CSIF: El cierre de las urgencias nocturnas es "una barbaridad asistencial"

CSIF critica duramente el anunciado cierre de los servicios de urgencia de los Centros de Salud, al considerarlos un servicio público imprescindible. Se trata de una prestación que debe dar la administración a las personas que lo necesiten y que, precisamente por sus características, no tiene que tener una rentabilidad económica. La salud es un derecho básico que no puede ocuparse de beneficios económicos, criterios materiales o de ahorro, pues se trata de una prestación que deben asegurar las administraciones públicas, en base al mandato de nuestra Carta Magna.

Los responsables de la sanidad regional desconocen lo que es la Atención Primaria, como ya demostró nuestro Consejero de Sanidad al confundir las antiguas Casas de Socorro de la Beneficencia con los Puntos de Atención Continuada, ignorando sin pudor alguno la labor que se desarrolla en ellos.

La sanidad castellano-manchega está en manos de quienes se permiten menospreciar el trabajo de sus profesionales y confunden la atención sanitaria urgente con la atención continuada que el Real Decreto 137/84 atribuye a los Centros de Salud. Como muestra, sirva decir que los actuales dirigentes del SESCAM provienen del ámbito hospitalario, lo que ha llevado a que una de sus primeras decisiones haya sido la eliminación de las Gerencias de Atención Primaria para integrarlas en los Hospitales.

El principal problema con que se encuentran estos "advenedizos" de la sanidad regional es que no conocen nuestra región, pues la gran mayoría han venido de fuera de nuestra comunidad autónoma. Castilla la Mancha es la tercera región en extensión de España, pero sus poco más de dos millones de habitantes se distribuyen en 919 municipios, por lo que cuenta con la menor densidad de población de todo el estado español, lo que evidencia una gran dispersión de la población, que sumado a un alto grado de envejecimiento justifica la implantación del sistema de Centros de Salud con que nos habíamos dotado.

En CSI.F calificamos de "barbaridad asistencial" el cierre de los veinte PAC anunciados que dejará sin la actual asistencia a más de 46.000 habitantes, dejando ,entre otras, a poblaciones como San Benito en Ciudad Real, El Espinar, Roblelacasa, Robleluengo, Matallana, La Vereda, Campillo de Ranas, Majaelrayo, Palancares, Zarzuela de Galve, Valverde de los Arroyos, Bustares, Las Navas de Jadraque, Prádenas de Atienza, Adobes y Piqueras en Guadalajara, La Cañada, Cañaveruelas y Portalrubio de Guadamejud en Cuenca a más de una hora del nuevo Centro de Salud que les asignan en condiciones normales sin tener en cuenta las condiciones climatológicas adversas de esta zonas en invierno. Lo que además supondrá una sobrecarga de trabajo para los PAC que permanecerán abiertos, pues tendrán que atender a la nueva población asignada sin aumentar los recursos humanos, por lo que los afectados no sólo serán los habitantes a los que les cierran el PAC sino los de los centros de salud vecinos.

En otros casos esta remodelación sin sentido pretende que algunas poblaciones se desplacen a determinados centros de salud cuando tienen otros más cerca, como sucede en el caso de Mesones, Cañada del Provencio y Vegallera en Albacete, que el SESCAM quiere que sean atendidas desde Elche de la Sierra, cuando tienen el Centro de Salud de Riopar mucho más cerca; o que los habitantes de Yelamos de Arriba y Yelamos de Abajo en Guadalajara se desplacen a Sacedón tardando lo mismo que si acudieran a Guadalajara; o que los habitantes de Atalaya del Cañavate, Cañadajuncosa, El Cañavate y Honrubia, en Cuenca, se desplacen a Villares del Saz, cuando su derivación histórica es a San Clemente, que está más cercano; o que la población de Tembleque y el Romeral, en Toledo, sean atendidos en Ocaña cuando tienen más cerca el Centro de Salud de Mora, y además es el camino natural en caso de derivación al Hospital de referencia.

No nos cabe ninguna duda que si los que dirigen nuestra sanidad conocieran nuestra comunidad autónoma y creyeran en un servicio sanitario público no estarían dispuestos a perpetrar este disparate asistencial, motivo que lleva a CSI.F a posicionarse radicalmente en contra de una medida que perjudica al conjunto de los ciudadanos y es poco sensible con los derechos de los españoles que viven en las zonas rurales de Castilla-La Mancha.