La sociedad debe exigir respeto, pero también absoluta imparcialidad a los jueces

Con la misma autoridad y rectitud que los jueces piden a los ciudadanos que se respeten sus decisiones, la sociedad puede y debe exigir a los jueces que sus medidas y sentencias cumplan con la primera ley de la Justicia y es su ciega imparcialidad y el cumplimiento estricto de lo legislado, al margen del frentismo político permanente.

Siempre existe un margen para los claroscuros en las interpretaciones de los textos legales, pero no puede ni debe consentirse que algún juez intervenga en la vida política española en favor de un partido concreto en su ofensiva por alcanzar el poder.

A estas alturas, los ciudadanos tenemos razones suficientes para pensar que eso ya está sucediendo y que no es bueno tampoco para el resto de los jueces que sí actúan al margen del frentismo político, sin involucrarse claramente en procesos que benefician a una formación política de forma reiterada.

Existen también datos suficientes para sospechar a qué partido político favorecen esos determinados jueces, además del anticonstitucional bloqueo de la renovación del Consejo del Poder Judicial que ya supera los cinco años.

En ese lustro de incumplimiento de la Constitución, el Partido Popular ha llegado a esgrimir 29 excusas de muy diferente índole para negarse a desbloquear la renovación del máximo órgano de los jueces. No hay que ser experto en leyes ni en política para mantener las más fundadas sospechas de porqué el PP se niega a desbloquear la institución: su actual composición beneficia a sus intereses.

De esas cerca de 30 escusas diferentes, 14 las puso el PP en la época de Pablo Casado, la mayoría de ellas absolutamente ajenas al asunto concreto, pero que les sirvieron para seguir con el bloqueo. Casado dijo, entre otras cosas, que se negaban a renovar el Consejo mientras Podemos estuviera en el Gobierno ya que pedía la abdicación del Rey. Cuando el Rey se fue de España, Podemos reclamó que Juan Carlos I rindiera cuentas sobre sus casos de corrupción y esa fue otra excusa para que el PP se negara a renovar el Consejo.

Luego llegó Feijóo y, aunque al principio ofreció diálogo, alguien le convenció de que siguiera con el frentismo y con las excusas; dijo que seguirían con el bloqueo por el recurrente tema catalán y “para protegernos del gobierno de Pedro Sánchez”.

Lo cierto es que el actual Consejo del Poder Judicial lleva con mayoría conservadora desde 2013. En caso de que no se renueve en esta legislatura, los vocales del CGPJ estarán 14 años en sus sillas, cuando el mandato que dicta la constitución es de cinco.

Y no solo eso. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del Partido Popular cuesta cada año más de 12 millones de euros a las arcas públicas y cada año que no se renueva el Consejo, el Tribunal Supremo acumula en torno a 1.000 asuntos de retraso. El gobierno del Estado debe inyectar unos 10 millones extras de euros al año para asumir gastos derivados de este bloqueo del CGPJ a los que hay que añadir 2,5 millones destinados íntegramente para el gabinete técnico del Tribunal Supremo. Teniendo en cuenta que la factura se ha prorrogado los últimos cinco años de bloqueo, el gasto ha supuesto ya un total de 62,5 millones de euros públicos.

Un país democrático como España no puede permitir que exista la más mínima duda sobre las vinculaciones entre jueces y un partido político que, además, vive una permanente cruzada para echar del poder a un gobierno legítimo.

Las cosas en España van razonablemente bien y no puede ser que esa sea la peor noticia para la oposición.

elObservadorDCLM