Sánchez amplía la querella por prevaricación contra el juez Peinado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias, al aducir que la labor del magistrado "contraviene la doctrina existente" y que supone una "injusticia intrínseca".

Según una información adelantada por 'El País', la Abogacía General del Estado presentó este pasado jueves, en representación del presidente del Gobierno, un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que solicitaba la ampliación de la querella por prevaricación interpuesta a finales de julio.

La reacción del líder del Ejecutivo se produce después de que el pasado 22 de agosto el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, acordase que las partes personadas en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pudiesen acceder al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como testigo, que tuvo lugar en el Palacio de La Moncloa el 30 de julio.

Fue ese día de julio cuando Sánchez se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que investiga a su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En concreto, se acogió al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que respalda que como cónyuge de la investigada está "dispensado de la obligación de declarar".

El juez Peinado rechazó la petición de la Fiscalía de no dar acceso a las partes -entre las que figuran Manos Limpias y Vox- a la declaración grabada del presidente al considerar que la grabación "carece de cualquier utilidad, material o procesal".

"A fin de evitar filtraciones y que la misma acabe divulgada de forma improcedente, entendemos que la entrega de copia de la grabación referida a las partes no debería producirse", reclamaba entonces el fiscal.

Asimismo, el magistrado sostuvo en su carta que del "silencio" de Sánchez se pueden extraer "conclusiones".

Ante este carrusel de acontecimientos, la Abogacía del Estado ha ahondado en el escrito presentado esta semana que "lo verdaderamente buscado con estas actuaciones en todo lo que atañe a la Presidencia del Gobierno es darle una publicidad que precisamente es incompatible con el régimen de toma de declaración en estos casos y no la eficacia procesal o investigación alguna, partiendo de inferencias donde no puede haberlas o haciendo interpretaciones forzadas o artificiosas de preceptos legales o principios procesales".

En esa línea, se ha incidido en que el juez Peinado lo hace "hasta el punto de convertir un derecho procesal de ciertos testigos en una fuente infundada de inferencias con efectos procesales, con mención indirecta para ello de una doctrina en absoluto aplicable al caso y que contraviene la de la institución de la dispensa de declaración".

La Abogacía del Estado ha remarcado que "el conjunto de decisiones y providencias que por acumulación si no contradicen abiertamente cualquier interpretación lógica de la ley, tienden a forzar la puesta a disposición de las partes de una grabación que no debió existir (porque la declaración debería ser escrita y de ser oral, no debería existir al ejercerse la dispensa, cuya prueba se hace por diligencia del secretario) no hacen sino refrendar la orientación de toda este intento de diligencia instructora hacia su difusión mediática, no hacia su eficacia procesal, refrendándose así el planteamiento de nuestra querella".

La Audiencia Provincial de Madrid decidirá el próximo 30 de septiembre si impide al juez Peinado seguir investigando la causa contra Begoña Gómez, tal y como ha reclamado la propia Gómez y la Fiscalía de Madrid, y en la que se investigan los lazos de la mujer del presidente del Gobierno con la Universidad Complutense de Madrid, en la que codirigió una cátedra, y el empresario Juan Carlos Barrabés y su conexión con Javier Hidalgo por su condición de consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa, que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia.