DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Una ventana abierta a la historia
Las miserias siempre flotan y dejan ver la clase de gente que las porta. El racismo siempre ha existido y también eso que se llama “teofobias”. El miedo a una determinada religión. Pero lo que nunca jamás se ha borrado del mapa de la vida es la envidia, ya patente con Caín y Abel.
En un mes de marzo como este, pero del año 1492, la reina “Católica”, promulgaba el Edicto de Granada, en virtud del cual se concedían 4 meses a los judíos, para hacerse católicos o marcharse de Castilla y también de Aragón, aunque esta decisión se venía fraguando mucho tiempo antes.
En el año 1391 se produjo una importante matanza de judíos, lo que hizo a estos temer por su vida. Muchos de ellos abrazaron la fe católica por miedo, aunque dentro de sus casas seguían siendo judíos. Personajes bien ubicados socialmente situados en una clase media alta, en la que ejercían como médicos, farmacéuticos, notarios, escribanos o incluso prestamistas y también usureros. Es aquí donde surge la profunda envidia y las denuncias de sus propios vecinos, acusándoles no solo de ser judíos, sino de envenenar fuentes o matar niños y sobre todo de ser quienes llevaron a cabo la cruel muerte de Jesucristo.
En 1478 los reyes católicos deciden poner fin al “problema de los judeoconversos” y por ellos crean la Inquisición, perseguidores oficiales de judíos y musulmanes. Pero mientras los musulmanes se encontraban mezclados con las clases más bajas de castellanos, algunos judíos, con economías mucho más holgadas, acudieron a los reinos del norte en busca de nobles “venidos a menos” a los que poder comprarles el apellido y un linaje “ficticio” de hidalgo.
El 14 de marzo de 1492, los Reyes Católicos, promulgaron el Edicto de Granada, con el objetivo de impedir que los judíos más influyentes siguieran manipulando a aquellos otros más dóciles que habían abrazado la religión católica, a los que se denominaba “judeoconversos” o “cristianos nuevos”. En 1497 la prohibición de permanencia de los judíos se amplió a Portugal y un año más tarde al reino de Navarra.
Las órdenes eran muy exigentes, tenían 4 meses para cristianizarse o marcharse con unas condiciones del todo drásticas:
Como consecuencia de ello, la economía española se vio profundamente alterada. Los mozárabes eran artesanos y comerciantes. Los judíos eran prestamistas. Los castellanos se dedicaban a manejar las espadas, imbuidas en eternas guerras territoriales.
Tuvieron que pasar más de 500 años, para que el Gobierno de M. Rajoy decidiese crear una ley, en la que se reconocía como españoles a los descendientes directos de los judíos expulsados entre 1492 y 1498. Aprobación que fue avalada por una amplia mayoría de los partidos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados. Fueron 298 votos a favor y 11 en contra. Era el 11 de junio de 2015, aunque la propuesta inicial venía del que fuera ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y del que fuera ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.
En ella se establecía un plazo de 3 años, prorrogables por un año más para hacer esta solicitud, siempre que se reuniesen una serie de requisitos, como acreditar la condición de sefardí, es decir ser descendiente directo de alguno de los expulsados. Además deben tener vinculación con España, hablar español y conocer la Constitución española. Como beneficios se incluye la supresión de la necesidad de residencia previa y no se exige la renuncia a la nacionalidad anterior.
El precio a pagar por conseguir solo el primero de los requisitos (acreditar la condición de sefardí), puede llegar a ser de 5.000 euros, a los que habría que sumar viaje a España, costas del notario… y un largo etcétera de pasos previos.
Los sefardís que han hecho uso de este derecho son en gran número naturales de México, Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y en sexto lugar de Israel, aunque la diáspora judía ha hecho que haya un gran número de nacionalidades entre los expedientes.
En el año 2021 el Gobierno español había concedido la nacionalidad española a más de 36.000 judíos sefardíes y se habían rechazado alrededor de 3.000 solicitudes.
P. Moratilla
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