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La cancelación que el equipo de Gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Quintanar la Orden ha ejecutado sobre la obra de teatro 'Qué difícil es' y los acuerdos de Pedro Sánchez con Cataluña y con Bildu han protagonizado la primera parte del debate del proyecto de presupuestos que se está sustanciado en las Cortes regionales, pues los parlamentarios de PSOE y PP, que han debatido sobre las enmiendas que han llegado 'vivas', han aludido a estas cuestiones en sus intervenciones. Mientras, los representantes de Vox están de espectador, ya que al no presentar enmiendas parciales, no han tenido turno de intervención.
El primero en intervenir ha sido el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha defendido de nuevo que el proyecto de presupuesto ha sido elaborado en un marco de estabilidad institucional y política, "un oasis de tranquilidad y certidumbre, frente a la que está cayendo", en alusión al marco nacional, mostrándose convencido de que las cuentas "mejorarán la calidad de vida" de la ciudadanía de la región, y serán una nuevo herramienta para mantener "la senda de progreso económico y cohesión social iniciada en 2015".
Tras reparar en las bondades de las cuentas, que alcanzan 12.473 millones, ha atacado al PP, por sus casi 800 enmiendas que, según ha dicho, podrían ser "1.500, 2.000 ó 3.000" ya que son "repetitivas, adolecen de rigor y no mejoran sino empeoran proyecto de presupuestos", pues son capaces de dejar en negativo 700 millones de euros que afectan a 15 programas presupuestarias y 79 subconceptos.
"Lo más importante es que nos ponen sobreaviso en las coincidencias ideológicas con sus socios de Vox", les ha espetado Ruiz Molina, para quien "se entiende perfectamente que el Grupo Parlamentario de Vox no haya presentado enmiendas parciales, porque ya se ha encargado el Partido Popular de presentarlas por ellos, proponiendo recortes en el gasto social, en la cultura, en el diálogo social o en las políticas dirigidas al fomento del empleo".
"Dicen que han escuchado a sociedad civil, pero solo han escuchado los intereses partidistas de sus alcaldes, dando un portazo a la ciudadanía de la región", les ha reprochado el titular regional de Hacienda, que también ha lamentado que Castilla-La Mancha sea noticia nacional por la "censura en Quintanar de la Orden pergeñada por el Partido Popular y Vox".
EGOÍSMO PATOLÓGICO DE LA OPOSICIÓN
A renglón seguido, el socialista Fernando Mora, como ponente designado por la Comisión para la Defensa del Dictamen, ha proclamado desde la tribuna que "la normalidad y la recuperación ha vuelto a los hogares de la región", algo que, a su entender se manifiesta "de muchas maneras y no puede pasar desapercibida en la sociedad global".
De ahí que haya arremetido contra PP y Vox: "El milenarismo político no existe salvo en mentes contumaces, retrógradas, agoreras y pesimistas", les ha afeado, asegurando que a su grupo le gustaría aprobar sus enmiendas, pero "lamentablemente han sido elaboradas para no llegar a acuerdos".
"No las rechazamos porque las presente el PP. Se rechazan solas porque no tienen ninguna consistencia, son esperpénticas", ha insistido, para terminar asegurando que su grupo mantiene voluntad de diálogo para que "en el futuro estas enmiendas insostenibles no sean presentas y sí otras donde todos estemos de acuerdo".
EL PP CRITICA LA AUSENCIA DE PAGE
Ha sido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carolina Agudo, la que ha vuelto a reiterar que la cuentas presentadas por el Ejecutivo "no valen" para Castilla-La Mancha, porque no resuelven los problemas que tienen las familias de la región, y porque son "ficticias, irreales en sus previsiones, en sus ingresos, y no se encuadran en el contexto económico, político y social que vive el país".
"Son el reflejo del incumplimiento del señor Emiliano Garcia-Page con los municipios de Castilla-La Mancha y de la traición con mayúsculas a esta tierra" ha lamentado, afeando a los parlamentarios socialistas de ser responsables, con su voto, "de que cada euro que pudiera ir en inversión a cada uno de sus municipios no vaya a llegar porque Page ha decidido que se vaya a Cataluña".
Tras preguntar al grupo mayoritario si "van a culpar a Sánchez de pasar el rodillo a todas sus enmiendas", ha lamentado que no tengan a bien incorporar sus propuestas, para las que ha pedido "respeto", pues, entre otras cuestiones, pretenden mejorar la transparencia a la ejecución presupuestaria y que "el Gobierno no eluda responsabilidades".
En su turno de réplica, el socialista Fernando Mora ha reprochado a los 'populares' que "el argumento de Cataluña sea el comodín de todas sus historias", acusándoles de tener "dos varas de medir", pues les ha recordado que cuando Mariano Rajoy estaba al frente del Gobierno de la nación prometió inversiones en Cataluña por más de 20.000 millones, 5.000 más de lo que tiene que sufragar el actual Ejecutivo de Pedo Sánchez.
Así las cosas, y tras rechazar las enmiendas defendidas por Agudo alegando que el Gobierno regional "no pude ser más transparente", les ha preguntando que si lo que quieren es transparencia o burocracia.
AYUDAS A LOS CASTELLANOMANCHEGOS EN RIESGO DE POBREZA
Ya en el debate propio de las enmiendas, mientras el parlamentario 'popular' Ignacio Manuel Redondo ha reclamado destinar una partida presupuestaria para Cruz Roja, toda vez que 640.000 castellanomanchegos --el 31% de la región-- están en riesgo de pobreza, Mora, además de replicar que Cruz Roja ya obtiene fondos de la Consejería de Bienestar Social, ha preguntado a PP y Vox si en la piscina cubierta que proponen para Quintanar de la Orden "va a haber censura" y van permitir a los usuarios "ir en bañador o en calzón largo".
El desempleo femenino, las ayudas a ayuntamientos para que articulen ayudas a la maternidad o la gratuidad de las escuelas infantiles también han estado en el fuego cruzado de los grupos mayoritarios. Y es que el PSOE ha vuelto a rechazar dichas peticiones de los 'populares', tildando de "ridículos" los 12.000 euros que proponen en esas ayudas a la maternidad, pues solo llegaría a 24
"afortunadas".
Descartadas van a quedar también las mejoras que proponen el PP en materia de infraestructuras por valor de 357 millones, a fin de suplir la "falta de hoja de ruta" del Ejecutivo regional en este área, y que el PSOE no está dispuesto a incluir en las cuentas alegando, entre otras cuestiones, que los fondos que proponen para muchas de esas actuaciones son fondos europeos para políticas de vivienda.
La misma suerte han corrido las propuestas del PP en materia de Cultura, entre las que destaca los 35 millones sugeridos para fomentar la tauromaquía y arreglar plazas de toros, y las de Deporte, donde reclaman una mayor partida para conmemorar la Capitalidad Europea de la región.
En este bloque, los socialistas han argumentado que, de incorporar las medidas del PP, se tendrían que cerrar los archivos, las bibliotecas, todas las ayudas a los libros o despedir a todos los trabajadores de la Fundación Impulsa.
Tampoco serán incorporadas al presupuesto las enmiendas con las que el mayor grupo de la oposición pretendía revertir los "malos datos" que en materia de educación presenta la región, evidenciados por el Informe PISA o los datos de fracaso escolar del Ministerio, argumentos que el PSOE ha rebatido diciendo que la región cuenta para el 2024 con el mayor presupuesto en materia educativa.
En cuanto al Empleo, la mayoría socialista también ha echado por tierra la creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral que propone el PP para revertir la elevada accidentabilidad laboral que presenta la región, que durante el año 2022 registró más de 31.000 accidentes laborales, liderando el ranking de las comunidades autónomas.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido hoy el proyecto de Ley de Presupuestos regionales para 2024, que permitirá “seguir avanzando con el conjunto de la ciudadanía para hacer de Castilla-La Mancha una tierra cada vez más rica y más cohesionada”.
De este modo se ha pronunciado Ruiz Molina en el pleno de las Cortes regionales, donde se está debatiendo el dictamen emitido por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el próximo ejercicio, que asciende a 12.473 millones de euros, con una variación del 0,3 por ciento respecto al de 2023.
Ruiz Molina ha destacado que estas cuentas se han elaborado y tramitado “en un marco de estabilidad institucional y política”, que ha definido como “un oasis de tranquilidad y certidumbre”, y ha añadido que tienen “tres grandes objetivos”. En primer lugar, “garantizar nuestro sistema de bienestar y protección social, reforzando los servicios públicos fundamentales, pilares del Estado del Bienestar”, destinando para ello el 70 por ciento a gasto social, como se comprometió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
En segundo lugar, promover la modernización y transformación de la economía regional e impulsar la generación de empleo estable y de calidad, “contribuyendo a que Castilla-La Mancha avance hacia una economía del siglo XXI, con la transformación digital y la transición energética como motores de crecimiento”.
Y, en tercer lugar, “impulsar nuestra Estrategia Regional frente a la Despoblación”, financiando las políticas dirigidas en el ámbito rural al emprendimiento, la innovación y las pymes; además de a la consolidación y ampliación de los servicios públicos o a la mejora de sus infraestructuras.
Todo ello, como ha resaltado el consejero, “en un marco financiero marcado por el compromiso adquirido por este Gobierno en relación con la responsabilidad fiscal y la prudencia financiera, fundamentalmente en momentos de incertidumbre económica como las actuales”.
En este punto, ha enumerado tres aspectos. El primero, es que se trata de “un presupuesto equilibrado”, ya que “no vamos a generar nuevo endeudamiento en un contexto de subida de los tipos de interés. Y ha recalcado que este compromiso por equilibrar las cuentas es “más exigente” que el que ha propuesto el Gobierno de España a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado día 11, planteando un objetivo déficit para todas las regiones del 0,1 por ciento.
El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital también ha incidido en que este esfuerzo se suma al que ya realizó el Ejecutivo autonómico en el presupuesto de 2023, con una reducción del déficit del 70 por ciento.
De igual modo, ha indicado que esa contención del déficit está permitiendo reducir el peso de la deuda viva en relación al PIB y ha reparado en el último dato publicado por el Banco de España correspondiente al tercer trimestre de 2023, según el cual, “somos la segunda Comunidad Autónoma que más ha reducido el peso de la deuda respecto al PIB, pasando del 35,8 por ciento en septiembre de 2019 al 31,2 por ciento en septiembre de 2023”.
Finalmente, ha subrayado que “vamos a mantener congelada la presión fiscal, como lo estamos haciendo desde 2015”, es decir, “no vamos a subir los impuestos”.
Ruiz Molina ha hecho hincapié en la “seriedad y rigor” a la hora de diseñar este presupuesto, “que tiene un doble aval”. Por un lado, el de los agentes sociales, tras las reuniones informativas que se han mantenido en el marco del diálogo social, que es “una de las señas de identidad de este Gobierno”.
Y, por otro, ha proseguido, el de la AIReF, que ha avalado tanto las previsiones macroeconómicas que sustentan el límite de gasto no financiero para 2024, como el propio presupuesto, precisando que se ha elaborado “con prudencia” en cuanto a la estimación de ingresos y “con moderación” a la hora de determinar los gastos.
En definitiva, ha concluido el consejero, “un proyecto de presupuestos que debe ser, de nuevo, una herramienta clave para mantener la senda de progreso económico y cohesión social iniciada en 2015”.
PREVIO
La convocatoria está fijada a partir de las 10.00 horas en el Salón de Plenos del Convento de San Gil de Toledo. El diputado socialista Fernando Mora ha sido designado ponente en la votación de la Comisión de Economía y Presupuestos que se celebró el pasado lunes y que aprobó el dictamen que se eleva ahora a Pleno.
En esta reunión fueron aprobadas --tras un debate estructurado en nueve bloques-- las siete enmiendas parciales del Grupo Socialista, mientras que quedaron rechazadas las 782 del Grupo Popular, que las mantiene vivas para su debate y votación en el Pleno de la semana que viene. El Grupo Vox no ha presentado ninguna enmienda parcial.
Se han fijado turnos de quince minutos en el inicio para el ponente y el Consejo de Gobierno, mientras que los grupos dispondrán de diez minutos en cada bloque de enmiendas y un turno de diez minutos para que sus portavocías fijen posiciones justo antes de las votaciones. A lo largo del debate, el gobierno tiene opción de intervenir, según ha informado el Parlamento en nota de prensa.
Queda pendiente un acuerdo entre los grupos para agrupar los debates de las enmiendas en bloques. En función del desarrollo de la sesión que se inicia el miércoles, ésta podrá llevarse a cabo en una sola jornada o levantarse por la tarde y reanudarse en la mañana del jueves, para culminar con la votación.
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