FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. REACCIONES: TC advirtió en 2010 de que la Constitución "proscribe" diferencias injustificadas entre CCAA en materia de financiación

TC advirtió en 2010 de que la Constitución "proscribe" diferencias injustificadas entre CCAA en materia de financiación

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que tumbó el Estatut de Cataluña en 2010 advertía de que, en lo relativo a la financiación autonómica, la Carta Magna "proscribe diferencias --entre comunidades autónomas-- que carezcan de justificación objetiva y razonable". Este texto cobra relevancia de nuevo tras el acuerdo del PSC y del ERC para una financiación especial para Cataluña similar al concierto vasco.

La sentencia, de la que fue ponente la entonces presidenta, María Emilia Casas, ahora en el Consejo de Estado, daba respuesta al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 99 diputados del Grupo Parlamentario Popular y fue el germen de lo que con posterioridad se conoció como el 'procés' que acabó con el referéndum ilegal de 2017 y el juicio a los líderes independentistas catalanes en el Tribunal Supremo.

En la misma, y tras exponer las alegaciones, el TC recordaba que "el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de Hacienda general (...) así como la potestad originaria para establecer tributos mediante ley".

Y añadía, además, que también corresponde al legislador orgánico "la regulación del ejercicio de las competencias financieras de las comunidades autónomas (CCAA) de acuerdo con el artículo 157.3 de la Constitución, que dice que el Estado es "competente para regular no sólo sus propios tributos, sino también el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las comunidades autónomas respecto de las del propio Estado".

Los magistrados indicaban que si bien los Estatutos de Autonomía de las CCCAA sujetas al régimen común de financiación "pueden regular legítimamente la Hacienda autonómica" como elemento indispensable para la consecución de la autonomía política, esto "han de hacerlo teniendo en cuenta que la Constitución dispone que la autonomía financiera de las CCAA debe ejercerse con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".

NO CABEN "DECISIONES UNILATERALES"

Se hacían eco así del artículo 156.1 de la Carta Magna, y añadía el encargado de garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad es el Estado, de acuerdo con el artículo 138.1 de la Constitución.

Así, puntualizaba que no eran posibles "decisiones unilaterales" de CCAA que "tendrían repercusiones en el conjunto (...) y condicionarían las decisiones de otras Administraciones Autonómicas y de la propia Administración del Estado".

La sentencia incidía en que la Constitución "proscribe" las diferencias en materia de financiación "que carezcan de justificación objetiva y razonable, conllevando beneficios que otras Comunidades Autónomas, en las mismas circunstancias, no podrían obtener".

En este sentido, explicaba la resolución de la corte de garantías, es el Estado quien tiene potestad para regular tanto la financiación del propio Estado como de las CCAA, y sumaba que la Constitución prevé que esa competencia estatal "se desenvuelva, con la coordinación del propio Estado, en un marco de cooperación entre éste y las CCAA".

MULTILATERALIDAD

Por otro lado, la sentencia de 2010 explicaba que las decisiones que afecten a la suficiencia financiera de todas las CCAA "han de ser tomadas en el seno de órganos multilaterales", si bien puntualizaba que esto "no impide la actuación específica y complementaria de los órganos bilaterales de cooperación".

"Por tanto, en modo alguno cabe admitir que la determinación del porcentaje de participación en los ingresos del Estado pueda depender de la voluntad de una determinada comunidad autónoma, pues ello, ni resulta de los términos expresos de los preceptos del bloque de la constitucionalidad a que se ha hecho referencia, ni es compatible con el carácter exclusivo de la competencia que corresponde al Estado", añade.

Uno de los votos particulares de esa sentencia, el del magistrado Ramón Rodríguez Arribas, incidía por su parte en que el Estatut establecía que la financiación de la Generalitat no debe implicar efectos discriminatorios para Cataluña respecto de las restantes comunidades autónomas.

Pero advertía que la Carta Magna lo que dice "es que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales", explica el magistrado para añadir que eso es lo mismo que decir "que no se puede ser más que otros".

Otro voto particular, el que formuló Javier Delgado Barrio, recordaba que la financiación de un determinada comunidad autónoma "no vive aisladamente sino que se integra en un sistema general en el que el Estado, por exigencias del principio de solidaridad, ha de velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español".

Barbón (PSOE) anuncia que Asturias votará contra la salida de Cataluña del régimen común y no descarta ir a la Justicia

El presidente del Gobierno asturiano y secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, ha dicho este viernes que cualquier cambio en la financiación autonómica, incluida la relativa a Cataluña, deberá debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Ha dicho que, en ese marco, Asturias votará "siempre" en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común.

El preacuerdo entre PSC y ERC para establecer un concierto fiscal en Cataluña ha protagonizado la primera rueda de prensa del dirigente asturiano tras incorporarse al puesto tras las vacaciones. Ha estado respondiendo del asunto a las preguntas de los periodistas durante más de media hora.

Barbón ha dicho que solamente es un preacuerdo y que no es posible saber la cantidad económica que perdería Asturias. Ha explicado que la posición de Asturias en cuanto al modelo de financiación autonómica "no se ha movido" y que está incluida en distintos documentos, como la Declaración de Santiago, firmada por varias comunidades autónomas en 2021.

El presidente de Asturias ha dicho que la reforma del modelo de financiación autonómica es "complicadísima" y "más dura que resolver un sudoku". En este punto ha explicado que existen diferencias, también en el propio PSOE. "¿Cómo vamos a tener nosotros la misma posición que el PSOE de Madrid?", ha señalado.

No ha descartado Barbón la posibilidad de recurrir a los tribunales si fuera necesario, pero ha evitado concretar este punto en este momento, dado que aún es un preacuerdo y quedan cosas por explicar.

"Sobre algo que no es una norma jurídica, de un acuerdo no se puede impugnar la firma de un acuerdo en los tribunales", ha matizado. Cuestión distinta es si se cambia la ley. En ese momento es cuando Asturias estudiaría las acciones a realizar.

No obstante, el dirigente asturiano ha dicho que ha tenido la oportunidad de hablar con el líder del PSC, Salvador Illa, que le ha llamado. "Lógicamente, tiene su posición y yo tengo la mía", ha indicado. También ha hablado Barbón con diferentes miembros del Gobierno. No lo ha hecho aún con Pedro Sánchez.

"Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común; sí consideramos que lo que hay que hacer es reformar el sistema de financiación pensando en esa construcción de Estado Federal", ha comentado Barbón en relación a la posición de Asturias.

También ha recordado que el Principado se opone frontalmente al principio de ordinalidad, el que algunas comunidades defienden y que establece que una comunidad autónoma no debe perder puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de nivelación entre comunidad. Desde Asturias reclaman que se tengan en cuenta factores como la dispersión o el envejecimiento, porque prestar servicios "no cuesta lo mismo", ha indicado Barbón.

CONSEJO POLÍTICO FEDERAL

En la rueda de prensa y preguntado varias veces, Barbón ha rehusado unirse a la petición del secretario general de los socialistas de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y de otras federaciones de convocar el Consejo Político Federal.

El presidente de Asturias está convencido de que el PSOE abordará en sus foros internos este debate. "Mi partido siempre lo ha hecho", ha insistido.

"Este debate donde realmente se va a dar, y quiero dejarlo claro desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque es el que va a tomar la decisión de modo definitivo", ha insistido, indicando que el Consejo Político Federal es "deliberativo" y "no adopta decisiones". En cualquier caso no tiene duda de que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE convocará el debate "cuando sea el momento".

También le han preguntado a Barbón, que es el secretario genera de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE por la postura que adoptarían los diputados asturianos en el Congreso en el caso de que el acuerdo llegase a las Cortes. "Yo no voy a engañar a nadie", ha respondido Barbón, que ha explicado que los diputados nacionales, tanto del PP como del PSOE, responden exclusivamente a las disposiciones de sus comisiones ejecutivas nacionales.

Ha rechazado además Barbón las críticas recibidas por no haber hablado hasta este viernes. Ha dicho que la posición del Gobierno ya ha sido expresada por otros miembros del Ejecutivo asturiano y que él terminaba ayer sus vacaciones. "No soy ningún superhéroe, necesito descansar"

El PSOE extremeño pide a Sánchez reunir al Consejo de Política Federal del partido para hablar de financiación autonómica.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha propuesto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que convoque el Consejo de Política Federal, en el que están representados todos los secretarios generales de las diferentes comunidades autónomas, para que "al igual" que se hiciera con la Declaración de Granada en 2013 y posteriormente en Barcelona, tengan la oportunidad de dialogar y de definir la postura en cuanto a la financiación autonómica, un tema "tan trascendente".

"Lo pido porque creo firmemente que es lo mejor para nuestro partido, y también para España, y lo creo honestamente porque es el espacio adecuado para hablar con honestidad y con lealtad, pronunciarnos cada uno en la medida en la que nosotros creamos que podemos aportar, para crear un sistema de financiación que no solamente sea para ahora, sino que lo consolide en el futuro", ha apostillado Gallardo, quien además ha dejado claro que, como líder del PSOE extremeño, defenderá "siempre" los principios del partido, que son la solidaridad entre los españoles.

"Gobierne quien gobierne en Cataluña, gobierne quien gobierne en España", ha matizado en una rueda de prensa en Mérida la que se ha pronunciado sobre el preacuerdo entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, en relación al cual ha considerado que, hasta este jueves, no hay un documento "oficial" por parte del PSOE y que "por lo tanto" el documento de acuerdo "no tiene ningún tipo de oficialidad".

En este sentido, ha expuesto que los ciudadanos pueden estar "seguros" de que, cuando conozcan los detalles y sepan "verdaderamente" cuál es el acuerdo, "siempre defenderán los intereses de los extremeños y de las extremeñas, que es también defender los intereses de los españoles y de las españolas".

Sobre el citado preacuerdo, Gallardo ha puesto el acento en que los socialistas de la región "siempre" han pensado que "la llave de la caja la tiene que tener siempre el Estado" y que si cada comunidad tiene "una copia de la llave, al final cada uno meteremos la mano en la caja, no en función de nuestras necesidades, sino en función de las oportunidades".

Además, ha insistido en que la posición del PSOE regional ante el citado preacuerdo "siempre es clara, lo ha sido, lo es y lo será, que es la defensa de los extremeños". "Y, por lo tanto, nosotros estaremos radicalmente en contra, y no es novedad, lo he dicho, de cualquier sistema de financiación que implique desigualdad entre los españoles", pero que ha insistido en que no se puede basar "en la oficialidad de un documento que no es oficial", ni le puede servir "de base" para trasladar su posición.

Una posición, ha insistido, que está "en base" a un documento, la Declaración de Granada, firmado por todos los secretarios generales del partido y que tiene que ver, ha explicado, "con acuerdos, y sobre el marco de ese acuerdo se puede actualizar". "En cualquier caso nuestra posición es radicalmente a favor de la igualdad, radicalmente en contra de acuerdos que puedan significar desigualdad", aunque está "convencido" de que la postura oficial del Partido Socialista "es la de la igualdad".

Al mismo tiempo, Gallardo ha defendido que "es una buena noticia que Salvador Illa pueda ser presidente de la Generalitat para dejar atrás un 'procés' que no solamente ha debilitado a Cataluña, sino que ha hecho daño al conjunto del país", además de porque "puede abrir una nueva etapa, donde las políticas socialdemócratas que garanticen los servicios públicos que enfrenten los problemas que tienen los ciudadanos, los problemas reales, sean el valor de este nuevo tiempo".