La consejera de Igualdad ha hecho pública una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género

El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha una nueva convocatoria de ayudas al alquiler dirigidas a víctimas de violencia de género por un valor de 1.250.000 euros con la que espera beneficiar a 425 mujeres, una medida que se reeditará el próximo año dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha señalado que el objeto de estas convocatorias es asegurar el acceso a una vivienda de manera independiente, subvencionando los gastos que se deriven de los contratos de arrendamiento, por lo que “son imprescindibles a la hora de romper el círculo de la violencia de género, que les impide a muchas mujeres llevar una vida plena y en condiciones de libertad y derechos”.

Fernández ha explicado que esta línea de ayudas, que se inició durante la actual legislatura, cuenta “con un carácter muy novedoso”, ya que se trata de una convocatoria de ayudas al alquiler únicamente destinada a víctimas de violencia de género, “lo que supone un tremendo orgullo”.

El primer año destinamos 170.000 euros y llegamos a 107 mujeres, por lo que este 2023 se ha aumentado hasta siete veces el presupuesto, “con el que alcanzaremos el 100 por cien de las solicitudes”. La portavoz ha aclarado que se ha aprobado la misma cantidad para 2024, otros 1.250.000 euros: “las transferencias ya se han hecho por parte del Instituto de la Mujer a la Consejería de Fomento, garantizando así los fondos para el año que viene”.

Características y cantidades subvencionables

Fernández ha detallado que se concederá a aquellos contratos que estén en vigor desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, y que supongan una mensualidad máxima de 750 euros, sin incluir los anejos vinculados, como garaje y trastero.

Con carácter general, se concederá a las beneficiarias una ayuda del 60 por ciento de la renta mensual por el alquiler de su vivienda habitual y permanente. Dicha cuantía podrá ascender hasta el 75 por ciento, en el caso de que la receptora o cualquiera de sus familiares, ascendientes o descendientes que convivan con ella tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento de carácter psíquico y del 65 por ciento de índole física.

No obstante, se podrá llegar a subvencionar el 100 por cien de la renta mensual del arrendamiento de la vivienda si se trata de una familia numerosa, la beneficiaria proviene de una situación en recurso de acogida del Instituto de la Mujer o bien tenga a su cargo un ascendiente o descendiente en situación de dependencia.

La consejera ha aclarado que, aunque el importe máximo de la ayuda no superará los 750 euros mensuales, las cuantías anteriores no se minorarán en el caso de existir otras personas titulares del contrato de arrendamiento. Asimismo, se contempla la posibilidad de anticipar la ayuda por trimestres, “ya que se trata de mujeres con acceso dificultoso al mercado laboral”.  Además, el procedimiento de concesión responderá a un criterio de prelación temporal hasta el agotamiento de crédito y tras una previa evaluación individualizada.

Para finalizar, Blanca Fernández ha confirmado que la convocatoria se enmarca en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, información que pasó ayer por la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

El Gobierno de Castilla-La Mancha autoriza la prórroga del programa temporal de empleo para la gestión del Plan Corresponsables

El Gobierno regional ha dado luz verde a la prórroga del programa temporal de empleo para el nombramiento de personal funcionario interino en el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, encargado de la gestión del Plan Corresponsables.

La prórroga tiene una duración de un año e irá desde el 1 de julio de 2023 hasta el 30 de junio de 2024. Cuenta con un presupuesto de 501.230 euros para garantizar la continuidad de 12 profesionales y la incorporación de una persona más, que tendrá perfil economista.

“Por tanto, serán 13 profesionales durante 12 meses, con la novedad de incorporar esta persona con especialidad económica para gestionar un programa que, si bien es muy exitoso, necesita de un control financiero muy exhaustivo”, ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, en la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

La consejera ha señalado que el objetivo del programa temporal de empleo es el asesoramiento técnico y la gestión del Plan Corresponsables mediante medidas de estudio, diagnóstico, valoración, planificación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los expedientes, “funciones que se continuarán realizando con el refuerzo de la especialidad de Economía que se incorpora en los servicios centrales del Instituto de la Mujer”, ha apuntado.

En cuanto al perfil de las personas que forman este equipo se trata, por un lado, de dos personas técnicas superiores, una de especialidad en Administración General y otra de especialidad en Economía. Se encargarán de la coordinación y asesoramiento jurídico, económico, elaboración de informes, estadísticas y gestión de las distintas fases del procedimiento de tramitación y ejecución del gasto público vinculado a los expedientes financiados con el fondo. Ambas estarán en los servicios centrales del Instituto de la Mujer.

Por otro lado, integran el equipo otras cinco personas con especialidad en Trabajo Social. Se encargarán del estudio, diagnóstico, valoración, planificación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los expedientes. Se ubican en cada una de las Delegaciones Provinciales. Y, finalmente, 6 personas de perfil administrativo para el procedimiento de ejecución del gasto público y documentos contables de obligado cumplimiento. Como hasta ahora, una seguirá en servicios centrales y las otras cinco en las delegaciones provinciales.

En total, 648 municipios con gobierno de todo signo político están participando en la edición en curso del Plan Corresponsables, algo que ha agradecido la consejera, ya que es importante “que no haya distingo político a la hora de aplicar medidas que son muy necesarias para la conciliación de las familias y que contribuyen a que las mujeres puedan liberarse un poco de la mochila de los cuidados e impulsar su empleo, su formación e incluso su disfrute del ocio y del tiempo libre”.

En estos momentos, Castilla-La Mancha es la única Comunidad Autónoma que tiene acogidos en este plan todos los municipios mayores de 5.000 habitantes, el 98 por ciento de los más de 1.000 y el 60 por ciento de los que tienen menos de 1.000.

Llamamiento a la adhesión a la tercera edición del Plan Corresponsables

La consejera también ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para su adhesión a la tercera edición del Plan Corresponsables. Hasta este momento, y después de enviar la comunicación, en los primeros días se han adherido un total de 500 ayuntamientos. Blanca Fernández ha recordado que quedan días para solicitarlo y ha pedido a los consistorios de Castilla-La Mancha para que se incorporen al mismo por tratarse de una iniciativa que las familias “reconocen, valoran y piden que no se corte”.

 Fernández celebra la condena de cárcel contra un celador de Guadalajara que abusó de una paciente

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha celebrado la condena de cárcel contra un celador del Hospital de Guadalajara que abusó de una paciente. "Estoy satisfecha de que haya caído todo el peso de la ley contra el agresor", ha asegurado Fernández al ser preguntada sobre esta cuestión en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno de esta semana.

"Aquí no hay discusión de ningún tipo. Y desde luego como Gobierno nos alegramos que haya una sentencia en la que se resarza de alguna manera a la víctima".

Dicho esto, la titular de Igualdad ha defendido que, en términos generales, "los protocolos funcionan, la ley funciona" y, por ello, está contenta de que "haya caído todo el peso de la ley contra la agresor". No obstante, ha manifestado que "ojalá no se hubiera producido una situación tan lamentable en un hospital público".

Sobre el hecho de que las imágenes de las cámaras de seguridad que estaban en el pasillo del hospital se borraran antes de tiempo, Blanca Fernández ha señalado que "hay que intentar aprender de los errores". "Si se borraron las imágenes en 15 días y era obligatorio tenerlas 30, hay que saber que esto puede pasar".

"No se había dado nunca en el sistema público de salud, no nos había ocurrido nunca, y desde luego, una vez vista la situación, lo que está claro es que no puede volver a pasar bajo ninguna circunstancia".

No obstante, se ha puesto "en la piel" del gestor de un hospital o del gestor de un centro de salud, y su dificultad "para poder saber lo que pasa en cada uno de los rincones de cada una de las habitaciones". "Es imposible".

"Pero habida cuenta de las circunstancias", ha proseguido la consejera, "lo que tenemos que tener meridianamente claro es que cualquier víctima tiene que estar protegida al máximo y aprender de esos errores". "Yo con esto no quiero cuestionar una decisión que en un momento determinado se tomase, sino aprender y saber que cuantos más prudentes seamos muchísimo mejor"