El Gobierno suprime el IVA del 4% de los alimentos básicos y rebaja del 10% al 5% el del aceite y la pasta

TERCER PAQUETE DE MEDIDAS ANTICRISIS

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que entrará en vigor el 1 de enero y que tendrá un impacto de 10.000 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cifrado en 45.000 millones los recursos totales destinados por el Ejecutivo a proteger a la clase media y trabajadora y al tejido productivo del país ante aumento del coste de la vida, de la energía y de los alimentos tras el impacto del conflicto bélico.

Pese a que en los últimos meses España ha conseguido moderar la subida de precios y ya es el país con el nivel de inflación más bajo de la zona euro, el Ejecutivo ha decidido impulsar un tercer paquete de apoyo para hacer frente a la coyuntura actual, en el que se incluirá la prórroga de algunas de las medidas actualmente en vigor y que expiran el 31 de diciembre y otras nuevas relacionadas, principalmente, con la cesta de la compra y la vivienda.

SE SUPRIME EL IVA DEL 4% DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS Y REBAJA DEL 10% AL 5% EL ACEITE Y LA PASTA  

El Gobierno suprime durante seis meses el IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche, y rebaja del 10% al 5% el del aceite y la pasta para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania y el alza de la inflación.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha añadido que el Ejecutivo también ha aprobado ayudas directas a los agricultores en compensación con el incremento del precio de los fertilizantes.

"El Gobierno va a asegurar que las rebajas del IVA se trasladan de forma inmediata en los precios de los alimentos, vamos a establecer la obligatoriedad de que se traslade esta reducción al precio de los alimentos", ha asegurado Sánchez.

El IVA de la alimentación en España varía entre el tipo reducido (10%) y el superreducido (4%). Se consideran productos de alimentación aquellos que pueden servir como alimento para humanos o animales.

Todos esos productos están sujetos al 10% del IVA (carne, pescado, aceite o pasta), salvo aquellos que se consideran alimentos de primera necesidad como la leche, los huevos, las frutas y verduras, el pan o las legumbres y que se gravan con el tipo superreducido del 4%.

No obstante, hay ciertos alimentos que no se encuadran en ninguna de estas categorías, como las bebidas azucaradas o alcohólicas, a las que se les aplica el tipo general del IVA del 21%.

ELIMINACIÓN DE LA BONIFICACION GENERAL A LOS CARBURANTES QUE MANTIENE SOLO PARA PROFESIONALES 

El Gobierno ha eliminado la bonificación generalizada al combustible para el año 2023 y ha decidido mantenerla solo para el colectivo de profesionales, que incluye a transportistas, agricultores, navieras y pescadores, por lo que el descuento de 20 céntimos desaparecerá el próximo 1 de enero para los clientes particulares.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras las reunión del último Consejo de Ministros de este año.

La prórroga del descuento de 20 céntimos por litro para el transporte profesional por carretera se abonará al final de cada mes. Para los agricultores, la ayuda directa por el citado importe se aplicará mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos. Tiene un coste de 240 millones de euros.

Sánchez ha señalado que la evolución en las últimas semanas de los precios de los carburantes ha sido favorable, lo que explica que no se haya prorrogado para particulares, pero ha defendido que el descuento ha teniendo un "efecto indudable positivo en millones de trabajadores".

Se trata de una medida que surgió inicialmente del diálogo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los transportistas reunidos en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que congrega a las principales patronales del sector.

Finalmente, el Ejecutivo decidió ampliarlo y aplicarlo al conjunto de la población en línea con las medidas tomadas en el resto de Europa, como en Portugal o Francia, para amortiguar el impacto de la subida de los precios como consecuencia de la guerra en Ucrania.

La medida se aplicó primero hasta el 30 de junio a través del primer plan de respuesta a la guerra, aprobado a finales de marzo, pero se prorrogó en junio con la aprobación del segundo gran plan para hacer frente a la crisis derivada de la invasión rusa.

El coste de esta medida para sus tres primeros meses de aplicación se estimó en 1.423 millones de euros, por lo que para el conjunto de los nueve meses ascendería a más de 4.000 millones de euros, uno de los principales motivos por los que se habría decidido su eliminación, así como por su carácter regresivo, ya que se aplica a todo el mundo por igual, independientemente de su renta.

Además, el precio de los combustibles ha ido descendiendo en los últimos meses y ya se sitúa el diésel en torno a los 1,6 euros y la gasolina alrededor de los 1,5 euros, frente a los máximos de 2,1 euros y 2,15 euros, respectivamente, que han llegado a tocar este año.

PRORROGA DEL DESCUENTO DEL 30% EN EL TRANSPORTES PARA LAS COMUNIDADES QUE LO AMPLÍEN AL 50%  

El Gobierno ha aprobado una prórroga del descuento del 30% al transporte autonómico para el año 2023, pero que pagará solo a las comunidades autónomas que se comprometan a ampliar la bonificación al 50% del precio.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la celebración del Consejo de Ministros de este martes que ha aprobado el nuevo gran paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

De esta forma, a la gratuidad ya anunciada de los viajes en Cercanías y Media Distancia en toda España para usuario habituales y de los viajes en autobuses de larga distancia, también para usuarios recurrentes, y a la bonificación del 50% en los trenes Avant, se suma ahora un mínimo de descuento del 50% en los transportes regionales para todo el año 2023.

A diferencia de lo sucedido en los últimos cuatro meses, durante los cuales era opcional para las comunidades y ayuntamientos ofrecer el descuento adicional del 20%, ahora solo se aplicará el 30% si estas entidades financian ese descuento del 20%. Por ello, en todas las regiones en las que se aplique esta medida, la rebaja total será del 50%.

Esta iniciativa supone reducir, por ejemplo, los precios del abono transportes de Madrid, que permite coger todos los transportes públicos de la Comunidad, e incluso de los territorios colindantes, incluido metro, autobuses urbanos e interurbanos o cercanías.

Algunas comunidades, como Galicia o País Vasco, ya habían solicitado al Gobierno en varias ocasiones que prorrogue la medida. Otras, en cambio, como Madrid, anunciaron de forma unilateral que no prorrogarían el descuento del 50%, aunque tras el anuncio de este martes, el Gobierno podría seguir financiando el 30% de la rebaja, si la Comunidad lo solicita. Barcelona, por su parte, ya ha confirmado que seguirá descontando su 20%.

En verano, todas las comunidades autónomas, además de 178 entidades locales, solicitaron las ayudas para financiar los descuentos del 30% de los abonos y títulos multiviaje de los servicios de transporte público de sus territorios entre septiembre y diciembre, que ha ascendido a 256,5 millones de euros (84,7 para Madrid y 67,1 para Cataluña).

UN AHORRO MEDIO ANUAL DE 150 EUROS POR HOGAR EN LA FACTURA DE LA LUZ GRACIAS AL "TOPE IBÉRICO"  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cifrado en 150 euros por hogar el ahorro medio anual en la factura de la luz debido a la implementación en España de la 'excepción ibérica', vigente desde el pasado 15 de junio.

En una comparecencia tras el Consejo de Ministros de este martes, el jefe del Ejecutivo ha señalado que en los últimos seis meses el precio de la electricidad se ha situado en España un 54% por debajo del de Alemania; ha sido un 59% menor al de Francia y un 63% inferior al de Italia.

"Si algo queda claro es que esto (la excepción ibérica) ha supuesto un ahorro para el conjunto del país que, según nuestros cálculos, suma más de 4.000 millones de euros en todo el tiempo que viene aplicándose y que se traslada a un ahorro medio anual de 150 euros en la factura de la electricidad en cada hogar", ha resaltado.

Por otro lado, ha destacado el papel de España en la gestión de la crisis energética en la UE y ha argumentado que otros países del bloque han solicitado la implantación de un sistema similar al del mecanismo ibérico. Asimismo, ha puesto en valor el papel del Gobierno en el impulso del acuerdo alcanzado el pasado 19 de diciembre en la Unión Europea (UE) para aprobar un tope al gas importado por el bloque, fijado finalmente en 180 euros.

"Todos estos ejes, como la limitacion del precio de gas y la compra conjunta de gas y la aceleracon de renovables son las propuestas que, incluso antes de la guerra, venía defendiendo España en Europa", ha aseverado Sánchez en su intervención de este martes.

Así, ha afeado a "una parte de la oposición", en referencia principalmente al PP, que tildase el mecanismo ibérico de "timo ibérico".

"Quisera hacer una reflexión: hay un cambio fundamental entre la respuesta a la crisis financiera (de 2008) y las respuestas que estamos dando a la crisis energetica por la guerra en Ucrania. Hace 10 años, España importaba rescates a su sector bancario, ahora exportamos soluciones económicas justas y eficaces al resto de Europa", ha defendido.

"Pese a las dificultades del momento y lo que aún nos queda por afrontar en un contexto tan inédito como complejo, las soluciones contra la inflacion y tambien para controlar los precios de la energía son un exito de país".

De igual forma, se han prorrogado seis meses  las rebajas fiscales aplicadas a la factura de la luz y del gas que expiraban el 31 de diciembre de este año, así como la congelación del precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros.

Estas medidas se incluyen en el Real Decreto de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania aprobadas en el Consejo de Ministros de este martes, que también recogen la extensión hasta el 31 de diciembre de 2023 de la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la prórroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica hasta el 30 de junio de 2023.

Todas estas rebajas fiscales dirigidas a moderar las subidas en el precio de la electricidad supusieron entre enero y noviembre una merma de los ingresos tributarios respecto al año pasado de 6.149 millones, según el último dato actualizado por la Agencia Tributaria en su informe mensual de recaudación.

En su comparecencia ante la prensa tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha anunciado la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 de la prohibición del corte de sumunistros esenciales y la extensión del bono social.

En esa línea, el jefe del Ejecutivo ha valorado que las iniciativas aprobadas suponen "medidas de protección" para los hogares y ha subrayado su "importancia para las familias".

UN INCREMENTO DEL PIB SUPERIOR AL 5% INTERANUEAL FRENTE AL 4.4% PREVISTO 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anticipado que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá este año "más de un 5% interanual", una tasa superior al 4,4% inicialmente previsto por el Ejecutivo.

"Es muy probable que terminemos el año con un crecimiento aún más alto del esperado, superando en consecuencia más del 5% de crecimiento interanual del PIB español", ha avanzado el presidente.

Se trata de una cifra que se sitúa, según el jefe del Ejecutivo "muy por encima" de los grandes países del entorno, de la media de eurozona y de las principales economías avanzada, muestra de la "enorme fortaleza y solidez" de la economía española.

APROBADA LA SUBIDA DE LAS PENSIONES EN UN 8.5% PARA 2023

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que las pensiones contributivas suben para 2023 un 8,5%, tal y como establecen los Presupuestos Generales del Estado para el nuevo año y en virtud de la fórmula de revalorización establecida en la primera pata de la reforma de las pensiones, en vigor desde pasado 1 de enero de 2022.

Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa para hacer balance del año 2022 y anunciar el nuevo paquete de medidas económicas. Es el segundo año consecutivo en el que las pensiones contributivas suben en función de la fórmula contemplada en la reforma de pensiones y en la que se tiene en cuenta el IPC para evitar pérdidas de poder adquisitivo.

En concreto, este incremento del 8,5% que experimentarán las pensiones contributivas es el resultado de la media del IPC entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Las pensiones de clases pasivas también suben para 2023 un 8,5%, mientras que las no contributivas mantendrán la subida del 15% adicional que se aplicó a sus cuantías desde el pasado mes de julio.

Con la fórmula establecida en la reforma de pensiones, la paga compensatoria por la desviación de precios desaparece. La de 2021 fue la última que recibieron los pensionistas, pues a partir de 2022 sus pensiones pasaron a actualizare con el IPC.

CUANTÍA DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS CON LA SUBIDA DEL 8,5%

Con la subida del 8,5% contemplada para 2023, las pensiones mínimas contributivas aumentarán aproximadamente entre 18 y 113 euros al mes, dependiendo de la clase de pensión y de las circunstancias personales.

En concreto, el importe de la pensión mínima para los jubilados de 65 años con cónyuge a cargo quedará en 966,19 euros al mes en 14 pagas (frente a los 890,5 euros al mes actuales); la de sin cónyuge (unidad económica unipersonal) en 783 euros (721,7 euros actualmente), y la de con cónyuge no a cargo en 743,2 euros mensuales (frente a los 685 euros actuales).

Para los jubilados con menos de 65 años, la pensión mínima con cónyuge a cargo se fija para 2023 en 905,8 euros al mes (834,9 euros actualmente); sin cónyuge en 732,6 euros mensuales (675,2 euros ahora), y con cónyuge no a cargo en 692,4 euros mensuales (638,2 euros actualmente).

Por su parte, la pensión máxima de jubilación se situará desde el 1 de enero en 3.858,8 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 2.819,2 euros al mes de este año.

Las pensiones mínimas de viudedad subirán entre 46 y 71 euros mensuales, dependiendo de las circunstancias. En concreto, la pensión mínima de viudedad para los titulares con cargas familiares se situará en 905,8 euros mensuales, en contraste con los actuales 834,9 euros al mes.

En el caso de ser mayor de 65 años o de tener una discapacidad mayor o igual al 65% la pensión mínima de viudedad será de 783 euros mensuales, lo que supone 61,3 euros más que ahora.

Si el titular de la pensión de viudedad tiene entre 60 y 64 años, la cuantía con el nuevo año será de 732,6 euros mensuales (675,2 euros actualmente), mientras que en el caso de los beneficiarios menores de 60 años la prestación será de 593,2 euros mensuales (546,8 euros este año).

Por su parte, la pensión mínima contributiva de gran invalidez subirá desde el 1 de enero hasta los 1.449,3 euros mensuales (1.335,8 euros actualmente) si se tiene cónyuge a cargo, y ascenderá hasta los 1.174,6 euros si no se tiene cargo al cónyuge (unidad económica unipersonal), en contraste con los 1.082,6 euros al mes actuales.

La pensión mínima por incapacidad absoluta o total de los titulares con 65 años con cónyuge a cargo será el próximo año de 966,2 euros al mes, en contraste con los 890,5 euros actuales, mientras que la de quienes no tienen cónyuge a cargo (unidad económica unipersonal) será de 783 euros mensuales (721,7 euros actualmente).

En el caso de las pensiones de orfandad, el importe mínimo ascenderá desde el próximo domingo a 239,4 euros mensuales por beneficiario (ahora son 220,7 euros), mientras que si el beneficiario tiene menos de 18 años y cuenta con una discapacidad superior o igual al 65% la cuantía será de 470,9 euros mensuales, 36,9 euros más que en 2022.

La pensión mínima en favor de familiares se situará con el nuevo año en 239,4 euros mensuales, frente a los 220,7 euros actuales.

200 EUROS A 4,3 MILLONES DE FAMILIAS DE RENTA BAJA

Asimismo, el Gobierno concederá en 2023 una ayuda de 200 euros a las familias que tengan una renta inferior a los 27.000 euros anuales y mantendrá el incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con el inicio del nuevo año.

En su intervención, Sánchez ha señalado la intención del Gobierno de ayudar a las familias ante la inflación que vive la economía del país y la subida de precios que, según ha apuntado, se está dando de forma específica en los alimentos.

Y, en este sentido, ha anunciado este cheque de 200 euros que, según ha indicado, está previsto que llegue a unos 4,3 millones de hogares españoles que cumplen con el límite de renta que propone el Ejecutivo para acceder a la misma.

Pero, además, el presidente del Gobierno ha explicado que mantendrá en 2023 el aumento del 15% del IMV que reciben también las familias con rentas más bajas del país. Esta subida se estableció en abril de 2022 y estaba previsto que terminase este mes de diciembre.

ALQUILERES

El real decreto de ayudas económicas para hacer frente a la subida de los precios prorroga la subida máxima del 2% de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2023 y permitirá extender seis meses la vigencia de los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2023, según ha adelantado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo ha desgranado las principales medidas incluidas en el decreto, que incluye una prórroga extraordinaria de seis meses de la vigencia de los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2023, siempre a petición del arrendatario. Durante esos seis meses se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

El arrendador deberá aceptar la solicitud de prórroga salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes o que este haya comunicado en tiempo y forma que necesita la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción, o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

La renta del contrato aplicable durante esta prórroga extraordinaria no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, que será como máximo un 2%.

LIMITACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA RENTA

Asimismo, se prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 la limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda que impide subidas superiores al 2%, y se amplía hasta el 30 de junio del año que viene de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables.

Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2023, la persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda habitual cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia de dicho contrato, podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta.

Eso sí, se establece que, en ausencia de pacto, la renta del contrato no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad, un índice situado actualmente en el valor máximo del 2% y que, de acuerdo con su propia definición, no puede superar en ningún caso ese porcentaje.

Según la regulación prorrogada en el día de hoy, la cuantía del incremento a aplicar en la renta del contrato será la establecida en un nuevo pacto entre arrendador y arrendatario. En caso de no alcanzarse dicho nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta no podrá exceder en ningún caso de la referida variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de dicha actualización.

Además, se sigue manteniendo que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, tomando como mes de referencia para la actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato que, como se ha señalado anteriormente, no puede superar el 2%.

Se entiende como gran tenedor aquella persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.

SUSPENSIÓN DE DESAHUCIOS Y LANZAMIENTOS

Por otro lado, con el nuevo Real Decreto-ley aprobado hoy también se amplían hasta el 30 de junio de 2023 varias medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes dentro del denominado 'escudo social' en materia de vivienda, aprobado ante la necesidad de hacer frente a las consecuencias de la pandemia de la Covid-19.

Se trata de ampliar hasta el 30 de junio de 2023 las medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

En este último supuesto, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación.