ISRAEL-PALESTINA: Evo Morales solicita a Pedro Sánchez liderar a la UE para "detener el genocidio" en la Franja de Gaza

Evo Morales solicita a Pedro Sánchez liderar a la UE para "detener el genocidio" en la Franja de Gaza

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha solicitado este lunes al presidente de España, Pedro Sánchez, que lidere a la Unión Europea para que esta se una a la "exigencia mundial" de un alto el fuego y la "detención del genocidio" en la Franja de Gaza.

"Solicitamos respetuosamente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que lidere el camino para que Europa se sume a la exigencia mundial de detener el genocidio en contra del pueblo palestino", ha publicado Morales en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Asimismo, ha sugerido a España el "reconocimiento formal" del Estado palestino, el cese de la venta de armas a Israel y promover que la Unión Europea exija un alto el fuego en el enclave. "No hay tiempo que perder. Detengamos el genocidio", ha insistido el exmandatario boliviano.

España, Irlanda y Bélgica son los países de la UE que desde hace meses lideran la petición de un alto al fuego en el conflicto entre Israel y Hamás, y han reclamado con más insistencia la solución de dos estados.

Hamás atacó Israel el pasado 7 de octubre, dejando 1.200 muertos y 240 rehenes. En respuesta, el Ejército israelí lanzó una ofensiva en la que ya han muerto casi 29.800 palestinos, a los que se suman otros 400 en Cisjordania y en Jerusalén Este por el recrudecimiento de las acciones de las fuerzas de seguridad y colonos israelíes.

España interviene hoy en la Corte Internacional de Justicia sobre las políticas de Israel en los territorios palestinos

España intervendrá este lunes por la tarde en las audiencias que desde el pasado 19 de febrero se vienen celebrando en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la petición para que esta emita una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de las políticas llevadas a cabo por Israel en los territorios palestinos.

Según han informado fuentes diplomáticas a Europa Press, en representación del Gobierno español estarán un representante de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Exteriores, así como de la Abogacía General del Estado y de la Embajada española en La Haya.

El Gobierno ha venido denunciando de forma reiterada los asentamientos israelíes, en línea con la resolución 2334 adoptada en diciembre de 2016 por el Consejo de Seguridad de la ONU. "España considera que los asentamientos en los territorios ocupados por Israel desde 1967 no tienen validez legal y constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional", reza un comunicado sobre la cuestión del Ministerio de Exteriores de noviembre de 2019.

Los asentamientos "son, además, un obstáculo para la solución negociada de los dos Estados y el logro de una paz justa y duradera que atienda las legítimas aspiraciones de ambas partes", añadía. Precisamente, el Gobierno ha defendido desde que se produjo el ataque terrorista de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre que el reconocimiento del Estado palestino es la única vía para una solución al conflicto en Oriente Próximo.

España será el penúltimo de los 52 países que han pedido intervenir en estas audiencias, entre los que han estado buena parte de los países de la UE así como Estados Unidos, China o Rusia. También han tomado la palabra para expresar sus opiniones sobre la cuestión tres organizaciones internacionales --la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y la Unión Africana--.

RESOLUCIÓN CON ABSTENCIÓN DE ESPAÑA

Estas audiencias son el resultado último de la resolución adoptada el 30 de diciembre de 2022 por la Asamblea General de la ONU por 87 votos a favor, 26 en contra --entre ellos los de Estados Unidos y Reino Unido-- y 53 abstenciones --entre ellas España así como otros países europeos como Francia, Grecia o Suecia--.

El texto pide a la CIJ que "emita una opinión consultiva" en base a "las normas y los principios del Derecho Internacional", incluida la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos así como las resoluciones tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos.

Más en concreto, quieren que el órgano judicial se pronuncie sobre las "consecuencias jurídicas que se derivan de que Israel continúe violando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de sus prolongados actos de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967" tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este.

Asimismo, se pide su opinión sobre "cómo afectan" estas políticas y prácticas de Israel "al estatuto jurídico de la ocupación y qué consecuencias jurídicas se derivan de ese estatuto para todos los Estados y para Naciones Unidas".

Después de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, transmitiera por carta a la CIJ la petición de opinión consultiva de la Asamblea General el 17 de enero de 2023, se abrió un plazo para que todos lo países que lo quisieran, incluida la Autoridad Palestina que tiene estatus de observador, hasta el 25 de julio de ese año para presentar declaraciones escritas.

A continuación se abrió un segundo plazo hasta el 25 de octubre para presentar comentarios escritos a las declaraciones hechas por otros estados. Tanto las declaraciones escritas como los comentarios son documentos secretos a menos que la CIJ finalmente decida hacerlos públicos durante o después de la apertura de las audiencias orales. Una vez concluyan dichas audiencias, la corte se retirará a deliberar y posteriormente dará a conocer su opinión en audiencia pública.

Las audiencias que se cierran esta lunes nada tienen que ver con la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por la posible comisión de genocidio en su actual ofensiva militar en la Franja de Gaza, en virtud de la cual la CIJ dictó medidas preliminares el pasado 26 de enero.

Sánchez se reúne con familiares de ciudadanos palestinos en la Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá este martes un encuentro en el Complejo de la Moncloa, a las 17.00 horas, con un grupo de familiares de ciudadanos palestinos, según ha avanzado la agenda del Ejecutivo.

Sánchez ya se reunió el pasado 6 de febrero con un grupo de familiares de secuestrados por Hamás en los ataques del pasado 7 de octubre contra Israel, donde reiteró su petición de una liberación inmediata de los rehenes así como su condena por esos hechos y condenó los ataques terroristas. Además, el jefe del Ejecutivo remarcó que "la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, coexistiendo en paz y seguridad, es la única manera de resolver el conflicto de manera definitiva".

El presidente del Gobierno ha reiterado en más de una ocasión el cese de la violencia, poniendo el foco además en que es "insoportable la muerte de civiles" en Gaza.

En esta ocasión, España ha anunciado que ya trabaja en sanciones nacionales contra "decenas" de colonos radicales por episodios de violencia en Cisjordania después de que la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea haya constatado el bloqueo persistente de Hungría, que impide la unanimidad necesaria para medidas punitivas a nivel de toda la UE.

Así, el ministro José Manuel Albares ha adelantado que España está preparando "un nuevo paquete financiero" para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que se sumará a los 3,5 millones de euros anunciados recientemente y a los 10 millones aportados en diciembre.

El ministro ha reiterado que la labor de esta agencia de la ONU "es imprescindible" para atender las necesidades de casi 6 millones de palestinos en todo Oriente Próximo, no solo en Gaza, y ha advertido de que "no tiene sustituto posible".

"Ninguna otra agencia de Naciones Unidas puede realizar la labor que realiza UNRWA en estos momentos", ha recalcado, insistiendo por ello en la necesidad de seguir respaldando su financiación. En este sentido, ha dejado claro que "España se opondrá completamente a la suspensión por parte de la UE de la financiación" a esta agencia.

España da un mes a Borrell para evaluar su petición de suspender el acuerdo de asociación con Israel por Gaza

España ha instado al Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, a analizar en el plazo de un mes si Israel cumple con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos en el marco del Acuerdo de Asociación que rige las relaciones entre el bloque europeo y Tel Aviv, siguiendo la petición conjunta con Irlanda.

"Le voy a solicitar que haga una evaluación basándonos en el Consejo de Asociación y que se analice el cumplimiento en materia de Derechos Humanos en estos momentos dada la situación en Rafá. Esperamos que todo se pueda resolver a través del diálogo pero hay mecanismos a nuestra disposición", ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su llegada al encuentro con sus homólogos europeos en Bruselas.

En este sentido, ha añadido que España quiere que el análisis se haga en un "plazo corto" y espera que para la cita de ministros de Exteriores de la UE el próximo mes, los 27 ya puedan contar con una evaluación y "conclusiones".

También en declaraciones previas a la reunión, Borrell ha confirmado que le corresponde como jefe de la diplomacia llevar a cabo el análisis de "en qué medida Israel cumple con sus obligaciones de acuerdo al Consejo de Asociación". "No se hace de la noche a la mañana, pero dos Estados miembros lo han pedido y habrá que estudiar su petición y el Consejo tendrá que estudiarlo políticamente", ha explicado.

En todo caso, el responsable de Exteriores de la UE ha evitado hablar de una posible votación a 27 para actuar contra Tel Aviv en el marco de las relaciones bilaterales. "Hay que estudiarlo primero", ha dicho.

En una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, España e Irlanda pidieron medidas contra Israel en el contexto del Acuerdo de Asociación, marco que rige las relaciones entre la UE e Israel.

Una suspensión total del acuerdo estaría en manos de los Estados miembro una vez lo proponga el Alto Representante o por el propio Ejecutivo comunitario, y requiere de unanimidad, mientras que cuestiones parciales como suspender aspectos comerciales necesitaría de una mayoría cualificada.

La cita de este lunes es la primera ocasión en la que los Estados miembros podrán discutir la cuestión suscitada por España e Irlanda, en un momento de creciente preocupación entre los 27 por la "catástrofe" que puede desencadenar una ofensiva israelí en Rafá, donde se concentra más de un millón de palestinos desplazados de toda la Franja.