El "secuestro" de la Soberanía Popular

Comienzan a utilizarse palabras mayores y empezamos a ser testigos de situaciones graves, aunque “gracias” a la derecha y la ultraderecha, y su vocabulario beligerante de los últimos meses, parece que pasa desapercibida la gravedad de la situación que los españoles estamos viviendo y que no deberíamos consentir. Todo ello se debe al  analfabetismo político y democrático de la derecha, que no sabe asumir su derrota, aunque hayan pasado casi los cuatro años de legislatura.

Los españoles tienen que leer los titulares del día como “el PP se vanagloria de la decisión del TC”, “El PP celebra la decisión del TC”, “El PP dice que ha triunfado el Estado de Derecho” o incluso el del diario El Mundo que dice “El PP exige al Gobierno que desinflame la crisis”.

Aunque el más claro que he leído estos días era el que rezaba: “Un Tribunal Constitucional, caducado por el boicot del PP, decide si paraliza las leyes del Congreso que intentan desbloquear su renovación”.

UNA VEZ MAS EL ORIGEN ES EL GOBIERNO DEL PP CON MARIANO RAJOY

Tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial, se renuevan por partes cada determinado tiempo. Esto es así para que exista continuidad en su funcionamiento.

Así los 12 miembros del Tribunal Constitucional quedan repartidos de la siguiente manera: cuatro magistrados son designados por el Congreso de los Diputados; otros cuatro por el Senado; dos por el Gobierno; y otros dos por el CGPJ.

El Consejo General del Poder Judicial, lleva caducado cuatro años por el bloqueo de los magistrados conservadores y este bloqueo ha llevado a una nueva situación, desde el 12 de junio el Tribunal Constitucional espera la renovación de cuatro magistrados. De ellos dos deben ser renovados por el Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial.

Existen por tanto dos magistrados, Trevijano y Narváez, que fueron nombrados, en su día por Mariano Rajoy, y a los que este junio les llegó su caducidad.

El Consejo de Ministros del 29 de noviembre acordó los nombramientos de las dos personas que deberían sustituirlos: Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia y actual magistrado de la Audiencia Nacional; y Laura Díaz, catedrática de Derecho Constitucional. Ellos son quienes legítimamente deberían ocupar sus sillones en el Tribunal Constitucional. Sillones que siguen ocupados por los propuestos por el PP, Trevijano y Narváez, pero no ha sido posible precisamente porque Narváez y Trevijano, que no solo no deberían estar allí, sino que además se han permitido el lujo de votar en contra para impedirlo.  Esto es algo que debería resolver el Consejo General del Poder Judicial, que lamentablemente y por la misma razón (el bloqueo del PP) sigue caducado.

La coherencia y la lealtad de ambos magistrados del TC se hubiera puesto de manifiesto si ellos mismos, su vergüenza, su ética o su lealtad, les hubiera llevado a retirarse de la votación del recurso presentado por el PP, ya que ellos mismos son “juez y parte” y a ningún ciudadano se le permite que dicte su propia sentencia. Pero no fue así, sino que en connivencia con el resto de los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, formaron parte del debate y de la votación de un mandato imperativo, emanado de la Soberanía Popular (Congreso de los Diputados) que precisamente trataba de resolver la renovación de los miembros “caducados” del Tribunal Constitucional, es decir de ellos mismos.

Ni siquiera se tuvieron en cuenta los escritos de recusación presentados por UP y PSOE, donde se dejaba claro que, tal como dispone la ley,  las partes afectadas por la resolución no debían votar, pero a los magistrados del TC les dio igual y no aceptaron los escritos de recusación argumentando que “la relación jurídico-procesal aún no está constituida”.

Este lunes el TC admitió el recurso del PP que rechazaba apartar a los dos magistrados propuestos por Rajoy, al tiempo que iniciaba el debate sobre la suspensión en el Senado y rechazaba las recusaciones de Narváez y Trevijano presentadas por UP y PSOE. Todo ello lo resuelve con 6 votos a favor, pertenecientes a la mayoría conservadora del Tribunal, y 5 votos en contra de los progresistas.

De esta manera Trevijano y Narváez, que deben su puesto en el Tribunal al Gobierno extinto de Mariano Rajoy, se garantizan su permanencia, y su salario de 136.295,46 euros anuales, al tiempo que paralizan la reforma que los remplazaría por los candidatos legítimamente nombrados por el Gobierno .

Como a río revuelto, ganancia de pescadores, y valiéndose no de explicaciones sino de argumentaciones que buscan confundir a la ciudadanía, el PP habla de “traición a la Patria”, cuando la realidad es que la derecha española lleva “años” desoyendo la Carta Magna, la Constitución de 1978, norma de máxima jerarquía en la legislación española. ¿Quién está traicionando a la Patria, a los españoles, a la democracia y a la Soberanía Popular?

Los resultados reales de todo este desaguisado, y salvo “las pistolas y los tricornios” son lo mismo que lo ocurrido el 23 de febrero de 1981: La derecha vuelve a secuestrar al Congreso de los Diputados anulando una resolución válidamente emitida por la cámara que representa a “todos” los españoles.

VULNERACION DE LA SEPARACIÓN DE PODERES Y OIDOS SORDOS A LA SOBERANÍA NACIONAL

Hay dos principios elementales para la constitución de una democracia, como son la separación de poderes y la soberanía nacional.

La separación de poderes nos garantiza la imparcialidad de la ley. Es la venda en los ojos de la Justicia. La que asegura que “la ley es igual para todos” y que a todos se ha de aplicar de la misma manera y con la misma intensidad y contundencia, atendiendo siempre al espíritu de la norma y no a manipulaciones subjetivas de algunos jueces.

Esto es algo que se le escapa a la derecha española y sobre todo al PP. El único partido condenado en España por “corrupción”, al que se le reprobó por obstrucción a la Justicia, en la persona de su propio ministro de Justicia, Catalá, bajo la presidencia de Mariano Rajoy que a su vez es el único presidente del Gobierno que se ha visto obligado a testificar en juicio por corrupción.

Ahora, los jueces conservadores manipulan las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, ambas instituciones constitucionalistas que merecerían mucho más respeto del que el PP, Vox y CS le están dando, y con sus artimañas consiguen echar abajo una disposición emanada del órgano que representa la “soberanía popular”, que no es otro que el Congreso de los Diputados.

Los jueces conservadores del Tribunal Constitucional, entre ellos Trevijano y Narváez, con su mandato caducado, se han “pasado por el forro” la decisión de la mayoría de los españoles, materializada en un mandato del Congreso de los Diputados, y han decidido que no se quieren ir del Tribunal, sino que quieren seguir cobrando su sueldo ( insisto 136.295,46 euros anuales) y mantener su estatus, para seguir utilizándolo en favor del PP.

Así ha sido en el caso de Trevijano, en cuyas intervenciones, ponencias o arengas, dadas bajo el “paraguas” de FAES, Fundación a la que informalmente se la conoce como «el laboratorio de ideas del PP», se le escapa hablar de “nosotros” (los del PP). Por ello yo me pregunto ¿Qué independencia tiene ahora mismo el Tribunal Constitucional cuando se ha admitido a trámite un recurso del PP para evitar la renovación de dos magistrados, favorables al PP, en el que han votado ellos mismos?

Dicen los Principios Generales del Derecho que “el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento” y tal vez el PP, Vox y CS deberían recordar lo que dice la Constitución española en su artículo 1:

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” para hacer hincapié en su apartado segundo cuando establece que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y la representación del pueblo español no es otro, en estos momentos, que el Congreso de los Diputados. Por tanto, sus resoluciones son las válidas y no los arrebatos de dos magistrados “caducados” que han dejado buena muestra de su “pasión” por el Partido Popular.

P. Moratilla