CLM registró 19 agresiones a sanitarios en 2022, dos más que el año anterior

El Consejo General de Médicos ha presentado este jueves los datos de acciones violentas comunicadas a los colegios de médicos durante 2022 que, en el caso de Castilla-La Mancha, ascienden a 19, dos más que el año anterior, de las que casi el 90%, es decir, 17, han sido denunciadas.

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo considera que estos datos son "la punta del iceberg" de una problemática más habitual de lo que recogen estas cifras y que no se denuncia en todos los casos.

En concreto, en Castilla-La Mancha, según los datos recogidos por el Observatorio Nacional de Agresiones del Consejo General de Colegios Médicos, se comunicaron a los cinco Colegios Oficiales de Médicos un total de 19 agresiones a lo largo de 2022, de las que un 12% lo fueron con resultado de lesiones, en tanto que un 42% fueron amenazas y en el 46% de los casos, insultos y vejaciones.

En Toledo, las agresiones comunicadas ascendieron a seis. El perfil de las víctimas en la región es el de una mujer (52,6% de los casos), de Atención Primaria (57%), con un tramo de edad de entre 46 y 65 años.

También en el ámbito de la Atención Primaria las agresiones en sus servicios de urgencia representan el 21% de los casos, seguido del Hospital y las urgencias hospitalarias que sumaron en cada caso porcentajes de agresiones del 11%.

En cuanto a la tipología de los agresores en Castilla-La Mancha, en el año 2022 los datos muestran que son principalmente pacientes programados (52%), seguidos de los pacientes no programados (29%) y acompañantes (19%).

Por edades, el mayor porcentaje de agresiones, el 66,7%, lo propician hombres con edades de entre 40 y 60 años y un 33% de mujeres de este mismo tramo de edad. El 50% de los episodios violentos se producen por discrepancias con la atención medica, seguida del tiempo en ser atendido, un 25%.

Otras causas están relacionadas con las discrepancias personales, no recetar lo propuesto por el paciente, bajas temporales, informes no acordes a sus exigencias, mal funcionamiento del Centro sanitario o por temas relacionados con el Covid-19, aspectos todos ellos que registran un 5% de incidencia.

El cien por cien de las situaciones violentas de cualquier tipo se produjeron en el sector público, el 86,4% durante el horario laboral de los facultativos y en el 52,4% de manera presencial.

Asimismo, el cien por cien provocaron lesiones de tipo psicológico que, en un 7,7% de los casos, acabaron en baja laboral. En un 9% de las agresiones se registraron daños materiales.

Otros datos apuntan a que el 53,8% de los facultativos recibieron asesoramiento en sus centros de trabajo.

Respecto a las denuncias, la mayoría, el 35,3% se registraron ante los juzgados, el 29,4% ante la Policía Nacional, un 17,6% ante la Guardia Civil y el 17,6% ante la Policía Local.

DENUNCIAR Y CONCIENCIAR

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo considera que estos datos que los profesionales médicos de la región han comunicado en sus respectivos Colegios "son solo la punta del iceberg" de una problemática más habitual de lo que apuntan las cifras y que no se denuncia en todos los casos.

Por ello, este año de nuevo reitera la urgente necesidad de frenar con todas las herramientas posibles una lacra que constituye un problema social y por tanto, requiere de un esfuerzo colectivo y "medidas contundentes" de las autoridades sanitarias, las administraciones y los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado.

Así lo ha vuelto a señalar su presidenta del COMT, Natividad Laín, quien reclama como "imprescindible" concienciar a la sociedad y denunciar siempre las situaciones de violencia, faltas de respeto y agresiones" a médicos y a profesionales sanitarios porque "es la mejor forma de visibilizar el problema y mostrar a la sociedad que estos escenarios de provocación, exigencia desmedida y agresividad son inaceptables y provocan consecuencias perjudiciales para todos".

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Toledo se insta a los profesionales a comunicar estos episodios y a recibir el asesoramiento y respaldo jurídico que precisen, personándose como acusación popular en los casos que así lo requieran y facilitando el apoyo psicológico necesario para revertir la inseguridad y el estrés traumático que generan situaciones de violencia que "no nos merecemos".

Asimismo, reitera el compromiso de la corporación para seguir formando a los profesionales y ofrecerles herramientas para detectar y prevenir cualquier tipo de episodio violento y reivindicar nuevos recursos que eleven la seguridad de los profesionales en el ejercicio de su tarea asistencial.