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El presidente del CGPJ por suplencia, Vicente Guilarte
Ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario para mostrar el rechazo del órgano de gobierno de los jueces a la futura ley de amnistía que beneficiará a los promotores y partícipes en el 'procés'.
Los consejeros que han cursado la solicitud son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, todos nombrados a propuesta del Partido Popular.
Según fuentes del CGPJ, está previsto que registren la petición este jueves y el Pleno podría celebrarse el próximo lunes. La fecha exacta dependerá de la decisión que adopte el presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, cuyos miembros cumplirán el próximo mes de diciembre cinco años con el mandato caducado.
Los ocho vocales citados piden reunir al Pleno para debatir una declaración institucional contra la norma que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno.
EL ESTADO DE DERECHO SERÁ "UNA MERA PROCLAMA FORMAL"
Aunque todavía no se conoce el texto de la futura ley, que está previsto se registre en los próximos días en el Congreso, los vocales conservadores dan por hecho que tendrá efectos de "degradación" para el país, "cuando no de abolición del Estado de Derecho en España". Añaden que cuando se aplique la amnistía a los encausados por el 'procés', el Estado de Derecho en España "pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España".
En su escrito, recogido por Europa Press, los vocales conservadores explican que han observando "con creciente preocupación" las declaraciones que sobre esta medida han realizado los partidos independentistas en la últimas semanas.
Asimismo, expresan su temor a que ésta afecte no sólo a los acontecimientos relacionados con el referéndum de 2017 sino también a otros anteriores, entre los que habría "delitos de corrupción", y también posteriores, cometidos "para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia".
Según detallan, optaron por mantener una "actitud de prudente expectativa" mientras esas declaraciones no fueron respaldadas por el presidente del Gobierno en funciones pero, tras las declaraciones de Sánchez el pasado sábado ante el Comité Federal del PSOE, confesando que la amnistía es necesaria para lograr apoyos a su investidura, consideran necesario un pronunciamiento del CGPJ.
QUE SE OIGA AL CONSEJO
Si la iniciativa se presentase a través de un proyecto del ley del Gobierno sería obligatorio recabar informe del CGPJ pero, como se va a tramitar mediante una proposición de ley de los grupos parlamentarios, este informe no será necesario. Por eso los vocales exigen un pleno extraordinario para dejar clara la opinión del Consejo.
Los firmantes del escrito denuncian expresamente que la ley se vaya a pactar con partidos como Junts, "dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Además, cargan contra Sánchez por argumentar que la amnistía se adoptará en "interés de España" para "impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral". "Confundir el 'interés de España' con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política".
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