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Podemos ha pedido a la Audiencia Nacional que incorpore los chats privados del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez como prueba documental de cara al juicio oral por la 'Operación Kitchen', el presunto dispositivo parapolicial puesto en marcha para espiar y robar al ex tesorero 'popular' Luis Bárcenas información comprometedora sobre el PP y sus dirigentes.
La formación morada presentó un escrito el pasado jueves en el que reitera su petición de apertura de juicio oral contra los 11 procesados por la 'Kitchen': el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; su ex 'número dos' Francisco Martínez; los ex policías José Manuel Villarejo, Eugenio Pino, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano; y el ex chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos.
El partido mantiene la petición de penas que formuló el pasado mes de octubre. Así las cosas, solicita que se condena a 41 años de cárcel a Fernández Díaz y a Martínez, instando a que se impongan penas de entre 41 y 39 años de prisión para los miembros de la cúpula policial.
La principal novedad en este nuevo escrito es que la formación pide que se incorporen como documental anticipada los 23 chats de whatsapp del volcado del móvil de Martínez. Los mismos fueron facilitados a las partes personadas en causa, pero el acceso fue posteriormente suspendido por el instructor para salvaguardar el interés general y la seguridad nacional.
El ex secretario de Estado de Seguridad denunció que desde que el juez acordó incorporar a la plataforma virtual de la causa el volcado íntegro de sus conversaciones de whatsapp, sus mensajes estaban "saliendo publicados en numerosos medios", y que en esas conversaciones "aparece información relativa a cuestiones que están directamente relacionadas con la seguridad pública a las que tuvo acceso en la época en la que ostentó el cargo de secretario de Estado de Seguridad".
El magistrado, antes de preguntarle al Ministerio Fiscal, acordó restringir de forma temporal el acceso a los mensajes para "garantizar los derechos fundamentales e intereses públicos".
PIDEN LA TESTIFICAL DE RAJOY Y COSPEDAL
En su escrito de acusación, Podemos apunta a posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, allanamiento de morada, obstrucción a la justicia, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, malversación, prevaricación y encubrimiento.
Asimismo, el partido político reclama que en el juicio declaren como testigos Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, el ex director de la Policía Nacional Ignacio Cosidó Gutiérrez y el consejero madrileño Enrique López, entre otros.
Fuentes de Podemos han asegurado que "es evidente que Fernández Díaz tiene que acabar en prisión". "Pero no se entiende que el juez Manuel García Castellón haya decidido finalizar la instrucción sin investigar en profundidad la organización criminal orquestada por el Gobierno del PP en cuya cúpula estarían presuntamente María Dolores de Cospedal y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy", han criticado.
A juicio de la formación 'morada' "no se monta una operación ilegal desde el Ministerio de Interior para destruir pruebas de la corrupción del PP o para perseguir a adversarios políticos como Podemos sin que el PP lo apruebe al máximo nivel".
"DIRIGENTES DEL PP AÚN NO IDENTIFICADOS"
Podemos acusa a Fernández Díaz, como "máximo responsable político" del Ministerio de Interior, y "con abuso de sus funciones, conocimiento de su ilicitud y connivencia de dirigentes del Partido Popular aún no completamente identificados", ordenar a finales de 2012 a Martínez el despliegue de "una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas" y comprometer al PP y sus dirigentes en relación con sus famosos 'papeles'.
Martínez se lo habría encomendado a su vez a Pino, entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, y éste acudió a Villarejo, "que en el pasado había desempeñado diversas funciones en operaciones de dudosa legalidad en lo que se viene denominando operaciones vinculadas a las cloacas del Estado, comisario que por otra parte no solo recibía instrucciones del mando policial sino que también coordinaba su actuación con altos dirigentes de la cúpula del Partido Popular".
"Entre otros cometidos, el desarrollo de la operación consistió en captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando", que fue Ríos, al que habrían recompensado con 2.000 euros mensuales y su incorporación a la Policía Nacional, apunta la formación 'morada'.
Según sus cálculos, la 'Kitchen' se habría financiado al menos con 55.871,82 euros de los fondos reservados, por lo que pide que el conjunto de los acusados indemnice directa, conjunta y solidariamente con esa misma cantidad al Ministerio de Interior.
ESPIONAJE INCLUSO EN PRISIÓN
Como resultado, Bárcenas y su familia se habrían visto sometidos a vigilancias, incluso dentro de la cárcel cuando el ex tesorero fue encarcelado provisionalmente, y hasta se les habrían clonado teléfonos móviles. La 'Kitchen' habría tenido éxito por cuanto sus agentes habrían conseguido robar documentación sensible de un local donde la mujer del ex tesorero restauraba muebles, una información que "nunca fue puesta a disposición de autoridad judicial alguna".
Durante todo este tiempo, Villarejo, "conociendo el potencial de la información que se maneja y que podía afectar a la dirección del PP y la Presidencia del Gobierno, aprovechó la ocasión para acumular información y documentación en su poder, para de ese modo poder obtener algún tipo de beneficio personal; extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables políticos".
"O bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas privadas que venían desarrollando de forma paralela a su función como policía durante los últimos 20 años al servicio de diferentes gobiernos y empresas privadas, siendo objeto de investigación y enjuiciamiento, en otras piezas de la presente causa algunas de dichas actividades parapoliciales"
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