PP y PSOE están de acuerdo en que las CCAA asuman todos los gastos de Educación

Pese a los desacuerdos surgidos entre los dos partidos mayoritarios durante las negociaciones de la reforma de la ley de bases de régimen local que llevaron incluso a romper el diálogo, este aspecto introducido en el último informe aprobado por el Consejo de Ministros ha suscitado el rechazado de los alcaldes de ambas formaciones, representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En concreto, el texto de Hacienda señala en una disposición adicional que en relación con la prestación de estas competencias, las Comunidades Autónomas deberán acodar con los municipios "el traspaso de los medios financieros, materiales y personales a coste estándar". Asimismo, añade que en el supuesto de que los ayuntamientos no transfieran "el importe que corresponda", se les aplicarán "las retenciones en la participación en tributos del Estado" necesarias.

Aunque el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, el 'popular' Íñigo de la Serna, alabó el último informe aprobado por el Gobierno al considerar que supone un gran avance respecto al presentado en julio, y aseguró que se trata de la reforma de la Administración Local más profunda acometida en la democracia, sí reconoció que existen algunos aspectos que pueden mejorarse. Así, planteó la necesidad de que sea la Administración que desempeñe los servicios de Educación la que asuma el gasto.

Por ello, la FEMP acordó durante su última Junta de Gobierno elaborar una "propuesta" de "mejora" --"desde la lealtad institucional y la máxima responsabilidad"-- en la que resumir sus demandas de cara al encuentro que mantendrán próximamente los alcaldes con Hacienda en la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL).

"El planteamiento que hace la ley es que vamos a tener que pagar el coste estándar de los servicios de Educación, que son muy significativos, y que a partir de ahora prestarán las Comunidades Autónomas con recursos de los ayuntamientos", denunció tras la celebración de la Junta el vicepresidente de la FEMP y alcalde socialista de Vigo, Albel Caballero.

CRÍTICAS DE ALCALDES Y PRESIDENTES AUTONÓMICOS DEL PP

La iniciativa de la FEMP de elaborar un informe con sus propuestas ha recibido el respaldo tanto de regidores socialistas como 'populares', como es el caso de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), presidida por el Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara (PP), y de la Junta de Castilla y León, también en manos del PP, quienes además le han pedido por carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que convoque la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales para aclarar las "sombras" de la normativa.

Asimismo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que tiene intención de presentar alegaciones al proyecto "de forma positiva y con ánimo constructivo" pero "con la contundencia que sea necesaria" porque "hay apartados de la ley que se pueden mejorar", como por ejemplo, los relacionados con las "competencias".

La transferencia de fondos de los ayuntamientos a las Comunidades no es el único aspecto que ha suscitado una discrepancia "unánime" y "muy seria" entre los alcaldes y el Gobierno. Así, durante la Junta de Gobierno de la FEMP todos los partidos políticos, incluido el PP, mostraron su "preocupación" acerca de las condiciones que establece Hacienda en el texto para permitir la intervención de las entidades locales de menos de 5.000 habitantes, al considerarlas demasiado exigentes.

Para abordar todas estas cuestiones y terminar de definir su "propuesta" de mejora, que después trasladarían al Gobierno, la FEMP tiene intención de convocar cuanto antes una nueva Junta de Gobierno y el Consejo Territorial --que tendrá lugar previsiblemente el mismo día-- según fuentes de este organismo.

ASAMBLEA DE ALCALDES

Asimismo, el Consejo Territorial tendrá el cometido de decidir si acepta la petición realizada por el PSOE y otros partidos representados en la Junta de Gobierno, como Izquierda Unida, de convocar con carácter extraordinario la Asamblea de Alcaldes o Pleno para que los 8.100 regidores españoles den su opinión sobre la reforma y sus sugerencias puedan ser incorporadas a la propuesta de mejora que elabora la FEMP. Aunque dicha propuesta no recibió el respaldo unánime de la Junta, el Consejo Territorial tiene potestad para convocarla.

El Pleno es el "órgano soberano de la FEMP", está integrado por los representantes de todos los socios titulares y por los socios de honor y suele reunirse con carácter ordinario cada cuatro años en el plazo de cuatro meses a partir de las Elecciones Locales, o bien de forma extraordinaria, como sería el caso en esta ocasión.

Según informa la FEMP, sólo se ha celebrado una vez en la historia una asamblea extraordinaria. Se trata de la que tuvo lugar en La Coruña en 1993 con el objetivo de reivindicar un pacto competencial y financiero para las entidades locales.