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EL ESPACIO DE LA disCAPACIDAD. Los campamentos de verano de videojuegos accesibles de Fundación ONCE arrancan este lunes en Zaragoza

Últimas noticias sobre discapacidad, accesibilidad y dependencia...

29.07.2024

Sociedad en Castilla-La Mancha

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Los campamentos de verano de videojuegos accesibles de Fundación ONCE arrancan este lunes en Zaragoza

Fundación ONCE arranca este lunes en Zaragoza los campamentos de verano de videojuegos accesibles, una iniciativa que recala por primera vez en la ciudad con la colaboración de Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.

El campamento tendrá lugar en Etopia Centro de Arte y Tecnología del 29 de julio al 2 de agosto y en él participarán jóvenes con y sin discapacidad de entre 14 y 20 años que disfrutarán de un programa cargado de actividades de aprendizaje, competición de videojuegos y diversión, según ha informado la fundación.

Los campus de videojuegos diseñados por Fundación ONCE tienen la misma estructura de actividades, competiciones, talleres y excursiones y su objetivo es promover la igualdad de oportunidades entre los participantes con y sin discapacidad, teniendo como principal medio los videojuegos.

En el caso de Zaragoza el jueves visitarán CaixaForum, donde participarán en una taller de cine y espionaje. Habrá charlas formativas relacionadas con los valores, sesiones de competición en igualdad de oportunidades, monólogos, talleres de 'team building' y retos sensoriales, entre otras muchas sorpresas.

Tras su paso por Málaga y Valencia, Zaragoza es la última sede de esta edición de una iniciativa que forma parte del proyecto 'Ga11y' de Fundación ONCE, con la que la entidad busca promover videojuegos para todas las personas e incluir parámetros de accesibilidad en los distintos títulos.

Fundación ONCE e IMMUNE ofrecerán becas a personas con discapacidad en formación digital y tecnológica

Fundación ONCE, junto a sus entidades Inserta Empleo e Inserta Innovación, ha firmado un acuerdo de colaboración con IMMUNE Technology Institute, hub de talento tecnológico, con el objetivo de promover la formación en competencias digitales y tecnológicas entre las personas con discapacidad y mejorar así sus oportunidades de empleo e inclusión social.

El acuerdo se basa en la oferta de becas a personas con discapacidad que estén interesadas en cursar los programas formativos del programa 'Por Talento Digital' durante al menos los próximos dos años, como detallan sus impulsores.

En los programas formativos ofertados, los becados podrán encontrar bootcamps o másteres de diferentes áreas tecnológicas con alta demanda en el mercado laboral como cloud computing, ciberseguridad, data analytics, inteligencia artificial o diseño UX/UI, todas ellas con una tasa de empleabilidad superior al 85%, según datos del informe de UGT 'Empleo tecnológico en el mercado laboral español 2024'.

Las becas cubrirán hasta el 80% del coste de la matrícula en los programas formativos, con un máximo de 10.000 euros por persona. Las personas que estén interesadas en aplicar a estas becas pueden hacerlo en la web 'https://tech.immune.institute/becas-fundacion-onceaquí'.

Como ha expresado el CEO y fundador de IMMUNE Technology Institute, Juan Riva, "en IMMUNE estamos entusiasmados por formar parte de esta iniciativa que refleja nuestro compromiso con la inclusión y el fomento del talento tecnológico". "Creemos firmemente en la importancia de proporcionar acceso a la formación en tecnología, un área con altas tasas de empleabilidad, y esta colaboración es un paso significativo hacia un futuro más inclusivo y equitativo", ha apostillado.

Por su parte, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha mostrado su satisfacción por la firma de este acuerdo con el que se pretende mejorar las capacidades digitales de las personas con discapacidad. "El objetivo es darles las herramientas necesarias para que puedan afrontar con más posibilidades de éxito las ofertas de trabajo de un mercado laboral cada vez más enfocado a los perfiles digitales"

Patronal de Dependencia exige la equiparación del IVA en las residencias, ante el aumento estacional de la demanda

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha denunciado la discriminación que sufren los usuarios en residencias de mayores que soportan dos tipos de IVA para servicios que son idénticos, una realidad que se intensifica en verano por el aumento de usuarios temporales.

La patronal lleva tiempo reclamando la equiparación al 4 % del IVA para todos los usuarios de residencia. Actualmente, los usuarios que contratan los servicios de cuidados de manera privada deben pagar un IVA del 10%, mientras que los mismos servicios tributan al 4% si el origen del servicio es público o concertado.

La organización considera que ésta es "una discriminación que afecta a las personas mayores, a las familias y, de manera muy especial y especialmente injusta, a aquellos que AESTE considera que están en el limbo de la dependencia, es decir, las personas que teniendo reconocida la dependencia y tenido asignada la prestación, están sin embargo, a la espera de que se les conceda una plaza de residencia, y se ven en la obligación de contratar los servicios de manera privada".

Con esta reivindicación, AESTE quiere posicionarse al lado de los usuarios y familias que se ven obligadas a asumir este coste añadido del servicio. Enmendar esta situación es parte de las prioridades de la asociación y, por eso, durante el mes de junio, haciéndolo coincidir con la época de mayor solicitudes de plazas privadas en residencias, la patronal ha trasladado su preocupación a diferentes órganos en los que tienen voz como es el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia, donde están presentes a través de CEOE.

Para la organización, la equiparación del IVA en los servicios de los cuidados supone por tanto, igualar las condiciones de los usuarios, evitar discriminaciones en la prestación de servicios que son iguales, así "como despenalizar a las personas que, además de estar a la espera de plaza con el derecho reconocido y verse obligadas a acudir a la oferta privada de servicios, ven cómo tienen que soportar un IVA mayor que otros usuarios que reciben el mismo servicio".

COCEMFE pide incluir la obligación de realizar obras de accesibilidad en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha pedido al Gobierno que en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal incluya la obligación de realizar obras de accesibilidad.

Así lo ha reclamado COCEMFE por carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tras el anuncio por parte del Ejecutivo de reformar la Ley de Propiedad Horizontal para abordar la problemática de los pisos turísticos.

"Una cuarta parte de las personas con discapacidad se han visto obligadas a abandonar su casa por falta de accesibilidad y buscar otra alternativa habitacional ante esta vulneración flagrante de su derecho a una vivienda adecuada. Pero el parque de viviendas accesibles de nuestro país es escaso y con precios elevados", asegura COCEMFE.

En este sentido, explica que más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida en España precisan la ayuda de otra persona para salir de su casa y que alrededor de 100.000 no pueden hacerlo nunca porque no disponen de esta ayuda. Además, añade que miles de personas se ven obligadas a la institucionalización ante la falta de una vivienda "digna y accesible".

Por su parte, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, apunta que existen "innumerables" comunidades de vecinos "inaccesibles" debido a la actual Ley de Propiedad Horizontal," en la que existen resquicios legales que utilizan las comunidades de propietarios para no ejecutar las intervenciones necesarias, amparándose en un coste excesivo". Asimismo, recuerda que la entidad lleva "muchos años solicitando al Gobierno la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para evitar estas situaciones, en las que por otro lado se deja en manos y se responsabiliza a las comunidades en este tipo de obras".

Esta ley plantea que tendrá carácter obligatorio la realización de obras para garantizar la accesibilidad universal siempre que el importe repercutido no suponga "una carga desproporcionada". Por lo tanto, no debe exceder las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. "Provoca que obras como la instalación de ascensores no sean de carácter obligatorio al superar, generalmente, estas 12 mensualidades", explica.

COCEMFE también agrega que desde 2019 sería obligatorio si con ayudas públicas se sufraga el 75% del importe de las mismas. "Esas ayudas públicas sólo las reciben el 10% de las comunidades que deciden llevarlas a cabo, por lo tanto, en muchas ocasiones las comunidades de vecinos no hacen frente a las obras de accesibilidad al no ser obligatorias y carecer de financiación suficiente", indica.

A pesar de las diferentes modificaciones realizadas en la Ley de Propiedad Horizontal para avanzar en la accesibilidad en los edificios de viviendas, COCEMFE denuncia que "sigue sin solventarse el problema, puesto que sigue sin ser obligatorio afrontar estas obras por la comunidad en todos los casos y continúa recayendo sobre la ciudadanía la responsabilidad de garantizar este derecho".

"AYUDAS PÚBLICAS SUFICIENTES"

La entidad considera que la reforma de la ley debe incluir la obligación de realizar obras de accesibilidad en las comunidades, para que estas asuman los costes en elementos comunes de los edificios donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años. Así, piden "ayudas públicas suficientes cuando sea preciso para que el esfuerzo económico sea llevadero para las comunidades de propietarias y para las residentes de estas".

Finalmente, COCEMFE propone crear por Ley un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal, nutrido del 1% de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a inversiones en obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información. Con este Fondo se financiarían programas y actuaciones de accesibilidad universal en todo el territorio español y las administraciones estatales, autonómicas y locales podrían establecer ayudas específicas para que todas las comunidades vecinales puedan afrontar las actuaciones necesarias relacionadas con la accesibilidad de los edificios.

 

El Gobierno regional destaca su compromiso con la formación e inserción laboral de personas con discapacidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado su compromiso con la formación y la inserción laboral de personas con discapacidad durante la reunión que ha mantenido con una delegación de empresarios húngaros, donde ha reiterado la importancia de la capacitación para ampliar las oportunidades de cara a acceder al mercado de trabajo. Así se ha visibilizado durante la visita de representantes de la empresa Q-Solutions, acompañados por responsables del Grupo de Entidades Sociales CECAP, quienes han sido recibidos por el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles, para conocer de cerca varias dependencias del Archivo Regional de Castilla-La Mancha, donde un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual están desarrollando tareas de digitalización y gestión documental, fruto del convenio vigente entre la Junta de Comunidades, CECAP y la Fundación Eurocaja Rural, en un nuevo curso que dio comienzo el pasado mes de octubre. La empresa húngara se ha interesado por las iniciativas de responsabilidad social de cara a incluirlas y ponerlas en marcha dentro de su política empresarial y contribuir a la integración sociolaboral e inserción laboral de personas con discapacidad. Desde que se firmó el primer convenio, y siguiendo el plan de capacitación individual de CECAP, 74 personas han realizado prácticas en el Archivo Regional.

La UCLM forma a quince personas con discapacidad intelectual para mejorar su empleabilidad

Las quince personas que han participado este curso académico en la primera edición del título ‘Incluye e Inserta’ de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad Real han recogido esta mañana su beca en un acto presidido por el rector, Julián Garde. El programa ha tenido por objetivo mejorar la empleabilidad y autonomía de los participantes.

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha presidido hoy en el Paraninfo del Rectorado el acto académico de graduación de la primera promoción del Curso Universitario de Formación Avanzada Incluye e Inserta Ciudad Real, el cual ha permitido formar a 15 personas con discapacidad intelectual, de edades comprendidas entre los 18 y 40 años, en cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, idioma, informática, habilidades sociales en entorno de trabajo, educación deportiva, gestión de aprovisionamiento y operaciones de almacén, gestión comercial y operaciones en el punto de venta, preparación de pedidos, atención básica al cliente y digitalización.

El objetivo, como ha recordado el rector de la UCLM, ha sido proporcionar a los jóvenes una formación universitaria de calidad, inclusiva y enfocada a mejorar su autonomía y su preparación laboral. Garde ha explicado que durante un curso académico las personas que han cursado el título han convivido día tras día con compañeros y compañeras de un grado universitario y, esa, según sus palabras, “es la verdadera inclusión”.

Julián Garde ha afirmado que con el acto de hoy se visibiliza el “esfuerzo” que han realizado los graduados del curso y la “alegría y el orgullo” de sus familias, a quienes ha felicitado. Asimismo, el rector ha agradecido expresamente al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, Fernando Callejas, la propuesta que en su día le hizo porque “él fue quien tuvo la idea, vino a verme y, a partir de ahí, se puso en marcha el programa. Hoy no estaríamos aquí si no hubiera sido por él”.

El acto de graduación ha contado con las intervenciones del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, Fernando Callejas; la presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real y madrina de la promoción, María Jesús Alarcón; el presidente de la Asociación Laborvalía, Raimundo Alcaide; la delegada provincial de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; y el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde. Además, en nombre de todas y todos los graduados ha intervenido el delegado de la primera promoción del título, David Garrido.

El programa se ha venido desarrollando desde el mes de noviembre de 2023 en el marco de la Cátedra Derecho de las Personas con Discapacidad y Dependencia, promovida y financiada por la propia institución académica y la Diputación Provincial de Ciudad Real. Dirigido por la profesora María Martín, los y las estudiantes han realizado 300 horas de formación, 40 de ellas prácticas en la empresa Carrefour.

Plena inclusión pide una subcuota de reserva de plazas de empleo publico para personas con autismo o parálisis cerebral

Plena inclusión España ha reclamado una nueva subcuota de reserva de plazas en las ofertas de empleo público para personas con discapacidades del desarrollo: autismo, parálisis cerebral y otros, pero sin discapacidad intelectual.

Así lo han indicado tras la aprobación en el Consejo de Ministros de la Oferta de Empleo Público de 2024, que reservará para personas con discapacidad un 10%, de las 40.121 plazas propuestas. Además, de este paquete, 600 irán para personas con discapacidad intelectual.

Además, recuerda que defiende "desde hace más de una década", la necesidad de contar con un servicio de empleo con apoyo y garantizar una verdadera promoción y formación interna. También se reivindican nuevas ocupaciones en función pública adaptadas a las personas con discapacidad intelectual.

Desde la confederación que agrupa a 950 asociaciones y que apoya a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral y otros), se reclama que las administraciones estatales, autonómicas y locales aumenten al 3% la reserva de plazas de empleo público para estas personas.

"La cuota específica para personas con discapacidad intelectual ya tiene 13 años y ha sido un éxito contrastado y único en el mundo. Prueba de ello es que siempre se agotan las plazas convocadas. No obstante, ha llegado el momento de repensarla y mejorarla", ha afirmado el director de Plena inclusión España, Enrique Galván.

 

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