El Gobierno aprueba facilitar el uso de los inmuebles vacíos de la Seguridad Social a otras administraciones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del Real Decreto sobre el patrimonio de la Seguridad Social para facilitar el uso de los más de 1.000 inmuebles vacíos de su propiedad a otras administraciones, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, la norma simplifica y facilita la adscripción, cesión y enajenación de inmuebles que son propiedad de la Seguridad Social pero que no están siendo utilizados por ninguna de las entidades gestoras y servicios comunes del sistema, todo con el fin de hacer un uso más eficiente del patrimonio de la Seguridad Social.

"La Seguridad Social tiene un patrimonio extenso, heterogéneo, distribuido por toda España y, en ocasiones, infrautilizado", argumenta el Ministerio. De hecho, según una auditoría interna de la Seguridad Social, actualmente están vacíos 1.028 inmuebles, que comprenden desde edificios hasta solares, pasando por locales, fincas rústicas y naves o garajes.

Esta situación, alega el Departamento que dirige José Luis Escrivá, genera gasto público para su mantenimiento (vigilancia, reparaciones, impuestos), además de que, "en algunos casos, se trata de edificaciones en el centro de las ciudades que, por su estado de infrautilización, no sólo no prestan servicios públicos a la ciudadanía, sino que además deterioran el entorno urbano".

Para contribuir a remediar esta situación, y a la vez velar por el patrimonio de la Seguridad Social, el Gobierno ha realizado ya cambios en la Ley General de la Seguridad Social --introducidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023--, que se desarrollan ahora con la reforma del Real Decreto de patrimonio.

La nueva normativa amplía la adscripción de bienes inmuebles de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), hasta ahora sólo prevista para las entidades que forman parte de la Seguridad Social, a otras administraciones públicas o a entidades de derecho público, sin perder la titularidad de éstos.

El Ministerio destaca que así se reducen los plazos de tramitación, ya que se podrán acordar las adscripciones de forma directa, sin necesidad de acudir al procedimiento de cesión de uso, que es más largo.

"Lo que es de todos puede ser disfrutado por todos y las administraciones que quieran poner en valor este tipo de inmuebles podrán hacerlo en beneficio de la ciudadanía", ha destacado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La norma también agiliza los procedimientos en el caso de la cesión de uso al fijar el plazo máximo para la tramitación en 90 días y al mejorar y precisar la regulación sobre los inmuebles que son susceptibles de cesión, los potenciales beneficiarios de la misma, su finalidad y el sistema de extinción y revocación de la cesión.

Las administraciones o entidades a las que sean adscritos o cedidos los inmuebles tendrán que garantizar su empleo en fines de utilidad pública.

En materia de enajenación de inmuebles, se homologa la regulación a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, menos restrictiva que la que existía para la Seguridad Social.

Así, en línea con la Ley de Patrimonio, se incrementa el número de supuestos en los que se puede acudir a la adjudicación directa y se flexibiliza el procedimiento a seguir en caso de subasta pública, permitiendo reducir el tipo de licitación en subastas sucesivas.

PLAN DE OPTIMIZACIÓN DEL PATRIMONIO

El nuevo Real Decreto dispone, además, la elaboración de un plan de optimización del patrimonio de la Seguridad Social que evalúe las necesidades presentes y futuras de las entidades del sistema en materia de edificios e inmuebles y defina si los que no sean necesarios son susceptibles de cesión o enajenación.

También analizará las inversiones necesarias para la mejora y mantenimiento del patrimonio, la revisión de los gastos en los que se incurre para su control y reducción, el seguimiento de los procesos de adscripción y cesión y las actuaciones en materia de supervisión e inspección para certificar el uso correcto de los inmuebles adscritos o cedidos.

La portavoz del Gobierno ha precisado en la rueda posterior al Consejo de Ministros que esta plan de optimización deberá ser presentado por la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de tres meses.