Fiscalía, Gobierno y CC.AA quieren acceso inmediato a vivienda e IMV para maltratadas más precarias y en riesgo

Dos de las asesinadas por violencia de género durante los últimos repuntes convivían con sus agresores ante la imposibilidad de acceder a una vivienda por motivos económicos, según ha confirmado a Europa Press en fuentes del el Ministerio de Igualdad. Alguna de ellas, incluso, ya había pasado por los servicios sociales para solicitar ayuda en este sentido.

Por eso, Fiscalía, Gobierno y CC.AA, que conforman el Comité de crisis convocado tras el repunte de asesinatos registrados en las primeras semanas de enero, ha propuesto que los servicios sociales y Viogén compartan datos para detectar a víctimas de violencia de género con mayor vulnerabilidad por su dependencia económica del agresor. Y que, además, las que se encuentren en situación de riesgo alto, puedan acceder de forma directa a una vivienda o a alguna ayuda económica.

Así los ha explicado este viernes el Ministerio de Igualdad, tras la reunión del Comité en el que también ha participado el Ministerio de Justicia, el de Interior, la fiscal de sala de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato, las unidades de violencia y todas las comunidades autónomas. Las propuestas recogidas en este encuentro deberán ser debatidas y aprobadas en la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Tal y como ha indicado la ministra del ramo, Irene Montero, el Comité ha analizado tres crímenes machistas ocurridos en diciembre y que fueron confirmados tras la reunión del primer Comité de Crisis, el 28 de diciembre, y los seis asesinatos contabilizados hasta el momento en el mes de enero.

Y, entre las principales propuestas que se recogerán en el informe de este Comité está la de integrar la información que tienen los servicios sociales a Viogén, para detectar aquellos casos en los que la vulnerabilidad de la mujer puede elevar el riesgo de esta a sufrir una mayor violencia o a ser asesinada por su pareja o expareja.

ACCESO INMEDIATO A VIVIENDA Y IMV

Según ha especificado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, el objetivo es que en los casos en los que el nivel de la valoración de riesgo sea alto y se determine por los servicios sociales que existe vulnerabilidad de la víctima y de sus hijos, estos puedan acceder de forma inmediata a recursos habitacionales alternativos o a ayudas económicas como el Ingreso Mínimo Vital o las rentas autonómicas similares.

Rodríguez ha señalado que, aunque las mujeres víctimas de esta lacra ya reciben estas ayudas, sería necesario "invertir la mirada y que estas no accedieran a los servicios tras "superar los obstáculos" y salir de la situación de violencia, sino ofrecer estas medidas de forma "proactiva" para ayudarla a salir de la situación.

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha apuntado que Canarias ya ha coordinado la información de estos dos servicios y ha hecho un llamamiento al resto de autonomías a trabajar en este sentido.

Otras de las propuestas planteadas por este grupo de trabajo es la necesidad de impulsar puntos violeta en zonas rurales o municipios pequeños a donde no llegan todos los servicios. Pero, además, que estos puntos no sean únicamente informativos y de asesoramiento, sino que puedan ser un mecanismo de derivación inmediata a los servicios sociales o al Sistema Nacional de Salud.

TRATAMIENTO PARA MUJERES CON MÁS DE UNA PAREJA MALTRATADOR

También se ha tratado en este encuentro, según ha destacado la secretaria de Estado, la salud mental de las víctima al hallar casos de víctimas que han pasado en su vida por más de una relación en la que han sufrido violencia de género. Rodríguez ha explicado que se trataría de incluir en la Sanidad Pública un tratamiento especializado para estas mujeres durante un mayor tiempo, incluso a lo largo de su vida.

Por su parte, Rosell, ha puesto en valor, también, una propuesta que ya fue planteada por el CGPJ y que tienen que ver con la posibilidad de mantener activos a los agresores en Viogén hasta que hayan cancelado sus antecedentes, algo que permitiría que estos permanecieran más meses e incluso años, en relación a la duración de su caso activo en la actualidad.