DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Economía y Trabajo
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha resuelto de forma definitiva la primera convocatoria del programa de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) para la promoción y dinamización de Comunidades Energéticas (CE OFICINAS) con la adjudicación de los 20 millones de euros previstos a un total de 79 proyectos repartidos por gran parte del territorio nacional.
Del total del importe concedido, 1.333.028,01 euros corresponden a siete proyectos en Castilla-La Mancha, entre los que figuran el Parque empresarial de Campollano (Albacete), la Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense (Cuenca), el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Ciudad Real, la Asociación Mancha Júcar Centro (Albacete) y en Toledo el ayuntamiento de la capital y el municipio de Burguillos, según ha informado el ministerio en nota de prensa.
El programa busca facilitar la creación de nuevas comunidades energéticas de toda índole (ciudadanas, empresariales o industriales) con medidas de difusión, asesoría y acompañamiento, que allanen el camino y extiendan el conocimiento general sobre esta fórmula cooperativa de producción y consumo de energía renovable, así como promotora de medidas de eficiencia energética, gestión de la demanda y movilidad sostenible.
La resolución de la convocatoria con la asignación íntegra de los 20 millones habilitados --fondos NextGenEU canalizados a través del PRTR-- refleja la gran acogida de esta línea de incentivos, con más de 200 solicitudes que duplicaban el presupuesto disponible. De igual modo, los proyectos seleccionados evidencian el interés social creciente por la generación y consumo energético colectivo y por los instrumentos que, como las OTC, sirven para potenciarlos.
Las administraciones locales, regionales y otras han protagonizado esta convocatoria. Por volumen de ayudas, el 77% de los beneficiarios propuestos son entidades públicas, frente al 23% correspondiente al ámbito privado. Y también en términos numéricos, la mayor parte de los 79 proyectos seleccionados (50) tienen naturaleza pública, bien sea de ayuntamientos, entidades de carácter supramunicipal como agrupaciones de municipios, diputaciones, cabildos, o incluso fijan su radio de acción en el conjunto de una comunidad autónoma.
Pese a este predominio, también es notable la participación del sector privado y la sociedad civil, con un buen número de iniciativas promovidas por pymes, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones y empresas de la economía social.
En cuanto a la distribución territorial, los expedientes beneficiarios de ayudas, elegidos en régimen de concurrencia competitiva, se reparten por todas las comunidades autónomas, a excepción de La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; en ninguna de las tres se presentó ninguna solicitud.
Otro factor relevante es que un 73% de las oficinas subvencionadas (58) trabajarán en municipios de reto demográfico y/o transición justa.
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