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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha nombrado nuevo ministro de Transportes a Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y actual diputado en el Congreso. Además, mantiene en el Consejo de Ministros a la actual portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que pasa a ocupar una nueva cartera: Vivienda y Agenda Urbana.
Según han confirmado a Europa Press fuentes de Moncloa, este será el nuevo reparto del departamento que hasta el momento ocupaba Raquel Sánchez. Puente estará al frente de Transportes y Rodríguez se queda con el Ministerio de Vivienda, una materia que los socialistas han fijado como una de las prioridades de la legislatura.
El Ministerio de Transportes y Movilidad nació hace apenas cuatro años, en enero de 2020, tras la formación del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, recogiendo el testigo del extinto Ministerio de Fomento.
En este periodo, la cartera ha tenido en su dirección a solo dos ministros, el primero José Luis Ábalos, que ya lo era de Fomento desde la moción de censura de 2018 y que gestionó la movilidad en plena pandemia, y posteriormente Raquel Sánchez, que tomó el relevo de Ábalos en julio de 2021.
En todo este periodo, el ámbito del transporte ha vivido momentos como la prohibición casi al completo de la movilidad por la crisis sanitaria, huelgas de taxistas y paros de camioneros que han reconfigurado a estos dos sectores, la entrada de la competencia en la alta velocidad, la gratuidad de trenes y autobuses, la polémica de los trenes de Cantabria que hizo caer a los presidentes de Renfe y Adif, la apertura de nuevas líneas a Galicia, Murcia, Extremadura o Asturias, o el diseño de peajes en todas las autovías que finalmente no entrarán en vigor.
COMPROMISOS ANUNCIADOS
Para la nueva legislatura, Óscar Puente tendrá que hacer frente al traspaso de los trenes de Cercanías de Cataluña (Rodalies) a la Generalitat, uno de los mayores retos políticos de la legislatura, al incluir no solo la operación de los trenes sino también de la infraestructura.
Asimismo, el Gobierno mantendrá los descuentos para el transporte para el conjunto del año, aunque supeditado en el caso del transporte autonómico a que las comunidades también subvencionen una parte. Pasado el primer año, esta política se mantendrá para menores, jóvenes y desempleados.
Otro de los compromisos será impulsar la reducción de los vuelos domésticos en las rutas donde existan alternativas ferroviarias de menos de dos horas y media, salvo en los casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.
También reabrirá la línea que une Zaragoza con Pau (Francia) a través de Canfranc, impulsará los Corredores Mediterráneo y Atlántico, ampliará y modernizará la red de Cercanías valenciana y la línea Alicante-Murcia, conectando el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández con ambas ciudades.
En Galicia se estudiará la implementación de una red de Cercanías entre A Coruña y Ferrol y entre Vigo y Pontevedra, y habrá descuentos en las autopistas de la región. En Canarias, se consolidará la bonificación del 75% en el transporte aéreo y marítimo para residentes, según los acuerdos alcanzados entre el PSOE y los diferentes partidos de cara a la investidura.
HABILITAR MÁS VIVIENDA PÚBLICA E ÍNDICE PARA ZONAS TENSIONADAS
Por su parte, Isabel Rodríguez estará al frente del Ministerio de Vivienda, que se vuelve a recuperar como departamento en solitario y no agregado a otro ministerio. Como principales retos, la nueva ministra tendrá que desarrollar la macrooperación de poner en el mercado un total de 183.000 viviendas de alquiler asequible, que incluye las viviendas de Sareb, nuevas promociones y casas en el suelo del Ministerio de Defensa.
También deberá desarrollar la nueva Ley de Vivienda, que entró en vigor a finales de la legislatura pasada, y, concretamente, el compromiso es definir con carácter inmediato el índice de precios de referencia, que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres.
Asimismo, se llevará a cabo el incremento del Bono Alquiler, que en la actualidad consiste en una ayuda de 250 euros para jóvenes menores de 35 años, y se revisará también la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas. También se aprobará un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico.
Además, se habilitará un programa nacional de ayudas y subvenciones para la mejora de la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas. La prioridad será la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, con el objetivo de alcanzar 500.000 viviendas.
ELIMINAR OBSTÁCULOS A LA PORTABILIDAD DE HIPOTECAS ENTRE ENTIDADES
Se pretende también adoptar, fruto del diálogo con las entidades financieras, mejoras aplicables a los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la reestructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago.
El Gobierno quiere hacer el mercado hipotecario más competitivo eliminando los obstáculos a la portabilidad real de hipotecas entre entidades, reforzando la supervisión tanto financiera como de competencia e impulsando la transparencia.
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, seguirá en el Gobierno de Pedro Sánchez al frente del departamento de Presidencia y Relaciones con las Cortes al que además sumará Justicia, según han confirmado a Europa Press fuentes de Moncloa.
De está manera se convertirá en un superministro y aunque no tiene rango de vicepresidente del Gobierno, de facto será el titular del área política más importante del gabinete.
También siguen en sus actuales cargos el ministro de Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido al expresidente canario Ángel Víctor Torres para liderar el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, al exalcalde de Barcelona Jordi Hereu para ocupar el Ministerio de Industria y mantiene como titular de Hacienda a María Jesús Montero, que será también la nueva vicepresidenta cuarta del Ejecutivo.
María Jesús Montero (Sevilla, 1966) repetirá como ministra de Hacienda en el nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar y además ostentará la vicepresidencia cuarta del Gobierno.
Desde Hacienda, tendrá que acometer, después de tres años de reglas fiscales suspendidas, la reducción del déficit y de la deuda pública, que supera el 100% del PIB después de las medidas adoptadas por el Covid o la guerra de Ucrania.
Montero, actual vicesecretaria general del PSOE y una de las artífices de los acuerdos de Gobierno entre el PSOE y los demás partidos, es licenciada en Medicina y Cirugía y máster en Gestión Hospitalaria por la Escuela de Negocios EADA, ostentó la cartera de Hacienda y Administración Pública en la Junta de Andalucía desde 2013, departamento al que llegó tras pasar nueve años al frente de la Consejería de Salud, a la que accedió en 2004 de la mano de Manuel Chaves.
A este cargo accedió tras ejercer desde 2002 como viceconsejera del mismo departamento. Anteriormente, fue subdirectora médica del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla entre 1995 y 1998. En este año se incorporó al complejo sanitario Virgen del Rocío de la misma ciudad, primero como subdirectora médica y posteriormente como subdirectora gerente.
Al margen de su trayectoria en el ámbito sanitario, María Jesús Montero fue presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de la Juventud de Andalucía entre 1986 y 1988, y posteriormente secretaria general del mismo hasta 1990. Desde 2008 y hasta su nombramiento como ministra fue parlamentaria por Sevilla en la Cámara autonómica.
RETOS INMEDIATOS
La tarea más inmediata de la que tendrá que encargarse será la elaboración y presentación del límite de gasto no financiero (techo de gasto), previo al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, teniendo en cuenta que Bruselas prevé reactivar las reglas fiscales este próximo año, tras la parálisis por el impacto económico de la pandemia, la guerra en Ucrania y la escalada de precios, espacialmente energéticos.
Por ello, y ante un arco parlamentario tan fragmentado, tendrá que esforzarse por recabar los apoyos suficientes para que, por cuarto año consecutivo, puedan ver la luz unas nuevas cuentas públicas en España para el año 2024.
Lo que sí se ha dejado claro desde el Ejecutivo es que las cuentas se elaborarán en base a la responsabilidad fiscal. De hecho, el plan presupuestario remitido ya a Bruselas el pasado mes de octubre ya incluye una previsión de déficit en el entorno del 3% para el año próximo --en línea con lo que fijarán las reglas europeas-- y una ratio de deuda pública el próximo año del 106,3%, lo que supondrá una reducción de 14 puntos respecto a su valor en 2020.
Ello estará asentado sobre un escenario macroeconómico que apunta a un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2% el próximo año, la creación de 700.000 empleos en 2023 y 2024 y un aumento de la recaudación impositiva del 7,5%.
Pero ante un contexto tan incierto, también se tendrá que perfilar la prórroga de algunas de las medidas excepcionales para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania y la subida de precios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha adelantado la prórroga de la rebaja del IVA a alimentos --que caducaba el 31 diciembre-- hasta junio de 2024, seis meses más.
Se trata, en concreto, de la supresión del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad (pan, harina, leche, queso, huevos, etc.) y de la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta. Sobre si se prorrogará la reducción del IVA en la factura de la luz y gas no se ha pronunciado, medida que también expira el 31 de diciembre.
IMPUESTOS A BANCA, ENERGÉTICAS Y GRANDES FORTUNAS
Pero además, el acuerdo entre PSOE y Sumar recoge la revisión de los gravámenes a entidades financieras y empresas energéticas, con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores "sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar".
También se evaluarán los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios.
Asimismo, se fijará un tipo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable --en lugar de sobre la base imponible como hasta ahora-- para recaudar 10.000 millones adicionales.
MEJORAR INCENTIVOS POR HIJO, POR DEPENDENCIA Y CUIDADOS EN EL IRPF
Además, Montero tendrá que liderar una reforma fiscal "orientada a las familias y coordinada con la política de gasto social", por lo que se plantea una mejora de los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto.
También se quiere impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital.
Se pondrá en marcha una Estrategia Integral para la Productividad que coordine las políticas públicas en el ámbito de la educación, la innovación, el mercado laboral y la adopción tecnológica. Para ello, se creará el Consejo Nacional por la Productividad, emulando el que ya tienen varios países europeos, para que se encargue de su monitorización y establezca recomendaciones de actuación para alcanzar los objetivos previamente fijados en dicha Estrategia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por Nadia María Calviño Santamaría para que vuelva a estar al frente de la política económica de España y de una de las vicepresidencias del Ejecutivo, a la espera de conocer el próximo 8 de diciembre quién presidirá el Banco Europeo de Inversiones (BEI), puesto al que aspira la vicepresidenta.
Pedro Sánchez ha vuelto a elegir la ortodoxia de Calviño para que guíe la política económica esta legislatura, aunque su permanencia en el Ejecutivo español dependerá de las votaciones a la Presidencia del BEI.
Pese a ello, el jefe del Gobierno ha vuelto a confiar en Calviño para encabezar el Ministerio de Asuntos Económicos, que ya no asumirá las competencias de Transformación Digital, valorando la experiencia de la gallega en las instituciones europeas e internacionales a lo largo de su carrera.
Nacida en A Coruña, Calviño (1978) es hija del que fue director general de RTVE entre 1982 y 1986, José María Calviño, y es licenciada en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por la UNED, y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
Calviño ya ocupó cargos de responsabilidad en el Ministerio de Economía, ya que fue directora general de Defensa de la Competencia, dependiente del departamento económico, entre mayo de 2004 y agosto de 2006, durante el mandato de Pedro Solbes y en un momento en la que la OPA de Endesa estaba de plena actualidad.
En Bruselas, fue subdirectora de Competencia desde septiembre de 2006 a octubre de 2010, cargo que dejó para ocupar hasta abril de 2014 el cargo de subdirectora de Mercado Interior y Servicios. Desde mayo de 2014 hasta 2018, cuando entró en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, era la directora general de Presupuestos de la Comisión Europea.
Estos últimos años, su papel internacional ha ganado protagonismo, tras ser nombrada entre 2021 y 2023 presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC, por sus siglas en inglés), que asesora al Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la supervisión y la gestión del sistema monetario y financiero internacional.
Además, recientemente con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, Calviño ha liderado las conversaciones sobre la reforma de las reglas fiscales de la UE, negociaciones que aún no logran cerrarse porque las posiciones de algunos países permanecen todavía alejadas, como es el caso de Alemania y Francia, entre otros.
Se espera, en todo caso, que en la próxima reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, que se celebrará el próximo 8 de diciembre, se pueda poner sobre la mesa un texto legislativo para el acuerdo entre los Veintisiete.
Ese día, además, se prevé la votación a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), puesto al que aspira Calviño. Se disputa ser la sucesora de Werner Hoyer al frente del BEI con la hasta ahora vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager. Junto a ellas se mantienen en la carrera la polaca Teresa Czerwinska, el italiano Daniele Franco y el sueco Thomas Östro.
El canciller alemán, Olaf Scholz, ha garantizado el apoyo de Alemania a la candidatura de Calviño, un voto muy importante para España porque es de los que más peso tendrá en la votación.
De ser elegida presidenta del BEI, Calviño podría permanecer en el Ejecutivo español hasta el 31 de diciembre, para empezar el 1 de enero su mandato al frente del banco.
RETOS DE LA CARTERA ECONÓMICA EN ESPAÑA
Calviño se enfrenta a un escenario internacional incierto, marcado por los conflictos geopolíticos, la escalada de precios, los elevados tipos de interés y la reactivación de las reglas fiscales europeas, suspendidas desde 2020 por la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania.
Pese a ello, lo que ha dejado claro desde hace meses es que las cuentas públicas de 2024 se elaborarán en base a la responsabilidad fiscal. De hecho, el plan presupuestario remitido ya a Bruselas el pasado mes de octubre ya incluye una previsión de déficit en el entorno del 3% para el año próximo --en línea con lo que fijarán las reglas europeas-- y una ratio de deuda pública el próximo año del 106,3%, lo que supondrá una reducción de 14 puntos respecto a su valor en 2020.
Ello estará asentado sobre un escenario macroeconómico que apunta a un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2% el próximo año, la creación de 700.000 empleos en 2023 y 2024 y un aumento de la recaudación impositiva del 7,5%.
Uno de los primeros retos a los que hará frente Calviño, según ella misma ha prometido, es al impacto de la subida de los tipos de interés en las finanzas de las familias.
MEDIDAS EN MATERIA FINANCIERA
Así, pretende convocar "en cuanto se forme el Gobierno" a la banca para poder ampliar las medidas y los beneficios del Código de Buenas Prácticas a las rentas medias para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.
La propuesta de los socialistas se basa en extender el plazo de las hipotecas hasta siete años a hogares con rentas iguales o inferiores a 37.800 euros al año --renta media del país--, lo que supondría un ahorro de 300 euros al mes y 3.600 euros al año.
Se ampliaría así el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, con el objetivo de que esas familias con rentas medias puedan ampliar su hipoteca siete años o congelar el pago de la cuota durante el primer año.
También en lo que respecta al sector financiero, el Ministerio de Asuntos Económicos tiene por delante reactivar la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que quedó paralizada por la disolución de las Cortes al convocarse elecciones anticipadas.
En tercer lugar, la otra gran medida pendiente respecto al sector financiero será la decisión sobre el impuesto extraordinario que grava los ingresos de la banca. El acuerdo programático del PSOE y Sumar contempla mantener este impuesto una vez expire su periodo de aplicación actual. Junto con el impuesto a las energéticas, el Gobierno ha recaudado este año unos 2.900 millones de euros por estas figuras impositivas.
FONDOS UE
Además, Calviño seguirá desplegando los fondos europeos 'Next Generation EU', después de que Bruselas desbloqueara otros 93.500 millones del fondo anticrisis para España y permitir la puesta en marcha de la segunda fase del Plan de Recuperación, Trasnformación y Resiliencia para el período 2023-2026, que incluye transferencias adicionales y préstamos.
Con estos fondos incluido en la adenda al Plan se movilizarán 84.000 millones de euros en préstamos, 7.700 millones de euros de transferencias adicionales y casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo REpowerEU. Estos recursos son adicionales a los 70.000 millones de euros de la primera fase del Plan, aprobada el 13 de julio de 2021.
La adenda concentrará las inversiones y reformas en el impulso de la industrialización y autonomía estratégica en los ámbitos de la energía, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, reforzando las inversiones de los 12 proyectos estratégicos (PERTE) ya aprobados y en marcha.
La nueva portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez va a ser Pilar Alegría, actual ministra de Educación y Formación Profesional y que además absorbe la cartera de Deportes, según han confirmado a Europa Press fuentes de Moncloa.
Alegría, que hasta ahora también era la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, asume importantes responsabilidades en el nuevo Gobierno y sustituye a Isabel Rodríguez como portavoz del Ejecutivo. Hasta el momento, la cartera de Deportes estaba incluida en el Ministerio de Cultura.
El valenciano Luis Planas repitirá como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, según han confirmado este lunes a Europa Press fuentes de Moncloa.
El que fuera consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y exembajador en Marruecos tendrá como retos al frente de Agricultura impulsar la nueva Ley de Agricultura Familiar, así como promover un sector primario moderno y sostenible, dotándolo de nuevas ayudas para la innovación, formación y asesoramiento de las pequeñas y medianas empresas del mundo rural.
Nacido en Valencia en 1952, Planas es licenciado en Derecho, profesión que ejerció antes de ingresar por oposición a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Inició su carrera en Europa poco antes de la adhesión de España a la UE, ocupando distintos cargos que le han permitido conocer el funcionamiento de las instituciones europeas.
En 1982 entró en la Comisión Europea detro de un programa de preparación previo a la adhesión y fue diputado del Parlamento Europeo entre 1986 y 1993, donde tomó parte en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Seguridad, y de Asuntos Institucionales.
En 1993 fue nombrado consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de Manuel Chaves, y unos años después regresó a Bruselas para dirigir los gabinetes del vicepresidente primero de la Comisión Europea, Manuel Marín, y después del comisario Pedro Solbes.
Planas fue nombrado por Rodríguez Zapatero embajador de España en Marruecos en 2004 y, en 2010, embajador representante permanente de España ante la Unión Europea. Tras estos cargos, en 2012 fue designado de nuevo consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, hasta que el 20 de enero de 2014 fue nombrado secretario general del Comité Económico y Social Europeo, cargo que ostentaba en la actualidad.
LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR Y MODERNIZAR EL SECTOR, RETOS
De esta forma, el principal reto de Planas al frente de la cartera de Agricultura será impulsar la Ley de Agricultura Familiar para priorizar este tipo de agricultura con mayor valor social, así como promover un sector primario moderno y sostenible, y una Estrategia Nacional de Alimentación para España que sirva para desarrollar la cadena de suministro alimentario, impulsar el empleo en el ámbito rural, mejorar la calidad de la alimentación.
Además, en un contexto marcado por la inflación y la subida de precios de la alimentación, desde su Departamento se abordará la puesta en marcha de un sistema de monitorización de mercados de los principales productos para ver parámetros como los precios en origen, mayorista y destino, costes de producción, márgenes brutos, volumen de producción, importaciones y exportaciones.
Agricultura también tiene previsto en esta nueva legislatura elaborar un Plan Estratégico de la Producción Ecológica para fomentar el consumo de alimentos de calidad diferenciada y producción ecológica.
En materia de pesca, el Departamento defenderá la pesca sostenible y trabajará para apoyar la descarbonización de la flota y su transición energética con medidas para mitigar el efecto del cambio climático y la contaminación en el mar.
Además, trabajará para que la flota española pueda seguir ganando cuotas pesqueras a nivel internacional y seguir negociando con otros países para ampliar los acuerdos de pesca para seguir faenando en caladeros internacionales.
Sumar tendrá cinco ministerios en el nuevo Gobierno de coalición con su portavoz, Ernest Urtasun, como nuevo ministro de Cultura; la líder de Más Madrid, Mónica García, como titular de Sanidad; el exdirigente de Podemos Pablo Bustinduy al frente de Derechos Sociales, y la portavoz de IU, Sira Rego, al frente de Infancia y Juventud.
Así lo han confirmado fuentes conocedoras del organigrama del Ejecutivo en el que repite Díaz como vicepresidenta y Podemos se queda sin cartera.
La gallega Yolanda Díaz (Fene, 1971), líder de Sumar, repetirá como ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta en el nuevo Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y abogada laboralista, Díaz procede de una familia de históricos sindicalistas y ocupó diversos cargos institucionales desde 2003, cuando logró el acta de concejala en el Ayuntamiento de Ferrol.
En 2005, tras asumir el cargo de coordinadora nacional de Esquerda Unida --la federación de IU en Galicia--, que conservó hasta 2017, fue candidata a la Xunta y repitió en 2009, quedando fuera del Parlamento en ambas ocasiones.
Díaz logró entrar en la cámara autonómica en el año 2012, aunque esta vez lo hizo con la coalición Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) que conformó junto a Anova y que lideró el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras.
Precisamente para aquella campaña Díaz fichó como asesor al todavía desconocido Pablo Iglesias, entonces su amigo y hoy enfrentados por la 'marginación' de Podemos dentro de Sumar, el espacio político que creó la gallega para las últimas elecciones generales.
Díaz dio su salto a la política nacional en 2015, cuando se presentó como candidata al Congreso por A Coruña en las elecciones generales de ese año con la coalición En Marea, que conformaron Esquerda Unida, Podemos y Anova cuando el acuerdo a nivel estatal con IU había sido imposible.
Tras conseguir escaño, se convirtió en una de las piezas clave del grupo parlamentario por la relación de máxima confianza que tenía entonces con Iglesias y por ser una de las diputadas con más experiencia en algunos temas de importante calado, como Empleo e Industria.
Así, Díaz fue una de las caras más visibles de la coalición de izquierdas en materia de pensiones, tanto en los debates parlamentarios en el Congreso como en las manifestaciones y movilizaciones fuera de él.
En enero de 2020, la política gallega fue nombrada ministra de Trabajo y Economía Social por Pedro Sánchez como parte de la cuota de Ministerios asignados a Unidos Podemos en el seno del Gobierno de coalición.
En marzo de 2021, tras la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo, Sánchez nombró a Díaz vicepresidenta tercera del Gobierno y sólo unos meses más tarde, en julio del mismo año, ascendió hasta la Vicepresidencia Segunda, conservando siempre la cartera de Trabajo.
Negociadora "infatigable", como la han llegado a calificar sus contrapartes, Yolanda Díaz consiguió la pasada legislatura sacar adelante varias reformas con el concurso de los agentes sociales, como la 'Ley Rider' y la famosa reforma laboral de 2021, uno de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación español para la recepción de los fondos europeos.
RETOS DE DÍAZ EN LA NUEVA LEGISLATURA: REDUCCIÓN DE JORNADA Y DESPIDO
De cara a la nueva legislatura, que Sánchez liderará desde un Gobierno apoyado por una amalgama de partidos, son varios los retos que afrontará Díaz desde su cartera de Trabajo, muchos comprometidos en el pacto entre PSOE y Sumar para la constitución del nuevo Gobierno.
Entre ellos se encuentran la reducción, en dos fases, de la jornada laboral desde las 40 a las 37,5 horas semanales; una nueva regulación del despido que se ajuste a la legislación europea, reforzando las causas del mismo; y la continuidad de la senda alcista del salario mínimo interprofesional (SMI), de forma que en el Estatuto de los Trabajadores quede reflejado que debe acompasarse al 60% del salario medio.
De hecho, Díaz anunció hace unos días que, entre sus planes más urgentes, se encuentra el de convocar a sindicatos y empresarios "de inmediato" para negociar una nueva subida del SMI, actualmente situado en 1.080 euros al mes por catorce pagas.
Según el texto del acuerdo PSOE-Sumar, la política económica del próximo Gobierno se orientará a alcanzar el pleno empleo y a lograr que la tasa de paro converja con la media europea a lo largo de la legislatura y, en cualquier caso, y en línea con el resto de economías de la UE, situando la tasa de empleo "por encima del 70%".
Tras la reforma laboral llevada a cabo en la anterior legislatura, PSOE y Sumar se proponen conseguir "una segunda oleada de derechos laborales" en los próximos cuatro años culminando un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, cuyo objetivo será establecer "una red básica de derechos para todos aquellos que prestan actividades profesionales.
Este Estatuto, señala el documento firmado entre PSOE y Sumar, reforzará las garantías de los trabajadores en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues y se revisarán las causas para acogerse a estos procedimientos sólo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa.
DESPIDO, REDUCCIÓN DE JORNADA EN DOS FASES Y SMI
Asimismo, Díaz quiere establecer garantías para los trabajadores frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. "Ha llegado el momento de tocar el despido y lo vamos a regular de conformidad con la legislación europea", enfatizó hace unas semanas la entonces vicepresidenta segunda en funciones.
En lo que respecta a la reducción de jornada, el planteamiento de la coalición es reducir la jornada máxima legal hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, de manera progresiva: bajará hasta los 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 en 2025.
A partir de entonces se constituirá una mesa con los agentes sociales que evalúe los resultados de esta medida y siga avanzando en la disminución de la jornada legal "teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas". Para Díaz, ésta será la legislatura "de ganar tiempo para la vida".
En lo que respecta al SMI, el objetivo del nuevo Gobierno es que siga creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, estableciéndose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará "acompasado al 60% del salario medio".
Díaz también tendrá que afrontar la reforma del nivel asistencial por desempleo, comprometida en su pacto con el PSOE, con la idea de facilitar el acceso y la compatibilidad de los subsidios con el trabajo, dotándolo de las prestaciones "suficientes" y reforzando los incentivos al empleo.
Las partes han rubricado además su compromiso de aprobar una Ley de Usos del Tiempo, otra de impulso a la Economía Social, y el Estatuto del Becario, que quedaron pendientes en la anterior legislatura.
PSOE y Sumar han acordado además para esta legislatura impulsar una participación más eficaz de los trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas; desarrollar reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional.
Asimismo, se comprometen a actualizar la representatividad del colectivo de autónomos "mediante un sistema basado en principios democráticos" y a impulsar una ley de participación institucional que regule la presencia de los agentes sociales en los diversos órganos de las administraciones públicas.
Pero además de los compromisos recogidos en el acuerdo PSOE-Sumar, Yolanda Díaz deberá gestionar desde su Ministerio el compromiso de Sánchez en su acuerdo con el PNV de establecer la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales, un asunto que ya estuvo sobre la mesa la pasada legislatura y que no se incorporó a la reforma laboral por falta de acuerdo entre las partes.
La hasta ahora líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Mónica García (Madrid, 1974), ha sido nombrada nueva ministra de Sanidad por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sustitución de José Manuel Miñones. Así, formará parte del Gobierno de coalición como una de las carteras correspondientes a Sumar.
García es licenciada en Medicina, especializada en Anestesiología, que ha desempeñado su profesión en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Comenzó su carrera política en 2015, cuando llegó a la Asamblea de Madrid como diputada de Podemos tras su conocido activismo durante las protestas de las Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública, adscritas al movimiento del 15M.
En 2017 llegó a ser nombrada presidenta de este grupo parlamentario en Madrid, pero en 2019 lo abandonó para formar parte de Más Madrid. En las elecciones anticipadas de la comunidad en 2021, García ya fue la candidata oficial de Más Madrid, repitiendo en el cargo en los comicios del pasado 28 de mayo. Siendo la segunda lista más votada en ambas elecciones, García se había consolidado en los últimos años como la oposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), por delante del PSOE.
En mayo de 2022, publicó su primer libro, 'Política sin anestesia' (Plaza & Janés), donde García relata el "largo camino que la llevó del quirófano a la Asamblea de Madrid", tal y como se recoge en la sinopsis del mismo.
En unas declaraciones realizadas a la prensa este pasado miércoles en el patio del Congreso de los Diputados, tras de la primera sesión del debate de investidura de Sánchez, García volvió a dejar clara su postura a favor de la sanidad pública y se mostró de acuerdo con las políticas anunciadas por el reelegido como presidente del Gobierno esa misma mañana. "Soy una entusiasta de la sanidad pública, soy una firme defensora del Sistema Nacional de Salud como uno de los ejes vertebradores de nuestra sociedad, así que todo lo que sean avances en esa materia serán bienvenidos y, por supuesto, nosotros arrimaremos el hombro", manifestó García.
De esta forma, García se convierte en la sexta licenciada en Medicina de los 26 ministros que han ocupado la cartera de Sanidad en la historia de la democracia, detrás de José Manuel Romay Beccaría (PP), Ana Pastor (PP), Bernat Soria (PSOE), Carmen Montón (PSOE) y María Luisa Carcedo (PSOE). El último ministro, José Manuel Miñones, también tenía formación sanitaria, al ser licenciado y doctor en Farmacia.
ACABAR CON LAS LISTAS DE ESPERA Y EL PACTO DE ESTADO DE SALUD MENTAL
La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, comienza la nueva legislatura con una serie de retos y leyes pendientes, como acabar con las listas de espera, llevar a cabo un gran pacto de Estado de Salud Mental, aprobar el nuevo plan contra el tabaco, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública o culminar la Ley de Equidad y Universalidad.
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad a 31 de diciembre de 2022, señalaban un máximo histórico de pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica no urgente en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), con 793.521. El tiempo medio para una intervención fue 122 días, frente a los 113 de junio de 2022.
Ahora, el acuerdo programático para formar un nuevo Gobierno de coalición, que PSOE y Sumar presentaron el pasado 24 de octubre, promete acabar con las listas de espera en la sanidad pública, estableciendo por ley unos tiempos máximos de espera en el Sistema Nacional de Salud.
Según el documento, los tiempos máximos serán de 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia. En el caso de la salud mental, la garantía de tiempo máximo de espera será de un máximo de 15 días para jóvenes, adolescentes y menores de 21 años.
En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió durante su primera intervención en el debate de investidura en el Congreso de los Diputados a poner en marcha, "con los Gobiernos autonómicos que así lo deseen", un plan para lograr una "reducción drástica" de las listas de espera y continuar reforzando la Atención Primaria, "que es una de las asignaturas pendientes".
"Es inadmisible que un ciudadano tenga que esperar más de tres meses para tener una primera consulta con un médico especialista. Soy consciente de que esta competencia lógicamente está en manos de las comunidades autónomas pero nosotros no podemos como Gobierno de España quedarnos de brazos cruzados", añadió Sánchez.
Otro de los grandes retos de la nueva ministra de Sanidad, será llevar a cabo un gran pacto de Estado de Salud Mental, que "asegure el derecho a una salud mental universal, pública y de calidad", como indica el acuerdo presentado entre PSOE y Sumar. Asimismo, el pacto de Estado pondrá "especial foco" en las personas jóvenes, con un refuerzo de la ratio de especialistas en salud mental y un plan de medidas específicas orientadas a prevenir el suicidio juvenil.
Del mismo modo, durante el debate de investidura, Sánchez se comprometió a "reducir los tiempos de espera y a garantizar que en España no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla".
García también tendrá que gestionar el aumento de plazas de formación de medicina, enfermería y psicología en las universidades públicas, y las plazas de MIR, EIR y PIR, así como impulsar la Ley de Estabilidad del sector público para disminuir la temporalidad de lo profesionales sanitarios. Así como la tramitación del Real Decreto de la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias.
La obesidad infantil será otro de los asuntos que tratará García. PSOE y Sumar se han comprometido a desarrollar los instrumentos y políticas que garanticen el derecho a la alimentación saludable y sostenible, especialmente para la infancia y adolescencia, garantizando la protección de los menores frente a la publicidad de alimentos no saludables.
Asimismo, Mónica García tendrá como reto seguir ampliando la Cartera de Servicios públicos para incluir tratamientos bucodentales y también oftalmológicos para jóvenes.
LEY DE EQUIDAD
Por otra parte, el Gobierno de coalición se ha comprometido a blindar la universalidad del Sistema Nacional de Salud, culminando la aprobación en las Cortes de la Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que ya aprobó el Consejo de Ministros.
La nueva ministra de Sanidad deberá impulsar un plan de choque para fortalecer la Atención Primaria en todo el Estado que permitirá a las CCAA aumentar plantillas, mejorar infraestructuras y modernizar el equipamiento de sus centros sanitarios, tal y como indica el acuerdo programático.
Durante la anterior legislatura, continuó el choque entre PSOE y Unidas Podemos acerca de esta ley, que alejó al PSOE y Unidas Podemos porque, a juicio de la formación liderada por Ione Belarra, podría permitir la privatización sanitaria.
La norma ya fue tomada en consideración en el Congreso, pero hasta el último momento Podemos amenazó con dejarla caer si no se modificaba el aspecto sobre la privatización sanitaria. Finalmente, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, confirmó que su grupo apoyaba continuar su tramitación en el Congreso tras pactar con el PSOE intentar modificar el texto, durante la fase de enmiendas, para incluir más limitaciones en este ámbito.
NUEVO PLAN CONTRA EL TABACO
La titular de Sanidad tendrá que desbloquear el Plan de Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT), que está elaborado y consensuado con las sociedades científicas desde diciembre de 2021, pero que sigue sin ver la luz.
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha pedido en reiteradas ocasiones que se ponga en marcha el PIT. Entre otras medidas, el borrador del plan proponía, "antes del año 2023", incrementar los impuestos de los cigarrillos y sus derivados, aumentar los lugares libres de humo para que no se pueda fumar en los coches o fijar un empaquetado genérico en las cajetillas.
AGENCIA ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
El mandato de Miñones al frente del Ministerio de Sanidad, al igual que el de su antecesora Carolina Darias, ha finalizado sin culminar la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), que, en principio debería estar finalizada antes de que acabe 2023, tal y como se comprometió el Gobierno. A principios de febrero, el Consejo de Ministros envió el anteproyecto de ley de su creación al Congreso por vía de urgencia.
Así, Mónica garcía tendrá que defender en el Congreso la ley y esbozar los últimos detalles de la agencia, como cuál será su ubicación, su director o los organismos que dependerán de ella. Estas tareas estaban hasta ahora asignadas al Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido a José Luis Escrivá como nuevo ministro de Transformación Digital y como nueva ministra de Seguridad Social a Elma Saiz, que actualmente ejerce como consejera de Economía y Hacienda en el gobierno autonómico de Navarra, según han confirmado a Europa Press fuentes de Moncloa.
Hasta el momento, Escrivá era titular del departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que adquiere una nueva estructura. El ministro asume una cartera que hasta ahora estaba incluida en la Vicepresidencia primera y el Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño.
Saiz fue candidata del PSOE a la alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales del 28 de mayo y previamente, entre los años 2008 y 2012 fue Delegada del Gobierno en Navarra.
El despliegue de reformas ya en vigor y la jubilación parcial, retos de la nueva ministra de Seguridad Social
La nueva ministra de Seguridad Social afrontará en esta legislatura varios retos heredados de las reformas de pensiones acometidas en la anterior, así como otros nuevos recogidos en los compromisos adquiridos por el PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El anterior ministro del ramo, José Luis Escrivá, llevó a cabo en la pasada legislatura varias reformas de calado para el sistema de pensiones, algunas con el concurso de los agentes sociales, y otras con el respaldo único de los sindicatos, que habrán de seguir desplegándose en el próximo periodo.
En la pasada legislatura, el Gobierno puso en marcha su reforma de pensiones en dos fases. La primera pata consagró la revalorización de las pensiones con el IPC, revisó el modelo de jubilaciones anticipadas e introdujo mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral al objeto de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
En esta primera fase de la reforma, se eliminó el llamado factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 del Gobierno del PP, que fue sustituido por el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuya entrada en vigor se produjo este mismo año y con el que se estableció una sobrecotización inicial del 0,6%, que irá subiendo progresivamente hasta el 1,2% en 2029.
La segunda pata de la reforma de pensiones, aprobada en marzo de este año y centrada en la obtención de ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema, contempla subidas de bases máximas y cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento progresivo, a partir de 2027, de un modelo dual para calcular la pensión, con la posibilidad de elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este último caso los dos peores.
De acuerdo con esta reforma, desde el próximo año y hasta 2050, las bases máximas de cotización subirán anualmente con el IPC más una cuantía fija de 1,2 puntos, y las pensiones mínimas contributivas experimentarán, también desde 2024 y hasta 2027, una subida progresiva superior al IPC para asegurar que al final de dicho periodo no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.
MACROFONDO DE PENSIONES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
Junto a estas dos reformas, el Ejecutivo llevó a cabo en la anterior legislatura otras reformas que continuarán desplegándose en los próximos años, como la reforma del sistema de cotización de los autónomos en función de sus rendimientos netos y la reforma de la Ley de Planes de Pensiones de Empleo, con la que se estableció un marco normativo actualizado para impulsar el ahorro vinculado al ámbito laboral entre todos los trabajadores.
Esta norma, aprobada tan sólo unos días antes de las elecciones generales del 23 de julio, fijó los elementos básicos para la constitución y funcionamiento de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos.
Precisamente, otro de los grandes retos de esta legislatura en materia de Seguridad Social será el arranque, previsto para las próximas semanas, del macrofondo de pensiones de promoción pública diseñado por el Ministerio de Escrivá en la anterior legislatura.
El último paso para que este macrofondo eche a andar se produjo tan sólo hace unos días, cuando la Comisión Promotora y de Seguimiento (CPS) de los fondos de pensiones de empleo abiertos de promoción pública nombró a los 13 integrantes de la Comisión de Control Especial, órgano encargado de la supervisión de dichos fondos.
La constitución de esta Comisión de Control, integrada por miembros del Gobierno, CCOO y UGT y organizaciones empresariales, tendrá lugar el próximo 21 de noviembre.
REFORMA DE LA JUBILACIÓN PARCIAL
Junto a todo lo anterior, PSOE y Sumar incluyeron en su acuerdo para la constitución del nuevo Gobierno, diversas materias que afectan a la Seguridad Social y que formarán parte de las medidas a afrontar por el Ministerio de la Seguridad Social en esta legislatura.
Así, dicho acuerdo recoge que se llevará a cabo una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades a partir de cierta edad, especialmente de la industria manufacturera.
PSOE y Sumar se han comprometido a seguir actualizando las pensiones con el IPC, a seguir aumentando las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la media europea, y a seguir progresando en la eliminación de la brecha de género de las pensiones, incluyendo nuevos mecanismos para reducir dicha brecha.
Al mismo tiempo, y para el colectivo de autónomos, las partes se han comprometido a extender la posibilidad de aplicar la cuota reducida (tarifa plana) a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de la actividad en los que se produzcan caídas de sus ingresos por debajo del SMI, cuando declaren por estimación directa, todo ello sin pérdida de derechos de protección social.
El exdiputado Pablo Bustunduy, regresa a la política de la mano de Sumar para ocupar el Ministerio de Derechos Sociales tras dejar Podemos en las elecciones europeas de 2019, donde fue un dirigente valorado por la corriente oficialista pese a ser un afín al sector 'errejonista'.
Precisamente reemplazará a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un departamento que además de las competencias de Agenda 30
Su designación viene marcada también por el nuevo choque entre la formación de Yolanda Díaz y Podemos a cuenta de la oferta del pasado viernes para que la cuota morada fuera en el Ejecutivo fuera el secretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez, y la negativa de la dirección morada con fuertes críticas a Díaz.
Un desencuentro que terminó con la decisión de Álvarez de renunciar como ministrable sin el aval de Podemos y abandonar la formación al entender que había perdido al confianza de la ejecutiva.
Bustinduy se referencia a la cuota de la formación de Díaz en el Ejecutivo, que dispone de dos carteras (Trabajo y Derechos Sociales), además de una tercera (Cultura) compartida por su portavoz Ernest Urtasun aunque en representación de En Comú Podem.
Nacido en Madrid en 1983, es hijo de Ángeles Amador, que fue ministra de Sanidad entre 1993 a 1996 con el Gobierno presidido por Felipe González, y del ingeniero de caminos Javier Bustinduy, especializado en transporte público y al que se le considera renovador de la red ferroviaria de Cercanías.
Pablo Bustinduy se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, además de cursar estudios de postgrado en Francia y en Estados Unidos, donde se doctoró y trabajó como investigador y docente en varias universidades.
DIRIGENTE RELEVANTE EN LOS INICIOS DE PODEMOS
Influenciado por el 15M, en cuyas movilizaciones participó, Bustinduy se implicó en Podemos casi desde sus inicios, aunque no es cofundador, y formó parte de la Delegación de Podemos en el Parlamento Europeo que encabezó Pablo Iglesias, tras su buen resultado en los comicios europeos de 2014.
Colaborador entonces del exlíder de Podemos en la eurocámara, Bustinduy pronto ascendió a la cúpula del partido en 2015 como integrante del Consejo de Coordinación (la dirección de Podemos), donde fue el responsable del área de Internacional.
También fue diputado en el Congreso, tras concurrir por las listas de Madrid, y fue el portavoz de Unidas Podemos en la comisión de Asuntos Exteriores, destacando en el grupo parlamentario por el nivel de sus intervenciones en el parlamento.
Bustinduy se alineó en la corriente 'errejonista' y formó parte del equipo que el actual líder de Más Madrid presentó en la pugna interna con Iglesias en la Asamblea Ciudadana de 2017 conocida como 'Vistalegre II', donde se impusieron las tesis del exsecretario general de Podemos.
Sin embargo, durante su etapa en el partido mantuvo un papel discreto en la disputa entre las dos familias que culminó la escisión de 2019. Y de hecho ganó las primarias del partido para la candidatura a las elecciones europeas de ese año, aunque posteriormente renunció al explicar que no contaba con la "la entereza y las fuerzas necesarias" para asumir esa responsabilidad.
SUMAR LO FICHÓ PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL
Por tanto y ya con la creación de Más Madrid, Bustinduy no siguió los pasos de Errejón y abandonó la política institucional para regresar a su faceta académica, donde por ejemplo ejerció como investigador en la Universidad de Milán.
No obstante, la líder de Sumar le rescató recientemente para reforzar su proyecto con vistas a las recientes elecciones del 23J, al ficharlo para su equipo de campaña como referente de la izquierda y experto en política internacional.
Ahora, su ascendencia en Sumar sigue creciendo al ocupar una de las carteras que corresponden al socio minoritario de la coalición XXX
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, será el nuevo ministro de Cultura, en representación de En Comú Podem, tras desplegar el grueso de su carrera política en el Parlamento europeo y ser una de los cuadros fundamentales de la coalición liderada por Yolanda Díaz.
Urtasun será el quinto ministro de Cultura de Sánchez en cinco años y sucede a Máximo Huerta, que estuvo en el cargo siete días; el fallecido José Guirao; José Manuel Rodríguez Uribes y Miquel Iceta.
Con su elección, los 'comunes' dispondrán de nuevo de una cartera en el Ejecutivo pero con una figura con mayor peso político, dado que en el pasado fueron perfiles más académicos como los exministros Manuel Castells y Joan Subirats.
Además, ya como eurodiputado el nuevo ministro se mostró muy crítico con la tauromaquia, como en una entrevista en 2016 en 'eldiario.es', en la que aseguró que los toros no podían considerarse nunca cultura.
Nacido en Barcelona en 1982, Urtasun es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y también diplomático de carrera desde 2010, ejerciendo por ejemplo como consejero del secretario general de la Unión para el Mediterráneo antes de pedir una excedencia para centrarse en su carrera política.
SUS PRIMEROS AÑOS EN ICV HASTA RECALAR EN EL PE
El nuevo ministro comenzó su faceta política de forma precoz, influido por la militancia de sus padres en el antiguo PSUC, cuando con 16 años se afilió a las juventudes de ICV, formación que combina los postulados progresistas y un fuerte impulso ecologista.
Acorde con esa tradición, Urtasun fue portavoz de los Jóvenes Verdes Europeos y miembro del Bureau del Foro Europeo de la Juventud, representando de esa organización en la Cumbre del Clima de Copenhague en 2009.
Su andadura política ligada a ICV prosiguió al concurrir en sus listas a las elecciones municipales de Barcelona en 2003 y 2007, así como en la candidatura de 2004 a los comicios europeos que encabezó el exdirigente de esta formación Raül Romeva, que luego se enroló en ERC y fue uno de los dirigentes condenados y luego indultado por el 'procés'.
Urtasun comenzó a vincularse con la política comunitaria al ser asesor de Romeva en su etapa como eurodiputado (2004-2008) y fue clave para que IVC formalizara su ingreso en el Partido Verde Europeo.
Tras centrarse en su carrera diplomática, Urtasun regresó a la arena política en los comicios europeos de 2014 como número tres de la lista de la Izquierda Plural, coalición liderada por IU y que compitió también con un incipiente Podemos abanderado por su exlíder Pablo Iglesias.
En esa cita electoral Urtasun consiguió escaño en la eurocámara y comenzó a ser uno de los cargos relevantes de los 'comunes', que de la mano de Ada Colau fraguó una alianza con Podemos y el resto de la izquierda que consiguió el Ayuntamiento de Barcelona. Y de la mano de Unidas Podemos volvió a repetir su escaño en Bruselas, optando desde el inicio adscribirse al grupo Los Verdes/Ale, donde fue designado vicepresidente.
Ya en 2019, con el primer gobierno de coalición, su nombre sonó en las quinielas para ser ministro pero siguió su carrera en Bruselas, aunque con el nuevo liderazgo de Díaz en el espacio a la izquierda del PSOE y el impulso se su nuevo proyecto para reconfigurar la izquierda alternativa al PSOE, su figura fue ganando ascendencia en el núcleo duro de Díaz.
A FAVOR DE LA AMNISTÍA Y REFERENTE 'VERDE'
Los comunes, plenamente alineados con la estrategia de Díaz y con varios de sus miembros en el equipo más próximo a Díaz (como su jefe de gabinete Josep Vendrell), Urtasun fue ganando presencia en la construcción de Sumar, donde aportaba además su amplio conocimiento de relaciones internacionales y el funcionamiento de Bruselas, uno de los ejes protagonista en el proyecto de Díaz que aboga por reforzar el europeísmo.
Ese ascenso se plasmó durante la campaña electoral al ser designado el portavoz de Sumar, función que ha ido ejerciendo para ser el rostro que fija la posición de Sumar sobre la actualidad política.
Por ejemplo y junto a su compañero en la confluencia catalana Jaume Asens, el nuevo ministro ha sido una voz destacada a la hora de defender la futura Ley de Amnistía, convencido de que la medida ahondará en la solución del conflicto catalán.
También durante la contienda electoral se volcó en algunas de las principales propuestas en materia de lucha contra el cambio climático, como la reducción de los vuelos domésticos que tengan una alternativa en tres inferior a tres horas. Es más, con la labor de Urtasun, Díaz y Sumar han estrechado lazos con los verdes a nivel europeo.
RETOS
Urtasun deberá afrontar varios retos pendientes en la anterior legislatura, como la Ley del Cine o de Mecenazgo, y otras recientemente anunciadas como la Ley de Derechos Culturales, de la que sólo se sabe que buscará "garantizar el acceso de todas las personas y todos los territorios a la cultura".
En el campo audiovisual, queda pendiente una esperada Ley del Cine por el sector, especialmente tras la aprobación de la Ley Audiovisual en la pasada legislatura que suscitó las críticas de los productores independientes, al entender que se le daba más poder a las productoras de las cadenas.
Otro frente abierto es la ya tradicional apuesta por una Ley de Mecenazgo (que nunca acaba de culminarse). El Parlamento comenzó a tramitar en la pasada legislatura una proposición de Ley que no llegó a ver la luz por la disolución de las Cortes.
El texto incorporaba la prestación de servicios como nuevo mecanismo de colaboración con las ONG, permite una contraprestación de un máximo de 25.000 euros, e incrementa los porcentajes de deducción, modificando la norma que estaba en vigor desde hace 21 años.
Recogía, además, una enmienda socialista, a la que se opuso Podemos, para equiparar fiscalmente a las confesiones de notorio arraigo en España con las que tienen acuerdos con el Gobierno, por lo que quedarían también exentas del pago del IBI en los edificios destinados al culto y del impuesto de Sociedades.
La norma también estimulaba el micromecenazgo y se incrementaban los porcentajes de deducción. En lo que se refiere a las personas físicas, se elevaba en 100 euros, pasando de 150 a 250 euros, la base sobre la que se podía deducir el 80% de la donación en el IRPF. En el caso de las personas jurídicas, las deducciones en el Impuesto de Sociedades pasan del 35 al 40%.
EL TEATRO REAL, SIN SU "PARTICULAR" LEY
También quedó pendiente la Ley que regula y "equipara" a la Fundación del Teatro Real con otras "grandes instituciones" españolas, como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía o la Biblioteca Nacional de España (BNE), para mejorar la gestión del coliseo madrileño.
Más allá de estos 'parones' legislativos, siguen en el aire algunas promesas pendientes en legislaturas pasadas, como el de la reforma del INAEM.
Igualmente, falta la incorporación de más personal a los museos --tras el cierre de algunas salas como consecuencia de la falta de vigilantes, Iceta destinó 10 millones de euros más en las partidas de personal para la contratación de 600 nuevos funcionarios--. No obstante, en el último año se han producido reaperturas de espacios que estaban cerrados, el último en septiembre con la reapertura de toda la segunda planta del Arqueológico y la réplica de la Cueva de Altamira--.
Admeás, el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar se compromete a mantener el bono cultural en la legislatura tras dos ediciones en marcha y en reforzar la libertad de expresión en el sector cultural. También figura avances en la agenda legislativa del Estatuto del Artista y el desarrollo de un Plan de Infraestructura Digitales Públicas.
Teresa Ribera seguirá siendo uno de los pilares en este nuevo Gobierno de Pedro Sánchez al frente de la materia medioambiental y energética, con el objetivo de seguir acelerando la transición ecológica, para alcanzar la meta de que la mitad de la energía en España proceda de fuentes renovables en 2030.
Nacida en Madrid en 1969 y licenciada en derecho en 1992 por la Universidad Complutense de Madrid, Ribera fue directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), con sede en París, hasta que fue 'reclutada' en junio de 2018 para hacerse cargo del entonces nuevo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Anteriormente fue directora de la Oficina Española de Cambio Climático desde 2004 a 2008 y ocupó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático desde 2008 hasta 2011.
Como gran conocedora de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático y medio ambiente, su participación en la consecución del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha sido reconocida internacionalmente.
Desde que tomó la cartera ministerial Ribera ya dejó clara su línea a seguir de impulsar las energías 'verdes', con la inmediata derogación del conocido como 'impuesto al sol' y estableciendo un calendario, tras una 'dura' negociación con las empresas propietarias, para el cierre ordenado de la nuclear.
Ribera, además, ha liderado en Europa la negociación de la reforma del mercado eléctrica y sacó adelante a Bruselas la 'excepción ibérica', que permitió reducir el precio de la electricidad en España y Portugal en los momentos más duros por la crisis energética por la guerra en Ucrania.
Uno de los puntos más polémicos en esta legislatura será la recuperación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), suprimida en 2013 con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que viene recogida en el pacto de Gobierno de PSOE y Sumar.
Una reivindicación personalmente defendida por la propia Ribera, el objetivo de recuperar la CNE, será para fortalecer una institución en este momento clave de la transición energética con vistas a dar respuesta a la protección del ciudadano y de las inversiones.
La portavoz federal de IU, Sira Rego, se convierte en la segunda ministra de la formación, con la cartera de Infancia y Juventud, reemplazando el papel que desempeñaba Alberto Garzón, que deja de ser titular de Consumo y ya ha anunciado que dejará completamente la primera línea política, con su renuncia a seguir como coordinador federal.
Nacida en Valencia y de origen palestino, Rego vivió durante su infancia en Palestina y su familia paterna reside en Cisjordania. Además, es nutricionista por la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado en ese sector en una cooperativa vinculada a iniciativas de soberanía alimentaria.
CARRERA POLÍTICA FORJADA EN RIVAS Y EN LA EUROCÁMARA
Siempre ligada a las tesis de Garzón dentro de IU y partidaria de la confluencia amplia en la izquierda, Rego fue elegida concejal en el Ayuntamiento de Rivas, el principal feudo municipal de IU, desde 2007 a 2019, donde ejerció como edil de vivienda y primer teniente de alcalde en el Gobierno municipal.
Ya con la elección de Garzón como líder de IU, ingresó en la Ejecutiva federal donde asumió la portavocía de la organización y en 2019 ocupó el segundo lugar de la candidatura de Unidas Podemos a las elecciones europeas de 2019, cargo que ha desempeñado adscrita al grupo The Left, donde ostentó la vicepresidencia. De hecho, fue designada por su corriente como candidata a presidir el Parlamento Europeo.
RENUNCIÓ A LAS LISTAS AL CONGRESO
Por otro lado, Rego renunció a ir en las listas de Sumar a las elecciones generales del 23J para facilitar la presencia de otros miembros de IU en la candidatura, al igual que Garzón que ya había avanzado que no repetiría como diputado tras 12 años en el Congreso.
Durante estos años Rego ha sido uno de los principales perfiles de IU en su calidad de portavoz, fijando la postura de su formación sobre la actualidad política e incidiendo, por ejemplo, en la necesidad de que la UE reformule su política de fronteras y de inmigración, demandado más respeto a los derechos humanos.
También se ha mostrado muy crítica con el giro del PSOE respecto a la postura del Sáhara Occidental, tras avalar el plan de autonomía propuesto por Marruecos en la zona, y ha denunciado el "genocidio" de Israel en la franja de Gaza.
De hecho, la portavoz de IU demandó recientemente elevar las medidas de presión ante el Gobierno israelí y reclamó, además de suspender relaciones diplomáticas, expulsar a la embajadora del país en España.
REFERENTE ECOLOGISTA Y FEMINISTA DE IU
Rego es uno de los referentes feminista y ecologista dentro de IU, volcada desde hace años en temas de crisis ecológica y ecosocialismo, por lo que continuará la senda de Garzón al frente de estas cuestiones en los foros públicos.
Su llegada al Ejecutivo consolida la presencia de IU en el Ejecutivo, dado que la ejecutiva de la formación ya la había designado como su opción en caso de ostentar una de las carteras de Sumar.
Además, Garzón ya ha avanzado que deja el liderazgo de IU y dimitirá formalmente en la Coordinadora Federal, el máximo órgano ejecutivo de la formación, que está previsto para principios de diciembre. La formación decidirá en ese foro cómo encara el proceso de relevo que deberá culminar en la celebración de una asamblea general para renovar la dirección
La actual ministra de Defensa, Margarita Robles, repetirá como titular del departamento en el próximo Gobierno de Pedro Sánchez, después de años encabezando los ránking de ministros mejor valorados y siendo la que más roces ha protagonizado con Podemos. Jueza de profesión, el mayor reto al que se ha enfrentado durante los cuatro años que lleva en Defensa ha sido la respuesta a la guerra de Ucrania, que generó divisiones en el seno del gobierno de coalición a cuenta del envío de ayuda militar, al que Unidas Podemos se oponía.
Robles, ex secretaria de Estado del Interior con Felipe González y que nunca se ha afiliado al PSOE, asumió junto a Defensa el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que hasta ese momento y con anterior Gobierno del PP, estaba en la órbita del Ministerio de la Presidencia. No era ajena, pues, a las políticas de seguridad e Inteligencia.
Precisamente con el CNI la cartera de Defensa y la propia Robles vivieron una polémica, con la destitución de Paz Esteban tras poco más de dos años como directora del centro y a la que sustituyó Esperanza Casteleiro, la 'número dos' de Robles.
Esteban fue cesada en medio del escándalo por el espionaje con el programa 'Pegasus', que afectó a líderes independentistas, y por el robo de datos denunciado por el Gobierno a los teléfonos del presidente y la propia Robles. Tanto Esteban como Robles justificaron que las escuchas se realizaron con autorización judicial, pero la directora terminó siendo cesada, aunque su cese no satisfizo a Podemos ni a los independentistas e irritó a PP y Vox.
El asunto del espionaje a políticos independentistas resucitará en esta legislatura, ya que el grupo parlamentario de Junts ya ha registrado, con el PNV, las comisiones de investigación que pactaron en agosto con los socialistas a cambio del voto de los independentistas a Francina Armengol. Al espionaje se une otra comisión para "saber la verdad" sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017.
FIGURA CLAVE
Pero con su continuidad al frente de Defensa, Sánchez reconoce a la que es una figura clave de su Ejecutivo y muy valorada por la población. El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre la volvió a situar como la política mejor valorada, por encima de Pedro Sánchez y el resto del Gobierno. Obtuvo un 5,29, y, de hecho, es la única ministra, junto a Nadia Calviño, que aprueba.
La invasión rusa de Ucrania ha sido la prueba más relevante a la que la ministra se ha enfrentado. Se ha encargado de coordinar el envío de ayuda militar al Gobierno de Volodimir Zelenski con los aliados de la OTAN y ante a la oposición de los socios del Gobierno Unidas Podemos, que han rechazado este tipo de ayuda argumentando que no contribuye a la consecución de la paz.
La oposición de los de Ione Belarra al envío de ayuda militar al país europeo abrió una brecha en el Ejecutivo de coalición, cuyas partes se lanzaron reproches varios, pero no llegó a romperlo.
NO COMENTA TUITS DE BELARRA PORQUE TIENE MUCHOS
Robles ha sido la ministra que más roces ha tenido con sus socios de coalición, sobre todo con Belarra, la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030. Así, en pleno desencuentro entre los socios por la Ley del 'Sólo sí es sí', que ha generado rebajas de penas y salidas de prisión de agresores sexuales, Robles pidió a Belarra "ser humilde y reconocer los méritos" del PSOE en materia de igualdad.
"Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido. Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas en España desde hace muchísimos años. Mi caso, por ejemplo, que a lo mejor ni la señora Belarra ni algunas otras habían nacido".
Otro ejemplo fue cuando la cuestionaron por la manera en la que la dirigente de Podemos hace uso de la red social X (antes Twitter). La ministra de Defensa dijo: "Yo, los tuits de la señora Belarra no suelo comentarlos porque tiene muchos tuits y yo no suelo comentarlos". "Pone tantos tuits que no comento ninguno", recalcó.
La confianza de Pedro Sánchez en Margarita Robles viene de largo. El presidente la colocó como su número dos en las listas de las elecciones generales de junio de 2016 y la recuperó como portavoz del Grupo Socialista al retomar el liderazgo del partido en mayo de 2017.
De hecho, Robles fue uno de los 15 diputados socialistas que fueron sancionados por votar 'no' a la investidura de Mariano Rajoy en octubre de 2016, manteniéndose fiel a Pedro Sánchez, que terminó dimitiendo como líder el PSOE para luego ganar las primarias a Susana Díaz y Patxi López. En esos meses, su defensa pública del 'no es no' provocó varios encontronazos con el Grupo Socialista afín a presidente de la Junta de Andalucía, al que tuvo que dirigir después tras ser nombrada portavoz con el regreso del presidente.
Hasta su llegada al Congreso en 2016, Robles pertenecía a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en el Tribunal Supremo, plaza que poseía desde 2004, si bien una controvertida decisión del CGPJ tras su última apuesta por la política que ella no dudó en calificar de "venganza", la privó de su condición de magistrada del Alto Tribunal. Soltera y sin hijos, entre 2008 y 2013 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE, y es miembro de la asociación Jueces para la Democracia.
Nacida en León en 1957, es juez de carrera y ocupó sus primeras plazas en Balaguer (Lleida) y San Feliú de Llobregat (Barcelona). Fue la primera mujer en presidir una Sala de lo Penal y una Audiencia Provincial --la de Barcelona, en 1991-- y la tercera en entrar en el Tribunal Supremo.
EN INTERIOR CUANDO GARZÓN INVESTIGABA LOS GAL
Su trayectoria pública arranca en 1993, cuando fue nombrada subsecretaria de Justicia y luego, entre 1994 y 1996, fue secretaria de Estado de Interior, cuando Juan Alberto Belloch sustituyó a Antoni Asunción y se convirtió en 'superministro' de Justicia e Interior en el último Gobierno de Felipe González.
Bajo las órdenes del ministro Belloch, se enfrentó al terrorismo de ETA y gestionó crisis como la detención de Luis Roldán o el secuestro de Publio Cordón por parte del GRAPO. Pero también le tocó una etapa en la que afloraban los escándalos de corrupción del PSOE de Felipe González y también gestionar las investigaciones judiciales que sobre la guerra sucia de los GAL llevó a cabo el entonces juez Baltasar Garzón, que había vuelto a la Audiencia Nacional tras acompañar a Felipe González en las listas del PSOE.
Tras la victoria del PP en 1996, Robles volvió a la judicatura como magistrada de Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y en 2004 fue elegida vocal del CGPJ, donde ejerció como líder del sector progresista. En el Supremo chocó después con el presidente del Consejo y del Tribunal, Carlos Lesmes, y la tensión entre ambos acabó con la negativa del CGPJ de aceptar la excedencia de Robles al pasarse a la política, lo que le supuso perder la condición de magistrada.
La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue hasta las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo teniente de alcalde y concejala de Turismo y Cultura en el ayuntamiento de Valladolid. Redondo era por tanto la número dos del entonces alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ahora será el nuevo ministro de Transportes.
Su llegada recupera para el PSOE la cartera de Igualdad, que ha dirigido, no sin polémicas, Irene Montero, que queda fuera del Ejecutivo y del Parlamento. Además, lo hace a pocos días de la celebración del 25 de Noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, en el que volverá a escenificarse la escisión del feminismo en España, fraguada a partir de 2022 a raíz, entre otras cuestiones, de sus diferencias con la Ley Trans o la abolición de la prostitución.
Redondo ha reconocido sentirse "feliz y emocionada" de asumir la responsabilidad como próxima ministra de Igualdad, un departamento que ha calificado de "clave y transversal" al que le se deben "muchos de los avances" en los derechos de las mujeres.
Así lo ha asegurado Redondo, en declaraciones a Europa Press, tras conocerse que Pedro Sánchez ha propuesta a la que fuera portavoz socialista en las Cortes, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valladolid y concejala de Cultura como futura ministra de Igualdad en sustitución de Irene Montero.
"Muy ilusionada, con ganas de empezar, emocionada y nerviosa", así es como Redondo se siente tras conocer su designación al tiempo que ha reconocido que para ella "es un cargo importante porque es una gran responsabilidad" la que asume.
Redondo ha explicado que estaba a disposición del partido, como así se lo transmitió a Félix Bolaños hace unos días cuando le preguntó por su disponibilidad, aunque había vuelto hace unos meses de nuevo a la Universidad.
Asimismo, esta vallisoletana licenciada en Derecho se siente "muy orgullosa de pertenecer a una cadena de luchadoras y feministas" que ha hecho que España se haya convertido "en un referente en materia de igualdad".
Ana Redondo nació en Valladolid, en 1966, es licenciada en Derecho y Doctora en Derecho Constitucional, además es profesora titular del Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid.
Redondo fue secretaria de Formación del PSOE de Valladolid entre 2004 y 2008 y procuradora en las Cortes de Castilla y León desde 2007, donde fue viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista entre 2007 y 2008 para pasar posteriormente a ser la portavoz entre 2008 y 2011, tiempo en el que Óscar López ocupó la Secretaria Autonómica del PSOE sin tener escaño en las Cortes.
Posteriormente, cuando López logró acceder a las Cortes, Redondo retomó sus responsabilidades como viceportavoz hasta 2014, cuando volvió a la Portavocía sólo por un año, ya que en 2015 pasó al Ayuntamiento de Valladolid para ser concejal de Cultura y segunda teniente de Alcalde con el equipo de Óscar Puente, hoy designado también ministro de Transporte.
RETOS PENDIENTES
Así, la socialista se enfrenta a retos pendientes como la ley integral contra la trata de personas, que cubra "todas y cada una de las distintas formas de trata, con especial atención a las que afectan principalmente a las mujeres", tal y como expone el acuerdo entre PSOE y Sumar.
Ambos partidos, en su acuerdo, también se han comprometido a la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el objetivo de "reforzar su eficacia y abordar de manera integral las formas de violencia no suficientemente reguladas en la actualidad (la trata con fines de explotación sexual, el acoso sexual, el acoso laboral por razón de sexo, los ciberdelitos o la violencia vicaria)".
Asimismo, PSOE y SUMAR se han comprometido a reforzar la lucha contra las violencias machistas con una dotación "suficiente" para garantizar la prevención, reforzar la atención, protección y reparación a las víctimas.
Del mismo modo, entre otras medidas, Sánchez y Díaz se han comprometido a fomentar los servicios de atención integral a las mujeres en los centros de salud y en los centros de servicios sociales, lugares que indican que deben utilizarse como "espacios de cribado universal" para los casos de violencia de género.
El pacto también hace referencia a las Unidades de Valoración Forense y Juzgados especializados en Violencia contra la Mujer.
LEY DEL SÓLO SÍ ES SÍ
Otro de los retos pendientes a los que se tendrá que enfrentar Redondo será a reforzar los medios para garantizar una aplicación "efectiva" de la Ley de Libertad Sexual, conocida como Ley del 'solo sí es sí'.
Asimismo, tal y como precisa el acuerdo entre PSOE y Sumar, tendrá que crear un protocolo de actuación a seguir en los hospitales para la custodia de la prueba y la puesta en conocimiento del juzgado de aquellos casos de mujeres que hayan podido ser víctimas de la denominada "sumisión química".
Por otro lado, el acuerdo recoge su voluntad de conformar una mayoría parlamentaria para impulsar una Ley de Cuidados en coherencia con la Estrategia Europea de Cuidados.
En el ámbito laboral, queda pendiente la recuperación de la Ley de representación paritaria, para una presencia equilibrada de mujeres y hombres, que prestará "especial atención" a las medidas destinadas a prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el trabajo, incluidos los protocolos contra el acoso.
Igualmente, con el objetivo de blindar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, PSOE y Sumar han prometido garantizar a través de la Alta Inspección "el acceso efectivo al derecho al aborto desde los servicios públicos de salud en todo el territorio y en condiciones de igualdad y proximidad". También han acordado que promoverán el acceso a técnicas de reproducción asistida financiadas por el sector público para mujeres, sin discriminación de mujeres lesbianas o sin pareja.
Respecto a las familias monoparentales, compuestas mayoritariamente por mujeres, se comprometen a desarrollar medidas de apoyo para "reducir la feminización de la pobreza", así como para "equiparar en derechos" a estas familias, especialmente en el ámbito de los cuidados. Concretamente, quieren garantizar para las familias monoparentales con 2 o más hijos/as el "mismo nivel de protección social" de las familias numerosas.
PACTO DE ESTADO POR LOS DERECHOS LGTBI+
Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a llevar a cabo un Pacto de Estado por las personas LGTBI durante su primera intervención en el debate de investidura en el Congreso de los Diputados. "Hoy más que nunca es necesario un pacto de Estado por las personas LGTBI y el nuevo gobierno de coalición progresista se compromete a hacerlo", aseguró.
Además, PSOE y Sumar han acordado trabajar para conseguir la "completa erradicación" de las llamadas 'terapias de conversión' y para garantizar que el trabajo sea un espacio "libre de acoso o discriminación" por orientación sexual, expresión o identidad de género y características sexuales.
También quieren promover "el reconocimiento, el respeto y el trato legal y social en condiciones de igualdad de los diversos modelos de familia y convivencia que existen" y quieren que sean "iguales en derechos", particularmente en los procesos de adopción. Finalmente, se comprometen a aprobar una Ley contra el Racismo, en sintonía con el Plan de Acción de la Unión Europea Antirracismo 2020-2025.
El juez Fernando Grande-Marlaska se convertirá en el ministro del Interior más longevo de la democracia, ya que lleva ya cinco años en el cargo, desde el primer Gobierno formado en 2018 por Pedro Sánchez, y repetirá al frente de una cartera de Estado pese a las críticas constantes de la oposición de PP y Vox y a veces desde socios parlamentarios del PSOE, especialmente ERC y EH Bildu.
Grande-Marlaska superará a José Barrionuevo y José Luis Corcuera, ambos ministros del Interior con Felipe González en los años 80. En 2018 sorprendió su inclusión al ser un juez que había promocionado hasta entonces gracias al respaldo del PP.
La paz social en las calles en un momento de tensión por las protestas contra la ley de amnistía que permitió revalidar a Pedro Sánchez la Presidencia del Gobierno, la gestión migratoria o la amenaza terrorista por el conflicto Israel-Hamás marcarán previsiblemente su gestión. También hay ya críticas internas debido la cesión de competencias a policías autonómicas, según lo acordado con partidos independentistas catalanes y el PNV.
Grande-Marlask ha tenido que gestionar momentos de gran tensión como el vivido en octubre de 2019 por los disturbios por la sentencia del 'procés' o de crisis profunda con Marruecos como la entrada masiva en Ceuta de ciudadanos del país vecino en 2021 y el retorno de menores que fue paralizado por la justicia, así como la tragedia en la valla de Melilla con una veintena de fallecidos o la llegada de pateras, de nuevo en cifras históricas en Canarias.
REPROBADO POR EL CONGRESO
El pasado mes de febrero, recibió la reprobación del Congreso acusado de "mentir" en la gestión de la tragedia junto a la valla de Melilla de junio de 2022, que dejó más de una veintena de migrantes muertos, y en la que se esforzó desde el primer momento por defender la gestión de la Guardia Civil y de Marruecos al hablar de "salto violento" del perímetro fronterizo.
En la crisis en Melilla se usó material antidisturbio y se realizaron devoluciones en caliente de migrantes, lo que motivó la crítica de partidos como ERC y EH Bildu, que luego impidieron por este motivo la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana del PP de 2015, conocida como ley mordaza, y que sigue en vigor.
Aunque muchas quinielas auguraban su salida del Gobierno en anteriores remodelaciones y también ahora, el juez Grande-Marlaska continúa comandando uno de los ministerios de Estado, por su relevancia en el día a día en la gestión de la seguridad del Estado, así como la Policía Nacional, la Guardia Civil, Instituciones Penitenciarias o la DGT.
La protección de las víctimas de violencia de género y las mejoras en el sistema de Viogén han sido una de sus prioridades, junto a los planes de igualdad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, preside la mesa de valoración terrorista, que mantiene el nivel 4 sobre 5 en un momento de creciente tensión por el conflicto bélico entre Israel y Hamás, y en última instancia supervisa los dispositivos policiales como los de estos días en la sede del PSOE en Ferraz por las protestas contra la ley de amnistía.
CESES EN LA GUARDIA CIVIL
Su mandato ha estado en parte marcado por los ceses de relevantes mandos de la Guardia Civil, como Manuel Sánchez Corbí cuando estaba al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) y, sobre todo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, destituido y luego repuesto por sentencia judicial en la Jefatura de la Comandancia en Madrid, cuando subordinados suyos investigaban la posible conexión entre las manifestaciones del 8-M y el inicio de contagios de Covid-19.
Grande-Marlaska también ha tenido que gestionar este tiempo el cese de María Gámez como directora de la Guardia Civil y otras decisiones, rodeadas de críticas, como la política penitenciaria en lo referente al acercamiento de presos de ETA, poniendo fin a la dispersión para llevar a los condenados por terrorismo a cárceles del País Vasco, comunidad a la que cedió la competencia en materia penitenciaria.
Al inicio de su mandato, que inició en 2018 definiéndose como un técnico en un Gobierno socialista, aunque luego matizó que se sentía y actuaba como un político del PSOE, Grande-Marlaska también fue muy criticado por Ciudadanos por unos incidentes en la marcha del orgullo en Madrid en la que fueron increpados cargos del partido naranja.
CRÍTICAS POR CESIONES A MOSSOS Y ERTZAINTZA
Fue entonces cuando ejecutó el acuerdo de equiparación salarial firmado por su antecesor, el popular Juan Ignacio Zoido. En estos años, Grande-Marlaska ha recurrido muchas veces a la comparación con la gestión de los ministros del PP, sobre todo aludiendo a escándalos como el 'caso Kitchen'. Los sindicatos policiales le reprochan las cesiones de competencias en beneficio de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza, así como la salida de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra.
Grande-Marlaska y su equipo - destacando en la Secretaría de Estado primero la socialista Ana Botella y luego Rafael Pérez, que también es juez de carrera-- han gestionado situaciones como las cartas con amenazas y balas, que marcaron las elecciones a la Comunidad de Madrid en mayo de 2021, así como el fracaso de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, debido a que ERC y Bildu querían prohibir las pelotas de goma de los 'antidisturbios' o las devoluciones en caliente de migrantes.
Estando en funciones, el ministro Grande-Marlaska también ha recibido estos últimos días críticas, sobre todo de Vox, por el despliegue policial y las cargas en la sede del PSOE en Ferraz, donde desde hace días se manifiestan cientos de personas, entre ellos ultras de extrema derecha, para protestar por la ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez.
Precisamente relacionado con la ley de amnistía, una de las decisiones que tiene que tomar el Ministerio del Interior guarda relación con la petición de escolta en Bélgica solicitada por el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont. Interior recibió la petición de la Generalitat y ha trasladado una consulta a la Abogacía del Estado, como hizo en 2018, entonces para negarle la protección policial en Bélgica tras huir de España para evitar la acción de la Justicia.
Fuentes del Ministerio del Interior han señalado que seguirán trabajando para que España sea un país seguro, con policías "mejor pagados y con mejores medios", aludiendo a los mil millones del plan de inversiones en ejecución y la cifra récord de agentes actualmente por las sucesivas ofertas de empleo público. También recuerdan que otros funcionarios como los de prisiones disfrutan ya de un "aumento de sueldo de 250 euros de media, alcanzando el menor ratio de la historia de funcionario-preso".
La socialista Diana Morant continuará en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez como ministra de Ciencia e Innovación y asumirá además la cartera de Universidades, hasta ahora en manos de la cuota de Unidas Podemos. Ambos departamentos llevan separados casi cuatro años, desde que Manuel Castells se hiciera cargo del Ministerio de Universidades en enero de 2020.
No obstante, a excepción de estos últimos cuatro años, el Ministerio de Universidades no ha existido en las últimas décadas, ya que desapareció en 1981 y desde entonces había estado integrado en Educación o Ciencia.
El exministro de Universidades Manuel Castells admitió, durante el acto de traspaso de carteras, que no estaba de acuerdo con la separación de las carteras de Ciencia y Universidades, departamentos que ahora vuelven a unirse bajo la responsabilidad de Diana Morant.
La que fuera alcaldesa de Gandia (Valencia) con el PSPV repite de este modo la cartera del Ministerio de Ciencia, a la que añade las nuevas responsabilidades de Universidades, tras un periodo en el que ha destacado, entre otras, la aprobación en agosto del pasado año de la reforma de la Ley de la Ciencia, una norma que era su principal reto y que Morant celebró como "hecho histórico" porque los investigadores en España lograban tener "más garantías y más derechos".
Diana Morant (1980) se graduó por la Universitat Politécnica de Valencia en 2007 y realizó su proyecto final de carrera en la empresa Fermax Electrónica SAE. Ejerció como ingeniera de desarrollo en el departamento de I+D de la Akhena Ingeniería, entre mayo de 2008 y febrero de 2011. Además, impartió un curso de Domótica en la empresa SGS Tecnos en julio de 2011.
En 2008 obtuvo el certificado de conocimientos en Infraestructura Común de Telecomunicaciones del Colegio Oficial de Ingenieros y en 2009 logró su Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), a los que se suma un certificado de conocimientos en Cámaras IP y Vídeo en Rez por Axis Communications Academy, en 2010.
En mayo de 2011 dio el salto a la política al entrar al Ayuntamiento de Gandia como concejala del Grupo Municipal Socialista. Tras ser elegida como secretaria general del PSPV-PSOE de Gandia en junio de 2014, ganó las elecciones municipales de 2015, arrebatando la Alcaldía al 'popular' Arturo Torró. Como alcaldesa de la ciudad valenciana, en su primer legislatura gobernó en coalición con Més Gandia, para lo que necesitó el apoyo también del único concejal de Ciudadanos en el consistorio.
Morant fue también delegada de mancomunidades y comarcalización en la Diputación de Valencia hasta 2017, cargo que dejó para centrarse en su trabajo como primera edil. En las elecciones de 2019 Morant revalidó la Alcaldía de Gandia, de nuevo junto a los cuatro concejales de Més Gandia.
SUSTITUYE A SUBIRATS AL FRENTE DE UNIVERSIDADES
La ministra socialista se ocupará en la nueva legislatura de las responsabilidades que hasta ahora tenía Joan Subirats como ministro de Universidades, por lo que deberá desarrollar la Ley Orgánica del Sistema Universitaria (LOSU).
En concreto, Morant tendrá la labor de impulsar la financiación del sistema universitario para alcanzar el compromiso de gasto del 1 por ciento del Producto Interior Bruto para 2030 como sustituta de Subirats, que ya avisó en su mensaje de despedida de la necesidad de aumentar la financiación por parte del Estado y de las comunidades autónomas. Por ello, la nueva responsable de Universidades deberá detallar el compromiso concreto de las diferentes administraciones con la financiación universitaria.
El despliegue de la LOSU requiere la aprobación de normas legales de rango inferior, entre las que destaca el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), que, según estable la Ley de Universidades, debería haber sido aprobado ya, debido a que el Senado aprobó que el Gobierno tenía que presentar este Estatuto en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma.
Otra de las tareas a las que tendrá que hacer frente Morant como responsable de Universidades será la problemática de la gestión y el pago de las cuotas de la seguridad social del estudiantado que realiza prácticas en empresas o instituciones, ya que, según denuncian los rectores, tanto empresas como instituciones "se han negado" a hacer frente al pago de las cuotas, que están siendo costeadas por las universidades.
Por último, la ministra tendrá que colaborar con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para aprobar la reforma de la EBAU y la Ley de Enseñanzas Artísticas, dos normas paralizadas tras la convocatoria anticipada de elecciones.
LEY DE LA CIENCIA Y PRESIDENCIA DE LA AGENCIA ESPACIAL
En cuanto a las responsabilidades que mantiene en materia científica, Morant deberá continuar con el desarrollo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que entró en vigor hace más de un año con el objetivo de reducir la temporalidad del personal investigador o garantizar una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030.
Esta norma preveía también la creación de la Agencia Espacial Española, que finalmente echó andar el pasado mes de marzo en Sevilla con 75 trabajadores y con un presupuesto de más de 700 millones de euros en su primer año. Como ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant asume la Presidencia de la Agencia, por lo que ostenta la máxima representación institucional y legal de esta institución, presidie su Consejo Rector y vela por el cumplimiento de sus objetivos, fines y funciones.
Asimismo, Morant deberá continuar con el desarrollo del plan de lucha contra la burocracia en la ciencia. En concreto, el programa 'Fortalece' tiene el objetivo de establecer un nuevo modelo de la ciencia "más flexible y menos burocrático" y prevé destinar 700 millones de euros anuales en la próxima década.
El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que comparten en coalición PSOE y Sumar, tendrá cuatro vicepresidencias y 22 ministerios. Aunque hay nueve ministros nuevos, la tónica es de continuidad en los llamados ministerios de Estado, tales como Exteriores, Defensa o Interior.
Una de las novedades más importantes es la acumulación de poder de Felix Bolaños, que aunque no es nombrado vicepresidente del Gobierno, se convertirá en un 'superministro', sumando a la cartera de Presidencia la de Justicia, de vital importancia esta legislatura que arranca con la ley de amnistía a los independentistas catalanes.
Esta es la lista de vicepresidentas y ministros:
-- Presidente del Gobierno: Pedro Sánchez
-- Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos: Nadia Calviño
-- Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo: Yolanda Díaz
-- Vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico: Teresa Ribera
-- Vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública: María Jesús Montero
-- Ministerio del Interior: Fernando Grande-Marlaska
-- Ministerio de Defensa: Margarita Robles
-- Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes: Félix Bolaños
-- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: José Manuel Albares
-- Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: Ángel Víctor Torres
-- Ministerio de Industria: Jordi Hereu
-- Ministerio de Transporte: Óscar Puente
-- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana: Isabel Rodríguez
-- Ministerio de Seguridad Social: Elma Saiz
-- Ministerio de Transformación Digital: José Luis Escrivá
-- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Luis Planas
-- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte y portavoz del Gobierno: Pilar Alegría
-- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: Diana Morant
-- Ministerio de Sanidad: Mónica García
-- Ministerio de Cultura: Ernest Urtasun
-- Ministerio de Igualdad: Ana Redondo
-- Ministerio de Derechos Sociales: Pablo Bustinduy
-- Ministerio de Infancia y Juventud: Sira Rego
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