DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
El PSOE ha solicitado que la proposición de ley destinada a amnistiar a los encausados en el proceso independentista catalán desde 2012 tramite por el procedimiento de urgencia, lo que supone reducir los plazos a la mitad, y ello podría permitir que el texto aprobado se remitiese al Senado en menos de un mes.
Durante su comparecencia en el Congreso tras el registro del texto, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha mostrado su deseo de que la amnistía sea una realidad "en las próximas semanas", pero ha evitado anticipar una fecha para su aprobación definitiva.
Se ha limitado a explicitar que la intención de los socialistas es que se pueda "aprobar a la mayor brevedad posible" tanto en el Congreso como en el Senado y que todas las fuerzas políticas que están a favor de la amnistía puedan trabajar "combinando esa urgencia con rigor en el trabajo parlamentario".
Tras su registro, el texto deberá recibir el visto bueno de la Mesa del Congreso, lo que se conoce como calificación, un trámite que, en principio tendrá lugar el martes de la próxima semana.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha explicado este lunes que esta proposición de ley orgánica seguirá el "curso normal" de todas las iniciativas parlamentarias, lo que implica que, aunque se haya registrado este lunes la Mesa del Congreso no la calificará en su reunión de este martes, sino que la previsión es que lo haga el próximo día 21 de noviembre.
INFORME DE LOS LETRADOS NO VINCULANTE
En todo caso, el PSOE y Sumar cuentan con mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara para dar vía libre a un texto que previsiblemente será estudiado previamente por los servicios jurídicos de la Cámara que pueden emitir informe al respecto.
Así lo hicieron los letrados en 2021 cuando se mostraron en contra de la calificación de la ley de amnistía registrada entonces por ERC al considerarla inconstitucional. En aquel momento el PSOE apoyó el criterio de los servicios jurídicos, pese a que sus informes no son vinculantes.
Al haberse optado por una proposición de ley y no por un proyecto de ley de Gobierno, en este caso no será obligatorio que el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitan informes sobre su contenido, si bien es previsible que tanto el PP como Vox intenten que la Mesa del Congreso los reclamen.
La decisión sobre la tramitación urgente corresponde también a la Mesa del Congreso, por lo que se da por hecho que los plazos que se fijen para la iniciativa se reducirán a la mitad.
EL VISTO BUENO DEL GOBIERNO
Una vez que el órgano de gobierno la califique, la ley será publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y se remitirá al Gobierno para que dé su conformidad para la tramitación. El Ejecutivo tiene la facultad de vetar la tramitación de proposiciones de ley si considera que suponen un aumento del gasto o una disminución de ingresos.
Para dar su conformidad, el Gobierno cuenta con un mes para pronunciarse, pero lo previsible es que no lo agote y dé su plácet con celeridad. En la proposición de ley que acabó con el delito de sedición tardó menos de 24 horas en dar su visto bueno.
Salvado este trámite, la Junta de Portavoces podrá poner fecha al debate de toma en consideración en el Pleno y, cuando la Cámara dé vía libre, la Mesa tendrá que abrir un primer plazo para la presentación de enmiendas al texto.
TOTALIDAD CON TEXTO ALTERNATIVO
Una vez tomada en consideración la ley, las enmiendas de totalidad deberán ir acompañadas de un texto alternativo. Esta es la opción que previsiblemente utilizarán el PP y Vox para dejar constancia de su oposición frontal al texto.
Además de la vía de urgencia, el PSOE podría pedir que la proposición de ley se tramite en lectura única, lo que implica desarrollar en el Pleno todas las fases sin pasar por ponencia ni comisión. Eso sí, esta tramitación exprés debe ser aprobada por el Pleno, donde el PSOE y sus socios también cuentan con mayoría para sacarla adelante.
Esa tramitación exprés podría permitir aprobar el texto en el Congreso en tres semanas y llegar al Día de la Constitución con todo hecho, a la espera del Senado.
El PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, ya ha impulsado una reforma reglamentaria para intentar dilatar la tramitación en sus dependencias, aunque la Constitución, en su artículo 90, establece un tope de dos meses desde su recepción en el Senado hasta su dictamen, o bien 20 días si son proyectos urgentes declarados como tales por el Congreso.
DOS MESES MÁXIMO EN EL SENADO Y EN PRIMAVERA EN VIGOR
Los 'populares' y Vox tienen dos opciones en el Senado: vetar la tramitación de la iniciativa --lo que obligaría al Congreso a levantar ese veto con mayoría absoluta-- o tramitarla e introducir modificaciones, unos cambios que después tendría que deshacer el Congreso.
Esta última opción retrasaría la aprobación de la ley de amnistía, el Congreso requeriría mayoría simple para refrendar o borrar las nuevas enmiendas del Senado, pero al final siempre necesitaría mayoría absoluta para su aprobación definitiva al tratarse de una ley orgánica.
En el peor de los casos, desde los grupos que conforman el Gobierno calculan que la ley, tras su paso por el Senado, el paréntesis de enero (periodo no hábil) y la aprobación definitiva por el Congreso, podría estar en vigor en marzo.
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