DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido este miércoles en que el Gobierno de Pedro Sánchez "siempre actúa en el marco constitucional", de tal forma que las normas que salen y que emanan de su Ejecutivo "lo son en el marco de los principios constitucionales".
De este modo reaccionado Rodríguez, preguntada durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo, junto a la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, sobre las críticas del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, que este martes se mostraba convencido de que el preacuerdo entre el PSC y ERC para ceder a Cataluña la gestión del cien por cien de sus ingresos no cristalizará por "anticonstitucional".
"Es un acuerdo público y político que se expresa en sus propios términos y que no me corresponde a mí interpretarlo", ha zanjado Rodríguez, que de igual modo, se ha congratulado de que lo acordado entre PSC y ERC "ratifique la presencia de la Generalitat y de Cataluña en los órganos multilaterales de gobernabilidad de España".
"Por tanto, tranquilidad, no somos nuevos. Ahí está nuestra gestión con la que arrancamos este curso político. Este Gobierno ha dado buena cuenta de su compromiso con las autonomías, de su defensa y la ampliación de las políticas sociales, del incremento de las pensiones, o la confianza en la educación pública".
"Hemos escuchado muchas veces esa misma retahíla, pero la realidad es que hoy las Comunidades Autónomas cuentan con más apoyo que nunca por parte del Gobierno de España", ha defendido la titular nacional de Vivienda y Agenda Urbana, que ha insistido en tildar de "buena noticia para España" que Salvador Illa esté al frente de la Generalitat de Cataluña, y "que estemos hablando de financiación y no de independencia".
"Que la Generalitat de Cataluña esté gobernada por un socialista es siempre garantía de solidaridad, de igualdad, de justicia social, en definitiva, los valores que nos mueven a todos los hombres y mujeres socialistas".
Dicho esto, y tras reconocer ha necesidad de abordar "cuánto antes" un nuevo pacto de financiación autonómica y local, ha mirado al PP, al que ha pedido que "vuelva a sentar la cabeza y llegue alguien al frente que sea capaz de poner a altura de miras".
A juicio de Rodríguez, la postura de los 'populares', "que ni están ni se les espera, está dañando a Castilla-La Mancha y al conjunto de España con decisiones tan importantes como la votación que se producía hace unas semanas en el Congreso de los Diputados y que nos están privando a todos de 7.500 millones de euros adicionales para poder llevar a cabo estas políticas públicas".
Rodríguez ha insistido en reprochar al PP al no apoyar la senda de estabilidad que presentó el Gobierno, "y que tuvo la complicidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, se le está privando a Castilla-La Mancha de más de 280 millones de euros para poder hacer políticas sociales".
En otro orden de cosas, y preguntada por las amenazas de Junts, que ha advertido de que no se lo pondrán fácil al presidente del Gobierno si este no cumple con su parte del acuerdo de investidura, ha dicho que los grupos políticos representados en el Congreso, y por tanto en el poder legislativo, "tienen que dar respuesta también a la ciudadanía en torno a sus decisiones".
"Yo lo que espero es que todos trabajemos dando respuesta a lo que la ciudadanía espera de nosotros. La realidad de la aritmética parlamentaria es la que quisieron los españoles", ha dicho Rodríguez que se ha mostrado confiada en que los grupos políticos catalanes "estén también a la altura de lo que esperan los catalanes y las catalanas, que por cierto se manifestaron también con mucha claridad en las pasadas elecciones autonómicas".
TALGO
Por último, preguntada sobre la información que publica 'El País', que mantiene que el CNI alertó de la conexión rusa del grupo húngaro que puja por Talgo, Rodríguez ha señalado que España tiene una legislación equilibrada en torno a garantizar la seguridad del país y, al mismo tiempo, "la captación de nuevas inversiones, de inversiones extranjeras".
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