CONSEJO DE GOBIERNO: La Oferta de Empleo Público de CLM en 2023 se reparte en 1.474 plazas para Sescam, 818 para Educación y 1.046 para Administración General

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha desgranado los detalles de la Oferta Pública de Empleo de 2023 recién aprobada, donde el Gobierno ha ensanchado al máximo las plazas disponibles para llegar a las 3.338, que se repartirán en 1.474 para el Sescam, 818 para Educación --361 en Secundaria y 457 para maestros--; y 1.046 más para Administración General.

Según ha apuntado en rueda de prensa, se llega a esta cifra total "agotando todas las posibilidades dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado", haciendo una lectura "bastante amplia de las posibilidades que ofrece la ley", ya que junto a la tasa de reposición en la que se contempla las bajas del año anterior se abre también la puerta a poder incrementarla "en un 20%".

En estas plazas se incluyen las reservadas a personas con discapacidad con un 7% del total de todas ellas, diferenciando entre el cupo de discapacidad general --5%, 148 plazas--; y las reservadas a discapacidad intelectual --el 2% restante hasta las 54 plazas--.

Tal y como ha dicho, dentro de ese volumen de plazas, 2.585 se corresponden con plazas de nuevo ingreso; a las que hay que sumar 753 aprobadas por el sistema de promoción interna, representando el 22,5% del total.

En cuanto al sistema de acceso, se establece que será concurso oposición, excluyendo letrados del Servicio Jurídico, que serán sólo por oposición.

Con estos datos, ha destacado que desde que gobierna Emiliano García-Page en 2015, ya son 24.891 plazas convocadas, "algo más de 3.000 al año en un gran esfuerzo para consolidar el empleo público, con el que pretendemos blindar las plantillas".

Queda suspendida la instalación de nuevos centros de juego en los próximos cuatro años

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado de que ya se ha firmado el decreto por el cual durante los próximos cuatro años no se podrán abrir nuevos locales de juego en territorio castellanomanchego, una medida con la que se intentará seguir reduciendo el número total de locales, situado en 189.

Para el consejero se trata de una actividad "legal" pero con efectos negativos que "desde los poderes públicos se deben mitigar".

Queda así suspendida la instalación de nuevos centros de juego en los próximos cuatro años para "reducir progresivamente el número de establecimientos de este tipo hasta lograr que la densidad de locales de juego en relación con el número de habitantes esté en consonancia con la que existe a nivel nacional".

Según los datos disponibles, los publicados a final del pasado año, en la región "había autorizados 191 establecimientos de juego, lo que suponía una densidad de 9,3 por cada 100.000 habitantes"; lejos de la media nacional que llega a una tasa de 7,87.

Aún así, "las políticas del Gobierno en materia de juego pueden hacer afirmar que desde 2018 se ha conseguido reducir el número de establecimientos en un 14,5%, pasando de 221 a 189".

Un decreto que además limita a 100 las nuevas autorizaciones anuales de explotación de máquinas tragaperras, un ámbito en el que también se obtienen resultados tras pasar de las 8.569 máquinas de 2018 a 7.389 en 2023.

Ha aprovechado para citar algunas de las medidas ya implementadas contra la proliferación de estos locales, como la distancia mínima entre establecimientos y en relación a centros públicos; o la regulación para que los ayuntamientos puedan ser autónomos a la hora de declarar zonas tensionadas en sus términos municipales.