Teresa Ribera defiende el recorte del Tajo-Segura para cumplir sentencias del Supremo

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido la necesidad de recortar los recursos hídricos del trasvase Tajo-Segura para cumplir con cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligaban a establecer un caudal ecológico para el río Tajo, pero ha asegurado que de aquí a 2027 se acometerán inversiones para garantizar 120 hectómetros cúbicos de agua adicionales para Almería, Murcia y Alicante.

En declaraciones a Antena 3, Ribera ha destacado que es preciso en España anticipar soluciones a los problemas con el agua derivados de una disminución importante de la disponibilidad de recursos hídricos y ve "absurdo" pensar que cada vez se tienen que aprobar planes hidrológicos, "gobierne quien gobierne" se produzca esa "tensión" que tiene más de emocional que de racional.

Ribera ha insistido en la necesidad de encontrar soluciones para garantizar el suministro de agua de boca, pero también la necesaria para gestionar la agricultura, "una buena parte de la economía", de manera eficiente, inteligente y para que siempre haya recurso disponible. Así, ha explicado que en esta planificación hidrológica "por primera vez" se trabaja sobre la hipótesis de escenarios extremos de inundación o de sequía prolongada y para ello ha asegurado que el Gobierno va a destinar "la mayor cantidad de recursos jamás destinada", de 8.000 millones de euros, a infraestructuras hidráulicas, como la desalación, la reutilización o la conexión entre desaladoras.

De esta cantidad, 1.100 millones son inversiones en infraestructuras en Murcia; 540 millones para inversiones en Alicante y más de 44 millones en Almería para que a lo largo del tiempo, el efecto de estas inversiones permita "garantizar" el acceso al agua.

Ribera ha explicado que la reducción del caudal transferible en el trasvase Tajo-Segura se produce porque estaba pendiente ejecutar cinco sentencias del Tribunal Supremo que condenaban al Estado porque no existía un caudal ecológico para el río Tajo, que está compartido con Portugal, y cuando se hizo el cálculo del caudal que correspondía era "muy difícil de absorber desde el primer día".

Así, ha precisado que "fruto del esfuerzo" entre regantes, las comunidades autónomas afectadas y el Gobierno se encontró un caudal ecológico que empezará a subir a partir de 2025 para conseguir el objetivo de caudal ecológico en 2027. De ese modo, confía en cumplir con los plazos en infraestructuras para que cuando el caudal ecológico empiece a subir de forma importante, se pueda aportar más de 120 hectómetros adicionales disponibles para Alicante, Murcia y Almería.

"Está en nuestra mano el que esta sea definitivamente una solución para todos los territorios", ha valorado la vicepresidenta, que ha añadido que también hay que trabajar con los regantes para que el precio que paguen por el agua sea razonable y no distorsione su capacidad de utilización del agua en la agricultura.

Por ello, confía en que a través de los Presupuestos Generales del Estado se cubra una "muy buena parte" del precio del agua desalada, ya que en esos 8.000 millones de euros de inversión, se invertirá en energías renovables para que el coste de la energía de desalar agua se reduzca "drásticamente".

En todo caso, ha afirmado que en tanto esas inversiones estén plenamente operativas, el Gobierno va a seguir habilitando vía Presupuestos Generales del Estado una transferencia de recursos para garantizar un precio del agua desalada estable.