Casi 89.000 personas se benefician de ayudas a la contratación indefinida en Cuenca, Soria y Teruel

La vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avanzado que las ayudas de funcionamiento en las tres provincias con menor densidad de población, Soria, Teruel y Cuenca, han beneficiado casi a 89.000 personas desde su aplicación el 1 de enero de 2023, y además se han firmado 4.550 contratos indefinidos.

En su intervención en el IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico, se ha mostrado convencida de que estas ayudas serán objeto de debate en esta cita congresual, por lo que ha destacado esos casi 89.000 beneficiarios con contrato indefinido con la bonificación del 5% en la cotización por contingencias comunes de la empresa que los lleve a cabo.

Hasta 4.550 contratos indefinidos se han firmado en el marco de la bonificación entre el 15 y 20 por ciento en empresas situadas en municipios de hasta 1.000 habitantes, ha precisado la ministra, destacando que se ha aumentado en un 63% la tendencia en este tipo de contratación, lo que "confirma" que las medidas del Gobierno "van en la buena dirección".

El Gobierno puso en marcha ayudas de funcionamiento en las tres provincias con menor densidad de población, Soria, Teruel y Cuenca, destinadas a reducir los costes laborales para las empresas en estas tres provincias.

Estas medidas se toman en consonancia con lo que aprobó la Comisión Europea en el nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad Regional, que establece las intensidades máximas de ayudas para las provincias con una población por debajo del umbral de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Las ayudas de funcionamiento, permitidas dentro del marco comunitario, se instrumentan a través de una reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en los contratos indefinidos ya existentes y en los nuevos contratos indefinidos que se firmen, con mayor intensidad de la ayuda en los municipios de hasta 1.000 habitantes.

Se respalda la consolidación y creación de empleo a través de una reducción del 5% en la cotización por contingencias comunes de la empresa en todos los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial, del 15% en los nuevos contratos indefinidos y del 20% en nuevos contratos indefinidos en empresas situadas en municipios de hasta 1.000 habitantes.

CLM TRASLADA A RIBERA "EL RETO" DE RESOLVER EL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha aprovechado para trasladar a Teresa Ribera, el reto de resolver el nuevo modelo de financiación autonómica y de las corporaciones locales para avanzar en las políticas de lucha contra la despoblación.

"Tiene que comprender criterios para poner en marcha más políticas que financien el coste real de la prestación de servicios públicos, no es igual el coste de la atención sanitaria en Molina de Aragón –es cuatro veces superior– al coste de atención primaria en un consultorio en el Corredor de Henares".

En opinión del vicepresidente regional, la despoblación está en los "grandes objetivos" de la gestión del Ejecutivo castellanomanchego, que se centra principalmente en la primera ley en esta materia, la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha aprobada por unanimidad en las Cortes regionales.

De las medidas que emanan de esta norma y de otras no se obtendrán resultados en el corto plazo ni hay "varitas mágicas", ha afirmado Guijarro, que ha abogado por que estas medidas se mantengan en el medio y largo plazo, y que sean lo suficientemente flexibles "para adaptarse a los cambios".

Además de destacar el 25 por ciento de desgravación en el IRPF solo por el hecho de vivir en municipios afectados por despoblación, ha recordado que el Gobierno regional ha tenido que ampliar este año las medidas fiscales para zonas en riesgo de despoblación.

También ha puesto en valor la incorporación del "impacto demográfico de la ley", que obliga a que cualquier normativa que se pretenda aprobar tenga un informe de impacto demográfico, que se traduce en "cómo se va abordar en las zonas afectadas por despoblación".

Castilla-La Mancha destina el 25% de su techo de gasto a medidas contra la despoblación y el 3,6% de su Producto Interior Bruto (PIB) va destinado a estas políticas, ha puntualizado Guijarro, que también ha recordado las 130 medidas impulsadas por el Gobierno central.

Firmar una agenda común con las cinco diputaciones provinciales en materia de despoblación o digitalizar el mundo rural para aumentar las posibilidades de ocio son otros de los retos que ha planteado el vicepresidente autonómico.

"Queremos sumar la actuación de las cinco diputaciones, coordinarnos a través de la agenda común. Así, sacaremos mayor rentabilidad a los recursos públicos frente a la despoblación".

RIBERA RECHAZA EL VICTIMISMO

De su lado, la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha apelado a no quedarse en el "victimismo" para trabajar en políticas contra la despoblación, sino en destacar la "España de la acción". "La España vacía nos ha servido para hacer frente a una realidad tremendamente injusta, nos hemos revelado, en lugar de eso hablamos de la España de igualdad de oportunidades, que es lo queremos proyectar".

Ha marcado diferencias respecto al último congreso sobre esta temática que se celebró en 2019, reivindicando que actualmente se hace más visible este problema, aunque queda "mucha tarea por hacer".

Dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, ha puesto en valor las 130 medidas que contribuyen a trabajar en el reto de la despoblación en aspectos como servicios básicos, vivienda, conectividad o movilidad. En este punto, ha recordado que la cobertura prospectiva en el medio rural llega al 85% de este territorio, pero el reto es llegar al cien por cien.

Además, ha recordado las medidas del plan nacional de competencias digitales, dotado con 90 millones para comunidades autónomas y 30 para el tejido social, o la respuesta "desbordante" en solicitudes del plan de eficiencia energética y energías renovables en estos pequeños municipios.

Ribera ha agradecido el papel de Castilla-La Mancha en sus iniciativas contra la despoblación, calificando la gestión de Martínez Guijarro como "una lluvia fina" con un compromiso constante y un enfoque constructivo.

De su lado, el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, ha señalado que hablar de la España vaciada no le gusta nada, porque "el mundo rural no esta vacío", por lo que ha preferido referirse a él como el "mundo de las oportunidades"

En España, ha puntualizado, hay 8.130 ayuntamientos y 5.000 de ellos tienen menos de 1.000 habitantes, unos municipios que necesitan de unas políticas consensuadas y de la cogobernaza entre administraciones. "Al revertir la despoblación nos jugamos la cohesión social y territorial y la pervivencia de territorios, la defensa de los pueblos supone la garantía de un lugar al que volver".

APOSTAR POR LA ESPERANZA

Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha apelado a tratar "desde la esperanza" esta problemática, porque, ha asegurado, "la España despoblada es real, pero también lo es la esperanza de repoblarla". "Defendemos el mundo rural desde el positivismo, a todo el mundo no tiene que gustarle vivir en los mismos lugares, pero si debemos tener el mismo derecho a tener las mismas oportunidades vivan donde vivan".

En la misma línea, el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha señalado que la extensión de Albacete lo convierte en el séptimo término municipal más grande de España, y "tiene problemas en las zonas rurales". Así, ha indicado que "da igual donde vivas", en "el centro o en las pedanías", ya que lo justo es que en todas partes se "paguen los mismos impuestos" y se tengan "los mismos recursos".

Además, la vicepresidenta primera de las Cortes de Castilla-La Mancha, Josefina Navarrete, ha puesto en valor la región "como punta de lanza" en materia de despoblación, un ámbito que se recoge en una ley regional, "la más importante" de las 37 aprobadas, y que salió adelante por unanimidad.

"El pueblo y la ciudad son dos caras de una misma moneda, combatir la despoblación es hacerlo contra el pulso de nuestro tiempo", ha remarcado, abogando por el apoyo cerrado de las administraciones desde un planteamiento analítico.