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Llegaron a creerse sus propias mentiras, por eso les es duro aceptar el resultado. Toda España daba como vencedor al PP, con ese listón colocado por ellos mismos en los 160 escaños, para no necesitar el apoyo de nadie, ni siquiera el de sus socios de Vox, pero algo falló en el último momento. Tal vez los españoles analizaron discursos.
A los pocos minutos de comenzar el recuento, cuando ganaba el PSOE en número de votos y también de escaños, Vox quiso poner su firma en las resoluciones finales de esta jornada electoral y Garriga salió por la televisión, recordando al PP que sus votos no serían gratis, porque ellos lo compran todo y “le deben respeto a sus votantes”. El diputado que 48 horas antes había sido denunciado por un intento de agresión a un antifascista en un mitin en Barcelona dejó muy claro que impondrían sus condiciones al PP para un futuro gobierno de “las derechas”.
El descalabro ha sido considerable y es que el pueblo ha hablado. Ese pueblo a quienes ellos dicen defender, les han quitado 20 diputados, porque seguramente “el pueblo” consideraba que no se los merecían.
Ese lenguaje “guerracivilista” utilizado durante toda la campaña no es bueno. Con él pretenden elevar el ánimo del “pueblo”, pero el “pueblo” recuerda que quedan cuentas sin saldar desde el año 1939 y que precisamente Vox lleva en su campaña hacer de nuevo “borrón y cuenta nueva” sin saldar la deuda de sacar de las cunetas a los que aún quedan, o volviendo a meter en cuelgamuros al causante de tal estrago. Que el pueblo se haya mantenido quieto y en silencio todo este tiempo, no quiere decir que haya olvidado. Su comportamiento ha sido muy evidente durante la jornada electoral. Por ceñirnos en un único lugar de la geografía española, podemos decir que los de Abascal ejercieron de censores este 23 de julio negándole la entrada en la sede a TV3, porque a su juicio habían vulnerado “los principios de neutralidad informativa y de respeto al pluralismo político y a la igualdad” y de nuevo, como buenos herederos del PP, utilizan la herramienta de la derecha: “yo te acuso de mis errores”.
Ellos que denuncian la falta de neutralidad y de respeto al pluralismo político, que han llamado criminal y perro al presidente del Gobierno durante la campaña, niegan la entrada a los profesionales de la información, durante un determinado espacio de tiempo, hasta que la Junta Electoral Provincial les obligó a dejar entrar a los profesionales “en todos los actos que lleve a cabo Vox en el periodo electoral y en concreto al seguimiento de los resultados electorales en las mismas condiciones que al resto de medios”.
TV3 no fue el único medio censurado por Vox en esta jornada electoral. La Junta Electoral Central obligó igualmente a la formación de Abascal a dejar entrar al redactor de El País y le recordó que había “desatendido reiteradamente las resoluciones similares a esta dictadas con anterioridad”.
La institución se vio obligada a exigir a Vox que “permitiera el paso de forma inmediata a El País” y le apercibía de las responsabilidades políticas y penales en las que podría incurrir de no cumplir este mandato.
Vox permitió el paso al redactor de El País, pero en la puerta quedaban los de Eldiario.es y también los de la Cadena Ser.
Este partido tan patriota y tan constitucional, que se atreve a llamar “terrorista”, “filoetarra”o “perro” a una autoridad como un presidente de Gobierno, del que incluso ha llegado a poner en duda su legitimidad, se atreve a poner un cedazo en la puerta de sus sedes, para que los periodistas no puedan realizar su trabajo libremente, incumpliendo el artículo 66.2 de la Ley Electoral que defiende “el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, tal como establece a su vez la Constitución Española en su artículo 20.1 y la jurisprudencia surgida de las sentencias del Tribunal Supremo que en reiteradas ocasiones ha dictado contra la formación ultraderechista.
Una suerte, para ellos, que solo hayan perdido 20 escaños. Para resto del mundo, el tan cacareado "pueblo", la constatación de que existen algo más de 2 millones de personas que piensan como Abascal, que no conocen o que parecen pretender, el incumplimiento de la Constitución española.
P. Moratilla
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