declaración haciendo un llamamiento "a la calma y a la serenidad", sentenciando que "la democracia siempre se abre paso".
La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha censurado este lunes que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez hayan votado para rechazar su propia recusación en el órgano de garantías y ha asegurado que esta decisión es un "abuso lacerante de las instituciones democráticas".
"Trevijano y Narváez, los dos magistrados del TC cuyo mandato está caducado, han votado a favor de rechazar su propia recusación", ha recordado la número 4 del PSOE en un mensaje publicado en la red social Twitter, después de que el órgano de garantías haya resuelto --también por una mayoría de seis a cinco-- no aceptar las recusaciones lanzadas por PSOE y Unidas Podemos contra dos magistrados, esgrimiendo una cuestión técnica: que la relación jurídico-procesal aún no está constituida.
Trevijano y Narváez, los dos magistrados del TC cuyo mandato está caducado, han votado a favor de rechazar su propia recusación. Es tremendo que este abuso lacerante de las instituciones democráticas no tenga ninguna consecuencia.
— Andrea Fernández. (@afernb) December 19, 2022
En opinión de la diputada del PSOE, "es tremendo que este abuso lacerante de las instituciones democráticas no tenga ninguna consecuencia".
Estas primeras decisiones llegan tras más de cinco horas de debate en un Pleno extraordinario de gran intensidad donde el principal escollo ha sido la recusación lanzada inicialmente por UP contra González-Trevijano y Narváez al considerar que tienen "interés directo" en paralizar esta reforma porque serían reemplazados por los candidatos nominados por el Gobierno si sale adelante la modificación planteada.
A la recusación 'morada' se sumó posteriormente el PSOE, en uno de los casi veinte escritos que los partidos políticos --incluidos PP y Vox-- han presentado desde el pasado viernes a raíz de la impugnación formulada por los 'populares'.
Cabe recordar que el Pleno del TC ya se reunió con carácter urgente el pasado jueves, pero entonces González-Trevijano accedió a aplazarlo a este lunes después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con irse, si no se les daba más tiempo estudiar un asunto de gran "complejidad" y "relevancia" que habían conocido apenas 24 horas antes. De haberse marchado, habrían impedido el 'quorum' de al menos 8 magistrados que se exige para que el Pleno quede constituido.
Podemos ve "mala señal" que el TC admita el recurso del PP: Hay intención de "proseguir con el golpe a la democracia"
Podemos ha calificado de "muy mala señal" la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso del PP para paralizar la reforma que se tramita en las Cortes Generales para desbloquear su renovación, dado que "todo indica que el ala derecha" del organismo "tiene intención de proseguir con su golpe a la democracia parlamentaria".
Así lo han indicado fuentes de la formación morada tras conocer que, además de evaluar el recurso contra las dos enmiendas que modifica el sistema de elección, rechaza también las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra dos magistrados: el presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez.
Una decisión que, según fuentes jurídicas, se han adoptado por seis votos (los de la mayoría conservadora) frente a cinco (los de la minoría progresista).
Desde Podemos han recalcado que si finalmente un TC "constitucionalmente caducado" se atreve "por primera vez en 40 años" de democracia a intervenir en el "proceso de producción de leyes del legislativo, se "estaría cruzando una línea roja de gravísimas consecuencias".
Esta mañana la coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, ha demandado al Constitucional que no actúe de forma "antidemocrática" y finalmente no suspenda cautelarmente la reforma. No obstante, ha desgranado que si finalmente resuelve en ese sentido, las Cortes Generales tienen argumentos jurídicos suficientes para no atender esa paralización.
También ha denunciado que este conflicto revela un "golpe blando" a la democracia que podría perpetrar el "aparato de la derecha judicial". Jacinto ha desgranado que se trata de una vulneración de la separación de poderes y cruzar una "línea roja" que amenazaría las bases del sistema democrático.
"ES DE UNA GRAVEDAD INUSITADA"
En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PCE, Enrique Santiago, que ha censurado que los dos magistrados del TC hayan podido votar su propia recusación, un hecho que ha valorado de "absolutamente inédito" en la democracia española.
Según ha explicado en una entrevista este lunes, tras conocer que el TC ha admitido el recurso del PP, este hecho "no está previsto en el orden español sino que está previsto lo contrario, abstenerse".
Asimismo, ha insistido en que tampoco cabe un "recurso de amparo" en esta materia como el que ha interpuesto el PP porque este tipo de recurso es "para proteger un derecho fundamental".
"Es decir, el PP para proteger su supuesto derecho fundamental vulnerado de la participación política de sus ciento y pico diputados, sumando toda la derecha, pide al TC que suspenda el derecho de participación política de la mayoría parlamentaria. No tiene ni pies ni cabeza", ha reclamado.
En otro punto, aunque no ha querido pronuciarse sobre si cree que el órgano de garantías impedirá que el Senado vote el sistema de elección del propio TC, sí ha recalcado que espera que "no se le ocurra vulnerar el artículo 66 de la Constitución" que establece la inviolabilidad de las Cortes Generales. "Solo Tejero impidió el funcionamiento del Congreso", ha apostillado.
Por su parte, el portavoz de los comuns y diputado en el Congreso Joan Mena ha asegurado en un mensaje en la red social Twitter, que es un "mal día para ser demócrata" y que el presidente del TC, es como "Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como", en referencia al rechazo de la recusación interpuesta por UP y PSOE.
También el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se ha expresado en la misma línea y ha reclamado que es un "fatídico día" para los demócratas.
A su juicio, el "golpe" del Tribunal Constitucional "contra el pueblo avanza" y la separación de poderes "retrocede", ha publicado en Twitter.
El PP ve una "buena noticia" la decisión del TC, que "no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno"
El Partido Popular considera una "buena noticia" la decisión del Tribunal Constitucional admitiendo el recurso de su partido y rechazando apartar a dos magistrados, aunque sigan "aguardando el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión". A su entender, con este paso el tribunal de garantías "no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno".
Así se han pronunciado después de que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) haya acordado admitir a trámite el recurso del PP contra las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y rechazar las recusaciones de Unidas Podemos (UP) y PSOE contra dos magistrados; adentrándose ahora en el debate sobre la petición del PP para suspender urgentemente la tramitación de esas dos enmiendas en el Senado.
Fuentes del PP han señalado que siguen "aguardando el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión", pero han señalado que "la decisión que ha trascendido es sin duda una buena noticia" para la democracia española, "para la garantía de los derechos de los representantes de los ciudadanos" y para España.
El líder de Vox, Santiago Abascal, teme que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desoiga la decisión del Tribunal Constitucional y se "perpetúe" tras haberse paralizado la tramitación en el Senado de la reforma que busca renovar el órgano de garantías, y ha avisado que su formación seguirá trabajando para "detenerlo" con una moción de censura y más acciones judiciales.
Según ha escrito en un mensaje en Twitter, la decisión del TC "debería detener, de momento, el asalto de Sánchez" pero "no hay nada ganado, porque sigue con su plan de perpetuarse". "Es capaz de desoír al Tribunal".
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha calificado de "grave hecho" que por primera vez en la historia del país, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), los "representantes del pueblo han visto parcialmente suspendida su actividad legislativa", si bien ha proclamado que la "democracia prevalecerá".
En este sentido, según ha señalado fuentes de su entorno a Europa Press, Díaz ha garantizado que la "democracia prevalecerá" y que tanto ella como el Gobierno van a seguir trabajando "del lado de la democracia, del Estado de Derecho y de las instituciones". De esta forma, deslizaba la postura tendente a acatar la decisión del alto tribunal.
"Lo vamos a hacer con diálogo, con serenidad y con política constructiva", han añadido las citadas fuentes para recalcar que esta situación es el "resultado de un proceso de deterioro" de las instituciones.
Una deriva generada por "la captura de intereses partidistas de la cúpula judicial y de la resistencia del PP a cumplir con la Constitución".
Fuentes de su entorno ya indicaban a lo largo del día que se desmarcan de la opción de desoír la resolución del TC, como habían apuntado desde Podemos y algunas voces del espacio confederal, y recalcan que se aceptará desde el Gobierno la decisión que adopte el alto tribunal, reservándose el derecho de recurrir en las instancias jurídicas europeas por parte de Unidas Podemos.
El dirigente de IU y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha pedido actuar "con firmeza", tanto desde iniciativas legislativas, recursos ante los tribunales y movilizaciones ciudadanas ante la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la tramitación en el Senado de la reforma que desbloqueaba su renovación.
IU: SE HA VULNERADO "LAS GARANTÍAS DEL ESTADO DE DERECHO"
IU ha censurado que el TC haya impedido hoy "que la voluntad popular se exprese por los cauces democráticos, esto es mediante el proceso legislativo que corresponde al Congreso y al Senado, negando el derecho que tiene la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a partir de sus representantes elegidos".
Y es que esta decisión, a su juicio, "vulnera todas las garantías que el Estado de Derecho reconoce a cualquiera de las partes en procedimientos de este tipo, generando una total indefensión al no dar trámite de audiencia ni al Congreso ni al Senado".
En un comentario en su perfil de Twitter, Santiago ha lanzado que el órgano de garantías "vulneró la soberanía popular" al decretar la paralización urgente de la proposición de ley, a raíz del recurso planteado por el PP. De hecho, Santiago ha afirmado que el fallo del TC supone "una agresión a la democracia por quien debe protegerla".
"Procede actuar con firmeza: recurso ante los tribunales, iniciativa legislativa y llamamiento a la ciudadanía a que defienda la democracia y exija a la derecha que cumpla la Constitución".
Mientras, el secretario de Organización de IU, Ismael González, proclamaba en redes el artículo 66 de la Constitución, que fija que las Cortes generales representan al pueblo español y son "inviolables".
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado este lunes que el Tribunal Constitucional (TC) suspenda de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha reclamado al Gobierno que acepte las reglas de la democracia.
"Gana la democracia y pierde Sánchez", ha asegurado la líder de Ciudadanos en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha apuntado que "es una gran noticia que el atropello de PSOE y Podemos a los derechos de los diputados sea frenado por el Tribunal Constitucional".
"El Gobierno y los partidos que lo apoyan deben acatarlo y aceptar las reglas de la democracia", ha recordado Arrimadas en las redes sociales.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha cargado este lunes contra el Tribunal Constitución (TC) después de que suspendiera de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
Con esta decisión, según el diputado, se consume "el atropello democrático" provocado por el órgano de garantías. "Unos magistrados que se saltan la ley amordazan a las Cortes elegidas por voto popular. Hay que defender la democracia", ha escrito en un mensaje publicado en la red social Twitter.
Más País ha registrado en el Congreso una reforma de la Ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional (TC) que habilita al Ejecutivo o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a designar miembros del órgano de forma separada si pasados tres meses desde la renovación no se han ejercido los relevos.
Así consta en la iniciativa impulsada por el diputado y líder de la formación, Íñigo Errejón, y que ha desvelado poco después de que el órgano de garantías haya suspendido la tramitación parlamentaria, en este caso en el Senado, de la reforma que desbloqueaba su renovación. "No van a poder con la soberanía popular", ha zanjado el propio Errejón en redes.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se plantea suprimir la atribución actual del Tribunal Constitucional para ejercer un control adicional sobre los miembros designados por los órganos competentes, dado que esa supervisión tiene "poca utilidad", ya que esos perfiles son evaluados por los órganos que las designan y se refuerza el control conferido a cada institución proponente.
El principal cambio planteado por Más País es introducir la posibilidad de que el Gobierno y el Poder Judicial puedan renovar el tribunal de garantías de forma desacompasada, pasados tres meses desde la fecha en la que se debería haberse producido el relevo de sus miembros.
Además, se añade un apartado que añade como causa de cese de un magistrado del Tribunal Constitucional el no reunir los requisitos mencionados en el artículo 159.2 de la Constitución. Ese apartado de la carta magna especifica que los miembros del TC deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos y abogados, todos ellos con la condición de ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.
La proposición argumenta que estos meses se ha visto una situación que afecta al tercio de miembros del TC que deben ser elegidos por el Gobierno y por el CGPJ, dado que existe una "dilación" del órgano de gobierno de los jueces que compromete la llegada al tribunal de garantías elegidos ya por el Ejecutivo.
De esta forma, argumenta que se "está comprometiendo que se cumpla el mandato constitucional" y, por ello, la reforma que proponen busca "agilizar y facilitar dicha renovación y, así, minimizar el grado de incumplimiento y la interinidad a la que puede ser sometido el Tribunal Constitucional por un bloqueo partidista".
La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha denunciado que la "derecha política y judicial" consuma "un golpe sin precedentes a la democracia", tras suspender el Tribunal Constitucional la tramitación parlamentaria de la reforma que desbloqueaba su renovación.
Así ha reaccionado tras conocer que el alto tribunal ha acordado suspender de forma urgente abordar en el Senado las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
"El ala derecha del Tribunal Constitucional impide una votación democrática en la sede de la soberanía popular. La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia. Toca demostrar que los demócratas somos más".
Ya el sábado y durante el Consejo Ciudadano estatal del partido, reivindicó que el Gobierno debía tomar las acciones si se consumaba la "estrategia golpista" de la derecha con todos los resortes al alcance del Estado de Derecho.
El presidente del grupo confederal, Jaume Asens, ha aseverado que la decisión del TC de impedir una "votación democrática en el Senado" hoy es un "error", pero "mañana será la vergüenza para toda Europa".
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha calificado de "golpe consumado" la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de forma urgente de la tramitación parlamentaria en el Senado de la reforma que busca renovar el órgano de garantías y ha asegurado que, en todo caso, son los jueces con un mandato caducado quienes tienen una "actitud sediciosa".
En una entrevista en RNE, Asens ha esgrimido que este hecho es "la primera vez que sucede en España y en la Unión Europea" y representa un "golpe consumado contra el pueblo y la separación de poderes", por lo que, a su juicio, España está más cerca de convertirse en "Hungría y Polonia" con una democracia "tutelada por poderes ultras que se han atrincherado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el TC".
En opinión del diputado, el Constitucional está diciendo al Poder Legislativo si puede "legislar o no". Dicho esto, el presidente del grupo parlamentario de UP ha hecho hincapié en que la democracia es "muy fuerte", va a "resistir y prevalecerá".
Preguntado sobre si apuesta por la desobediencia ante la decisión del TC, Asens ha aclarado que no está de acuerdo con el marco de la desobediencia y que precisamente son "los jueces los únicos que están desobedeciendo el mandato de las urnas".
"Este tipo de golpes silenciosos y sin armas pueden ser igual de eficaces a la hora de romper las reglas del juego democrático", ha apostillado Asens, que ha incidido en la necesidad de "sentarse" y "ver qué hacer" en este "momento delicado".
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, considera que con su decisión de invadir "la soberanía parlamentaria" al paralizar la tramitación en las Cortes de la reforma de las enmiendas relativas a su propia renovación, el Tribunal Constitucional demuestra que ha sido utilizado "para hacer política" y ha perdido toda su "credibilidad".
"Lo imposible", como en la peli: parece que arrasará todo", ha lamentado Esteban en un mensaje de Twitter escrito tras conocer que el TC ha aceptado las medidas cautelarísimas solicitadas por el Grupo Popular.
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha calificado como "verdadero golpe blando judicial" la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de las enmiendas relativas a su propia renovación, ahora en trámite en el Senado. "Algunos aplaudieron cuando lo hizo en Cataluña en 2017", ha apuntado, en referencia al PSOE, antes de añadir que "ahora todos sufrimos las consecuencias".
Rego ha utilizado su cuenta de Twitter para opinar sobre la resolución adoptada a última hora del lunes por el tribunal de garantías dando vía libre a las cautelarísimas solicitadas por el Grupo Popular.
"Esto es muy grave, un verdadero golpe blando judicial. Que el Constitucional impida debatir y votar una ley en un parlamento es la antítesis de la democracia".
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este lunes que "la derecha españolista secuestra las instituciones", después que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido la tramitación parlamentaria de la reforma que desbloqueaba su renovación.
"Usaron a Cataluña como banco de pruebas y hoy, envalentonados, lo aplican en todos lados. La derecha españolista secuestra las instituciones y solo lo superaremos con una agenda valiente y progresista y donde Cataluña sea definitivamente una república soberana", ha expresado en un apunte en Twitter.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso del PP contra las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y rechazar las recusaciones de Unidas Podemos (UP) y PSOE contra dos magistrados; adentrándose ahora en el debate sobre la petición del PP para suspender urgentemente la tramitación de esas dos enmiendas en el Senado.
Según las fuentes jurídicas, por 6 votos (los de la mayoría conservadora) frente a 5 (los de la minoría progresista), se ha admitido a trámite el recurso del PP.
Inmediatamente después, se han admitido también las personaciones reclamadas por UP y PSOE en sendos escritos. Y, posteriormente, los magistrados han resuelto --también por una mayoría de 6 a 5-- no aceptar las recusaciones lanzadas por ambos partidos contra dos magistrados, esgrimiendo una cuestión ténica: que la relación jurídico-procesal aún no está constituida.
Las mismas fuentes apuntan que tras ello los magistrados se adentran ahora en el debate sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular en su recurso, con las que pide paralizar la tramitación parlamentaria de ambas enmiendas, que se encuentran ya en el Senado, después de que el pasado jueves quedaran aprobadas en el Congreso de los Diputados, junto a la proposición de ley para derogar la sedición en la que se incluyen.
Si el TC accede a estas medidas cautelarísimas, será una situación inédita, ya que en sus más de 40 años de historia la corte de garantías nunca ha frenado un debate en las Cortes Generales.
Estas primeras decisiones llegan tras más de cinco horas de debate en un Pleno extraordinario de gran intensidad donde el principal escollo ha sido la recusación lanzada inicialmente por UP contra González-Trevijano y Narváez al considerar que tienen "interés directo" en paralizar esta reforma porque serían reemplazados por los candidatos nominados por el Gobierno si sale adelante la modificación planteada.
A la recusación 'morada' se sumó posteriormente el PSOE, en uno de los casi veinte escritos que los partidos políticos --incluidos PP y Vox-- han presentado desde el pasado viernes a raíz de la impugnación formulada por los 'populares'.
Cabe recordar que el Pleno del TC ya se reunió con carácter urgente el pasado jueves, pero entonces González-Trevijano accedió a aplazarlo a este lunes después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con irse, si no se les daba más tiempo estudiar un asunto de gran "complejidad" y "relevancia" que habían conocido apenas 24 horas antes. De haberse marchado, habrían impedido el 'quorum' de al menos 8 magistrados que se exige para que el Pleno quede constituido.
Errejón ironiza sobre la "imparcialidad" de los magistrados del TC tras aceptar el recurso del PP: "Vergonzoso"
El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha ironizado este lunes sobre la "imparcialidad" de los magistrados del Tribunal Constitucional que han admitido a trámite el recurso del PP contra las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al órgano de garantías que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los dos magistrados del Tribunal Constitucional con el mandato caducado votan en contra de su propia recusación. La imparcialidad de quien es juez y parte. Vergonzoso.
— Íñigo Errejón (@ierrejon) December 19, 2022
El Pleno del TC también ha rechazado las recusaciones de Unidas Podemos (UP) y PSOE contra dos magistrados; adentrándose ahora en el debate sobre la petición del PP para suspender urgentemente la tramitación de esas dos enmiendas en el Senado. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, por 6 votos (los de la mayoría conservadora) frente a 5 (los de la minoría progresista), se ha admitido a trámite el recurso del PP.
"Los dos magistrados del Tribunal Constitucional con el mandato caducado votan en contra de su propia recusación", ha criticado el diputado de Más País en un mensaje en la red social Twitter, en el que ha criticado también "la imparcialidad de quien es juez y parte". "Vergonzoso", ha añadido.
Las mismas fuentes apuntan que tras ello los magistrados se adentran ahora en el debate sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular en su recurso, con las que pide paralizar la tramitación parlamentaria de ambas enmiendas, que se encuentran ya en el Senado, después de que el pasado jueves quedaran aprobadas en el Congreso de los Diputados, junto a la proposición de ley para derogar la sedición en la que se incluyen.
Si el TC accede a estas medidas cautelarísimas, será una situación inédita, ya que en sus más de 40 años de historia la corte de garantías nunca ha frenado un debate en las Cortes Generales.
El Grupo Socialista en el Senado ha presentado un escrito de recusación al Tribunal Constitucional (TC) contra su presidente Pedro
José González-Trevijano Sánchez y el magistrado Antonio Narváez Rodríguez, para intentar frenar el recurso del PP y que se permita que el Senado tramite la reforma del Código Penal.
Este escrito de recusación se suma al presentado por el PSOE en el Congreso y al de Unidas Podemos, para que la reforma del Código Penal, que cambia las mayorías precisamente para el Tribunal Constitucional, deroga el delito de sedición y toca el de malversación, pueda seguir su curso parlamentario en el Senado.
Según el escrito que ha presentado el grupo dirigido en el Senado por Eva Granados, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas han explorado esta vía de pedir que se retire a Trevijano y Narváez, desdeñando su imparcialidad, para intentar frenar la petición del PP.
Además, alegan que la Comisión de Justicia del Senado ya ha dado luz verde al calendario de tramitación de la reforma del Código Penal, que mañana viviría su primer examen en Comisión y el jueves 22 de diciembre se vería en Pleno.
Es más, explican que la Mesa del Senado tiene que decidir mañana sobre los escritos remitidos por PP y Vox para intentar paralizar esta tramitación.
"En el caso que nos ocupa y como sabe el grupo recurrente existen escritos pendientes de resolución por parte de los órganos de gobierno de ambas Cámaras que afectan al procedimiento legislativo en curso y que, por tanto, permiten afirmar que los actos relacionados con esta tramitación no son firmes, sin concurrir, por ello, el requisito de procedibilidad para la interposición del presente recurso", alega el escrito del PSOE
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Felipe Sicilia, también ha pedido personarse en el Tribunal Constitucional para defender los acuerdos adoptados por la mesa de la comisión que han sido cuestionados por el PP en el recurso de amparo contra al reforma judicial que PSOE y Unidas Podemos introdujeron vía enmienda en la ley para suprimir el delito de sedición.
En su escrito, recogido por Europa Press, Sicilia recuerda que el PP recurre dos acuerdos adoptados por la Mesa del Comisión de Justicia que él preside, la admisión de las enmiendas de la reforma judicial y la posterior negativa a reconsiderar esa decisión.
Por ello, entiende que debe ser escuchado por el Tribunal Constitucional antes de decidir sobre la paralización de la reforma que reclama el PP.
"Ante la medida cautelarísima solicitada, y aun cuando no se me ha dado traslado de este ni emplazado para comparecer en el proceso, siendo evidente mi interés legítimo como parte en el mismo, solicito que se me tenga por personado, comparecido y parte en el presente procedimiento que consta en el encabezamiento de este escrito", señala en su documento.
En su defensa, Felipe Sicilia considera que su obligación es defender los acuerdos adoptados por la Mesa que preside y subraya que la tramitación de la proposición de ley "se desarrolló de acuerdo con todas las previsiones constitucionales y reglamentarias".
Y DE PASO, RECUSAR A LOS MAGISTRADOS QUE SE QUIERE RENOVAR
A su juicio, la adopción de una medida cautelarísima como la que busca el PP "supondría una vulneración de la autonomía parlamentaria pues conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de Gobierno de la Cámara y la mayoría de los diputados que han votado y aprobado los textos en las distintas fases del procedimiento legislativo".
Pero, además, aprovecha para pedir la recusación de los magistrados del TC Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez al considerar que tienen "interés directo o indirecto en el pleito o causa" porque son los dos miembros del Tribunal que en su día fueron nombrados por el Gobierno del PP y cuya renovación y salida del tribunal pretende la reforma judicial cuestionada.
El Tribunal Constitucional (TC) ha comenzado a las 10.00 de este lunes el Pleno donde decidirá si admite el recurso de amparo presentado por el PP donde pide suspender la tramitación parlamentaria de dos enmiendas por las que se reforma el sistema de elección y llegada al propio TC de los dos candidatos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una suspensión que podría evitarse si los magistrados siguen las vías apuntadas por Unidas Podemos (UP).
Según el orden del día facilitado por la corte de garantías, los once magistrados comenzarán con la deliberación y votación sobre la admisión a trámite del recurso 'popular' para seguir con el debate sobre las medidas cautelarísimas reclamadas por el partido político para impedir que la reforma quede aprobada el próximo jueves en el Senado.
Según las fuentes jurídicas consultadas, los seis magistrados de la mayoría conservadora se inclinan por dar vía libre a la suspensión de la tramitación parlamentaria, aunque algunas voces advierten de que hay "entusiasmos distintos", mientras que los cinco magistrados de la mayoría progresista no ven con buenos ojos la injerencia en el Poder Legislativo.
Las fuentes apuntan que el debate podría situarse en las recusaciones planteadas por UP contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez --situados ambos en el bloque mayoritario--. El partido 'morado' cree que tienen un "interés directo" porque serían los dos magistrados reemplazados por los dos aspirantes nominados por el Gobierno --el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-- si la reforma queda aprobada.
Y ello porque, si González-Trevijano y Narváez no se apartan voluntariamente, se abre un incidente de recusación que tiene un efecto suspensivo sobre el conjunto del procedimiento hasta que quede resuelto, para lo cual hay una tramitación concreta que contempla plazos de varios días, un paréntesis durante el cual daría tiempo a que el Senado aprobara en su Pleno del próximo jueves la proposición de ley que elimina la sedición y todas sus enmiendas, incluidas esas dos.
En consecuencia, las recusaciones se han convertido en la principal baza para lograr que el Parlamento apruebe la reforma antes de que el Constitucional pueda evitarlo. Pero, para llegar a este escenario, las fuentes subrayan que deben darse dos condiciones: que el Pleno acceda a debatir la petición 'morada' de apartar a González-Trevijano y Narváez, y que lo haga antes de analizar las medidas cautelarísimas.
En esta tesitura, el primer escollo es el orden del día. En él no figura la cuestión de las recusaciones, por lo que, en el caso de que los magistrados progresistas plantearan tratarlas, la decisión competería a González -Trevijano en calidad de presidente. A este respecto, las fuentes recuerdan que, aunque la costumbre es respetar el sentir mayoritario, en realidad no le vincula, de modo que puede decidir lo que considere oportuno.
Resuelto esto, el segundo obstáculo sería el cuándo discutirlo. Unas fuentes sostienen que el asunto de las recusaciones debería abordarse después de resolver la admisión del recurso 'popular' y antes de debatir la paralización de la tramitación parlamentaria. Sin embargo, otras entienden que el carácter especialmente urgente de las medidas cautelarísimas es razón suficiente para resolverlas antes de discutir las recusaciones.
A ello algunas fuentes añaden que la petición de apartar a González-Trevijano y Narváez se hace en un escrito donde Unidas Podemos solicita personarse --misma petición que ha hecho el PSOE en un escrito propio--, por lo que sostienen que hasta que el TC resuelva la cuestión de la personación ninguno de los dos son parte del procedimiento y no sería posible estudiar las reclamaciones que hacen, entre ellas las recusaciones.
En las últimas horas, UP ha presentado un nuevo escrito donde pide al TC que plantee una cuestión prejudicial al TJUE para que el tribunal comunitario aclare si González-Trevijano y Narváez deberían abstenerse, una segunda vía que conduciría igualmente a la suspensión del procedimiento hasta que esta pregunta obtenga respuesta. Desde el viernes, el TC ha recibido hasta 8 nuevos escritos firmados por UP, PSOE, PP y Vox.
"PERTURBACIÓN GRAVE"
Además, algunas fuentes hacen hincapié en que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) avala la suspensión, total o parcial, de los efectos de las decisiones recurridas "siempre y cuando (...) no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona".
Al hilo, recalcan que en sus más de 40 años de historia el TC nunca ha impedido discutir y votar en las Cortes Generales, por lo que sería una medida inédita que --alegan-- sí provocaría una "perturbación grave" por la interferencia en el Poder Legislativo y la afectación a los derechos del resto de diputados y de los ciudadanos a los que representan.
Con todo, las fuentes admiten que la cantidad de factores que podrían acabar influyendo en la decisión final hace difícil prever cuál será, por lo que todo dependerá de cómo discurra el debate entre los magistrados.
Cabe recordar que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la proposición de ley con sus enmiendas después de que el presidente del TC optara por suspender el Pleno extraordinario de ese día y convocar otro para este lunes.
De acuerdo con fuentes de la corte de garantías, lo hizo después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con no deliberar ni votar, si no se les daba más tiempo para estudiar un asunto de gran "complejidad" y "relevancia" que habían conocido apenas 24 horas antes. De haberse marchado, habrían impedido el 'quorum' de al menos 8 magistrados que se exige para que el Pleno quede constituido válidamente.
El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha registrado a primera hora de este lunes ante el Tribunal Constitucional un escrito de solicitud de presentación de una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que, entre otras cuestiones, establezca si los magistrados Pedro José González-Trevijano Sánchez y Antonio Narváez Rodríguez deben abstenerse de modo automático, y si, de incumplirlo, se sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de las actuaciones.
"Resulta del todo incuestionable que quien tiene su mandato caducado es afectado directo por la norma cuya tramitación han impugnado los recurrentes y ello es así por el simple hecho que de promulgarse dicha reforma legal dejarán de ser miembros del Tribunal Constitucional y, por tanto, perderán su actual posición, emolumentos y prerrogativas así como el poder de decidir en el sentido que consideren o al que se hayan comprometido", explica el texto.
Entre las cuestiones prejudiciales que pretenden trasladar a la justicia europea con este escrito está también conocer si el "incumplimiento" del mencionado deber de abstención por parte de los magistrados implicados "sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de actuaciones", teniendo presente que el derecho reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según consolidada jurisprudencia del propio TJUE, "no es un derecho limitable salvo las excepciones previstas en el artículo 52 de la propia Carta".
Cabe recordar que las cuestiones prejudiciales, una vez planteadas y admitidas, tienen un efecto suspensivo sobre la resolución del fondo del asunto. Unidas Podemos ya presentó la semana pasada un escrito donde acusaba a estos dos magistradas y fuentes jurídicas explicaban a Europa Press que de discutirse este lunes estas recusaciones tendrían también un efecto suspensivo.
Unidas Podemos busca también que la alta instancia judicial de la UE deje "meridianamente claro" cómo debe aplicarse la abstención de magistrados, en concreto en el Constitucional, "que es el último órgano decisorio en vía interna de un Estado miembro" o si esa abstención "es un deber de carácter absoluto y automático cuando concurran las circunstancias legalmente previstas en el ordenamiento interno".
El escrito --firmado por los diputados Jaume Asens, Pablo Echenique, Txema Guijarro y Enrique Santiago-- también pide al Constitucional que plantee a la instancia judicial europea si "debe entenderse que el 'tener interés directo o indirecto en el pleito o causa' también concurre cuando del resultado del pleito conlleve la promulgación o no de una nueva normativa que afecte directamente a los intereses personales, económicos y profesionales del juez o magistrado llamado a resolver, aun cuando esa afectación no se produzca de manera automática sino como consecuencia de lo que vaya a resolver", en clara referencia a lo que afecta a los citados magistrados del Alto Tribunal español.
Desde UP justifican la presentación de estas cuestiones de prejudicialidad al TJUE porque "todo procedimiento nacional está sujeto, de una u otra forma al derecho de la Unión Europea". Partiendo del hecho de que el presente procedimiento se encuentra sometido al derecho de la Unión, el escrito advierte de que es "un caso único en el cual un poder del Estado tiene en sus manos privar de sus competencias a otro poder del Estado y, todo ello, en un caso que afecta directa e irremediablemente, tanto en lo personal como en lo profesional, a una serie de miembros del propio órgano llamado a resolver sobre el asunto".
Unidas Podemos señala directamente que el PP lo "único que pretende" con su actuación ante el TC es que se suspenda la tramitación de una reforma legal que afecta "directa, personal y profesionalmente" a algunos miembros del Tribunal Constitucional que "no parecen dudar de que la obligación de imparcialidad que también les afecta a ellos no es de aplicación al presente caso omitiendo que, en realidad, es una causa impeditiva de sus respectivas participaciones en la resolución de este concreto procedimiento".
Con todo, los dirigentes de Unidas Podemos han advertido también que si el Constitucional se niega a tramitar las cuestiones prejudiciales solicitadas "dejará expuesto al Estado español a la reclamación de cualquier otro Estado miembro y, con ello, dejará el sistema jurídico y judicial a expensas de lo que, llegado el momento, interese a cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea".
SEGUNDO ESCRITO
Asimismo, desde Unidas Podemos, han presentado un segundo escrito en el que recuerdan al Tribunal Constitucional que se encuentra pendiente una resolución de reconsideración a la Mesa del Congreso, lo que supone que el recurso de amparo presentado por el Partido Popular para paralizar la reforma que permite el desbloqueo del propio tribunal es "claramente prematuro por no haber agotado la vía previa parlamentaria, lo que conlleva que debe ser inadmitido de plano".
El grupo confederal insiste, además, que es "evidente" la afectación del derecho a la participación política que conllevaría la suspensión jurisdiccional de una iniciativa parlamentaria y recuerda que el recurso inicial del PP hacía referencia a la necesidad de la petición cautelarísima por la votación en el Congreso, la cual ya ha tenido lugar, lo que hace perder el objeto de dicha petición que debe ser inadmitida. También recuerdan que en 2007 dos magistrados se abstuvieron de debatir y votar un recurso sobre la reforma de la LOTC, un supuesto muy similar al actual.
El Tribunal Constitucional (TC) celebrará este lunes un Pleno extraordinario para abordar el recurso de amparo presentado por el PP donde pide suspender la tramitación parlamentaria de dos enmiendas por las que se reforma el sistema de elección y llegada al propio TC de los dos candidatos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una suspensión que podría eludirse si los magistrados deciden debatir las recusaciones lanzadas por Unidas Podemos (UP).
Los once magistrados del TC están citados a las 10.00 horas de hoy para un Pleno extraordinario que contempla en su orden del día la deliberación y votación sobre la admisión a trámite del recurso 'popular' y las medidas cautelarísimas reclamadas por el partido político para impedir que la reforma quede aprobada el próximo jueves en el Senado.
Según las fuentes jurídicas consultadas, los seis magistrados de la mayoría conservadora se inclinan por dar vía libre a la suspensión de la tramitación parlamentaria, aunque algunas voces advierten de que hay "entusiasmos distintos", mientras que los cinco magistrados de la mayoría progresista no ven con buenos ojos la injerencia en el Poder Legislativo.
Las fuentes apuntan que el debate podría situarse en las recusaciones planteadas por UP contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez --situados ambos en el bloque mayoritario--. El partido 'morado' cree que tienen un "interés directo" porque serían los dos magistrados reemplazados por los dos aspirantes nominados por el Gobierno --el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-- si la reforma queda aprobada.
Y ello porque, si González-Trevijano y Narváez no se apartan voluntariamente, se abre un incidente de recusación que tiene un efecto suspensivo sobre el conjunto del procedimiento hasta que quede resuelto, para lo cual hay una tramitación concreta que contempla plazos de varios días, un paréntesis durante el cual daría tiempo a que el Senado aprobara en su Pleno del próximo jueves la proposición de ley que elimina la sedición y todas sus enmiendas, incluidas esas dos.
En consecuencia, las recusaciones se han convertido en la principal baza para lograr que el Parlamento apruebe la reforma antes de que el Constitucional pueda evitarlo. Pero, para llegar a este escenario, las fuentes subrayan que deben darse dos condiciones: que el Pleno acceda a debatir la petición 'morada' de apartar a González-Trevijano y Narváez, y que lo haga antes de analizar las medidas cautelarísimas.
En esta tesitura, el primer escollo es el orden del día. En él no figura la cuestión de las recusaciones, por lo que, en el caso de que los magistrados progresistas plantearan tratarlas, la decisión competería a González -Trevijano en calidad de presidente. A este respecto, las fuentes recuerdan que, aunque la costumbre es respetar el sentir mayoritario, en realidad no le vincula, de modo que puede decidir lo que considere oportuno.
Resuelto esto, el segundo obstáculo sería el cuándo discutirlo. Unas fuentes sostienen que el asunto de las recusaciones debería abordarse después de resolver la admisión del recurso 'popular' y antes de debatir la paralización de la tramitación parlamentaria. Sin embargo, otras entienden que el carácter especialmente urgente de las medidas cautelarísimas es razón suficiente para resolverlas antes de discutir las recusaciones.
A ello algunas fuentes añaden que la petición de apartar a González-Trevijano y Narváez se hace en un escrito donde Unidas Podemos solicita personarse --misma petición que ha hecho el PSOE en un escrito propio--, por lo que sostienen que hasta que el TC resuelva la cuestión de la personación ninguno de los dos son parte del procedimiento y no sería posible estudiar las reclamaciones que hacen, entre ellas las recusaciones.
"PERTURBACIÓN GRAVE"
Además, hacen hincapié en que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) avala la suspensión, total o parcial, de los efectos de las decisiones recurridas "siempre y cuando (...) no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona".
Al hilo, recalcan que en sus más de 40 años de historia el TC nunca ha impedido discutir y votar en las Cortes Generales, por lo que sería una medida inédita que --alegan-- sí provocaría una "perturbación grave" por la interferencia en el Poder Legislativo y la afectación a los derechos del resto de diputados y de los ciudadanos a los que representan.
Con todo, las fuentes admiten que la cantidad de factores que podrían acabar influyendo en la decisión final hace difícil prever cuál será, por lo que todo dependerá de cómo discurra el debate entre los magistrados.
Cabe recordar que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la proposición de ley con sus enmiendas después de que el presidente del TC optara por suspender el Pleno extraordinario de ese día y convocar otro para este lunes.
De acuerdo con fuentes de la corte de garantías, lo hizo después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con no deliberar ni votar, si no se les daba más tiempo para estudiar un asunto de gran "complejidad" y "relevancia" que habían conocido apenas 24 horas antes. De haberse marchado, habrían impedido el 'quorum' de al menos 8 magistrados que se exige para que el Pleno quede constituido válidamente.
Unidas Podemos ha registrado este domingo un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre si dos magistrados del órgano judicial, Pedro José González-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez, deben abstenerse de modo automático por "falta de imparcialidad" ante el recurso de amparo presentado por el Partido Popular el pasado viernes para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio TC y demás enmiendas incluidas en la proposición de ley.
Con ello, el grupo parlamentario quiere conocer si "la abstención que se preceptúa en la norma nacional (artículo 217 LOPJ) para jueces y magistrados cuando concurra alguna causa de abstención, legalmente establecida, ha de ser de carácter automático o no", entre otras razones "para no entrar en conflicto con las previsiones establecidas en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea", expone en un comunicado UP.
El grupo parlamentario ya solicitó que ambos magistrados se apartaran de participar en "ninguna decisión" relacionada con las "maniobras de la derecha para torpedear la normal tramitación parlamentaria" de la proposición de ley orgánica pactada también con ERC cuyas enmiendas aprobó el Congreso el jueves y el martes votará el Senado.
El escrito lo firman Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario; Txema Guijarro, como secretario general, así como Pablo Echenique y Enrique Santiago en su calidad de portavoces del grupo.
Entre las cuestiones prejudiciales que pretenden trasladar a la justicia europea está también conocer si el "incumplimiento" del mencionado deber de abstención por parte de los magistrados implicados "sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de actuaciones" conforme al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Unidas Podemos ha pedido también al Constitucional que plantee a la instancia judicial europea si debe entenderse que el "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa" también concurre cuando del resultado del pleito conlleve "la promulgación o no de una nueva normativa que afecte directamente a los intereses personales, económicos y profesionales del juez o magistrado llamado a resolver, aun cuando esa afectación no se produzca de manera automática sino como consecuencia de lo que vaya a resolver".
AMPARO "PREMATURO"
El grupo Unidas Podemos ha señalado que el PP "lo único" que pretende con su actuación ante el TC es que se suspenda la tramitación de una reforma legal que "afecta directa, personal y profesionalmente a algunos miembros del Tribunal Constitucional".
Asimismo, ha alegado que el recurso de amparo presentado los 'populares' es "claramente prematuro" por no haber agotado la vía previa parlamentaria, lo que conlleva "que debe ser inadmitido de plano".
Además, Unidas Podemos ha insistido en que la petición inicial hacía referencia a una votación en el Congreso que ya tuvo lugar la semana pasada, lo que hace perder el objeto de dicha suspensión solicitada, que debe ser inadmitida.
El Partido Socialista además ha presentado también este domingo dos recursos ante el TC en el que se ha adherido a las recusaciones presentadas por su socio de Gobierno contra estos dos magistrados.
El PSOE ha presentado este domingo dos escritos ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar frenar que este órgano admita el recurso de amparo que el Partido Popular registró el pasado viernes con el que pretende que las Cortes no voten las enmiendas que buscan facilitar la renovación del propio órgano de garantías, y alega que parar la reforma vulnera derechos de los ciudadanos, según ha adelantado el Diario.es y han confirmado fuentes socialistas a Europa Press.
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y modifica la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero lo ha hecho en una votación en la que no han participado ni el PP ni Ciudadanos.
En concreto, la proposición de ley ha recabado el voto de 184 diputados de los partidos del Gobierno y de sus aliados parlamentarios, superando el listón mínimo de la mayoría absoluta (176) que requería por su carácter orgánico.
De su lado, Vox ha votado en contra, mientras que el PP y Ciudadanos han decidido no participar en la votación. Los 'populares' estaban en sus escaños pero no han apretado botón algún mientras que los 'naranjas' ni siquiera han entrado al Salón de Plenos para la votación.
Ahora la ley se envía al Senado para completar su tramitación. En la Cámara Alta se espera votar el próximo día 22 y los socialistas esperan que no haya cambios para que entre en vigor antes de Navidades.
El PSOE ha comparado el recurso del PP para suspender la votación de las enmiendas para desbloquear la renovación del TC con la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 e incluso ha acusado a los 'populares' de actuar como aquellos guardias civiles que irrumpieron en el hemiciclo, a lo que la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, le ha recordado que esa asonada se dio a un Gobierno de centro derecha presidido por Adolfo Suárez. "Debe revisar la historia y no intentar cambiarla".
En el debate del Congreso sobre la reforma penal para eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación, el diputado socialista Felipe Sicilia ha acusado al PP de que, al igual que cuando en el 81 "quiso parar un pleno y la Democracia por medio de tricornios", hoy pretendía pararla de nuevo pero esta vez con "togas". "Pero no lo han conseguido porque nuestra Democracia es fuerte y sólida", ha dicho.
Se refería al recurso elevado por el PP al Tribunal Constitucional y que buscaba paralizar el trámite de esta iniciativa legislativa por la vía de la cautelarísima. Sicilia ha indicado que no le cabe duda de que la razón verdadera por la que --el PP-- tiene bloqueado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el TC es "porque los usan como último recurso para ganar lo que pierden aquí --en la Cámara-- y en las urnas".
La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido la palabra al considerar que esas afirmaciones ofenden al decoro de la Cámara y ha acusado al PSOE de haber iniciado un proceso de memoria en el que pretenden "rescribir la historia democrática del país".
Y ha echado en cara al socialista que tenga una memoria "frágil" toda vez que cuando se produjo el golpe de Tejero en 1981 España era gobernada por el centro derecha. "Creo que debe revisar la historia y no intentar cambiarla", ha indicado entre gritos de la bancada socialista y aplausos de los 'populares', para terminar diciendo que el PSOE no podrá cambiar "el futuro de la historia que ustedes lamentablemente están rescribiendo".
INDIGNACIÓN EN EL PP TRAS EL DISCURSO DE SICILIA
Tras el discurso del socialista Felipe Sicilia, varios diputados del PP han expresado su indignación en los pasillos de la Cámara. "El PSOE ha llamado golpistas a los jueces. Es un salto cualitativo, una barbaridad", ha manifestado en privado una parlamentaria 'popular', que considera que el Partido Socialista "hoy se coloca contra el Estado".
En parecidos términos se han expresado otros diputados 'populares', que consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez está "desactivando y atacando al Estado y el discurso del "mamporrero" Sicilia es una "huida hacia adelante". "Se están cuestionando las instituciones y la democracia", ha añadido otro.
Fuentes del Grupo Popular advierten al PSOE de que "no todo vale" en la Cámara y no se puede "equiparar el TC al golpismo". "Hay que reflexionar sobre la forma en la que el Partido Socialista se refiere al PP. ¿Qué es lo siguiente? Un puñetazo?", resume un miembro de la dirección. "Hay mucha tensión en la Cámara. El ambiente es muy malo", añade otro, que urge a "bajar el tono" en los debates.
"¿HASTA DONDE VAMOS A LLEGAR?"
Algunos parlamentarios del PP han expresado su malestar con la intervención de Sicilia públicamente, como Edurne Uriarte, quien ha afirmado que con esas palabras "el PSOE se suma a Rufián y a Podemos en la equiparación del Constitucional con Tejero". "En esto se ha convertido el PSOE de Sánchez", ha resaltado en Twitter.
El diputado del PP por Valladolid Eduardo Carazo también ha censurado las palabras de Felipe Sicilia. "¿Hasta donde vamos a llegar?", se ha preguntado, para advertir el hecho de que el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, no se haya atrevido a salir a la tribuna de oradores. También el diputado riojano Javier Merino ha tildado de "barbaridad" que el diputado socialista haya acusado al PP de intentar "parar la democracia" con un golpe como el del 36 o con el de Tejero en 1981.
Los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional (TC) amenazaron con no participar en el Pleno extraordinario convocado para este jueves --lo que habría impedido el quórum necesario para deliberar y votar--, si no se les daba más tiempo para estudiar a fondo el recurso de amparo presentado por el PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio TC, razón por la cual finalmente el presidente, Pedro González-Trevijano, aplazó el cónclave al lunes.
Según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press, la sucesión de acontecimientos comenzó el miércoles por la mañana, cuando el PP presentó su recurso de amparo con la petición de suspensión. A partir de ahí, la maquinaría del TC se puso en marcha, decidiéndose, tras una conversación entre González-Trevijano y el vicepresidente, Antonio Xiol, convocar un Pleno extraordinario para este jueves a fin de evitar que las medidas cautelarísimas perdieran su objeto.
La ponencia recayó sobre el magistrado Enrique Arnaldo y, a lo largo de la jornada, los magistrados fueron encargando a sus respectivos letrados los informes pertinentes, que empezaron a llegar a última hora de la tarde del miércoles y en sentido contradictorio, unos a favor y otros en contra de la suspensión cautelar, estando el de Arnaldo entre los favorables.
Ya en horas de la noche, entraban en el tribunal los escritos de PSOE y Unidas Podemos pidiendo rechazar la paralización preventiva de la tramitación parlamentaria y, en el caso de los 'morados', recusando además a González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez bajo el argumento de que, como son los dos magistrados llamados a ser reemplazados por los dos candidatos del Gobierno, tienen un "interés directo" en las enmiendas impugnadas, que buscan renovar el TC.
Las fuentes explican que los magistrados no tuvieron conocimiento de los escritos de PSOE y Unidas Podemos, así como del recurso de Vox --en la misma línea que el del PP--, hasta este mismo jueves por la mañana. Con tan poca antelación, Xiol planteó a González-Trevijano que los cinco magistrados del bloque progresista necesitaban tiempo para estudiar todos los recursos y escritos antes de poder deliberar y votar. En consecuencia, el inicio se pospuso a las 12.00.
Pero llegada la hora, los magistrados progresistas volvieron a transmitir al presidente que no era tiempo suficiente para analizar a fondo asuntos de tal importancia, por lo que no sentían cómodos votando en esas condiciones. Así las cosas, trasladaron a González-Trevijano que, si no se aplazaba el Pleno, se levantarían de la mesa y se irían sin votar.
DOS PAPELES Y UNA DECISIÓN
De haberse producido la escena descrita, --que algunas fuentes definen como "circo"--, el Pleno no se podría haber celebrado porque se necesita un mínimo de 8 magistrados --de los 11 que lo integran actualmente-- para constituirlo válidamente. En esta coyuntura, González-Trevijano les pidió que dejaran constancia por escrito de la situación.
Poco después, la magistrada María Luisa Balaguer, le entregaba un escrito que el presidente rechazó, por no plasmar expresamente que, si no se aplazaba el Pleno, se marcharían. En consecuencia, la misma magistrada volvió con una segunda versión donde se dejaba constancia de que la "complejidad" y "relevancia" del asunto requería un "estudio completo" y, sin "el tiempo indispensable" para ello, se les imposibilitaba "poder participar en la deliberación y votación".
González-Trevijano aceptó este segundo escrito y accedió a aplazar el Pleno al próximo lunes. Pese a ello, los 11 magistrados se reunieron más de una hora para analizar la situación en conjunto. Desde el bloque conservador, se manifestó la disposición a deliberar y votar, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Con todo, la decisión sobre la admisión del recurso del PP, sus medidas cautelarísimas y la eventual admisión del recurso de Vox y posible personación de PSOE y Unidas Podemos, así como las recusaciones contra el presidente y Narváez, han quedado pospuestas, al menos, hasta el 19 de diciembre.
El diputado del PSOE por Guipúzcoa Odón Elorza, ha recordado este jueves que él se desmarcó de la directriz marcada por el PSOE y no apoyó con su voto la elección de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, una discrepancia que le conllevó multa en el Grupo Socialista, y ahora ese magistrado es el ponente de recurso que los 'populares' han presentado para intentar paralizar la tramitación parlamentario de la reforma que busca desbloquear la renovación del Alto Tribunal.
"Confío mucho en el ponente, señor Arnaldo, por eso no le voté", ha ironizado Elorza en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre la posibilidad de que el Alto Tribunal acabe frenando el debate de las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos para facilitar la elección de los candidatos a magistrados del TC que corresponde al Gobierno, el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.
Elorza, que ha sido crítico con la celeridad con la que se ha tramitado la ley para la supresión del delito de sedición y, especialmente la reforma del de malversación, no ha querido extenderse sobre la situación planteada a raíz del recurso que el PP ha presentado ante el TC.
En este sentido, se ha limitado a señalar que, pase lo que pase "pierde la democracia" y ha aprovechado para recordar su decisión de no apoyar el nombramiento de Arnaldo que el Gobierno había pactado con el PP.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará un Pleno extraordinario el próximo 20 de diciembre, a las 17.00 horas, para votar a los candidatos que le corresponde designar para el Tribunal Constitucional.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han confirmado a Europa Press que en el orden del día consta el punto relativo al nombramiento de los magistrados al tribunal de garantías que han sido propuestos, en referencia a los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Lucas, pero podrán sumarse más aspirantes.
La convocatoria tiene lugar después de que ayer miércoles el bloque conservador del propusiera a Tolosa y Lucas para conseguir que el presidente interino, Rafael Mozo, convocara un Pleno extraordinario que permita votar y elegir a los dos nombres que debe designar el órgano de gobierno de los jueces antes del 22 de diciembre, cuando se prevé que quedará aprobada la reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos que favorecería al actual aspirante del sector progresista: José Manuel Bandrés.
César Tolosa es magistrado del Tribunal Supremo desde 2014. Actualmente, preside la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ingresó en la Carrera Judicial en 1982 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Molina de Aragón (Guadalajara). En 2004 fue elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cargo en el que permaneció hasta su nombramiento para el Supremo.
Pablo Lucas es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desde noviembre de 2001, fecha en la que ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio. Es el encargado de controlar la actividad del CNI y estaba en el primer listado de nueve candidatos dado a conocer por los vocales progresistas el pasado octubre.
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, ha convocado un Pleno extraordinario para mañana a las 10 horas para decidir si se admite el recurso del Partido Popular donde pide paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las enmiendas por las que se modifica el Poder Judicial.
Según ha informado este miércoles el TC, el objetivo de este Pleno es estudiar la admisibilidad del recurso en sí mismo y las medidas cautelarísimas que reclama el Partido Popular.
La impugnación de los 'populares' se dirige contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia adoptado el pasado lunes por el que se admitieron a trámite las enmiendas parciales 61 y 62 planteadas en el seno de la proposición de ley destinada a derogar la sedición y reformar la malversación.
También se dirige contra el acuerdo del presidente de la Comisión de Justicia del pasado martes con el que decidió no convocar a la Mesa para resolver la reconsideración planteada el día anterior por los diputados del PP contra el acuerdo de admisión a trámite de ambas enmiendas.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha señalado sobre la posibilidad de que cambien las mayorías para elegir en el Parlamento al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "están trabajando" para que no se puedan producir bloqueos en la renovación de los miembros.
"Estamos trabajando para que no se puedan producir estos bloqueos a los que antes me estaba refiriendo", ha trasladado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de si cambiarán las mayorías tal y como lo solicitan desde Unidas Podemos.
Concretamente, sobre si valoran un cambio normativo más allá del Tribunal Constitucional que afecte a la forma de elección desde el Congreso al Poder Judicial, la ministra portavoz ha señalado que de momento van "a dar solución al problema que tiene que ver con el TC", que "no es algo abstracto".
"Tiene que ver con los derechos y las libertades fundamentales, con el análisis de las leyes y su constitucionalidad", ha añadido a renglón seguido la ministra, que asegura que esta situación es una "absoluta anomalía".
En relación con los motivos que han llevado al Gobierno a cambiar las mayorías del TC, Isabel Rodríguez ha apuntado que el 6 de diciembre el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo en el Congreso que "iba a mantener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial decía para proteger a los jueces del Gobierno de España". Estas afirmaciones, según la portavoz, son muy "graves" y "denotan una falta de sentido de Estado absoluto".
"Lo que estábamos evidenciando en el seno también del propio Tribunal Constitucional, era la falta de voluntad y, por tanto, de la dilación. También el cumplimiento en la designación de los distintos vocales", ha añadido. Así, ha insistido que el Gobierno ha cumplido con su obligación proponiendo a sus dos magistrados al TC y ha recalcado que "nunca se contempló que hubiera una oposición que se negara a cumplir con la ley" al igual que "nunca se contempló que hubiera magistrados, operadores jurídicos, en este caso conservadores, que se negaran también a cumplir la ley".
Las negociaciones en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para designar a los dos aspirantes al Tribunal Constitucional (TC) que competen al CGPJ han encallado por cuanto los vocales progresistas insisten en mantener la candidatura del magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés y sus pares conservadores en reclamar otros nombres, lo que supone que, por ahora, el único acuerdo es celebrar una primera votación el próximo 22 de diciembre.
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, la serie de reuniones que se han sucedido desde que el Gobierno designara el pasado martes a sus dos aspirantes al Constitucional --el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-- han servido para que los portavoces progresistas y conservadores confirmen a la otra parte que se mantienen en las posiciones fijadas el 16 de noviembre.
Ese día, los vocales conservadores manifestaron a sus interlocutores la necesidad de cambiar el método de negociación. Planteaban que, en lugar de que cada bloque propusiera un candidato que fuera asumido automáticamente por el otro, ambas corrientes pusieran varios nombres sobre la mesa para elegir los dos aspirantes al TC de forma conjunta.
Este movimiento se produjo después de que el 3 de noviembre los vocales progresistas postularan a Bandrés, reduciendo así la lista de nueve candidatos que lanzaron el pasado octubre, por lo que desde este sector el cambio de reglas propuesto por los negociadores conservadores se percibe como un veto encubierto al magistrado del TS, ya que formalmente --apuntan-- no han formulado tacha alguna.
En esta coyuntura, la comisión negociadora --integrada por José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador; y Álvaro Cuesta y Roser Bach, del lado progresista-- se citó para el 30 de noviembre, el pasado miércoles, para intentar desatascar las conversaciones, pero dicho encuentro quedó eclipsado por la designación de Campo y Díez.
Los conservadores pidieron más tiempo a los progresistas para valorar el impacto de los nombramientos de Moncloa en las negociaciones del CGPJ y ese mismo día por la noche celebraron un cónclave interno en el que acordaron dejar la cuestión de Campo y Díez al margen --aunque algunos vocales creen que son perfiles excesivamente politizados que el Consejo debería compensar enviando al TC candidatos intachables desde la óptica de la imparcialidad--.
Resuelto el asunto de Campo y Díez, la comisión negociadora volvió a verse el jueves por la mañana. Los conservadores incidieron en reclamar a los progresistas más nombres, además de Bandrés, y estos últimos lo debatieron en una reunión interna esa misma tarde que acabó con la decisión de mantener la candidatura única de este magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
Así, este mismo viernes los vocales progresistas han trasladado a sus compañeros conservadores que no están dispuestos a debatir la "idoneidad y oportunidad" de la candidatura de Bandrés, ni tampoco la "idoneidad y oportunidad" de los aspirantes que pueda anunciar el sector conservador.
PRIMERA VOTACIÓN, EL 22 DE DICIEMBRE
Con todo, el único punto en el que ambos bloques coinciden a estas alturas es que el próximo 22 de diciembre habrá un Pleno ordinario en el CGPJ en el que se celebrará la primera votación sobre los nombramientos al Constitucional.
Los dos sectores del Consejo están dispuestos a votar, si bien desde ambas corrientes se advierte de que es posible que ese día no haya fumata blanca, lo que supondría postergar el eventual acuerdo a 2023. De ese Pleno, se espera que cada vocal proponga y vote lo que considere oportuno sin previo consenso, aclaran las citadas fuentes.
Aunque los vocales conservadores aún no han formalizado ningún nombre, según ha podido saber Europa Press manejan seis: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
No obstante, las fuentes consultadas indican que en realidad los mejor posicionados para conseguir el aval del conjunto del CGPJ son Tolosa y Pablo Lucas, el magistrado del TS encargado de controlar la actividad del CNI y que estaba en ese primer listado de nueve candidatos dado a conocer por los vocales progresistas.
LA RENOVACIÓN DEL TC
Entretanto, el Constitucional ha optado por esperar a que el CGPJ celebre su Pleno ordinario del 22 de diciembre, descartando así examinar ya por separado a los dos aspirantes del Ejecutivo para comprobar si cumplen los requisitos legales para acceder a la corte de garantías.
Campo y Díez vendrían a sustituir al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y a Antonio Narváez, pero aún quedaría por reemplazar al vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y a Santiago Martínez-Vares, ya que estos cuatro magistrados forman el tercio que la Constitución encomienda renovar a Gobierno y CGPJ y cuya renovación está pendiente desde el pasado 12 de junio.
Fuentes jurídicas señalan que en estos momentos hay posturas enfrentadas dentro del TC, con una que ve posible que los dos de Moncloa superen solos el 'placet' del Constitucional y renovar el tercio por mitades (de dos a dos); y otra que entiende que la Carta Magna impone que la renovación se haga con el tercio completo (los cuatro a la vez).
El Consejo de Ministros aprobará este martes los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), según ha adelantado El País y han confirmado fuentes del Gobierno y fuentes jurídicas a Europa Press.
El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a los dos candidatos al TC que le corresponde por cuota sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación.
En estos meses, el Ejecutivo ha fluctuado desde posiciones que, en un primer momento, contemplaban designar a sus dos candidatos para el TC, aunque el CGPJ no pudiera hacer lo mismo porque entonces la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se lo impedía, hasta otras en las que abogaba por dar un tiempo prudencial al órgano de gobierno de los jueces para que, ya recuperada la capacidad legal para hacerlo, nominara a su dupla para el TC.
Ahora que Moncloa ha optado por avanzar sin el CGPJ, deberá despejar la incógnita el Pleno del TC, ya que es quien debe dar el 'placet' a los seleccionados. En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los dos aspirantes del Ejecutivo superaran el filtro del Pleno sin los dos del CGPJ, porque --explicaban-- el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la LOPJ operada en marzo de 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.
Sin embargo, las mismas fuentes subrayan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.
DE UNA MAYORÍA CONSERVADORA A OTRA PROGRESISTA
Frente a esta tesis, otras fuentes consultadas por Europa Press sostienen que la Constitución no permite más interpretación que la de que la renovación se haga con el tercio completo (los 4 magistrados), porque lo contrario supondría 'de facto' hacerlo por sextos (2 magistrados).
Así las cosas, la llave del Pleno la tendrá la actual mayoría conservadora del TC, de 6 a 5, ya que la plaza del magistrado Alfredo Montoya --que debe cubrir el Senado-- sigue vacante.
Cabe recordar que, si el Gobierno finalmente decide nombrar por su cuenta, y logra el visto bueno del Pleno, la mayoría del Tribunal Constitucional cambiará porque González-Trevijano y Narváez, en su día postulados por el Ejecutivo de Rajoy, serían sustituidos por los dos que enviara el Gabinete de Sánchez, configurando una mayoría progresista de 7 a 4, a falta de los dos del CGPJ.
CAMPO Y DÍEZ
Campo salió del Gobierno tras la remodelación de Gobierno en la que Pedro Sánchez decidió prescindir de sus servicios en el Ministerio de Justicia para poner en su lugar a Pilar Llop y tras una época convulsa marcada por los indultos concedidos a los nueve condenados por sedición y malversación a causa del 'procés' y por las frustradas negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un asunto aún pendiente.
Una vez formalizado su cese como ministro de Justicia, Campo solicitó su reincorporación a la Audiencia Nacional para ocupar su plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, funciones que retomó el septiembre del año pasado. Eso sí, durante estos meses se ha apartado de las causas políticas por su anterior cargo político.
Díez Bueso ocupó hasta el pasado mes de abril el cargo de Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática tras haber pasado por el puesto de Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
El Tribunal Supremo (TS) ha acordado rechazar la medida cautelar en la que se solicitaba suspender a Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según ha informado el alto tribunal.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ya rechazó las medidas cautelarísimas solicitadas por el vocal Wenceslao Olea y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito, en sus respectivos recursos contra la entronización de Mozo.
El vocal y el secretario del CGPJ impugnaron el acuerdo adoptado el pasado 13 de octubre por el Pleno del CGPJ, con el que 16 de los 18 vocales ascendieron a Mozo como "presidente suplente" del Consejo por ser el vocal de mayor edad.
Esta decisión provocó una bicefalia en el Poder Judicial, ya que mientras Mozo ejerce de presidente interino del CGPJ el magistrado Francisco Marín Castán hace lo propio en el TS, dos cargos que en circunstancias normales ejerce la misma persona.
El conflicto sucesorio se desató el domingo 9 de octubre, cuando Carlos Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y del TS ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había advertido durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.
El Tribunal Supremo (TS) decidirá este miércoles si suspende a Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como pedía de forma cautelar el único vocal que votó en contra de su designación, Wenceslao Olea, y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito.
Está previsto que los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronuncien sobre la medida cautelar --y no aún sobre el fondo del asunto-- después de que el pasado octubre rechazaran la medida cautelarísima solicitada por Olea y De Benito en sus recursos.
Fuentes jurídicas señalan a Europa Press que justo antes de abordar las medidas cautelares la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidirá si ratifica la abstención de José Manuel Bandrés, que hizo este movimiento tras sufrir una especie de recusación por parte de De Benito, el cual apuntó a un posible conflicto de interés con este magistrado por ser el candidato de los vocales progresistas del CGPJ al Tribunal Constitucional (TC).
Olea y De Benito impugnaron el acuerdo alcanzado por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces para designar a Mozo --el vocal de mayor edad-- su "presidente suplente", por cuanto supuso dividir la jefatura del Poder Judicial, por cuanto el magistrado Francisco Marín Castán ejerce en funciones la Presidencia del TS desde que la renuncia de Carlos Lesmes de ambos cargos surtió efecto.
El conflicto sucesorio se desató el domingo 9 de octubre, cuando Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y del TS --cargos que ejerce la misma persona-- ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había advertido durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.
Lesmes intentó dejar atada su sucesión encargando al Gabinete Técnico del Supremo un informe en el que se avisaba que Marín Castán le reemplazaría automáticamente una vez consumada su renuncia, al ser él quien ejerce la Vicepresidencia del TS.
El CGPJ, sin embargo, designó a su propio presidente al considerar que Marín Castán carecía de legitimidad para asumir ambas presidencias porque ocupa la Vicepresidencia del Supremo de forma interina desde 2019. Por las mismas razones, los vocales concedieron que Mozo tampoco podrá actuar como máxima autoridad del TS.
EL ACUERDO DEL CGPJ IMPUGNADO
El acuerdo del Pleno que ha sido impugnado ante el Supremo salió adelante con 16 de los 18 votos en juego. Solamente contó con el rechazo expreso de Olea, que emitió un voto particular, mientras que la vocal Mar Cabrejas se ausentó específicamente de esta votación por no estar de acuerdo con la entronización de Mozo.
En su voto particular, Olea ya explicaba que, a su juicio, desdoblar las presidencias del CGPJ y del TS era ilegal porque la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) imponen que quien ejerza la del Supremo debe desempeñar también la del Consejo.
"Se está vulnerando nada más y nada menos que la Constitución", avisó Olea, que además de vocal del actual CGPJ es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Asimismo, puso de manifiesto que Mozo "no reúne ninguna" de las condiciones legales para erigirse como presidente, esto es, ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del TS y reunir los requisitos exigidos para ser presidente de Sala del mismo, o ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
Además, Olea advirtió de que con la designación de Mozo se ponía en juego la "legalidad" de los acuerdos que adopte el Consejo con esta presidencia. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han asegurado que este es uno de los factores que está pesando en las negociaciones para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces.
CON LA VISTA EN EL CONSTITUCIONAL
Según han explicado, si el Supremo optara por suspender cautelarmente la entronización de Mozo supondría cuestionar la legitimidad del Pleno encabezado por él y, por ende la validez de los nombramientos al Constitucional.
Los portavoces progresistas y conservadores del CGPJ postergaron hasta el mismo miércoles en el que se pronuncia el Supremo su encuentro para continuar las negociaciones relativas a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar al Consejo, aunque las fuentes consultadas descartan que haya acuerdo.
Justo un día después, el jueves, el CGPJ tiene previsto celebrar su Pleno ordinario de noviembre. En su orden del día figura el asunto de los nombramientos, pero las citadas fuentes han asegurado que es "difícil" que el 24 se llegue a un acuerdo porque los conservadores han puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar el método de negociación para evitar lo que perciben como un "reparto de cromos".
Las mismas fuentes han indicado que la expectativa es que el CGPJ pueda nombrar a sus candidatos al Constitucional a lo largo de diciembre y, en todo caso, antes de Navidad.
Hasta ahora, el bloque progresista había lanzado una primera lista con nueve candidatos que redujo a uno: Bandrés. Los vocales conservadores manejan otro seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de lo Contencioso-Administrativo.
Las fuentes consultadas han apuntado que los mejor posicionados hasta ahora son Pablo Lucas, el juez encargado de controlar al CNI, y Tolosa, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS.
El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ha criticado el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha considerado que refleja "un claro síntoma de apagón intelectual".
Así se ha expresado el presidente durante el acto inaugural de la Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, celebrado este miércoles en Palma.
Durante su discurso, Marín Castán ha criticado las "anomalías" que se están produciendo respecto a la renovación del CGPJ y se ha referido a que la elección de los vocales se confíe a dos personas, "cada una representante de un partido político".
"Que estas anomalías se consideren como algo normal puede interpretarse como un claro síntoma de apagón intelectual, que se traduce en la división en dos bloques --progresistas y conservadores--, que se traslada al poder judicial, con la grave consecuencia de dar una imagen de politización de la justicia que genera desconfianza", ha dicho durante el acto.
Asimismo, ha lamentado que este bloqueo del CGPJ "deteriora la imagen de la justicia y menosprecia a la sociedad y a los ciudadanos".
"Es una división radical que supone no entender la independencia ideológica", ha continuado el presidente en funciones, que ha reivindicado que la reforma "más urgente y necesaria" es que, "a falta de una renovación a tiempo del Consejo, se establezca una renovación automática".
El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, ha señalado que el "actual" Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está incumpliendo la normativa al tener un "déficit" de 300 plazas de jueces sin convocar desde el año 2013 por el cuarto turno, el acceso destinado para juristas de reconocida competencia, porque las "debería haber convocado durante estos nueve años si respetara la ley".
Durante su intervención este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso, Olmedo ha subrayado que "la competencia" para la convocatoria final y la selección de jueces no es del Ministerio, sino del CGPJ, que lleva --ha enfatizado-- "nueve años de mandato".
"Según nuestros cálculos, el actual CGPJ tiene un déficit de 300 plazas que debería haber convocado durante estos nueve años si respetara la ley orgánica del Poder Judicial, es decir, si convocara una de cada cuatro plazas vacantes en la categoría de magistrado", ha precisado Olmedo al referirse al "cuarto turno", el ingreso en la carrera judicial mediante concurso para juristas de reconocida competencia que tengan más de diez años de experiencia profesional.
Lo ha dicho en respuesta al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha afeado a Justicia que se convoquen pocas plazas para jueces y fiscales. A esto, Olmedo ha recordado que en 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez ha convocado 200 y que en 2023 serán 300, frente a las cero que hubo en 2012, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.
Desde Ciudadanos y también desde Vox han insistido, como en anteriores ocasiones, en que el problema no es tanto de inversión, sino de gestión de los recursos, ya que en España hay 11 jueces operativos por cada 100.000 habitantes y el promedio europeo es de 17, cuando España invierte más dinero que la media en Justicia.
Para el secretario de innovación, esos datos comparativos con Europa "no hacen referencia al grado de sustitución por parte de jueces sustitutos y magistrados suplentes que hay en España". "Si los tuviéramos en cuenta se acercarían a la media europea", ha dicho.
Con todo, Olmedo ha replicado a los portavoces parlamentarios que "no se pueden crear plazas sin más", porque crear una plaza de juez "significa crear una unidad judicial, que cuesta mucho dinero".
"Si el atasco lo tenemos en los jueces, lo primero que tenemos que hacer es transitar y transformar nuestra actual primera instancia en un tribunal de instancia, donde será muchísimo más sencillo crear una plaza de juez sin tener que crear más plazas para letrados, funcionarios...", ha añadido Olmedo, que ha considerado "necesario" que salgan adelante los proyectos de ley del plan Justicia 2030.
CONDENAR EN COSTAS SI SE EVITA LA MEDIACIÓN
Olmedo, que ha comparecido para exponer el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, ha expresado que la Justicia española tiene dos grandes problemas, a mejorar con estos proyectos: la "nefasta" organización judicial y la alta litigiosidad.
Ha abogado por "intensificar los esfuerzos por alentar el recurso de la mediación" y de otros medios adecuados de solución de controversias, los denominados MASC --de los que se prevé constituir 54 unidades--, antes de que se acuda finalmente a los tribunales.
Olmedo ha explicado que estos medios suponen un "cambio de paradigma cultural" en la actuación de los tribunales y son una "medida imprescindible" para que la Justicia sea "sostenible".
Ha detallado que este proyecto de ley pretende cambiar la "cultura de la judicialización" por la de "la negociación y el acuerdo". Así, se podrá condenar "en costas cuando se detecte la existencia de un abuso del servicio público de justicia, aunque la parte haya visto estimadas todas sus pretensiones en el juicio".
Y ha dicho que es un concepto novedoso que puede solapar en algunos aspectos otros conceptos tradicionales como la temeridad, la mala fe o el abuso del Derecho, pero que "tiene un ámbito de actuación propio y la jurisprudencia lo decantará oportunamente".
Esta condena, según ha precisado Olmedo, se aplicará cuando una parte evite "injustificadamente" el recurso a un medio adecuado de solución para resolver su conflicto antes de acudir a los tribunales.
La normativa propuesta establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles que exige haber intentado una solución consensuada antes de interponer una demanda judicial. Para ello, las partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa, la opinión de un experto independiente, la conciliación, la mediación o una oferta vinculante confidencial.
Durante la Comisión, el director general de la Asociación Española de Mediación (ASEMED), Jesús Lorenzo, se ha posicionado en contra de que los medios alternativos de resolución pasen a ser obligatorios y ha apostado por que sean de "absoluta voluntariedad mitigada".
Lorenzo ha abogado por que las personas que van a enfrentarse en un proceso judicial acudan antes a un mediador y reciban una sesión informativa sobre esta alternativa, ya que sus estadísticas indican que "entre el 70 y 75 por ciento de las veces llegan a un acuerdo".
"Estamos preparados y deseando ayudar a la ciudadanía", ha resaltado el dirigente de ASEMED, que ha comentado que trabaja en un programa de mediación en las cárceles con presos peligrosos y con el que recientemente ha logrado un acuerdo de paz entre bandas latinas.
EL FUTURO DE LA VIDEOCONFERENCIA
Por otra parte, y a preguntas de la diputada de Podemos Martina Velarde, el secretario del Ministerio ha reconocido que existe preocupación en los operadores jurídicos sobre la regulación de la videoconferencia tras su normalización como consecuencia de la pandemia, pero ha puntualizado que la propuesta del Gobierno exige la presencia física del acusado en el juicio "en determinados casos".
Serán, ha añadido, "los juicios por delito grave y a petición suya o de su defensa en la audiencia cuando se solicite la prisión y en los juicios cuando se solicita pena de prisión superior a dos años".
Olmedo ha respondido a Podemos que hay órganos jurisdiccionales donde la presencialidad "no es tan delicada como en el orden penal", apuntando que en el civil "muchas veces solo van los abogados".
"No veo ningún inconveniente en que se pueda realizar telemáticamente, pero en todo caso, en la mayor parte de los supuestos se deja la decisión final en manos del juez o tribunal", ha zanjado el secretario de innovación, no sin antes señalar que la identidad de quien comparezca por videoconferencia se va a garantizar con un sistema de firma electrónica, para así tener la "absoluta certeza" de que la persona que haya al otro lado "es quien dice ser".
Por otra parte, y en la jurisdicción civil, Olmedo ha explicado que se amplían las materias que, con independencia de su cuantía, se tramitan por las normas del juicio verbal, se deja en manos del juez celebrar o no una vista tras valorar la prueba que ha de practicarse, y se posibilitan las sentencias orales.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha pedido este viernes sentarse a negociar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) con un "interlocutor válido" ya que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "no es quien manda" y ha lamentado que no tenga "fuerza" para cumplir la Constitución Española.
"Yo quisiera sentarme con el interlocutor válido y no lo es el señor Feijóo. No es quien manda, me tendré que sentar con alguna presidenta autonómica, con algún locutor radiofónico o con algún director de periódico, que son las personas que deciden sorbe la posición final del PP", ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.
Desde que se rompieron las negociaciones para renovar el órgano de elección de los jueces la semana pasada, el ministro ha asegurado que no ha tenido contacto con el negociador del PP, Esteban González Pons, y que tampoco se han emplazado a verse.
Eso sí, ha insistido en que están dispuestos a volver a las negociaciones en cualquier momento porque la situación es "muy lamentable". "Ya nos gustaría que el PP respetara el pacto constitucional que obliga a un gran consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias para renovar el órganos de los jueces, no para ver quiénes son los jueces, que eso es objeto de otras decisiones", ha añadido.
Así, ha lamentado que las "fuerzas extremistas" de la derecha le hayan doblado el pulso al dirigente 'popular' quien, según Bolaños, tiene su liderazgo en "horas muy bajas".
Preguntado acerca de las alternativas que baraja el Gobierno y, concretamente, por la posibilidad de reducir las mayorías, Bolaños no ha dado detalles en este sentido y ha hecho hincapié en que el plan del Gobierno es que se dé cumplimiento a la Carta Magna.
"Ese es el plan", ha apuntado, a la par que ha vuelto a hacer un nuevo llamamiento a las personas que "toman decisiones en el PP" porque es de "patriotismo" que la formación de Feijóo cumpla la Constitución y la ley, aunque "lamentablemente no tiene fuerza para hacerlo", ha zanjado.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el partido no aboga en estos momentos por cambiar las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al tiempo que ha pedido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "sentido democrático" para superar el bloqueo y elegir los vocales en el órgano de gobierno de los jueces.
"Ahora no estamos en eso", ha respondido en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si el PSOE baraja como opción cambiar las mayorías en el Parlamento para renovar el CGPJ si el PP no acuerda con el PSOE.
En este sentido, ha calificado de "radicalmente antidemocrático lo que está haciendo el PP" tras romper las negociaciones con el PSOE. "Mantener en el Poder Judicial una mayoría de los que consideran suyos para, probablemente, conseguir a través de los tribunales lo que no han conseguido en las urnas", ha censurado.
Al respecto, ha reiterado que para el PSOE "no está encima de la mesa" cambiar las mayorías parlamentarias respondiendo así a Unidas Podemos, que ha defendido como única opción para superar el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ cambiar el sistema de mayorías.
En relación a la carta escrita por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que aseguró que fueron a verle emisarios del PSOE para proponerle una reforma del Código Penal que rebajara la sedición a cambio de que se personara en el Tribunal Supremo para ser juzgado, López lo ha desmentido tajantemente y ha asegurado que "nadie" ha ido a verle a Waterloo (Bélgica) donde se encuentra viviendo tras el 1-O.
"Puigdemont está donde está y nadie ha ido a negociar con él", ha sentenciado el portavoz socialista en el Congreso que, además, ha utilizado este argumento para cargar contra el PP que, asegura, ha sacado a "pasear espantajos" para "evadir su responsabilidad" con respecto a la renovación del CGPJ.
López ha negado que fuese un "error táctico" o una "novedad" las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sobre la reforma del delito de sedición antes de que se firmara el acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del órgano de los jueces.
"No era ninguna novedad. La ministra lo hizo con la naturalidad de algo ya sabido", ha aseverado el socialista, que ha achacado al PP que "cada vez que se queda sin argumentos, saca a pasear un espantajo".
"Hasta ahora era ETA, pero parece que ya no le sale tan rentable (...) hoy era Puigdemont", ha espetado el portavoz del PSOE instándole al tiempo a cumplir con la Constitución.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado la "decepcionante actitud" del PP en la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, afeando que se intente mezclar ahora la postura al respecto de los delitos de sedición con la reformulación de un órgano que lleva cuatro años bloqueado.
En declaraciones a los medios desde Guadalajara, García-Page ha apuntado que se puede tener "la opinión que sea del independentismo", pero eso "no lo tiene que pagar ni el TC ni el CGPJ". "Hay que cumplir y ser formales y el PP tiene la misma obligación del resto de separar intereses electorales de estabilidad institucional".
Según ha dicho, nadie duda en España de la razón por la cual se retrasa desde hace cuatro años la renovación del Poder Judicial.
Por ello, ha pedido responsabilidad al PP, así como "cumplir a rajatabala" con un acuerdo que "estaba cerrado" para así "cumplir con España".
Sobre la rebaja o no de las penas por delitos de sedición, ha dicho que cualquier país tiene que saber defenderse de "quebrantos institucionales"; pero eso debate, "siendo legítimo e importante, no puede ser una más de las piedras que se ponen en el camino".
"Hay que separar intereses electorales de los del país, y sinceramente, si el mismo PP dice que esto no preocupa a nadie... pues apruébenlo, que tampoco va a beneficiar al Gobierno", ha dicho, apuntando que quizá los 'populares' piensen que con este movimiento están "haciendo daño al Gobierno", pero se lo hacen al poder judicial.
En todo caso, los delitos de sedición "son graves", pero apelando a la coherencia, ha evitado mezclar debates. "Si no, nos ponemos todos en el mismo nivel. Tienen que arrimar el hombro para arreglar un problema formal de primer orden, la responsabilidad incumbe a los dos grandes partidos, PP y PSOE. Si no, el modelo revienta".
La Comisión Europea ha subrayado de nuevo este viernes la urgencia de que España cumpla con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un día después de que el PSOE y el Partido Popular dieran por rotas las negociaciones para desbloquear la designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
"El informe sobre el Estado de derecho expresa muy claramente la posición (de la Comisión Europea) respecto a que es muy importante emprender la renovación del CGPJ como un asunto prioritario", ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas una portavoz comunitaria, quien ha añadido que es igual de urgente "cubrir el vacío" de los nombramientos.
El portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Éric Mamer, ha recalcado que los servicios comunitarios mantienen sin cambios el mensaje "coherente" que desde hace tiempo trasladan a las autoridades españolas, mientras que la portavoz de Interior, Anitta Hipper, ha recordado que el comisario de Justicia, Didier Reynders, estuvo recientemente en Madrid para tratar el asunto con los distintos actores.
"Estamos en contacto con las autoridades españolas, a las que dirigimos una clara recomendación y, una vez más, subrayamos la importancia de reducir la influencia de los poderes legislativo y ejecutivo sobre la judicatura, con el objetivo de fortalecer la independencia judicial", ha resumido Anitta.
El pasado julio, Bruselas incluyó en su informe anual sobre la salud democrática en los Estados miembro una recomendación específica dirigida a España para llamar a la renovación inmediata del CGPJ, al tiempo que instaba a emprender "inmediatamente después" la revisión del sistema de elección de sus vocales para asegurar que la mayoría de ellos son nombrados por sus pares, en línea con los estándares del Consejo de Europa.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado este viernes que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, airease la conversación telefónica que mantuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que "no hay nada que negociar" sino que el Partido Popular tiene que cumplir con la Constitución y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Le puedo decir que en política, como en la vida misma, las conversaciones privadas no se tienen por qué airear y mucho más en asuntos de Estado. Estamos hablando de líderes políticos que tienen que tener un sentido de la responsabilidad con algo tan importante como es CGPJ", ha trasladado la ministra en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de si le ha molestado a Sánchez que Feijóo hiciera pública esta conversación tras suspender las negociaciones para renovar el órgano de elección de los jueces salvo que el PSOE reconsidere la reforma del delito de sedición.
Así, ha asegurado que es "innecesario" que haya dado cuenta de la llamada entre los líderes de los dos principales partidos con el ánimo de "quedar bien con no se sabe qué sector de sus votantes o de su propio partido".
Robles ha trasladado el sentimiento de "absoluta indignación" de todos los miembros del Gobierno porque "ayer fue un día negro par el Estado de derecho". Esta decisión, para la ministra, demuestra que el líder 'popular' "no tiene sentido de Estado" ni "altura política", sino que está "jugando" con el Poder Judicial y "atacando uno de los cimientos básicos de la democracia".
Preguntada acerca de si el pacto estaba cerrado, después de que el PP trasladara en su comunicado que quedaban asuntos por negociar, la ministra ha señalado que Sánchez dijo "clarísimamente" que llevaban días negociando y que así lo había "reconocido el propio Feijóo".
Sobre la suspensión de las negociaciones, la ministra ha apostillado que habrá que preguntarle al dirigente gallego qué significa esto. No obstante, la ministra ha apuntado que "no hay nada que negociar" porque "hay que cumplir la Constitución". "¿Cómo alguien puede aspirar a ser una alternativa de Gobierno cuando está incumpliendo la Constitución?", se ha preguntado, as la par que ha asegurado que Feijóo "nunca quiso renovar" el CGPJ. "No sé las razones. No sé si es por presiones de la extrema derecha o si es porque él no cree en el Estado de derecho", ha añadido a renglón seguido.
El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha mostrado su indignación después de que el Partido Popular haya suspendido las negociaciones con el PSOE para renovar el órgano de los jueces --que lleva cuatro años caduco-- y ha exigido a ambos partidos reanudarlas para así cumplir con la Constitución.
"Me ha extrañado enormemente y mi preocupación a lo largo de estos días y meses se ha agudizado", ha expresado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que además ha reiterado que esta situación "daña el funcionamiento de la Justicia", algo que ha calificado de "muy grave" asegurando que la "crisis institucional es profunda".
Al respecto, Mozo ha recordado que "por encima de todo está el cumplimiento de la Justicia" y la Constitución, sin entrar a valorar si el argumento que el Partido Popular ha utilizado sobre la rebaja de los delitos de sedición anunciada por el presidente Pedro Sánchez para la suspensión de las negociaciones ha sido o no el correcto.
"En cuestiones políticas no quiero entrar, ha habido ocasiones en que han podido renovar ya", ha indicado. Dicho esto, ha vuelto a incidir en que "por encima de todo está el cumplimiento de la Justicia y está que las leyes se cumplan". "Las instituciones tienen que estar más afianzadas".
En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el anuncio del PP de que suspendía las negociaciones con el Gobierno sobre la renovación del CGPJ por la polémica reforma del delito de sedición ha caído como un "jarro de agua fría" porque esta vez sí consideraban factible el acuerdo y, aunque ven difícil reencauzar la situación, apelan al "sentido de Estado" de 'populares' y socialistas para hacerlo posible.
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press explican que la información que los vocales habían ido recibiendo estos días les hacía pensar que el acuerdo entre PP y PSOE para elegir a los 20 vocales --después de casi cuatro años-- estaba cerca, tanto como para ver sellada su salida esta misma semana.
Sin embargo, admiten que en las últimas horas han pasado de la ilusión a la preocupación. El desencadenante han sido las declaraciones realizadas este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que ha asegurado a ERC, durante el debate presupuestario en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno llevaría a la Cámara Baja la reforma de la sedición para ajustar este delito a los estándares europeos.
La sucesión de acontecimientos --con declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez incluidas-- hasta que PP y PSOE han lanzado sendos comunicados ya en horario nocturno no ha hecho más que disparar su preocupación, indican las citadas fuentes. Por eso, apuntan que más que sorprendidos están decepcionados. Ha caído "como un jarro de agua fría", ilustran.
Desde el CGPJ se resisten a dar por finiquitado este nuevo episodio de acercamientos entre Génova y Ferraz para renovar pero al mismo tiempo asumen que será "difícil" resucitar las negociaciones.
Así las cosas, las fuentes confían en que "impere el sentido de Estado" tanto en el PP como en el PSOE, de modo que vuelvan a la mesa de negociaciones y desbloqueen una situación que tachan ya de insostenible.
EL ACICATE DE LESMES
Cabe recordar que 'populares' y socialistas retomaron las conversaciones sobre el CGPJ después de que Carlos Lesmes dimitiera el 9 de octubre como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo (TS) ante la falta de avances tangibles hacia el acuerdo, tal y como prometió durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.
Lesmes dijo entonces que, "aunque la renuncia individual puede resultar admisible, la renuncia colectiva no lo es, pues llevaría a la paralización total del Consejo con la imposibilidad material y jurídica de desarrollar su misión constitucional".
A pesar de este último revés, en el órgano de gobierno de los jueces consideran prematuro valorar medidas drásticas. Algunos vocales recalcan directamente su compromiso de continuar en el cargo hasta que llegue la renovación.
CASI CUATRO AÑOS ESPERANDO
En estos casi cuatro años que han transcurrido desde el 4 de diciembre de 2018, cuando venció el mandato del actual Consejo, ha habido varias tentativas frustradas.
El 12 de noviembre de ese año se anunció un acuerdo que saltó por los aires días después por el ya famoso mensaje enviado por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el chat de WhatsApp de los 146 senadores 'populares' del momento.
Desde entonces se han producido numerosos acercamientos, algunos dirigidos a la búsqueda de candidatos de consenso que se fueron descartando a sí mismos. Aunque ahora parecía haber verdadera voluntad negociadora, subrayan las fuentes consultadas por esta agencia de noticias, el Gobierno temía que cualquier imprevisto hiciera naufragar el acuerdo retrasándolo hasta después de las siguientes elecciones generales.
El PSOE ha cargado este jueves contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "utilizar una nueva excusa" para romper las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y le ha acusado de "no resistir" a las presiones "de la derecha más reaccionaria" que, a su juicio, han estado "boicoteando" las conversaciones entre los dos partidos.
Comunicado íntegro del PSOE:
1. A punto de cumplirse cuatro años de bloqueo de la derecha en la renovación del CGPJ, el PP ha vuelto a romper las negociaciones, una vez más, en esta ocasión con un acuerdo listo y preparado para ser firmado.
2. La crisis institucional en un poder del Estado que está provocando el PP con su actitud obstruccionista es muy grave y está dañando el funcionamiento normal de la justicia, así como la reputación de nuestro país en la UE.
3. El presidente del gobierno llamó al Sr. Feijóo en el día de hoy para formalizar un acuerdo que ya estaba negociado y listo para ser firmado por el PSOE y el PP. Sin embargo, hoy el Sr. Feijóo ha utilizado una nueva excusa para bloquear la renovación del CGPJ, rompiendo así la negociación e incumpliendo con la Constitución una vez más.
4. El Sr. Feijóo demuestra una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto.
5. El cumplimiento de la Constitución no admite condiciones ni chantajes. La agenda legislativa del Gobierno no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas. Y, desde luego, no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución Española.
El PSOE ha cargado este jueves contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "utilizar una nueva excusa" para romper las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y le ha acusado de "no resistir" a las presiones "de la derecha más reaccionaria" que, a su juicio, han estado "boicoteando" las conversaciones entre los dos partidos.
"A punto de cumplirse cuatro años de bloqueo de la derecha en la
renovación del CGPJ, el PP ha vuelto a romper las negociaciones, una vez más, en esta ocasión con un acuerdo listo y preparado para ser firmado", ha asegurado el PSOE en un comunicado.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha aplaudido este jueves que se suspendan las negociaciones entre PSOE y PP por su "infame pasteleo" en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha insistido en defender la propuesta del partido naranja para establecer un sistema de elección en el que "los jueces elijan a los jueces".
"Es una buena noticia que PSOE y PP suspendan su infame pasteleo en torno al CGPJ y el TC. Ya está bien de manchar el nombre de la Justicia y la democracia españolas", ha valorado la líder de Ciudadanos en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha insistido a los dos partidos que "ahora deben rectificar del todo y aceptar de una vez" la propuesta de Cs "para que los jueces elijan a los jueces".
El Partido Popular ha decidido suspender las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) y ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "abordar juntos cualquier reforma" del Código Penal, entre las que ha incluido las que afecten a los delitos de rebelión y sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal.
Así lo ha informado el PP en un comunicado después de que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, haya mantenido una conversación telefónica con Sánchez para actualizar el estado de las conversaciones para la renovación de los órganos pendientes y en la que, han explicado los 'populares', el presidente del Gobierno le confirmó la reforma del delito de sedición.
En la conversación, según el PP, Feijóo ha criticado que el jefe del Ejecutivo anunciara "erróneamente" que el acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueves "estaba hecho" mientras que todavía estaban abiertos "varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular". En rueda de prensa, Sánchez adelantó este jueves que el acuerdo sobre el CGPJ "está listo" a falta de que PP "diga sí".
La dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, el pasado 9 de octubre --un mes después de que amenazara con irse si no había avances tangibles para renovar un CGPJ que lleva casi cuatro años caducado--, fue el punto de inflexión para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión en aras de pactar un acuerdo para desbloquear el órgano de los jueces.
El Partido Popular ha decidido suspender las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) y ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "abordar juntos cualquier reforma" del Código Penal, entre las que ha incluido las que afecten a los delitos de rebelión y sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal.
Así lo ha informado el PP en un comunicado después de que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, haya mantenido una conversación telefónica con Sánchez para actualizar el estado de las conversaciones para la renovación de los órganos pendientes.
"Las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE
decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido
constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional", ha anunciado el PP.
COMUNICADO ÍNTEGRO DEL PARTIDO POPULAR
1. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido esta tarde una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para actualizar el estado de las conversaciones respecto a un cambio legislativo para garantizar la independencia judicial, así como para la renovación de los órganos pendientes.
2. Aunque el presidente Sánchez era plenamente consciente de ello cuando anunció erróneamente que el acuerdo estaba hecho, presidente Feijóo le ha recordado que todavía estaba abierto en varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular.
3. En relación con esto, Feijóo le ha trasladado su extrañeza ante el cambio de posición del PSOE en lo relativo a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición. El Partido Socialista, a través del interlocutor designado por el presidente Sánchez para abordar las conversaciones, había trasladado que no estaba en sus planes acometer esa modificación.
4. Pese a las diferentes versiones trasladadas pública y privadamente por distintos miembros del Gobierno, esta tarde el presidente Sánchez ha confirmado a Feijóo que su agenda legislativa incluye esa reforma del Código Penal y en consecuencia no va a renunciar a su modificación.
5. Es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo. Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España.
6. Es importante señalar que para aquellas personas con causas abiertas por delito de sedición actualmente las penas ya pueden verse reducidas con la única condición del arrepentimiento y el compromiso de no reincidir. Luego entonces, el único propósito del Partido Socialista con esta modificación, todo parece indicar, es un compromiso unilateral con el independentismo.
7. La decisión de incorporar a la agenda política la reforma del Código Penal en este momento sólo puede obedecer a dos motivos: o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno.
8. El Partido Popular es un partido de Estado, que no antepone el interés general a ningún interés personal o partidista. En este sentido, anunciar de forma solemne un acuerdo que todavía no existe, modificar oralmente y en los medios un criterio manifestado de forma contraria durante las negociaciones, o confirmar que el Código Penal es una herramienta que está dispuesto a entregar al independentismo no es aceptable.
9. Nuestra vocación de acuerdo es tan firme como nuestra convicción de que no podemos seguir avanzando mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo.
10. En este sentido, le ha ofrecido al presidente Sánchez abordar juntos cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, tal y como el propio presidente Sánchez prometió a los españoles cuando se presentó a las últimas elecciones.
11. Las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional.
12. El presidente y todo el Partido Popular sigue a disposición del presidente del Gobierno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reafirmado en su voluntad de proceder a reformar el delito de sedición, expresada en su discurso de investidura, y lo ha separado de la negociación en curso con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Desde Pretoria, donde se encuentra de visita oficial, ha dejado claro que una cosa es "la agenda legislativa", en la que entra la sedición, y otra el cumplimiento de la Constitución.
"El acuerdo está listo, está preparado, falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiestan los grupos parlamentarios", ha incidido, respecto a la renovación del CGPJ. "El Gobierno dice sí de manera rotunda".
Podemos ha trasladado al PSOE que la juez y delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, debe ser una de las candidatas elegidas para formar parte en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y han avisado de que se descolgarán de un posible acuerdo de renovación del organismo si no forma parte de la nueva terna de vocales.
Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la formación morada para aseverar que incluir el nombre de Rosell es condición necesaria para poder apoyar un acuerdo con el PP para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. Desde Podemos han defendido que en esta negociación no pueden darse vetos y que en los contactos con sus socio se pactó que les corresponden proponer a dos vocales del CGPJ.
En consecuencia, insisten en que "no van a participar en ningún acuerdo" si se excluye el perfil de la exdiputada de Unidas Podemos y se incurre en un "reparto bipartidista" del máximo órgano del poder judicial, donde solo PP y PSOE deciden "quién esta y quién no". Precisamente el nombre de Rosell y el del juez José Ricardo de Prada generaron oposición en el PP en la anterior negociación frustrada.
ROSELL ES LA MEJOR CANDIDATA
Por tanto, el partido morado ha dejado claro su apuesta decidida por Rosell, cuyo nombre transcendió esta semana como la candidata predilecta para el relevo en esta institución, al ensalzar su excelente trayectoria profesional al ser la magistrada idónea para contribuir a "mejorar la calidad de la democracia".
También han aludido a que la delegada del Gobierno contra la violencia de género ha sufrido una "conspiración" de forma "mafiosa" por parte del exjuez Salvador Alba para tratar de "arruinar su vida y su carrera política por ser precisamente de Podemos", pero que finalmente la magistrada ha luchado contra este 'lawfare' (guerra judicial) y consiguió que el exmagistrado fuera expulsado de la carerra judicial y condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental. "Vicky Rosell ha conseguido vencer a esas prácticas corruptas del PP y sus jueces amigos", enfatizan desde la formación morada.
FEIJÓO DESLIZÓ QUE ROSELL ESTABA FUERA
Precisamente ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó desde Bruselas que el acuerdo para renovar el Poder Judicial es "posible", pero dejó claro que cumplir el "requisito de la despolitización" deja fuera a perfiles políticos, entre los que se encontraría la juez Victoria Rosell.
Así, el jefe de la oposición señaló que en la negociación han hablado de "requisitos, no de personas". "Si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del CGPJ Y uno de los requisitos es la despolitización del Poder Judicial", ha manifestado.
Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se mostró "optimista" respecto a las negociaciones para conseguir un acuerdo de renovación del Poder Judicial y rechazó hablar de nombres de posibles candidatos a entrar en la institución.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado suspender de forma urgente el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una medida cautelarísima que pedían en sus respectivos recursos el único vocal que votó en contra de dicha designación, Wenceslao Olea, y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la Sección Sexta de la Sala Tercera ha rechazado las medidas cautelarísimas pero ha acordado al mismo tiempo tramitar la petición de suspensión como medida cautelar para decidir después si la rechaza igualmente o la acepta, todo ello sin entrar a valorar el fondo de dichos recursos.
Olea y De Benito han impugnado el acuerdo alcanzado el pasado jueves por el Pleno del CGPJ para nombrar a Mozo --el vocal de mayor edad-- su "presidente suplente", lo que supuso dividir la jefatura del Poder Judicial, por cuanto el magistrado Francisco Marín Castán ejerce en funciones la Presidencia del Tribunales Supremo desde que la renuncia de Carlos Lesmes de ambos cargos surtió efecto.
El conflicto sucesorio se desató el pasado 9 de octubre, cuando Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y TS --cargos que ejerce la misma persona-- ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había advertido durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.
Lesmes intentó dejar atada su sucesión encargando al Gabinete Técnico del TS dicho informe, conforme al cual Marín Castán le reemplazaría automáticamente una vez consumada la renuncia porque es quien ejerce la Vicepresidencia del Supremo.
Sin embargo, el CGPJ designó a su propio presidente esgrimiendo Marín Castán carece de legitimidad para asumir ambas presidencias porque ocupa la Vicepresidencia del Supremo de forma interina desde 2019. Por las mismas razones, los vocales concedieron que Mozo tampoco podrá actuar como máxima autoridad del TS.
EL VOTO PARTICULAR DE OLEA
El acuerdo del Pleno salió adelante con 16 de los 18 votos en juego. Solamente contó con el rechazo expreso de Olea, que emitió un voto particular, mientras que la vocal Mar Cabrejas se ausentó específicamente de esta votación por no estar de acuerdo con la entronización de Mozo.
En su voto particular, Olea ya avanzaba que, a su juicio, desdoblar las presidencias del CGPJ y del TS es ilegal porque la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) imponen que quien ejerza la del Supremo desempeñe también la del Consejo.
"Se está vulnerando nada más y nada menos que la Constitución", avisó Olea, que además de vocal del actual CGPJ es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Asimismo, puso de manifiesto que Mozo "no reúne ninguna" de las condiciones legales para erigirse como presidente, esto es, ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del TS y reunir los requisitos exigidos para ser presidente de Sala del mismo, o ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
Olea advirtió además de que con el nombramiento de Mozo se ponía en juego la "legalidad" de los acuerdos que adoptara a partir de ahora el Consejo, anticipando así una judicialización del conflicto que finalmente ha materializado él esta semana.
También quiso subrayar la "desastrosa situación jurídica" que se ha provocado y, en particular, la "indeseable, confusa y torticera situación" que atraviesa el CGPJ a causa de "un legislador irreflexivo que ha actuado con intereses espurios e inminentes de partidos", aludiendo de esta forma a la reforma impulsada por el Gobierno que prohíbe al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Wenceslao Olea ha recurrido el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del CGPJ pidiendo la suspensión del mismo, un asunto que estudia ya el Tribunal Supremo (TS) y que supone judicializar la situación de bicefalia a la que abocó dicha designación, ya que el magistrado Francisco Marín Castán ejerce las funciones de la Presidencia del TS desde la dimisión de Carlos Lesmes.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el recurso de Olea ya se encuentra en el TS y está en estudio sin que aún haya decisión alguna. El primer paso será abrir una pieza separada para pronunciarse sobre esas medidas cautelarísimas de suspensión, que se deben resolver en las próximas 48 horas.
El asunto ha recaído sobre la Sección Sexta, una sección especial dentro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, que es la llamada a resolver los recursos contra las decisiones del Pleno y la Comisión Permanente del CGPJ.
En esta ocasión estará conformada por Eduardo Espín, Octavio Juan Herrero, José Antonio Montero, César Pico y José María Bandrés. Estos dos últimos entran en sustitución de Pablo Lucas y César Tolosa, que han tenido que abstenerse porque respaldaron el informe del Gabinete Técnico del TS que apuntaba a Marín Castán como la persona que debía reemplazar a Lesmes en ambos cargos.
Wenceslao Olea, el único vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha votado en contra de elegir al vocal Rafael Mozo como presidente interino del órgano, ha asegurado que la votación de este jueves es contraria a la ley y ha defendido que "solo puede existir un único presidente" del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, por lo que "no pueden existir bicefalias en el actual sistema legal".
Olea ha mostrado su oposición a la decisión del Pleno del CGPJ, que ha designado a Rafael Mozo -su vocal de mayor edad-- como presidente interino tras la dimisión de Carlos Lesmes, lo que supone 'de facto' que el liderazgo del Poder Judicial queda dividido, ya que el magistrado Francisco Marín Castán es quien ejerce las funciones de la Presidencia del Tribunal Supremo (TS) desde que la renuncia de Lesmes se hizo efectiva.
En un voto particular, recogido por Europa Press, el magistrado del Tribunal Supremo ha hecho constar su discrepancia de la mayoría del Pleno que, a su juicio, "carece de competencia para realizar el nombramiento de un presidente del Consejo con independencia de quien ejercite la Presidencia del Tribunal Supremo".
La votación de este jueves ha salido adelante con una amplia mayoría, 16 votos a favor y solo uno en contra --el del vocal Wenceslao Olea--, mientras que la vocal Mar Cabrejas se ha ausentado, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Para Olea, pretender establecer una Presidencia autónoma y separada del Consejo, con independencia de quien ostenta la Presidencia del Tribunal Supremo, "es manifiestamente contrario a los mandatos legales constitucionales reseñados".
El vocal ha considerado que el CGPJ atraviesa una "desastrosa situación jurídica". Según ha indicado, ante la vacante en la Presidencia del Consejo "no es posible, dada la legislación vigente, acudir a los mecanismos ordinarios de suplencia". Ha subrayado, sin embargo, que "es necesario que el Consejo tenga un presidente como uno de los órganos que lo integra".
Olea ha incidido en que, a su juicio, "lo más relevante" del debate es que en la elección del suplente de Lesmes se pone en juego la "legalidad" de los acuerdos que se adopten por el CGPJ, "entre los cuales, además de la relevancia que tiene la gestión ordinaria, está la importante competencia de designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional".
Así las cosas, ha insistido en que es el presidente del Tribunal Supremo el que ha de presidir el CGPJ.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará el jueves un Pleno que se centrará en abordar las consecuencias de la dimisión de Carlos Lesmes como su presidente y el del Tribunal Supremo (TS), particularmente en el debate sobre quién debe ocupar su cargo de forma interina, ya que buena parte de los vocales se niegan a aceptar al sucesor designado por el Gabinete Técnico del TS, el magistrado Francisco Marín Castán.
Señalado para las 16.30 horas, este Pleno extraordinario lo convocó el propio Lesmes la semana pasada con el único objetivo de afrontar la parálisis en las negociaciones entre los sectores conservador y progresista del CGPJ para nombrar a los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que compete designar al órgano de gobierno de los jueces.
Sin embargo, su dimisión, anunciada el domingo y formalizada el lunes, debido a la falta de avances en las conversaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ --que lleva ya casi cuatro años caducado-- ha desplazado a un segundo plano el problema de los dos nombramientos al TC para poner sobre la mesa cuestiones más urgentes.
Así, los vocales progresistas han introducido un nuevo punto en el orden del día para valorar y, en su caso, adoptar las decisiones que "legalmente procedan" tras la marcha de Lesmes.
Las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press indican que este segundo asunto será el que centre el Pleno, ya que en estos momentos los vocales ven prioritario resolver quién debe reemplazar a Lesmes.
El Gabinete Técnico del TS, en un informe encargado por el propio Lesmes a fin de dejar atada la cuestión sucesoria, ha establecido que debe ser sustituido en ambos cargos por una misma persona: el vicepresidente del Supremo, cargo que ocupa de forma interina Marín Castán.
Lesmes defendió esta tesis tanto en el Supremo como en el Consejo y se ratificó en ella al comunicar su dimisión al Rey Felipe VI por cuanto también le trasladó que, "ante la imposibilidad legal de proceder al nombramiento de un nuevo presidente del TS y del CGPJ, (...) se activará el mecanismo de sustitución del presidente previsto en la ley".
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) determina, en su artículo 590, que "el vicepresidente (del Tribunal Supremo) ejercerá en funciones el cargo de presidente del TS y del CGPJ en los casos legalmente previstos de cese anticipado del presidente y hasta el nombramiento de un nuevo presidente".
POSIBLE BICEFALIA
Pese a ello, la mayoría de los 18 vocales que actualmente conforman el CGPJ se resisten a lo que consideran una imposición del Supremo que priva al Consejo de participar en la elección del nuevo jefe del Poder Judicial.
Los vocales críticos creen que otra posibilidad es que el miembro de mayor edad del CGPJ, Rafael Mozo --de corte progresista--, ocupe interinamente el vacío dejado por Lesmes.
De arraigar ambas posiciones, el Poder Judicial podría verse abocado a una bicefalia, con Marín Castán al frente del Supremo y Mozo a los mandos del CGPJ, una situación que no sería inédita pero que sí ahondaría en la crisis institucional.
El pulso entre Supremo y Consejo podría terminar incluso judicializado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, que sería la encargada de decantar la balanza.
No obstante, lo cierto es que, si bien el bloque crítico con Marín Castán era prácticamente unánime cuando la amenaza de dimisión de Lesmes empezó a cobrar fuerza, en los últimos días algunos vocales han rebajado el tono apostando por encontrar una vía "institucional".
De entrada, lo más probable es que Mozo presida este primer Pleno de la era post Lesmes, aunque solo sea a nivel gubernativo, hasta que el CGPJ fije posición sobre el desembarco de Marín Castán.
LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL TC, CONGELADAS
Las citadas fuentes indican asimismo que hasta que no se resuelva la cuestión sucesoria no se avanzará en las negociaciones para proponer dos aspirantes al Constitucional que cubran la mitad de las cuatro vacantes surgidas el pasado 12 de junio en la corte de garantías.
Las conversaciones entre los interlocutores progresistas y conservadores sobre este asunto colapsaron la semana pasada, tras una tercera reunión fallida. Entonces, la parte progresista anunció que se abriría a negociar con otros vocales --más allá de los formalmente designados-- con miras a convencer a algunos 'moderados' y sumar así los cuatro votos que necesita para sumar los 12 requeridos.
Al estancamiento en el seno del Consejo, se suma el hecho de que la dimisión de Lesmes ha provocado que PSOE y PP hayan retomado los contactos encaminados a pactar un nuevo CGPJ, lo que podría impactar de lleno en la renovación parcial del TC.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el real decreto por el que se dispone el cese "por renuncia" de Carlos Lesmes Serrano como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS).
Lesmes formalizó el lunes su dimisión como presidente del CGPJ y del Supremo tras anunciarla el domingo debido a la falta de avances en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ.
Lesmes ya había anunciado este martes que no acudiría a los actos de la Fiesta Nacional pese a que su cese todavía no se había publicado en el BOE, cosa que ha sucedido este miércoles.
Esto no significa que el Poder Judicial no vaya a estar representado el 12 de octubre, ya que siempre están invitados los vocales del CGPJ, los miembros de la Sala de Gobierno del TS y los presidentes de los distintos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).
Ello implica que las dos personas que parecen disputarse la jefatura del Poder Judicial podrían acudir a los festejos: Marín Castán en calidad de miembro de la Sala de Gobierno del TS y Rafael Mozo como vocal del CGPJ.
Tanto Lesmes como el Gabinete Técnico del TS sostienen que el sucesor debe ser el vicepresidente del Supremo, cargo que ocupa de forma interina el magistrado Francisco Marín Castán, pero desde el CGPJ consideran que es una imposición y amenazan con resistirse entronizando al vocal de mayor edad, Rafael Mozo.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado este martes que aspiran a proponer a sus candidatos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha asegurado que participan en conversaciones permanentes de máximo nivel con sus socios de Gobierno.
Así se ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de si la formación 'morada' aspira a que los nombres que puedan proponer desde Unidas Podemos estén sentados en el CGPJ si finalmente se logra un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
"Hombre, solo faltaría", ha señalado el diputado de Podemos, que ha subrayado que "evidentemente" todos los partidos tienen derecho a proponer candidato. "Esto no es más ni menos que la democracia", ha puntualizado.
Sobre la forma en la que los de la formación 'morada' están participando de la negociación, Echenique ha explicado que el Gobierno ha designado como negociador principal al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y que ellos tienen "conversaciones al máximo nivel todos los días para hacer parte de ese acuerdo como miembros del Gobierno".
En relación con los plazos que manejan para intentar retomar la negociación, Echenique ha apuntado que esto depende como "siempre" de los 'populares'. "Creo que todo el mundo en España sabe por qué está bloqueado el máximo órgano de los jueces desde hace casi 4 años y es porque el PP no reconoce el resultado de las elecciones", ha argüido.
En esta línea, ha tachado al PP mantener una "actitud sediciosa" con el objetivo de "proteger a los suyos en los juicios de corrupción" que les afectan y "utilizar la judicatura para perseguir a sus adversarios políticos". "Esto no es opinión, es un hecho, lo sabe toda España", ha añadido.
Con todo, ha hecho hincapié en que esta situación de bloqueo se resolverá cuando el PP "deponga su actitud sediciosa y acepte que no tiene la mayoría democrática".
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado hoy que la principal conclusión de la reunión de hoy entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es hacer un "último intento" para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC).
"Se ha acordado dar un último intento a la negociación para dar una solución rápida al bloqueo y superar de esta manera la crisis profunda del CPGJ y del TC" ha explicado Bolaños.
Para ello, ha dicho, el presidente del Gobierno ha designado al ministro de la Presidencia como interlocutor y Feijóo ha hecho lo propio con, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. "Nos ponemos desde ya a intentar un acuerdo rápido" para desbloquear una situación "muy grave que dura ya más de cuatro años".
A este respecto ha indicado que la reunión ha durado alrededor de tres horas y en la segunda mitad de la misma se han incorporado González Pons y él mismo.
NEGOCIAR "YA EN SERIO"
En otro momento de su intervención, el ministro ha precisado que se pondrán a negociar "ya en serio" y de manera "inmediata". Pero no ha aclarado cuál será el modelo para la citada renovación, si el que plantea el Gobierno, que es el que está en vigor, o el que propone el Partido Popular, que plantea dejar en manos de los jueces la elección.
Al ser cuestionado sobre el sistema de elección de los vocales, si han abordado ese asunto y si es el punto que ha impedido acometer hoy mismo la renovación, después de casi cuatro años de bloqueo, Bolaños ha respondido que son conocidas las "distintas posiciones" a este respecto.
A continuación ha indicado que, a su juicio, el hecho de que sea una asunto "que el PP plantea de manera pública", quiere decir que "mantendrán esa posición sin ninguna duda" y que por tanto es una cuestión que se le debe hacer al PP.
NO SE HA PUESTO NINGÚN PLAZO
Esta misma mañana, antes del inicio de la reunión, Feijóo avisó a Sánchez de que no aceptará un simple "cambio de cromos" para renovar el CGPJ sin cambiar nada en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.
Hasta el momento, el ministro Bolaños había venido defendiendo en varias declaraciones el actual sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, señalando que era el modelo del Gobierno, que era fruto de un consenso y que había permitido la renovación del órgano constitucional durante tres décadas con gobiernos de uno y otro color político.
Bolaños también ha afirmado este lunes que no se han puesto "ningún plazo concreto" para llevar a cabo el desbloqueo, pero que existe la "voluntad compartida" de que sea "lo antes posible".
En la misma línea ha sostenido que todas las partes, --tanto el Gobierno como el PP-- son conscientes de "la enorme gravedad de esta crisis institucional", según la ha calificado, que a su juicio se ha producido con el bloqueo desde hace cuatro años pero que se ha agravado tras la dimisión de Lesmes anunciada el domingo por la tarde.
Así, ha trasladado que tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición han coincidido en definir como "muy grave" la situación en la que está sumida el Poder Judicial, y por tanto "desde esa base", según ha apuntado, se han comprometido a negociar --"ojalá en serio", ha puntualizado-- para tener un acuerdo "lo antes posible".
CONVERSACIÓN CON YOLANDA DÍAZ
A continuación , al ser cuestionado de nuevo sobre si el Gobierno se abre a cambiar el modelo de elección, ha señalado que quiere ser "discreto" sobre el contenido de la reunión, que trabajarán "con intensidad y discreción" y que "cuando haya acuerdos para comunicar", así lo harán.
Por otro lado, al ser cuestionado sobre si han informado a Unidas Podemos --socio minoritario del Gobierno de coalición-- sobre el resultado de la reunión, ha afirmado que tuvo una conversación "hace unos minutos" con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la que le explicó el contenido de la reunión y para "estar coordinados" en la negociación.
Carlos Lesmes ha convocado a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) y a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dar cuenta a ambos de su anunciada renunciada, que no surtirá efecto hasta que formalice su dimisión como presidente de ambas instituciones y sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indican que Lesmes ha convocado la Sala de Gobierno para las 13.00 y media hora después a la Comisión Permanente del CGPJ. De momento, las mismas fuentes subrayan que la renuncia aún no se ha formalizado.
Una vez rubrique su marcha, el protocolo marca que debe comunicarlo a Casa Real y Gobierno, aunque no entrará en vigor hasta que sea publicada en el BOE, algo que se espera que suceda mañana.
Cuando ocurra, la sucesión se producirá de forma automática en la persona del vicepresidente del Tribunal Supremo, el magistrado Francisco Marín Castán, según las fuentes preguntadas por esta agencia de noticias.
No obstante, las mismas fuentes advierten de que los vocales del CGPJ podrían resistirse al ascenso de Marín Castán, lo que podría abocar a una situación de bicefalia en el Poder Judicial.
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha pedido a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sigan los pasos de su presidente, Carlos Lesmes, dimitan "inmediatamente" y faciliten la renovación del órgano de gobierno de los jueces, instalado en una "insostenible situación de ilegalidad".
Horas después de que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo anunciara que hoy va a presentar su renuncia al cargo, el secretariado de JJpD ha instado a los vocales a hacer lo mismo que Lesmes para "dejar de dañar la imagen y la dignidad tanto de la justicia como servicio público, como el de un poder al que no representan y al que hace demasiado tiempo que dejaron de servir".
En una nota recogida por Europa Press, la asociación de jueces señala que la dimisión de Lesmes era la "única solución y decisión posible" que esperaban. "No había ni hay otra salida", añaden, para recordar que esa petición la habían hecho ya en repetidas ocasiones.
QUE NO SEAN "CÓMPLICES"
JJpD, que dice que no se comprenderá que los 18 vocales tengan "cautivo" a un Consejo de unos intereses ajenos a la Justicia, reclama que la renuncia de su presidente sea la "ocasión" para terminar "de una vez por todas" con la "anormalidad democrática" de un CGPJ que acumula casi cuatro años con su mandato caducado.
"Esperamos por ello que el resto de los vocales de un órgano institucional y democrático, como es el CGPJ, dimitan inmediatamente", emplaza, al tiempo que incide en el papel del órgano de gobierno de los jueces como garante de la imparcialidad.
Para JJpD, que califica de "ataque frontal" a la neutralidad del Poder Judicial la falta de renovación alentada por "las actuaciones de algunos vocales", los miembros que componen el CGPJ tienen que dejar de ser "cómplices" --como se refirió a sí mismo Lesmes al explicar ayer los motivos de su salida-- de una "campaña de desprestigio" que está causando "daño" a las instituciones.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no aceptará un simple cambio de cromos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "sin cambiar nada" en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.
Así lo ha afirmado hoy en una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, una hora antes de reunirse con el jefe del Ejecutivo para discutir la renovación del CGPJ tras las dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, en la tarde noche de ayer.
En este sentido, Feijóo ha precisado que no va a estar de acuerdo "si el presidente pretende un cambio de cromos, yo tengo más porque soy el Gobierno y tu menos por que estas en la oposicón y no vamos a modificar nada".
Así, ha rechazado que el Gobierno pueda cesar hoy a un ministro y mandarle mañana a presidir el CPGJ y a una ministra y nombrarla Fiscal General. También que, cuando tienen un pacto en RTVE, el presidente haga que dimita el presidetne de la Corporación y ponga a una persona de confianza o de una instrucción a directora del CNI y por cumplir esa instrucción y tener problemas con los independentistas la cese o nombre a un militante del PSOE como director del CIS.
"Este tipo de asalto a las instituciones nunca se había dado en democracia", ha exclamado Feijóo y ha pedido "cuidado con hacer lo mismo en el CGPJ y en el TC, porque estos temas son muy serios".
Feijóo ha recordado que él ha "cumplido" con sus obligaciones al enviar una propuesta a Moncloa en julio para la renovación del CGPJ de la que aún no ha obtenido respuesta.
El presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS), el magistrado Francisco Marín Castán, es el juez que, según el Gabinete Técnico del alto tribunal, debe asumir la Presidencia de la corte de casación y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la dimisión de Carlos Lesmes, que este domingo ha anunciado su renuncia ante la falta de acuerdo entre Gobierno y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi cuatro años caducado.
Así lo explicó el propio Lesmes a la Sala de Gobierno del Supremo y al Pleno del CGPJ a finales de septiembre, cuando comenzó a preparar su salida tras haber anunciado durante la apertura del año judicial, el día 7 de ese mes, que abandonaría en "semanas" si no había progresos en la renovación del Consejo.
El informe elaborado por el Gabinete Técnico descartó la posibilidad de que Lesmes fuera sustituido por dos personas, una al frente del CGPJ y otra en el Supremo, y apuntó a Marín Castán como su heredero por ejercer de forma interina la Vicepresidencia del alto tribunal.
Marín Castán ascendió a 'número dos' del TS en 2019, cuando el magistrado Ángel Juanes abandonó el cargo por llegar a la edad de jubilación. Desde entonces, ha ocupado el cargo de forma interina por ser el presidente de sala más antiguo.
A pesar de que para el Gabinete Técnico la sucesión es clara, las fuentes consultadas por Europa Press avisan de que el CGPJ podría ofrecer resistencia porque la mayoría de sus vocales cree que, al ejercer de vicepresidente en funciones, Marín Castán no está plenamente legitimado para auparse como jefe del Poder Judicial.
Las mismas fuentes advierten de que, si los vocales no aceptan a Marín Castán, esto podría abocar a una situación de bicefalia, con él al mando del Supremo y Rafael Mozo como presidente del CGPJ, por ser el miembro de mayor edad.
En esa coyuntura, las fuentes alertan de que el pulso entre ambos podría acabar judicializado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio Supremo, abriendo una "crisis constitucional sin precedentes".
PRESIDENTE DE LA SALA CIVIL DEL SUPREMO
Marín Castán (Segovia, 1952) fue designado en 2014, por amplia mayoría, como presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo en sustitución de Juan Antonio Xiol Ríos, actual vicepresidente del Tribunal Constitucional.
El magistrado ingresó en la carrera judicial en 1977 como número uno de su promoción. Su primer destino, según recoge el perfil publicado en la web de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Roda (Albacete) entre enero de 1978 y febrero de 1980.
Precisamente Marín está considerado prácticamente cofundador de la asociación, de la que fue portavoz durante los años 1988 y 1989. La AJFV destaca su "carácter amable y cercano", poniendo el foco en su "gran prestigio profesional" y elogiando la "claridad, cercanía y facilidad con la que transmite conocimientos de forma amena".
Su segundo destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Roque (Cádiz), donde permaneció entre febrero de 1980 y octubre de 1981. En ese año, además, ascendió a la categoría de magistrado y ocupó plaza en el Juzgado de Instrucción Número 3 de San Sebastián hasta marzo de 1982.
En abril de ese mismo año Marín concursó a la Audiencia Provincial de Huelva, con competencias tanto en civil como en penal, donde permaneció hasta diciembre de 1991.
Ya en enero de 1992 el magistrado concursó a la Audiencia Provincial de Madrid tan solo unos meses, hasta abril del mismo año. Después, pasó a desempeñar plaza en la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid hasta mayo de 1992.
FAMILIA VINCULADA A LA JUSTICIA
Desde ese mes y hasta enero de 2000, Marín formó parte del Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo. Desde allí fue promovido a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo para ocupar plaza en la Sala Primera en enero de 2000, su última parada antes de llegar a la Presidencia de la Sala Civil.
Los vínculos de Marín con la Justicia se extienden en su árbol genealógico. Un tío bisabuelo suyo llegó a ser presidente del Tribunal Supremo, mientras que su padre fue magistrado y catedrático de Derecho Civil.
Pero, además, su hermano es fiscal jefe de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, su hija y su yerno son magistrados y su hijo abogado especialista en propiedad intelectual e industrial.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión este lunes en La Moncloa tras el anuncio de renuncia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes, según ha informado Moncloa.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha anunciado que renunciará el lunes a su cargo como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al amparo de lo establecido en el artículo 588.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para no ser "cómplice" de la parálisis en torno al CGPJ.
Finalizado este domingo el plazo anunciado por él mismo a los vocales del Consejo en el Pleno del pasado 29 de septiembre sin que Gobierno y oposición hayan alcanzado un acuerdo para la renovación o la devolución de competencias al órgano de gobierno de los jueces, Lesmes ha decidido cesar de inmediato en las funciones que le corresponden legalmente.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha anunciado que renunciará el lunes a su cargo como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al amparo de lo establecido en el artículo 588.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para no ser "cómplice" de la parálisis en torno al CGPJ.
Finalizado este domingo el plazo anunciado por él mismo a los vocales del Consejo en el Pleno del pasado 29 de septiembre sin que Gobierno y oposición hayan alcanzado un acuerdo para la renovación o la devolución de competencias al órgano de gobierno de los jueces, Lesmes ha decidido cesar de inmediato en las funciones que le corresponden legalmente, según ha señalado en una declaración, consultada por Europa Press.
Según expone, después del llamamiento realizado durante el discurso de apertura del Año Judicial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para que pusieran solución definitiva a la "insostenible situación" en la que se encuentran el Tribunal Supremo y el CGPJ y de las exhortaciones en el mismo sentido hechas por el comisario de Justicia de la Unión Europea, "los contactos desarrollados estos últimos días, de los que he sido informado", no han dado resultado positivo alguno, ha expuesto.
El magistrado ha señalado en su declaración que ha perdido "toda esperanza de rectificación" y que, ante el "patente deterioro" del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, su presencia al frente de estas instituciones "carece" ya de utilidad y sería además contraria a su propia conciencia profesional. "Por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable", ha explicado.
Así, Lesmes solicitará de forma inmediata volver al servicio activo en la Carrera Judicial y se incorporará a su destino en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ya cuenta con nueve vacantes y que de este modo, ante la próxima jubilación de uno de sus magistrados, podrá mantener al menos por un tiempo el mínimo imprescindible de integrantes para constituir sus secciones de enjuiciamiento.
"INFRUCTUOSA VISITA" DE REYNDERS
En su declaración Lesmes también hace referencia a la "infructuosa visita" del Comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, quien, tras diversos encuentros con autoridades españolas, exhortó al Gobierno y a la oposición para que, de forma inmediata, se resolviera la situación de bloqueo y se abordara a continuación la reforma del modelo de elección de Vocales de procedencia judicial, sin que hayan dado "resultados positivos".
"Ante esta reiterada indiferencia a mis llamamientos, la expectativa que se abre no parece ser otra que el mantenimiento de una situación, quizás durante años, que debilita y erosiona cada vez más a las principales instituciones de la Justicia española y, por ende, de nuestro Estado de Derecho", ha apostillado.
Lesmes ha asegurado que adopta esta decisión por respeto a la dignidad de las instituciones que preside y por respeto también a los jueces españoles, "que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la Justicia entera".
Los negociadores de los sectores progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen previsto reunirse este miércoles para abordar una vez más la cuestión de los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que compete realizar al órgano de gobierno de los jueces, al mismo tiempo que la amenaza de dimitir verbalizada por su presidente, Carlos Lesmes, para forzar la renovación del CGPJ cobra fuerza hasta el punto de que su partida podría ser inminente.
El Pleno acordó la semana pasada que los interlocutores conservadores --José Antonio Ballestero y Carmen Llombart-- y progresistas --Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach-- se verían este 5 de octubre para intentar decantar dos candidatos que llevar a un nuevo Pleno al día siguiente y que, en caso de fracasar, se convocaría otro Pleno extraordinario el día 13 "para que los miembros de la comisión negociadora den cuenta de las gestiones realizadas".
Desde entonces, los contactos entre ambas corrientes y en el seno de las mismas se han sucedido. El bloque conservador celebró el martes por la tarde una reunión que se prolongó hasta altas horas de la noche para fijar posición de cara a la cita del miércoles. El cónclave interno terminó con un acuerdo "unánime" sobre cómo afrontar las conversaciones con sus colegas progresistas.
Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan a una fractura en el bloque conservador por la cual algunos vocales 'moderados' estarían dispuestos a pactar los dos candidatos al TC, pero aún está por ver si los progresistas --que ya pusieron nueve nombres sobre la mesa-- logran sumar los cuatro apoyos que necesitan del otro bando.
En ello juega un papel clave Lesmes, que está decidido a redoblar esfuerzos para dejar atados los nombramientos al TC antes de materializar su renuncia, tal y como manifestó durante la apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre, cuando avisó de que se iría en "semanas", no "meses" si no había progresos entre PSOE y PP para renovar el Consejo, aunque matizando que no renunciaría hasta dejar encarrilado el asunto del Tribunal Constitucional.
Las citadas fuentes indican que Lesmes pretende agotar los contactos oficiales y oficiosos a lo largo de esta semana con la idea de cumplir el cronograma acordado, que alcanza hasta el día 13. Si ve posibilidad de designar a la dupla para el Constitucional, postergará su partida hasta que haya fumata blanca, exponen. Pero, si pasados estos días concluye que las negociaciones continúan bloqueadas, podría abandonar el cargo este mismo viernes, añaden.
Así las cosas, una de las principales preocupaciones del Consejo en estos momentos es el escenario al que daría paso la dimisión de Lesmes. Algunas de las fuentes preguntadas por esta agencia de noticias hablan directamente de "caos".
'HOJA DE RUTA' DE UNA DIMISIÓN
Lesmes ha intentado preparar su salida por cuanto encargó al Gabinete Técnico del TS un informe para que determinara cómo se le debe reemplazar en los dos cargos que ostenta: presidente del CGPJ y del Supremo. Los expertos señalaron que, llegado el momento, debe sustituirle quien ocupe la Vicepresidencia del alto tribunal, que ahora desempeña interinamente el magistrado Francisco Marín Castán.
Sin embargo, este es otro punto de fricción. Las fuentes advierten de que desde el CGPJ no ven con buenos ojos que Marín Castán recoja el testigo de Lesmes estando en funciones sin que --apostillan-- el Consejo haya intervenido en la elección de su presidente. Por eso, sopesan desmarcarse del informe técnico entronizando al miembro de mayor edad del CGPJ, Rafael Mozo, como presidente interino.
Las mismas fuentes avanzan que, de enrocarse ambas posiciones, podrían abocar al Poder Judicial a una bicefalia, así como a un intenso debate jurídico que podría acabar judicializado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS. Se trataría de una "crisis constitucional" sin precedentes, anudan.
REYNDERS, EL PUNTO DE INFLEXIÓN
Los acontecimientos se han precipitado tras la visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, que estuvo en España entre el 28 y el 30 de septiembre para protagonizar una ronda de conversaciones con todos los actores implicados en la crisis del Poder Judicial, PP y PSOE incluidos.
Los vocales congelaron sus negociaciones a la espera de los resultados que obtuviera Reynders, el cual se fue sosteniendo que había arrancado un "compromiso claro" a Gobierno y PP para renovar ya el CGPJ y reformar "inmediatamente después" el sistema de elección de sus miembros, pero ambas partes rebajaron posteriormente dicho compromiso. Lesmes recalcó entonces que, si no había avances concretos, su continuidad como jefe del Poder Judicial "carecería de sentido".
La presión sobre el CGPJ empezó aumentar el pasado 12 de junio, cuando venció el mandato del presidente del TC, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente; Juan Antonio Xiol; y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, y con ello la necesidad de que --conforme dicta la Constitución-- Gobierno y CGPJ propusieran cada uno dos aspirantes a cubrir las vacantes.
Ante las dudas jurídicas de que Moncloa pueda designar los suyos sin esperar al Consejo, el Gobierno impulsó una segunda reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que devolvió al CGPJ sus poderes para realizar nombramientos pero solo para los dos del TC, imponiendo además una fecha límite para ello: el 13 de septiembre, ya ampliamente superada.
El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este lunes que espera una llamada del Gobierno de Pedro Sánchez para sentarse a renovar tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Tribunal Constitucional, en línea con el emplazamiento que ha realizado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en su visita a España hace unos días.
"Si recibimos una llamada del Gobierno, nos vamos a sentar a negociar porque creemos que esto es clave", ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, donde ha asegurado que este asunto "no se habla en el metro" --en alusión a las palabras de la ministra de Justicia-- pero "afecta a la arquitectura constitucional" de España.
González Pons ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo lleva solo cinco meses al frente de la Presidencia del PP mientras que el CGPJ lleva más de tres años y medio caducado. y ha añadido que en estos meses el PP ha hecho "todos los esfuerzos posibles para desenquistar el nudo".
Tras defender que se elijan a la vez el CGPJ y el Tribunal Constitucional, el dirigente del PP ha emplazado al Gobierno a "jugar limpio" y decir cuáles son sus propuestas para el TC. A su juicio, no es "aceptable" que el Gobierno siga "presionando" al CGPJ para que elija a sus vocales cuando el Gobierno no ha dado a conocer los suyos, algo que, a su juicio, evidencia que "ahí hay cierta maldad política de fondo".
PP y PSOE se han enfrentado este jueves en el Congreso ante el comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, por la situación de bloqueo que atraviesa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que permanece en funciones desde diciembre de 2018 ante la incapacidad de las formaciones de llegar a un acuerdo para nombrar a los vocales del órgano.
El senador del PP Rubén Moreno ha asegurado que "el Gobierno sigue empeñado" en hacer de esta situación "un intercambio de cromos". "Uno puede pensar que es especulación de la oposición, pero no lo es", ha dicho, mientras que el diputado del PSOE Pere Joan Pons ha incidido en que todo se trata de "un boicot constante por parte del primer partido de la oposición", en referencia a los 'populares'.
Los de Alberto Núñez Feijóo han dicho que "el PP sigue dispuesto a sentarse con el Gobierno a reformar y a renovar conjuntamente el CGPJ". Los de Pedro Sánchez, por su parte, han señalado que la formación 'popular' trabaja en "una estrategia de acoso y derribo" y "una retahíla de excusas" para mantener el bloqueo. "El CGPJ está bloqueado por los señores que están ahí enfrente", ha espetado Pons, señalando a la bancada del PP.
Desde el Grupo Confederal Unidas Podemos, el diputado Enrique Santiago ha aprovechado para alinearse con su socio de Gobierno y, delante de Reynders, ha acusado al PP de negarse a cumplir la ley y la Constitución desde hace cuatro años. "Siempre ha sido el PP quien ha efectuado ese bloqueo", ha indicado el dirigente de la formación 'morada', que ha precisado que "nunca se había llegado a la situación actual".
Santiago ha subrayado, además, que España se encuentra ante "otro incumplimiento de la Constitución y de la ley", en referencia a los vocales del CGPJ que han decidido "incumplir la ley porque opinan que no es adecuada". Así, ha señalado a algunos vocales de la denominada ala conservadora que "coinciden" con "la posición del PP".
Al hilo, también ha incidido en que el PP reclama una reforma legal "que no es apoyada por una mayoría parlamentaria", al tiempo que ha asegurado que "no es cierto que la elección del CGPJ se haga al margen de los jueces". "Las asociaciones recogen los avales necesarios. Los jueces eligen a los jueces", ha señalado.
El intercambio de acusaciones entre las formaciones ha tenido lugar en el marco de la Comisión Mixta de la UE del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido Reynders esta tarde tras una jornada de reuniones con asociaciones de jueces, representantes de partidos políticos y miembros del Ejecutivo, como la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Reynders se encuentra en Madrid en una visita que durará hasta mañana viernes, cuando también tiene previsto reunirse con el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
REYNDERS VE CON PREOCUPACIÓN LA NO RENOVACIÓN
En su intervención, el comisario de Justicia ha asegurado que en las reuniones que ha mantenido entre ayer y hoy ha visto "voluntad" para la renovación del CGPJ y de iniciar un "procedimiento para organizar la reforma", al tiempo que ha advertido de que Bruselas vigilará cómo evoluciona la aplicación de sus recomendaciones.
"La principal preocupación es que no haya renovación del CGPJ. Cada vez hay más plazas vacantes en el Supremo. Es más difícil conseguir que haya sentencias", ha alertado el comisario.
Reynders ha incidido en la necesidad que se proceda "de forma prioritaria" a la renovación del CGPJ y que "inmediatamente" después se inicie el procedimiento para reformar el modelo de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
El comisario, que ha recordado que la Comisión Europea ya recomendó a España en 2010 reformar el modelo de elección del CGPJ, ha destacado que en el caso de España lo que más atención ha generado para la UE es el "bloqueo" del Consejo, si bien ha puntualizado que no solo le prestan atención a la situación española, sino también "al conjunto de los Estados miembros".
Además, ha incidido en que si algún país decide poner en marcha un consejo general de jueces tiene que respetar una serie de "normas" para que se garantice la independencia de los jueces y el derecho de los ciudadanos a tener acceso a un juez imparcial.
"La idea de que el CGPJ tenga que estar compuesto por una mayoría de jueces elegidos por sus pares no es una imposición de la Comisión Europea, sino que es una decisión del comité de ministros del Consejo de Europa", ha remarcado, para señalar que España pertenece a este organismo.
EL RESTO DE PARTIDOS DENUNCIA LA "ANOMALÍA"
Durante la Comisión Mixta en el Congreso, el resto de grupos parlamentarios se ha dirigido a Reynders para pedirle, entre otras cosas, que ayude a desbloquear el órgano de gobierno de los jueces.
Por parte de Vox, José María Sánchez ha criticado la "refriega" entre el PP y el PSOE por la renovación del CGPJ, que se sustenta sobre un modelo de elección, en su opinión, "escandalosamente fracasado", por la lucha del "bipartidismo" para "controlar el Poder Judicial" además de los otros dos, el Ejecutivo y el Legislativo.
El diputado ha trasladado a Reynders que con este problema no se ha "avanzado nada" porque se lleva arrastrando desde la entrada en vigor, en 1985, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Acto seguido, ha apostado por reformar primero la ley y después elegir al Consejo.
La diputada María Muñoz, de Ciudadanos, ha considerado "esencial" que el comisario europeo "tenga perfecto conocimiento de la situación del CGPJ" y ha defendido que "no basta exigir que se desbloquee hoy" el órgano de gobierno de los jueces, sino que se reforme el modelo de elección de los vocales.
"Sabemos que después de ese desbloqueo nada cambiará y todo seguirá igual", ha señalado Muñoz para luego pedir que se inste desde Europa a "modificar la ley". "Después de 40 años haciéndolo mal es momento de hacerlo bien", ha señalado. "No creemos que la Comisión Europea deba ceder y mantenernos en el problema. No podemos seguir conduciendo un coche viejo que contamina cambiando al conductor", ha añadido.
Asimismo, el diputado de UPN Sergio Sayas ha insistido en que España no puede "prolongar más tiempo" esta "anomalía". "Hay que empezar a hacerlo bien", ha dicho tras subrayar que rechaza "cualquier intento de dilación por parte del Gobierno".
Por su parte, Mikel Legarda, del PNV, le ha preguntado a Reynders por qué desde la UE se le exige a España y "no a otros" países miembros cumplir unas "condiciones" a la hora de elegir a los vocales al CGPJ, cuando el modelo de consejo de magistratura como el español no es el "generalizado" a nivel europeo y hay casos con menor proporción de jueces representados e injerencia también del poder político.
Al margen, el diputado de Junts Josep Pagès ha reprochado al comisario europeo que haya "negado reunirse con entidades independentistas, como Òmnium" y con los eurodiputados del movimiento separatista catalán. "Sinceramente, lo que parece es que usted ha venido a una fiesta como DJ contratado a pinchar el disco de González Pons", ha dicho.
Desde Esquerra Republicana (ERC), Marta Rosique ha manifestado a Reynders que la "mayoría de los partidos" no tienen ninguna intención de aplicar recomendaciones de Bruselas y ha expresado que en España los jueces "hacen interpretaciones tan propias de la ley que gobiernan más que el Ejecutivo o el Legislativo".
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha expresado que Didier Reynders sabe "perfectamente" la "situación crítica" que atraviesa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha emplazado a dimitir a su presidente, Carlos Lesmes, a la salida de la reunión que ha mantenido con el comisario europeo de Justicia, de visita en Madrid.
"Hay que renovar y cambiar ya la ley" para que los jueces tengan voz en la elección de los vocales del Consejo, ha pedido Del Barco en declaraciones a los medios, antes de reclamar a los partidos políticos que cumplan lo que ha pedido varias veces Bruselas.
A esto, ha recordado que Bruselas "exige fortalecer el Estado de derecho y eso solo es posible si se cambia la ley orgánica y se devuelve a los jueces la facultad de elegir a los vocales judiciales". "Pero primero, lo urgente, es renovar", ha resaltado.
Para Del Barco, que a Reynders le preocupe este "grave problema" a ella le tranquiliza "como ciudadana y como jueza", al tiempo que ha deseado que las recomendaciones hechas por la Comisión Europea "sean cumplidas y el año que viene no" continúe "esta situación".
LESMES NO PUEDE RECULAR
Y preguntada por si los vocales denominados conservadores del órgano de los jueces deberían hacer algo para parar la posible dimisión del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, la presidenta de la APM, la asociación mayoritaria en la carrera judicial, ha sostenido que Lesmes no puede retroceder si esa es su intención.
"Creo que el presidente ha anunciado su dimisión y lo que corresponde es que dimita", ha asegurado Del Barco, antes de decir que cree que "lo contrario afectaría y dañaría a la imagen ya bastante deteriorada por desgracia ya del actual Consejo", que acumula casi cuatro años sin acometer su renovación por la falta de acuerdo de los partidos políticos para nombrar a los nuevos vocales.
En su opinión, "cuando uno anuncia que se va de un cargo de responsabilidad como ser presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, no puede tener marcha atrás".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este jueves a las 10.00 horas un Pleno que, por segunda vez, lleva en el orden del día proponer dos candidatos para cubrir las vacantes en el Tribunal Constitucional (TC), aunque lo más probable es que concluya sin acuerdo, ya que las negociaciones entre los sectores conservador y progresista siguen paralizadas a la espera de los frutos que dé la visita a España del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders.
Los vocales ya se reunieron en Pleno el pasado 8 de septiembre con el mandato expreso del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, de llevar a cabo dichos nombramientos, algo que no pudo ser, ya que los denominados sectores progresista y conservador se limitaron entonces a pactar las "reglas del juego": que los dos aspirantes deben elegirse entre magistrados del Tribunal Supremo (TS) y que no volverían a llevar este asunto a Pleno hasta que hubiera dos candidatos claros.
Desde entonces, los interlocutores de ambas corrientes --José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador; y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach, del progresista-- han mantenido contactos informales para intentar alcanzar un consenso sobre esos dos candidatos iniciales, a los que una vez convocado Pleno podrían sumarse otros.
La semana pasada, ratificaron su voluntad de cumplir con su obligación constitucional de postular a dos magistrados para el TC, pero hasta ahí las coincidencias. Los progresistas acudieron con nueve nombres, si bien los conservadores no presentaron candidatos asegurando que ningún miembro del Supremo se les había ofrecido para la corte de garantías.
Otro de los puntos de controversia fue precisamente el 'tempo'. Los progresistas abogaron por pactar "en el plazo más breve posible y siempre antes del Pleno convocado para el día 29 de septiembre", pero los conservadores les trasladaron que no consideran que la designación deba hacerse mañana, aduciendo que "la relevancia de estos nombramientos exige que rija el principio de eficiencia y no el de urgencia".
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran a Europa Press que apenas ha habido movimientos, por lo que, aunque en el orden del día figure la propuesta de dos candidatos al TC, prácticamente descartan que haya fumata blanca.
LA VISITA DE REYNDERS
De hecho, los vocales conservadores han tenido una reunión la víspera del Pleno en la que, según las fuentes consultadas, han ratificado su postura de no avanzar en las negociaciones con sus colegas progresistas hasta poder evaluar los resultados de la ronda de contactos que Reynders tiene previsto realizar entre miércoles y viernes.
Las esperanzas están puestas en Reynders porque antes de aterrizar en Madrid avanzó que venía con la intención de implicarse en la solución a la crisis del Poder Judicial, que hunde sus raíces en la incapacidad de PP y PSOE para pactar la renovación del CGPJ, pendiente desde el 4 de diciembre de 2018.
Reynders tiene previsto verse a las 9.30 con el vicesecretario de Institucional del PP, el eurodiputado Esteban González Pons, que le expondrá de nuevo la propuesta judicial que Alberto Núñez Feijóo envió a Moncloa; y a las 13.30 con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ya ha avisado desde el Congreso de los Diputados de que la renovación del CGPJ no depende del comisario europeo, sino de los 'populares', que a su juicio llevan "cuatro años" con excusas.
A pesar del optimismo que algunas fuentes reconocen en el CGPJ por el impacto que pueda tener Reynders --logrando en el mejor de los escenarios un acuerdo global que resuelva los bloqueos concatenados en Consejo y Constitucional--, al mismo tiempo rebajan las posibilidades de éxito al apreciar cierta reticencia en las palabras de Bolaños.
LA AMENAZA DE LESMES
El Pleno servirá también para que Lesmes dé cuenta del informe elaborado por el Gabinete Técnico del TS sobre cómo sustituirlo en ambos cargos, el de presidente del CGPJ y del Supremo, si finalmente cumple su amenaza de dimitir.
Los expertos del TS aclararon que, en caso de que abandone, Lesmes debe ser reemplazado como jefe del Consejo y del alto tribunal por el vicepresidente del Supremo, cargo que ocupa interinamente el presidente de sala más antiguo, el magistrado Francisco Marín.
No obstante, las referidas fuentes subrayan que Lesmes planea jugar una última carta convocando otro Pleno para el 3 de octubre, ya superada la visita de Reynders, que también se verá con los presidentes del CGPJ y del TC, Pedro González-Trevijano, en dos encuentros previstos para el 30 de septiembre.
Lesmes verbalizó su intención de dimitir durante la apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre. En declaraciones a la prensa reveló que, si no había acuerdo para renovar el CGPJ, renunciaría al cargo como medida de presión, pero no sin dejar al menos encarrilados los nombramientos al TC.
FUERA DE PLAZO
Cabe recordar que la mencionada designación se hará ya fuera de plazo, dado que la segunda reforma operada por el Gobierno sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que devolvía al Consejo su poder para hacer nombramientos en los altos tribunales pero solo para el TC, imponía como fecha límite el 13 de septiembre.
El problema de fondo es que el 12 de junio venció el mandato de González-Trevijano, del vicepresidente del TC, Juan Antonio Xiol, y de Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ, con dos cada uno.
En un principio, el Gobierno deslizó la posibilidad de efectuar sus nombramientos sin esperar al CGPJ, si bien las fuentes jurídicas preguntadas por Europa Press arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos aspirantes del Ejecutivo puedan tomar posesión sin la dupla del Consejo.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que Moncloa aguardará a que el CGPJ tenga sus dos candidatos para acometer la renovación parcial del TC, si bien rehusó precisar hasta cuándo está dispuesta a esperar.
El comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), el liberal belga Didier Reynderes, llegará este miércoles a Madrid para elevar la presión sobre el Gobierno y el Partido Popular (PP) e intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante un viaje de tres días que incluirá contactos políticos para desencallar las negociaciones, pero también reuniones con asociaciones de jueces e instituciones judiciales.
Así, la agenda que le tendrá en Madrid hasta el viernes 30 incluye encuentros con cinco miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, incluidos la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, según han informado a Europa Press distintas fuentes oficiales.
Se reunirá también con el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, y con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todos estos encuentros tendrán lugar el viernes. Ese mismo día, por la mañana, protagonizará un desayuno informativo.
El jueves por la mañana se verá con dos de las cuatro asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), para abordar la situación de bloqueo que atraviesa el CGPJ, que permanece en funciones desde diciembre de 2018.
Por la tarde, intervendrá en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea y hablará con los principales grupos de la oposición parlamentaria, incluidos PP y Ciudadanos.
Con Inés Arrimadas y Edmundo Bal (presidenta y vicesecretario general del partido 'naranja') se verá a las 15.00 horas en el Congreso, mientras que, en el caso del PP, el comisario se reunirá con el vicesecretario de Institucional de ese partido, el eurodiputado Esteban González Pons, quien le expondrá de nuevo la propuesta judicial que Alberto Núñez Feijóo envió a Moncloa y que busca, según los 'populares', "avanzar" en una mayor profesionalización e independencia de la Justicia.
Aunque en 'Génova' no tienen constancia de que el comisario europeo de Justicia haya solicitado un encuentro a tres (Gobierno-PP-Comisión Europea), fuentes del PP han señalado a Europa Press que ellos no ponen reparos. "Si lo pide, ahí estaremos".
AVISOS ANTERIORES
El viaje de Reynders se produce apenas dos semanas después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourová, que ya estuvo en Madrid en junio, respaldara en una carta a Lesmes y avisara de que el "correcto funcionamiento de las instituciones del Estado" --como el órgano de gobierno de los jueces-- "no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate".
La renovación del CGPJ es una "prioridad" desde hace años para Bruselas, que también considera urgente que "inmediatamente después" se reforme el sistema de designación de los vocales del órgano, de modo que sean elegidos en su mayoría por los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
Así figura cada año en el informe en el que el Ejecutivo comunitario evalúa la salud democrática en la Unión Europea y así lo han dicho --en público y en sus contactos directos con el Gobierno, oposición y asociaciones de jueces-- tanto el propio Reynders como Jourová.
Pese a las reiteradas llamadas al diálogo desde Bruselas, la falta de avances ha llevado a los servicios comunitarios a notificar su preocupación en una "recomendación" específica dentro del informe anual sobre España.
Ello permitirá evaluar el próximo verano si se han dado pasos suficientes antes de decidir si son necesarios "otros instrumentos" para favorecer las mejoras, según dijo Reynders hace días, cuando también dejó claro que a la luz del 'impasse' intentará mediar entre las fuerzas políticas durante su visita a España.
LA UE SE IMPLICA EN EL DIÁLOGO
"Podemos también implicarnos en el diálogo, no solamente pedir que haya un diálogo sino tratar de acercarles. Ya lo hemos hecho e intentaré hacerlo en esta visita", aseguró el pasado martes en declaraciones a varios medios, entre ellos Europa Press, en los márgenes de una reunión a 27 sobre el Estado de derecho en la UE.
"Intentamos organizar un diálogo entre fuerzas políticas porque el cambio del CGPJ necesita mayorías tales que requiere de la colaboración entre las principales fuerzas políticas", explicó el comisario, para quien es tan urgente que "se pongan en marcha" los nuevos nombramientos como que se aborde "muy rápidamente" la reforma del sistema.
En cualquier caso, en sus llamadas de atención, Reynders trata de remarcar que la situación en España "no es en absoluto" comparable a la situación de otros Estados miembro en los que, como ha ocurrido con Polonia, Bruselas ha iniciado procedimientos más severos tras constatar una "regresión" en su sistema democrático.
DESCARTAN SANCIONES A ESPAÑA
Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press remarcan que a ojos del Ejecutivo comunitario no hay base jurídica para actuar contra España porque no existe una regresión sobre la legislación existente, como sí sucede con las reformas de Budapest y Varsovia para interferir en el sistema judicial.
Tampoco contemplan que la situación afecte al desembolso de fondos de recuperación de la Unión Europea para España en tanto que los hitos y condicionalidad está ya negociada.
Preguntado días antes de su viaje por las consecuencias para España si persiste el bloqueo, Reynders descartó también la perspectiva de procesos sancionadores como el del artículo 7, que se activó contra Hungría y Polonia por riesgos sistémicos en el Estado de derecho. Sólo en caso de que la situación "durante años no mejorara", dijo el comisario, el Ejecutivo comunitario "tendría que pensar en otros instrumentos" para presionar a España.
Además de esta cuestión, el comisario quiere abordar con las autoridades el uso del software de espionaje 'Pegasus', programa supuestamente utilizado para espiar a líderes independentistas y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por cuya utilización en distintos Estados miembro se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento Europeo.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha asegurado que "lamenta profundamente" que su presidente --y también presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)--, Carlos Lesmes, pueda verse abocado a renunciar al cargo y ha incidido en que "aún confía" en que el Congreso y el Senado "cumplan sin más demora sus obligaciones constitucionales" y renueven el órgano de gobierno de los jueces "antes de llegar" a este punto.
Así lo ha informado el gabinete de prensa del Supremo después de que la Sala de Gobierno se reuniera este lunes para escuchar a Lesmes exponer el informe que encargó al Gabinete Técnico. En dicho informe se aborda el mecanismo legal para su "eventual sustitución", toda vez que durante la apertura del año judicial amenazara con dimitir si no se renovaba el CPGJ, que permanece en funciones desde diciembre de 2018.
Según informó el CGPJ el pasado viernes, Lesmes trasladaría a los magistrados de la Sala de Gobierno del Supremo que el presidente de la Sala Civil de este Alto Tribunal, el magistrado Francisco Marín, sería quien debería asumir su cargo al frente del Supremo y del CGPJ si dimite.
EL INFORME DEL GABINETE TÉCNICO
El informe encargado por Lesmes concluye, entre otros puntos, que "tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable". Así las cosas, se "excluye" la posibilidad de articular "vías diferenciadas de sustitución"; es decir, que no será posible que el vicepresidente del Supremo le sustituya en el tribunal y que el vocal de mayor edad asuma sus funciones en el Consejo.
"Excluida la doble vía de sustitución, esta ha de proveerse como canal único a través de la vicepresidencia del Tribunal Supremo, a quien por ley le corresponde sustituir al presidente", han concluido los miembros del Gabinete Técnico.
Desde el Consejo han recordado que la vicepresidencia del Supremo se encuentra vacante desde octubre de 2019, cuando el magistrado Ángel Juanes abandonó el cargo por llegar a la edad de jubilación. Desde entonces, el puesto ha sido cubierto interinamente por el presidente de Sala más antiguo, el magistrado Francisco Marín, que será quien ocupe el cargo de Lesmes.
Los expertos han defendido que el Tribunal Constitucional ya despejó "cualquier sombra de duda" al respecto cuando examinó la constitucionalidad del régimen de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, han precisado que la sustitución de Lesmes se dará "de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno".
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, explicará la semana que viene a la Sala de Gobierno del tribunal y al Pleno del órgano de gobierno de los jueces el mecanismo legal para su "eventual sustitución", tras amenazar, en la apertura del año judicial, con dimitir si no había avances en la renovación del Consejo, que permanece en funciones desde 2018.
Así lo ha dado a conocer este viernes en un comunicado el CGPJ, que explica que se trata de un informe a petición expresa del propio Lesmes al Gabinete Técnico del órgano que preside desde el año 2013.
Dicho informe concluye, entre otros puntos, que "tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución: a través del vicepresidente del Tribunal Supremo o de quien ejerza sus funciones en la presidencia del Tribunal Supremo y por el vocal de mayor edad en la presidencia del CGPJ".
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ha trasladado a varios vocales su intención de convocar un nuevo Pleno el próximo 3 de octubre con el objetivo de que lo usen para nombrar ya los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde, después de que la segunda ronda de negociaciones fracasara este mismo miércoles.
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indican, según ha avanzado 'ABC', que Lesmes ha comunicado a algunos vocales que, si no aprovechan el Pleno ordinario ya fijado para el próximo 29 de septiembre, podría convocar otro el 3 de octubre.
No obstante, las mismas fuentes subrayan que el hecho de que se celebre un Pleno extraordinario no implica que el acuerdo vaya a lograrse porque la clave sigue siendo concitar el suficiente consenso entre las dos almas del CGPJ --progresista y conservadora-- para sumar los 12 votos que hacen falta de los 19 en juego.
En el Pleno que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre, convocado expresamente para que se efectuaran dichos nombramientos --aunque sin éxito--, los vocales pactaron que no volverían a reunirse todos hasta que no hubiera dos candidatos claros, algo que aún parece lejano.
A ello se suma la advertencia lanzada por Lesmes un día antes, durante la apertura del curso judicial, cuando avisó de que estaba dispuesto a dimitir en "semanas" si no se desbloqueaba la renovación del CGPJ. Eso sí, añadió que no se iría hasta dejar los nombramientos para el TC encarrilados.
Este último movimiento por parte de la cabeza del Poder Judicial, marcando nueva fecha en el calendario, se ha producido horas después de que la segunda reunión entre los interlocutores conservadores y progresistas acabara sin acuerdo.
DIFERENTES "TIEMPOS"
Los negociadores de ambos sectores han confirmado "el más firme compromiso de cumplir con las competencias propias del Consejo" para realizar dichos nombramientos, así como su coincidencia "en la necesidad de lograr amplias mayorías" para designarlos.
Sin embargo, el ala progresista ha puesto de manifiesto que hay "una diferencia en cuanto a los tiempos" porque ellos han propuesto cerrar el acuerdo "en el plazo más breve posible", de cara al Pleno del día 29, pero sus colegas conservadores han contestado que no creen que se pueda llegar a esa fecha.
La parte conservadora ha esgrimido que todavía carecen de una lista de candidatos, porque aseguran que ningún magistrado del Tribunal Supremo se les ha ofrecido para ir al TC, mientras que los vocales progresistas ya han puesto sobre la mesa nueve nombres, entre ellos el de Pablo Lucas, el juez encargado de controlar al CNI.
Pese a ello, los vocales conservadores se han citado internamente para el 28 de septiembre, justo antes de que el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, inicie su visita de dos días a España.
Las citadas fuentes apuntan que la corriente conservadora confía en que Reynders logre desatascar las negociaciones en torno al Poder Judicial. Por ejemplo, con un acuerdo global que abarque las renovaciones tanto del CGPJ (que lleva casi cuatro años caducado) como del TC, concretan.
El propio Reynders dijo el martes en declaraciones a la prensa que durante su estancia en España podría no limitarse solamente a pedir diálogo entra las fuerzas políticas para que pacten la renovación del CGPJ sino implicarse directamente.
RENOVACIÓN PARCIAL EN EL TC
Una las preocupaciones de la corriente conservadora es la situación de colapso en la que quedaría el TS si los dos magistrados elegidos para el Constitucional salen del Supremo mientras el CGPJ sigue sin poder cubrir las vacantes generadas en la cúpula judicial.
Varias salas del TS se encuentran ya en una situación límite a causa de la reforma legal impulsada por el Gobierno que desde marzo de 2021 prohíbe a un CGPJ en funciones --como el actual-- realizar nombramientos discrecionales en los altos tribunales.
El Ejecutivo promovió una segunda reforma, aprobada el pasado julio, para devolver al Consejo su capacidad de realizar nombramientos pero solo para elegir a sus dos candidatos al Constitucional y hacerlo antes del 13 de septiembre, fecha superada que en realidad desde buena parte del CGPJ se vio siempre como orientativa.
El problema de fondo es que el 12 de junio venció el mandato del presidente del TC, Pedro González-Trevijano, del vicepresidente Juan Antonio Xiol y de Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ, con dos cada uno.
En un principio, el Gobierno deslizó la posibilidad de efectuar sus nombramientos sin esperar al CGPJ, si bien las fuentes jurídicas preguntadas por Europa Press arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos aspirantes del Ejecutivo puedan tomar posesión sin la dupla del Consejo.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró la semana pasada que Moncloa, "lógicamente", aguardará a que el CGPJ tenga sus dos candidatos para acometer la renovación parcial del TC, si bien rehusó precisar hasta cuándo está dispuesta a esperar.
Los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han concluido sin acuerdo la reunión que han celebrado este miércoles para continuar con las negociaciones destinadas a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde, según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press.
Los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart --del lado conservador-- y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach --por parte progresista-- han estado reunidos durante más de dos horas como parte de este segundo encuentro, al que acudían ya con un primer acuerdo por el cual decidieron que los dos candidatos al TC saldrían de los magistrados del Tribunal Supremo (TS).
Los representantes progresistas, tal y como se comprometieron, han ido a la reunión de este miércoles con nueve aspirantes, entre los que destacan Pablo Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una Sala (la de lo Social) del alto tribunal; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga.
Completan la lista los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet, así como el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde --que formó parte de esa misma sala y del actual CGPJ-- y la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles.
No obstante, los portavoces conservadores aseguran que no han recibido ninguna candidatura de ningún magistrado del Supremo, "más allá de un mero contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual", según reza el comunicado difundido tras el cónclave.
LA VISITA DE REYNDERS
El bloque conservador ya acudió a la primera reunión sin candidatos y todo auguraba que hoy ocurriría lo mismo. Las citadas fuentes indican que el sector conservador confía en que la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, a finales de mes sirva para desatascar las negociaciones en torno al Poder Judicial, de acuerdo con las citadas fuentes.
Reynders dijo el martes en declaraciones a la prensa que durante su estancia en España, entre el 29 y el 30 de septiembre, podría no limitarse solamente a pedir diálogo entra las fuerzas políticas para que pacten la renovación del CGPJ sino implicarse directamente.
Las fuentes apuntan que un acuerdo global --que abarque tanto Consejo General del Poder Judicial como Tribunal Constitucional-- podría ser la fórmula mágica para acabar con el bloqueo en ambas instituciones.
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles que la Comisión Europea está muy preocupada con la "actitud obstruccionista" del PP y su bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por eso ha endurecido el tono contra el principal partido de la oposición.
En los pasillos del Congreso, Bolaños ha señalado que la Comisión Europea, que normalmente realiza unas declaraciones "muy diplomáticas", ahora ha dado "un paso adelante" con la carta que envió la vicepresidenta Vera Jourova al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.
En la misiva, señalaba que el órgano de gobierno de los jueces era "rehén" y para Bolaños este mensaje iba dirigido al principal partido de la oposición. "Rehén de quien lo tiene secuestrado que es el PP", ha subrayado.
A su juicio, la preocupación de la Comisión "se está manifestando de manera muy clara", según ha afirmado y por tanto ha reiterado el llamamiento al PP para que haga "lo básico, lo que son los parvulitos en la democracia, que es cumplir la ley y la Constitución", ha añadido.
De este modo ha acusado al PP de estar sometiendo al órgano constitucional a un bloqueo "inaceptable" y "antidemocrático" y le ha pedido que acabe con esta situación.
A este respecto, cabe recordar que el comisario de Justicia de la UE, Dider Reynders, visitará España la próxima semana y se reunirá con ministros, oposición y asociaciones de jueces para insistir en la urgencia de la renovación del CGPJ. Además, según afirmó este martes, espera poder acercar posiciones entre el Gobierno y el PP.
"Podemos también implicarnos en el diálogo, no solamente pedir que haya un diálogo (entre las fuerzas políticas) sino tratar de acercarles. Ya lo hemos hecho e intentaré hacerlo en esta visita", indicó el comisario a periodistas en Bruselas.
HARÁN UN ESFUERZO PARA APROBAR LA LEY 'DARIAS'
Por otro lado, al ser preguntado sobre si el Ejecutivo contará con el apoyo del PP para sacar adelante la ley de equidad y cohesión del sistema nacional de salud, conocida como ley 'Darias', Bolaños ha respondido que esa es una cuestión para los 'populares' y se ha limitado a decir que están hablando con los grupos.
Así, ha recordado que el Congreso está muy fraccionado y por tanto tendrán que hacer "un esfuerzo de diálogo" para aprobar este jueves la citada ley de sanidad. En ese sentido, Bolaños ha destacado que el Ejecutivo ya ha sacado adelante 163 iniciativas en lo que va de legislatura con "acuerdos, diálogo y equilibrios", ha apuntado.
LEY DE VOTO ROGADO CON EL APOYO DEL PP
Finalmente, Bolaños ha destacado que el Senado va a aprobar este mismo miércoles la ley por la que suprime el voto rogado, lo que supone que se va a facilitar la participación en los comicios electorales de los ciudadanos españoles que residen en el extranjero.
Esta iniciativa, que ya fue aprobada en el Congreso el pasado mes de junio --y que fue pactada con el PP-- verá finalmente la luz si ,como se prevé, supera el trámite en la Cámara Alta. Para Bolaños, esta medida servirá para que aquellos que residen fuera del país se sientan también "españoles de primera" a la hora de votar.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha advertido este miércoles que es "insostenible" el bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha criticado que haya condiciones previas para sentarse a designar a los vocales.
Así se ha expresado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de si cree que la falta de acuerdo entre los dos principales partidos políticos para renovar el órgano de gobierno de los jueces puede acabar dando una imagen de que la justicia está politizada.
"El engranaje es muy complejo", ha afirmado el fiscal general, que ha asegurado que se trata de un deber sentarse "cuando toca en el momento que toca y sin condiciones" para ver qué formas de acuerdo se puede tener para designar a los vocales del Consejo.
Asimismo, ha enfatizado que "no es lo mismo" sentarse y discutir cuál es el candidato ideal, que no sentarse en esa mesa. "Son dos comportamientos muy diferentes", ha apuntado.
CRÍTICAS "EXACERVADAS" A SU NOMBRAMIENTO
En otra clave, en relación con los vocales conservadores que votaron en contra de su nombramiento como fiscal, ha aseverado que "en absoluto" le preocupa y que los órganos constitucionales no están para emitir opiniones "frívolas o no rigurosas".
"Primero, porque si uno lee el voto particular, la carencia de argumentos y la falta de argumentación, lo que te hace reflexionar no es sobre la figura del fiscal, es sobre el voto particular, sobre cómo y de qué manera un órgano que debería ser prudente en su propio ejercicio, pero más prudente cuando las tienes una prolongación de funciones es capaz de escribir cosas que objetivamente, además, no son ciertas", ha explicado.
García Ortiz considera que las críticas que se suscitaron fueron "exacervadas" y que, además, tenían la finalidad de "socavar cualquier nombramiento que se produjera" y, a partir de ahí, "seguir unos ataques personales que afortunadamente han ido a menos".
"El nombramiento es impecable", ha apostillado, a la par que ha lamentado que los siete votos en contra trataran de cuestionar la potestad del Ejecutivo para nombrar al fiscal general del Estado. "Puede ser criticable pero está en la Constitución", ha añadido.
DELGADO
Preguntado acerca de si este clima de crítica se debe a que la anterior fiscal, Dolores Delgado, pasó de ser ministra a la FGE, García Ortiz considera "normal" que estuviera dentro del panorama político porque no es un hecho habitual. Eso sí, ha aprovechado para poner en valor la actuación "impecable, coherente y honesta". "El ruido ha sido mucho mayor que la crítica", ha apuntado.
Sobre el futuro de Delgado y teniendo en cuenta que opta a un puesto de Jefa de la Sala de lo Militar, el fiscal no ha dado detalles sobre estos nombramientos que decide el Consejo Fiscal. Ha detallado que el criterio que seguirá es primero escuchar al Consejo Fiscal por ser el órgano informante, pero la responsabilidad recae sobre el fiscal general. "No puedo anticioar nada antes de escuchar al Consejo Fiscal", ha zanajado.
Los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reanudarán este miércoles las negociaciones destinadas a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde, ya con nueve candidatos propuestos por el sector progresista --como el juez del CNI, Pablo Lucas--, aunque lo más probable es que el acuerdo aún se haga esperar.
Los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart --del lado conservador-- y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach --por parte progresista-- se citaron presencialmente a las 9.30 horas de este 21 de septiembre después de una primera reunión celebrada el pasado viernes por videoconferencia con la que cerraron un puñado de acuerdos para entrar definitivamente en materia.
Como punto de partida, establecieron que estos dos magistrados del TC serán seleccionados por una "amplia mayoría" entre los jueces que actualmente desempeñan sus funciones en el Tribunal Supremo tras una "minuciosa evaluación" de sus currículos.
Los representantes progresistas avanzaron que a este segundo encuentro llevarán los CV de nueve aspirantes, entre los que destacan Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una Sala (la de lo Social) del alto tribunal; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga.
Completan la lista los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet, así como el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde --que formó parte de esa misma sala y del actual CGPJ-- y la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles.
LA VISITA DE REYNDERS
El bloque conservador acudió a la reunión 'online' sin candidatos y las fuentes consultadas por Europa Press indican que es probable que este miércoles ocurra lo mismo porque los vocales críticos prefieren que sus colegas progresistas elijan uno de esos nueve aspirantes para que ellos aporten otro.
Sin embargo, los vocales progresistas ya rechazaron la propuesta 'conservadora' que buscaba garantizar primero un consenso en el seno de ambas corrientes para perseguir después uno colectivo que permita convocar un nuevo Pleno con dos candidatos claros, tal y como se fijó el pasado 8 de septiembre.
A ello se suma una nueva variable, y es que el sector conservador confía en que la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, a finales de mes sirva para desatascar las negociaciones en torno al Poder Judicial, de acuerdo con las citadas fuentes.
Reynders ha dicho este mismo martes en declaraciones a la prensa que durante su estancia en España, entre el 29 y el 30 de septiembre, podría no limitarse solamente a pedir diálogo entra las fuerzas políticas para que pacten la renovación del CGPJ sino implicarse directamente.
Las fuentes apuntan que un acuerdo global --que abarque tanto Consejo General del Poder Judicial como Tribunal Constitucional-- podría ser la fórmula mágica para acabar con el bloqueo en ambas instituciones.
De hecho, una las preocupaciones de la corriente conservadora es la situación de colapso en la que quedaría el TS si los dos magistrados elegidos para el Constitucional salen del Supremo mientras el CGPJ sigue sin poder cubrir las vacantes generadas en la cúpula judicial.
Varias salas del TS se encuentran ya en una situación límite a causa de la reforma legal impulsada por el Gobierno que desde marzo de 2021 prohíbe a un CGPJ en funciones --como el actual-- realizar nombramientos discrecionales en los altos tribunales.
FUERA DE PLAZO
El Ejecutivo promovió una segunda reforma, aprobada el pasado julio, para devolver al Consejo su capacidad de realizar nombramientos pero solo para elegir a sus dos candidatos al Constitucional y hacerlo antes del 13 de septiembre, fecha superada que en realidad desde buena parte del CGPJ se vio siempre como orientativa.
El problema de fondo es que el 12 de junio venció el mandato del presidente del TC, Pedro González-Trevijano, del vicepresidente Juan Antonio Xiol y de Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ, con dos cada uno.
En un principio, el Gobierno deslizó la posibilidad de efectuar sus nombramientos sin esperar al CGPJ, si bien las fuentes jurídicas preguntadas por Europa Press arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos aspirantes del Ejecutivo puedan tomar posesión sin la dupla del Consejo.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró la semana pasada que Moncloa, "lógicamente", aguardará a que el CGPJ tenga sus dos candidatos para acometer la renovación parcial del TC, si bien rehusó precisar hasta cuándo está dispuesta a esperar.
Los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han celebrado este viernes una primera reunión informal para iniciar las negociaciones destinadas a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde y han acordado volver a verse el próximo día 21 para analizar ya los currículos de candidatos concretos, con preferencia por los que procedan del Tribunal Supremo (TS).
Durante este primer contacto oficioso, que se ha prolongado alrededor de hora y media, los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart --interlocutores del lado conservador-- y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach --del ala progresista-- han llegado a un puñado de acuerdos para poner en marcha las negociaciones entrando ya en materia, según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press.
Así, han pactado que estos dos magistrados del TC se nombren por una "amplia mayoría" y que su selección se haga tras una "minuciosa evaluación" de sus currículos, valorando con carácter preferente los de los aspirantes que actualmente presten servicios en el Tribunal Supremo (TS).
Para ello, han decidido volver a reunirse el próximo miércoles a las 9.30 horas. El sector progresista se ha comprometido a llevar a esta segunda cita una lista de nueve candidatos ordenada alfabéticamente.
Los interlocutores designados por los sectores progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirán este viernes por videoconferencia para iniciar las negociaciones destinadas a nombrar los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el encuentro 'online' empezará en torno a las 9.00 horas con la aspiración de que sea una "reunión abierta", de modo que los participantes puedan definir su contenido en el curso de la misma.
Así lo acordaron los interlocutores de ambas corrientes --José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador; y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach, del ala progresista-- el pasado lunes después de una jornada en la que se sucedieron los contactos informales hasta última hora.
Desde el sector progresista, la intención es empezar a poner sobre la mesa posibles candidatos al TC, si bien sus colegas conservadores buscan establecer primero el perfil --teniendo en cuenta los magistrados que ya hay y los que pueda elegir el Gobierno--, para buscar después aspirantes que encajen en él.
Asimismo, las fuentes subrayan que, a la hora de barajar candidatos, es importante tener presente la precaria situación del Tribunal Supremo (TS) --caladero tradicional para el TC--, ya que muchas de sus salas están al límite por la imposibilidad de cubrir vacantes debido a la reforma legal de marzo de 2021, que prohíbe a un CGPJ en funciones (como el actual) realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
En consecuencia, el bloque conservador acudirá a la cita de este viernes sin candidatos y dependerá del resultado de la misma que lleve nombres a la siguiente reunión, conforme advierten las fuentes preguntadas.
FUERA DE PLAZO
Este 'cara a cara' tendrá lugar superado el 13 de septiembre, el día fijado por la última reforma legal impulsada por el Gobierno como fecha límite para que el Consejo designara a sus dos candidatos a la corte de garantías. Fuentes del CGPJ ya habían avanzado a esta agencia de noticias que sería "difícil" cumplir el plazo.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministerio del pasado martes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, restó importancia al hecho de que el Consejo no haya cumplido a tiempo, mostrándose "segura" de que "en unos días tendremos ese acuerdo", por lo que instó a "dejar trabajar" a los vocales.
El problema de fondo es que el 12 de junio venció el mandato del presidente del TC, Pedro González-Trevijano, del vicepresidente Juan Antonio Xiol y de Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ, con dos candidatos cada uno.
En un principio, el Gobierno deslizó la posibilidad de llevar a cabo sus nombramientos sin esperar al CGPJ, si bien fuentes jurídicas arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos aspirantes del Ejecutivo puedan tomar posesión sin la dupla del Consejo.
En esa misma rueda de prensa, Llop aclaró que Moncloa, "lógicamente", aguardará a que el CGPJ tenga sus dos aspirantes para acometer la renovación parcial del TC, si bien rehusó precisar hasta cuándo está dispuesta a esperar.
"LEALTAD INSTITUCIONAL"
Llegados a este punto, las mencionadas fuentes corroboran que la voluntad del CGPJ es actuar con "absoluta lealtad institucional", lo que supone acordar los nombres de sus dos candidatos al Tribunal Constitucional, aunque sin sujeción a plazo alguno, explican.
De esta forma, parece disiparse la amenaza de bloqueo lanzada desde el 'núcleo duro' del sector conservador ante el malestar en el seno del CGPJ por el calendario impuesto por Moncloa.
Finalmente, tras un cónclave nocturno, los conservadores accedieron la semana pasada a llegar a "acuerdos debidamente consensuados" para abordar la renovación del TC pero respetando "los tiempos de decisión del Consejo".
LAS "REGLAS DEL JUEGO"
El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, convocó un Pleno extraordinario para el pasado 8 de septiembre exhortando a los vocales --actualmente 18-- a proceder ya a dichos nombramientos. Sin embargo, ese Pleno sirvió únicamente para que ambas corrientes pactaran las "reglas del juego".
El principal punto del protocolo alumbrado es que el Pleno no se volverá a reunir hasta que haya dos candidatos decantados, aunque una vez convocado podrán postularse otros aspirantes.
Precisamente, la videoconferencia de este viernes se enmarca en los contactos informales entre progresistas y conservadores para confeccionar esa lista corta antes de celebrar otro Pleno.
Para nombrar sus dos candidatos al TC, el CGPJ debe sumar una mayoría reforzada de tres quintos, esto es, doce votos, por lo que a los ocho que aglutina el sector progresista habría que añadir cuatro conservadores.
Los exministros de Justicia Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo han emplazado al órgano de gobierno de los jueces al nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponden. "El Consejo General del Poder Judicial tiene que cumplir la ley", ha avisado el propio Ruiz-Gallardón.
Los que fueran titulares de la cartera de Justicia han intervenido en una mesa bajo el título 'El procurador como cooperador jurídico necesario de la Administración de Justicia', celebrada en el marco de las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno organizadas por el Consejo General de Procuradores de España.
El que también fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ruiz-Gallardón, entiende que aunque parte de los vocales del CGPJ hayan podido sentir una "agresión" a sus funciones "la ley es la ley", y son ellos los encargados de aplicarla.
"El CGPJ debe de elegir a los dos magistrados del TC para que el Gobierno haga lo mismo", ha asegurado.
"CUIDADO PORQUE LA CASA SE NOS CAE"
Por su parte, el predecesor de Pilar Llop en el Ministerio, Juan Carlos Campo, ha alertado sobre los peligros de "tambalear los cimientos judiciales". "Cuidado porque la casa se nos cae".
En esta línea, Campo ha sostenido que "lo primero" que debería hacer el CGPJ es "cumplir las leyes". "No podemos declararnos en rebeldía: tenemos que cumplir las leyes".
En esa misma línea se ha expresado el exministro Caamaño, que ha aseverado que "lo que hay que hacer ahora es cumplir las normas y cumplir con la Constitución". "Y que cada uno tenga lo que tenga que hacer y hacer un ejercicio con responsabilidad cívica", ha añadido.
Así, ha continuado señalando que el CGPJ "tiene que nombrar" a los dos magistrados del Tribunal de Garantías "porque tiene un plazo" que es el que fijan las leyes. "Un CGPJ que ya lleva el doble de tiempo, un TC que no se renueva en los ritmos que la Constitución quiere... pues algo estamos haciendo mal", ha apostillado.
El exministro 'popular' Rafael Catalá ha recordado que lo que el CGPJ ha pedido es aplicar un "procedimiento y tiempos no urgentes". "Creo firmemente en las personas y en la posición institucional que tienen. Estoy convencido de que serán capaces de alcanzar acuerdos para elevar la propuesta de los dos magistrados".
Sus palabras llegan en la víspera de que los interlocutores designados por los sectores progresista y conservador del CGPJ se reúnan este viernes por videoconferencia para iniciar las negociaciones destinadas a nombrar los dos magistrados TC que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces.
ACABAR CON EL SISTEMA DE CUOTAS
En lo relativo a la renovación del CGPJ, Ruiz-Gallardón ha suscrito y apoyado el discurso pronunciado por su presidente, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial, al tiempo que ha asumido la parte de culpa de los políticos en el fracaso del sistema de elección del mismo. "Todos lo hemos hecho mal", ha reconocido.
En este contexto, el exministro ha sido tajante: "Hay que ir a un sistema con una participación de los jueces y la legitimación que debe tener por parte del Parlamento, pero que se acabe con el sistema de cuotas. La mayoría cualificada es que todos (los vocales) son de todos".
A pesar de asegurar que no tiene "información" sobre las negociaciones entre PSOE y PP, Ruiz-Gallardón se ha mostrado "optimista" en que "en un plazo razonablemente breve y mucho antes de que termine la legislatura habrá acuerdo y se renovará el CGPJ porque eso es lo que necesita España". "Ya no se si lo creo o lo deseo".
"MALA PINTA" Y UN "AMBIENTE ENRARECIDO Y DEMOLEDOR"
Mucho más negativo se ha mostrado Catalá, que ha afirmado que no es "nada optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo". "Le veo mala pinta. Si detecto algo es tensión, conflicto, falta de diálogo, rechazo de propuestas e identifico en el horizonte: una campaña electoral que llega en seguida", ha explicado.
A su juicio, hay un "ambiente enrarecido y demoledor". "Es un poco descorazonador, lo reconozco. La situación, la incapacidad. Una politización innecesaria que no es real. El próximo CGPJ, que ojalá esté cuanto antes, va a tener que hacer muchas cosas: entre ellas una campaña de imagen".
Por su parte, Campo ha apuntado que "lo que da sanidad al modelo" del CGPJ es, precisamente, su renovación. "El Consejo dura cinco años. ¿Cuál es el mandato? Cada cinco, puerta. Tenemos un a priori: tenemos que cumplir las leyes", ha avisado.
Así las cosas, Campo cree que "no puede haber constitucionalismo a tiempo parcial". "Hay unos mecanismos que nos damos en democracia y sé que corren malos tiempos para la lírica, pero estamos viviendo una devaluación de las instituciones el estado y estamos contribuyendo todos", ha añadido.
"EL MEJOR" CGPJ "ES EL QUE NO EXISTE"
Caamaño, que fue titular de Justicia entre 2009 y 2011 con el PSOE, ha optado por ser "políticamente incorrecto". "El mejor Consejo General del Poder Judicial es el que no existe. No es un elemento imprescindible, de hecho no es un poder del Estado: es otra cosa que hemos copiado", ha afirmado.
En esta línea, el exministro socialista se ha preguntado por qué las funciones desempeñadas por el órgano de gobierno de los jueces no pueden ser asumidas por el Ejecutivo. Y es que, ha incidido, el CGPJ "es una figura" que se ha "tomado" de otros países y que "perturba" la percepción que tienen los ciudadanos de los jueces.
"Lo que politiza la Justicia en España es el Consejo, con independencia de su composición. No está funcionando en Portugal, en España y en Francia", ha opinado.
Caamaño cree que "lo que no se puede hacer" es fijar condiciones "que no están en las leyes". "Un Consejo que ya lleva el doble de tiempo de prestado deja mucho que pensar (...) Todos tenemos la obligación de sentarnos y llegar a un acuerdo, no solo el Gobierno y la oposición", ha zanjado.
Este martes, 13 de septiembre, expira el plazo fijado por el Gobierno en la última reforma legal para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, es "difícil" que pueda cumplir a tiempo, ya que la primera reunión para abrir el debate sobre los posibles candidatos se ha fijado para el próximo viernes, según las fuentes consultadas.
El tiempo comenzó a correr el pasado julio, cuando Congreso y Senado aprobaron una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que devolvió al CGPJ su capacidad para efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial pero solo para que designara a sus dos aspirantes a la corte de garantías, ya que dicha reforma señala expresamente que debía hacerlo antes del 13 de septiembre.
De esta forma, el Gobierno, a través de esta iniciativa parlamentaria, enmendaba la primera reforma de la LOPJ que llevó a cabo en marzo de 2021 con el objetivo de forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces prohibiendo que designara magistrados para los altos tribunales mientras estuviera en funciones, situación en la que se encuentra desde hace casi cuatro años.
La necesidad de esta 'contrarreforma' surgió el 12 de junio, cuando caducó el mandato de cuatro de los doce magistrados del TC --su presidente, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares--, porque se trata del tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ.
Ante la imposibilidad, por la primera reforma, de que el Consejo pudiera cumplir su parte, el Ejecutivo sopesó designar a sus dos candidatos al TC sin esperar al CGPJ, si bien las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los nominados por Moncloa puedan tomar posesión sin esperar a los del órgano de gobierno de los jueces.
Aunque el impedimento legal para que el CGPJ pudiera cumplir su obligación desapareció con dicha 'contrarreforma', los obstáculos para emprender la renovación parcial del TC surgieron entonces desde el propio Consejo.
AMENAZA DE BLOQUEO
Nada más aprobarse esta segunda reforma, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, convocó un Pleno extraordinario para el 8 de septiembre exhortando a los 18 vocales que lo componen en la actualidad a aprovechar este cónclave para nombrar a su dupla para el Constitucional.
No obstante, la "desafección" que el propio Lesmes ha reconocido que generó entre los vocales la decisión del Gobierno de habilitar al Consejo a realizar nombramientos pero solo para el TC propició que el denominado bloque conservador amenazara con negarse a efectuar dichas designaciones.
Este plante del 'núcleo duro' haría imposible los nombramientos porque los candidatos necesitan sumar una mayoría reforzada de tres quintos, esto es, doce votos y en estos momentos solo tendrían asegurados los ocho que aglutina el ala progresista, de modo que tendrían que apoyarles también cuatro conservadores.
La semana pasada, en el marco de la toma de posesión del nuevo fiscal general, Lesmes avisó de que no consentiría "un CGPJ en rebeldía" porque la nominación de dos aspirantes al TC es una obligación que la Constitución impone al Consejo.
Apenas 24 horas después, el martes por la noche, los conservadores celebraron una reunión interna para fijar postura. Así, decidieron "defender en todo caso la institucionalidad", lo que implica llegar a "acuerdos debidamente consensuados", según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.
Se abrían de esta forma a pactar los dos candidatos al TC, aunque con algunas condiciones: establecer primero las "reglas del juego" --cómo proceder para la propuesta y la votación-- y respetar "los tiempos de decisión del Consejo".
"DIFÍCIL" LLEGAR EN PLAZO
En el Pleno del pasado jueves, los conservadores ofrecieron este 'modus operandi' a los progresistas y éstos aceptaron, en un debate que se desarrolló con "buen ambiente" pero sin que se hablara de nombres concretos para ocupar dos de los cuatro asientos en juego en la corte de garantías, de acuerdo con las fuentes consultadas.
El principal punto del protocolo alumbrado por el CGPJ es que el Pleno no se volverá a reunir hasta que haya dos candidatos decantados, aunque una vez convocado podrán postularse otros aspirantes.
Este Pleno podrá ser convocado por Lesmes a iniciativa propia o a petición de al menos cinco vocales y, según las normas internas del CGPJ, nada habría impedido que se convocara de cara a este martes, si bien las citadas fuentes ya avisaban de que era "difícil" que ocurriera.
En un primer movimiento desde entonces, conservadores y progresistas han designado esta semana a sus respectivos interlocutores y éstos han acordado celebrar una reunión 'online' a las 9.00 horas del próximo viernes para abordar el debate sobre candidatos, lo que sitúa cualquier acuerdo fuera de plazo.
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Los expertos coinciden en que no hay que ser alarmistas pero tampoco ignorar la amenaza que supone esta tecnología.
Un hombre de 48 años ha asesinado a su mujer con arma de fuego este sábado en el municipio sevillano de Estepa. Los hechos han acontecido en torno a las 22,30 horas en el domicilio familiar en la calle...
Los seis ocupantes de un vehículo, cuatro de ellos menores de edad, han fallecido de este sábado en un accidente de tráfico, al volcar el coche en el que viajaban en Maó (Menorca).
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha sugerido este jueves al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no vuelva a Bruselas porque, a su juicio, cada vez que lo...
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Plenos, Comisiones y comparecencias de portavoces en conferencias informativas.
En 2025 contará con más de 3.784 millones de euros para continuar con el desarrollo y consolidación de los profesionales, la tecnología y las infraestructuras. Así lo ha explicado el consejero de Sanidad,...
El proyectil contenía carga explosiva y en avanzado estado de deterioro, por lo que fue trasladado en una maleta de seguridad hasta la Academia de Infantería.
Consejero de Fomento, Nacho Hernando: "Hemos conseguido tramitar casi un centenar de solicitudes de ayuda, y además hemos hecho más de 320 gestiones que tienen que ver por ejemplo con el Consorcio de Seguros...
En los diez primeros meses del año, los hoteles de Castilla-La Mancha rozan los dos millones de viajeros alojados y superan los 3,5 millones de pernoctaciones, en ambos casos las cifras más altas en el...
El portavoz de Agua pide la unión de todas las fuerzas políticas, y "seguir insistiendo en la necesidad de acabar progresivamente" con el trasvase Tajo-Segura. Recuerda las inversiones que el Gobierno...
Así lo ha indicado el presidente del PP regional en declaraciones a los medios en Corral-Rubio, donde ha visitado la empresa Soriano Aparicio, donde ha puesto en valor a estos empresarios que están desarrollando...
Mercedes Gómez, ha destacado que se trata de unos presupuestos austeros y equilibrados que acompañan las demandas en materia de cohesión social, progreso y sostenibilidad, "y que nos permiten avanzar en...
La demanda se ha interpuesto en representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez; los ministros Ángel Víctor Torres y María Jesús Montero, y su jefe de Gabinete, Carlos...
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