Piden más controles psicotécnicos a cazadores tras el accidente de Navalucillos (Toledo) y alejar a los menores

La noticia de la muerte de un cazador en Los Navalucillos, provincia de Toledo, presuntamente por parte de su propio hermano ha puesto sobre la mesa un debate ineludible: La caza es un riesgo para la salud pública y, en especial, para las personas menores de edad. 

La normativa castellano manchega posibilita que menores desde los 14 años obtengan una licencia de caza de forma gratuita, aunque con cualquier edad pueden formar parte de las batidas como acompañantes, lo que los expone a los mismos riesgos que cualquier adulto. 

En verano del pasado año el Comité de los Derechos del Niño advirtió a todos los Estados parte a través del ‘Comentario General nº26’ sobre Derecho a un Medio Ambiente sano, señalando que: 

“Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales.” 

Esta petición tiene un encaje evidente en la implicación de niños, niñas y adolescentes en actividades de caza, por lo que la Fundación Franz Weber ha instado a la Junta a tomar nota de las estadísticas que evidencian que este supuesto deporte provoca más víctimas mortales que cualquier otra modalidad legalmente reconocida. 

Medidas adicionales: Ni un menor, cero alcohol y psicotécnicos regulares. 

FFW defiende una tasa cero de alcohol durante la actividad cinegética, siguiendo un reciente informe del Senado de Francia en el que se apremia a legislar para prohibir el consumo de estos productos antes o durante las cacerías, así como convertir en delito su ingesta.  

Los naturalistas insisten en denunciar que las administraciones públicas ignoran deliberadamente el consumo de bebidas alcohólicas que se da en estos contextos, señalando que la única tasa aceptable mientras se portan armas debería ser cero. 

Otra iniciativa sería multiplicar el número de exámenes psicotécnicos a los cazadores con licencia o que quieran renovarla. Esta generalización permitiría detectar de manera preventiva fallas en las capacidades volitivas y reactivas de la persona. 

Finalmente y en la línea de lo demandado por el Comité de los Derechos del Niño, piden alejar a cualquier persona menor de edad a través de prohibiciones explícitas tanto en formato de acompañamiento como de participación directa.