La expansión del regadío y la contaminación de las aguas constituyen grandes amenazas para la conservación de los humedales

El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. En él se conmemora el aniversario del Convenio de Ramsar, tratado intergubernamental clave para garantizar la correcta conservación de los humedales y del que el Estado español forma parte. Esta fecha es importante para sensibilizar a la ciudadanía y dar a conocer la importancia de los humedales en el contexto de la actual crisis ecológica global. Estos ecosistemas son refugio y hogar de una gran biodiversidad y contribuyen notablemente a la mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, los humedales son esenciales para la supervivencia humana, ya que incluyen algunos de los ecosistemas más productivos del mundo y proporcionan importantes procesos ecosistémicos que producen innumerables beneficios. Los humedales son unos de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. Se estima que desde 1970 han desaparecido hasta el 35 % de los humedales del mundo. Desde el siglo XVIII esta cifra se eleva hasta el 87 %. En el caso de España las cifras oscilan entre el 60 % y el 70 % de pérdida de patrimonio húmedo desde principios del siglo XX hasta los años 80 del mismo.

En el Estado español se han declarado 76 zonas húmedas dentro del Convenio Ramsar. Sin embargo, desde el 2011 solo dos humedales se han añadido a la lista: el Marjal de Almenara en la Comunidad Valenciana en 2017 y el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas en Galicia en 2021. Además de los incluidos, muchos presentan serias y recurrentes amenazas, por lo que no se están cumpliendo los compromisos generales de conservación del Convenio Ramsar. Ecologistas en Acción reclama no solo la necesidad de aumentar el catálogo de humedales inscrito en el convenio, sino la urgencia de políticas reales de protección y gestión que garanticen su conservación.

Según datos divulgados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se estima que solo el 12 % de los humedales españoles analizados e incluidos en la Lista Ramsar presenta un buen estado de conservación desde un análisis ornitológico. La incapacidad de los humedales para presentar hábitats adecuados para las aves contribuye notablemente a la crisis de pérdida de biodiversidad. Siete humedales de la Lista de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar están afectados por expedientes informativos o quejas de Ramsar (Doñana, Daimiel, Mar Menor o Aiguamolls de l’Empordà, entre otros). Hay dos (Doñana y Delta del Ebro) que tienen abiertos procedimientos de infracción europeos.

El propio Plan Estratégico de Humedales a 2030 del gobierno español reconoce que esto se debe principalmente a “procesos de expansión/intensificación agraria en cuencas circundantes/vertientes (superficiales o subterráneas)”. Cambios de usos del suelo, alteración de regímenes hídricos, contaminación y alteraciones hidromorfológicas son identificadas como algunas de las mayores amenazas sobre los humedales españoles, muy a menudo vinculadas a un modelo agrícola intensivo, especialmente a la gran expansión que se está produciendo del regadío y el gran consumo que ello conlleva. Ecologistas en Acción reclama la necesidad de revisar las políticas de gestión del agua y exige a todas las autoridades competentes (Confederaciones Hidrográficas y administraciones autonómicas, locales y central) un esfuerzo decidido para revertir este problema, que está empeorando como consecuencia del cambio climático.

Recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas. Una de las herramientas normativas creadas para que estos planes indiquen las medidas de protección de los ecosistemas acuáticos y su evolución es el inventario nacional de zonas húmedas. 19 años después de su creación, nueve comunidades autónomas todavía no han incluido un solo humedal en el inventario, lo que conlleva que el 30 % de las zonas Ramsar del Estado no lo estén. Para Ecologistas en Acción es un indicador de la pasividad de las administraciones públicas respecto a la conservación de estos espacios.

Los dos primeros humedales españoles acogidos por el Convenio Ramsar cuando este fue rectificado por el Estado español en 1982, los parques nacionales de Doñana y las Tablas de Daimiel, son una clara evidencia del lamentable estado de conservación de estos ecosistemas en el territorio. Ambos se encuentran incluidos en el Registro Montreux, que señala dentro de la Lista Ramsar aquellos humedales que presentan cambios en las características ecológicas como consecuencia de la acción antrópica.

La presión humana y las repoblaciones monoforestales contribuyen a la progresiva desaparición de las marismas de Doñana, pero el principal causante de este declive es un modelo de producción agrícola, que ha renunciado a la agricultura tradicional del secano para favorecer la expansión de un regadío cada vez más intensivo, que esquilma los recursos hídricos superficiales y subterráneos, dañando gravemente la estructura de los acuíferos. El resultado es que tres de los cinco acuíferos que las alimentan están sobreexplotados y solo dos de los tres cursos fluviales que históricamente desembocan en el parque nacional siguen haciéndolo, y además de manera intermitente.

El caso de las Tablas de Daimiel es aún más dramático. El uso extenuado e insostenible de las aguas subterráneas del acuífero 23 para el regadío condujo a la declaración de ese acuífero, así como el 24, como sobreexplotado. De eso hace ya varias décadas. Desde entonces la situación no ha mejorado. La consecuencia es un parque nacional altamente degradado.

Detener la pérdida de biodiversidad debe ser una prioridad gubernamental que marque la agenda de la gestión del agua, la agricultura, la economía, el comercio y la planificación territorial en toda institución si se quiere revertir el estado de degradación de los humedales españoles.