DCLM.ES · Castilla-La Mancha · La Ventana de CLM
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado este sábado la detención de dos ciudadanos españoles, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, con "vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia" español y con figuras cercanas a la oposición venezolana que estarían preparando un plan para asesinar al presidente del país, Nicolás Maduro.
"Fueron detenidos recientemente dos ciudadanos españoles, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, en Puerto Ayacucho", ha afirmado Cabello en rueda de prensa. Fueron arrestados "en situación irregular, tomando fotos".
"Tienen vínculos. Sabemos que van a decir que no, que es mentira. Tienen vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Pueden salir diciendo que no, pero tienen vínculos, ahí están. Esta gente, estos señores de origen español están detenidos, están rindiendo declaración (...). La tarea que venían a hacer en Venezuela está muy clara allí", ha añadido.
Los dos españoles están "bajo custodia, siendo interrogados, cumpliendo con lo que no cumple en otros países, que es el respeto a los derechos humanos", ha resaltado.
El ministro del Interior venezolano ha relatado que los españoles se pusieron en contacto con Jessica Isabela Ponte Figuera, quien participó en las protestas postelectorales de la oposición, y "le preguntan vía telefónica cómo hacen para comprar explosivos, cómo hacen para contactar grupos que quisieran hacer algún trabajo especial". "En comunicación directa planifican el asesinato de la alcaldesa de Upata, referido textualmente. Es una alcaldesa revolucionaria", ha añadido.
Cabello ha explicado que han sido detenidas un total de 14 personas que participaban en una "operación de desastabilización" que ha relacionado con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Además estaría al frente de la operación la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y también el CNI español.
"La CIA está al frente de esta operación. Y la otra, que tampoco nos extraña, (...) es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Estos dos capturados, así lo dicen, inclusive hablan, ellos, de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela, con objetivos distintos", ha apuntado Cabello.
Según el ministro, "Venezuela sigue bajo el asedio del imperialismo norteamericano". "El territorio de los Estados Unidos se está usando para el tráfico de armas para dar un golpe de estado a Venezuela. Para desestabilizar a Venezuela", ha remachado.
En cuanto al CNI, Cabello ha afirmado que "la inteligencia de España está promoviendo la captación de terroristas para que vengan a Venezuela". "Pueden decir lo que quieran. Sus agentes están confesando aquí en Venezuela", ha remachado. "Con razón, ayer A la señora ministra de Defensa, ayer la señora ministra de Defensa de España, le dio un ataque de ira contra Venezuela en un acto de bautizo de un libro", ha apuntado.
Cabello ha destacado que "el Centro Nacional de Inteligencia española está metido hasta el cuello en esta operación y en los planes está la eliminación física del presidente (Maduro), de la vicepresidenta (Delcy Rodríguez) y de varios funcionarios". "En ese plan lo que no está, es que nosotros volveremos a triunfar y lo vamos a derrotar", ha argumentado.
"Mandan muy pocos soldados y el resto son mercenarios contratados. Por eso ahí entra la inteligencia española con la contratación. Tenemos el plan completo. Porque tocaron a alguien que no deberían haber tocado en este plan. No podemos decir más porque sería exponerlo", ha proseguido.
Entre los planes estaría también un ataque contra la Embajada argentina en Caracas, donde se refugian varios opositores venezolanos. "Imagínate tú una bomba, un explosivo (...). Eso que iba a hacer la embajada argentina, ¿a quién iban a señalar en el mundo? A Venezuela", ha indicado.
En los teléfonos de los detenidos, "mercenarios que han venido a Venezuela", las autoridades han encontrado "vínculos para la compra de explosivos C4 para iniciar unas rebeliones en las cárceles y de las cárceles salir a tomar estos armamentos", ha asegurado.
El plan incluía además "ataques terroristas" contra instalaciones agua, luz y transporte, así como ataques informáticos a los sistemas de los organismos del Estado.
Cabello ha señalado al máximo responsable de la operación a un miembro en activo de las fuerzas especiales estadounidense SEAL de la Marina estadounidense y experto en explosivos, Wilbert Joseph Castañeda, máximo responsable de un grupo denominado Comando AZ.
"Castañeda es el jefe de la operación puesto por la silla y por eso la Casa Blanca se sintió casi que golpeada por la captura de ese ciudadano", ha subrayado.
El ministro ha mencionado a dirigentes opositores venezolanos que estarían al tanto de la conspiración: Juan Pablo Guanipa, Carlos Vecchio, Julio Borges y María Corina Machado. "Están vinculados aquí porque lo están confesando estos caballeros, sus vínculos con grupos de opositores. La justicia les va a llegar", ha advertido.
MÁS DE 400 FUSILES
En la operación han sido incautados más de 400 fusiles de diferentes tipos que serían entregados a grupos criminales para provocar un estallido de violencia y provocar así la caída del Gobierno. Las armas eran introducidas en el país desarmadas en diferentes embarcos "aparentemente legales".
"Llegaban a Venezuela en contenedores con productos como comida para perros, venían desarmados y aquí eran recibidos por grupos quienes tenían la responsabilidad de armarlos", ha explicado. La introducción del armamento estaría a cargo de Iván Simonovis, prófugo de las autoridades venezolanas, según Cabello.
Con esta violencia generada "creen que con esa operación iban a derrocar al gobierno". "El era derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro", ha denunciado.
"Entre los detenidos hay personas a quienes se le encontró en su casa entre diez y doce fusiles que serían usados en estos planes contra la estabilidad del país", ha señalado. Dos de ellos serían también ciudadanos estadounidenses: David Estrella y Aaron Barrett Logan.
"Venezuela está bajo asedio del imperialismo. Venezuela está siendo atacada de los Estados Unidos que permite el uso de su territorio para armar grupos (...). Que el mundo sepa que nosotros vamos a usar todos los mecanismos necesarios para repeler, para derrotar a estos grupos de mercenarios, de terroristas que intenten socavar la paz y el orden en Venezuela", ha señalado.
RELACIONES CON ESPAÑA
Durante la comparecencia, han preguntado a Cabello sobre la posibilidad de ruptura de relaciones con España en respuesta a esta operación, a lo que el ministro ha contestado planteando al menos cuestionarse las mismas.
"Lo primero que van a decir desde su Centro Nacional de Inteligencia: Es mentira. Nosotros sabemos que no es mentira. Ahora, ¿cómo lo tenemos nosotros? No me corresponde a mí, pero habría que preguntarse cómo tenemos relaciones nosotros con un gobierno que aspira a derrocar a otro gobierno, a un gobierno que nos aspira a derrocar", ha aseverado.
De hecho, ha indicado que los dos españoles detenidos "hablan de la participación activa, que son parte de un contingente de mercenario, que el gobierno español, a través de su central de inteligencia, está llamando a atacar a nuestro país". "Ya vamos a ver qué ocurre con las relaciones", ha planteado.
Por el momento no ha habido una reacción de la oposición a este anuncio de Cabello, salvo por un mensaje en la cuenta en X del gabinete de prensa de Vente Venezuela en el que especula con un posible canje de detenidos, en referencia a los tres estadounidenses apresados. "Secuestrar ciudadanos extranjeros como fichas de canje pagaba", apunta.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido en las últimas horas con el director de la unidad de negocios de Repsol en el país latinoamericano para discutir las "alianzas con empresas" y avanzar en los planes de "cooperación energética".
"Nuestro país sigue avanzando en sus planes de cooperación energética y en las alianzas con empresas que, como Repsol, confían e invierten en la primera reserva petrolera del mundo", ha asegurado Rodríguez, informa el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La vicepresidenta y ministra de Petróleo de Nicolás Maduro también ha admitido que la colaboración con la energética española ha permitido ampliar la producción de crudo mediano y ligero en diversos proyectos petrolíferos en el país.
Según VTV, las "sinergias" entre Venezuela y Repsol refuerzan el compromiso del país de consolidar su posición como "líder en el mercado energético global, para promover el desarrollo y la estabilidad económica a través de alianzas estratégicas y cooperación internacional".
Esta reunión se produce unos días después de que Venezuela convocara al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, y llamara a consultas a su representante diplomática en España, Gladys Gutiérrez, como respuesta a las "insolentes, injerencistas y groseras" declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que se ha referido al Gobierno de Nicolás Maduro como una "dictadura".
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destituido al presidente de Adif, Ángel Contreras, con el objetivo de "impulsar la gestión de la empresa".
Este cese se produce tras varias destituciones llevadas a cabo por el ministro en los últimos meses por la auditoría relacionada con el 'caso Koldo', aunque desde el Ministerio remarcan que la destitución del presidente no tiene relación con este asunto.
No obstante, Contreras llevaba menos de un año en el cargo, cuando con la llegada de Puente al Ministerio se sustituyó a la anterior presidenta, María Luisa Domínguez.
El ya expresidente de Adif tuvo que comparecer en el Senado en el marco de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', donde aseguró que "nunca había amañado ningún tipo de contrato".
Contreras defendió que su relación con Koldo --aparecía implicado en el informe de la UCO-- se limitaba al "plano social" tras la salida del exasesor de José Luis Ábalos del Ministerio a finales de 2022.
También señaló que alguna vez quedaron para tomar café e incluso llegaron a comer hasta dos veces en 'La Chalana' y en otra ocasión con el exministro José Luis Ábalos cuando ya era diputado.
Por su parte, Óscar Puente ya defendió en varias ocasiones que destituiría a cualquier cargo del Ministerio que se viese implicado en el caso. De momento, además de a Contreras, ya ha cesado al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares; al subsecretario de Estado, Jesús Manuel Gómez, y al jefe de personal de Adif, Michaux Miranda; por su condición de investigados en el 'caso Koldo'.
Al margen de esta trama de corrupción, sobre el responsable de Adif también pesaban las numerosas incidencias que se han producido ese verano en la red ferroviaria.
Precisamente este viernes, en la estación madrileña de Atocha se han producido retrasos medios de 50 minutos en la alta velocidad como consecuencia de una avería en la señalización. La circulación se interrumpió antes de las 14.00 horas, aunque fue restablecida en torno a las 15.30 horas.
Los teléfonos móviles incautadas en las prisiones gestionadas por el Ministerio del Interior aumentaron un 6,48% en 2023 con respecto al año anterior, al intervenirse 2.910 terminales prohibidos dentro de los centros penitenciarios.
Según ha informado el sindicato ACAIP-UGT, a partir de datos recopilados por el Portal de Transparencia, la prisión de Madrid III (Valdemoro) es el centro donde se han incautado un mayor número de terminales, con 152 teléfonos móviles, seguido de Albolote (Granada) con 147 y Córdoba con 142.
"Los datos reflejan que las prisiones madrileñas y andaluzas son las que más teléfonos se incautan con una ratio de más de 60 móviles por cada 1.000 internos, cuando la meda nacional se sitúa en 51,32 por cada mil internos", ha indicado ACAIP-UGT en una nota de prensa.
Los teléfonos móviles dentro de la prisión son objetos prohibidos debido al peligro que conllevan, ya que pueden ser empleados para la continuidad delictiva, el tráfico de drogas o la violencia de género, así como por los problemas que generan de seguridad al poder captar imágenes del interior.
ACAIP-UGT han denunciado la "dejadez" por parte de la administración penitenciaria para mejorar las medidas preventivas para el uso de estos terminales, "al no modernizar los elementos de seguridad como inhibidores", en un contexto de "más de 3.400 vacantes de funcionarios en los centros penitenciarios".
"Su uso y presencia dentro de los centros los convierte en fuentes de conflicto debida al control del mercado negro que se genera", ha continuado este sindicato, que ha recordado que la manera en que estos terminales son introducidos y ocultados es muy variada, "a veces debido a su reducido tamaño y otras veces gracias al uso de nuevas tecnologías como drones, que pueden realizar entregas puerta a puerta de smartphones".
En este sentido, ACAIP-UGT ha puesto en valor la "importante labor de los trabajadores penitenciarios que localizan estos teléfonos en los lugares más insospechados, como paquetes de galletas o botes de champú, a pesar de la falta estructural de personal".
El Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent en el que cumplen condena el extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, ha aprobado que no tengan que retornar al establecimiento penitenciario para dormir de lunes a jueves, cuando estaban obligados a regresar por la noche, y ha acordado que estén bajo control telemático.
La Junta de Tratamiento del CIS les ha modificado el tercer grado y ha concedido tanto a Bárcenas como a su esposa que no regresen a pernoctar al centro, según fuentes consultadas por Europa Press.
Se trata de una decisión aprobada directamente por el equipo técnico del CIS Victoria Kent, ubicado en Madrid, en aplicación del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, que no necesitaba el visto bueno del Ministerio del Interior.
Ese artículo establece que "el tiempo mínimo de permanencia en el centro será de ocho horas diarias, debiendo pernoctarse en el establecimiento, salvo cuando, de modo voluntario, el interno acepte el control de su presencia fuera mediante dispositivos telemáticos adecuados proporcionados por la Administración Penitenciaria u otros mecanismos de control suficiente, en cuyo caso sólo tendrán que permanecer en el establecimiento durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento para la realización de actividades de tratamiento, entrevistas y controles presenciales".
Ambos disfrutan del tercer grado, aunque previamente, en diciembre de 2022, el Ministerio del Interior acordó aplicar a Bárcenas el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que le permitió abandonar la cárcel para cumplir el resto de su condena en un CIS.
Bárcenas ingresó en prisión preventiva a mediados de 2013 y la abandonó bajo fianza el 22 de enero de 2015. Tras la sentencia de Gürtel, volvió a prisión en mayo de 2018. El tribunal estableció que el tiempo máximo de cumplimiento sería 12 años, que se corresponde con el triple de la pena más alta impuesta, en este caso, la de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
La decisión sobre la flexibilidad mediante el artículo 100.2, atendiendo a la propuesta inicial de la junta de tratamiento de Soto del Real, se ha adoptado una vez que el preso ha cumplido la mitad de la pena máxima que puede estar privado libertad.
| El programa de Brocano en la 1 consiguió un 19.9% de cuota y 2.548.000 espectadores. Creció 2.5 puntos y más de 400.000 adeptos respecto al martes. Fue lo más visto del día y ganó a su máximo rival, Pablo Motos, por 3.7 puntos. |
"La Revuelta" fue lo más visto este mar
tes en televisión. Solo un día después de su estreno, el espacio que presenta David Broncano alcanzó el primer puesto de audiencia y registró 2.127.000 espectadores de media, creció tres décimas hasta el 17,4% de cuota de pantalla en La 1, líder de su franja. Más de 5,2 millones de personas vieron en algún momento el programa, que tuvo como invitada a Najwa Nimri.
'La Revuelta' tuvo como invitada a la actriz Najwa Nimri, en su segundo programa
En estricta franja de coincidencia con su inmediato competidor (21:55 a 22:51), La 1 lideró con 17.9% de cuota frente a 16.3%, es decir, 1.6 puntos de diferencia.
El espacio fue líder en todos los grupos de edad de 4 a 64 años. Destaca especialmente en el grupo de 13 a 24 años, con un 30.4% de cuota, seguido del grupo de 25 a 44 años con un 29.2% de cuota. En el grupo de 45 a 64 años logra un 19.6% de cuota y de 4 a 12 años, un 18.3%.
Lideró también en 11 comunidades, en todas excepto en Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias. Destacan los datos de Euskadi (26.1%), Murcia (23.9%), Madrid (23.1%), Comunidad Valenciana (21.1%), Castilla y León (20.7%) y Aragón (20.1%).
El minuto más visto del programa se registró a las 22:44 horas, con 2.332.000 espectadores y un 19.1% de cuota.
‘La Revuelta’ supera los 12 millones de visualizaciones en sus perfiles de redes sociales en el día de ayer y acumula ya más de 35 millones en solo dos días de emisión. Broncano vuelve a ser trending topic número uno en España en el día de ayer.
Destaca la actividad en X, con más de 20 millones de impresiones en estos dos días de emisión. El contenido más visto ayer es este video de Najwa Nimri con más de 900.000 visualizaciones.
En RTVE Play, el segundo programa en directo registró 54.356 visitantes únicos. El primero, con Aitor Francesena, acumula 133.026 visitantes únicos y 175.4400 visualizaciones.
La Audiencia de Sevilla ha condenado este jueves a una mujer por un delito de asesinato en grado de tentativa cometido sobre su pareja, un varón al que ató a un sillón mientras estaba dormido, para después apuñalarle dos veces; extremos que ha reconocido la inculpada, aceptando una pena de dos años de prisión que ha quedado suspendida siempre que no vuelva a delinquir durante el mismo periodo de tiempo y satisfaga la responsabilidad civil de 61.000 euros.
Así ha quedado de relieve en la vista celebrada la mañana de este jueves en la Sección Primera de la Audiencia contra esta mujer llamada Magdalena.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press y asumido por la inculpada fruto de un acuerdo de conformidad entre su defensa, la acusación particular ejercida por la víctima y el Ministerio Público, se detalla que los hechos se remontan a las 22,00 horas del 17 de agosto de 2020 y acontecieron en una vivienda de Villanueva del Ariscal que compartían la encartada y su pareja.
Según el Ministerio Fiscal, la acusada se dirigió a su pareja cuando este hombre estaba "dormido en un sillón" y "procedió a atarle la mano y el pie derecho a la pata" del sillón; tras lo cual le clavó un cuchillo en el hemitórax izquierdo, practicándole una herida de 12 centímetros de trayectoria que le alcanzó el pulmón.
Después, siempre según la Fiscalía y como ha admitido la acusada, la mujer realizó a su pareja "una herida incisa de dos o tres centímetros en el hueco supraclavicular derecho", afectando a "vasos de mediano calibre, con sección de la vena yugular anterior y del nervio recurrente derecho", entre otros aspectos.
HERIDAS "POTENCIALMENTE MORTALES"
Se trata de lesiones que según la Fiscalía, "supusieron un riesgo para la vida del interesado, al tener un carácter potencialmente mortal, habiendo afectado a órganos y estructuras vitales".
El Ministerio Público admite que tras los hechos, la acusada "llamó a los servicios de urgencia manifestado que había apuñalado a su pareja", acudiendo los facultativos sanitarios, que trasladaron al varón afectado a un centro hospitalario, donde "se pudo salvar su vida".
Finalmente, el Ministerio Público expone que en el momento de los hechos, la acusada era consciente de lo que hacía aunque "con una valoración distorsionada de la realidad, con la voluntad gravemente alterada e importante limitación de los frenos inhibitorios".
RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS Y REBAJA DE PENA
Así, la Fiscalía pedía inicialmente para ella una pena de ocho años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante mixta de parentesco, la atenuante de confesión y la atenuante de arrebato, así como diez años de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con él.
Sin embargo, fruto del acuerdo de conformidad entre su defensa, la acusación particular ejercida por la víctima y el Ministerio Público, mediante el cual la acusada ha admitido estos hechos, se le ha impuesto una pena de dos años de cárcel y siete años de alejamiento respecto a la víctima, por un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante mixta de parentesco, las atenuantes de confesión, alteración psíquica y reparación del daño, dadas las cuantías depositadas previamente para satisfacer los 61.000 euros de indemnización que habrá de abonar al varón agredido.
No obstante, su pena de prisión ha sido suspendida provisionalmente, siempre que no vuelva a delinquir durante dos años y abone los citados 61.000 euros a la víctima, según ha manifestado el presidente del tribunal al término de la sesión.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha pedido este miércoles a los diputados que aprueben una resolución para cortar relaciones diplomáticas y comerciales con España después de que el pleno del Congreso haya aprobado una proposición no de ley del PP con la que se insta al Gobierno español a reconocer al candidato opositor Edmundo González Urrutia.
"Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules (...) Este es el atropello más brutal del reino de España contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia", ha subrayado.
En este sentido, ha asegurado que la decisión de este miércoles "es equivalente a una declaración de guerra" contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. "Y si no respetan, ¿qué necesidad tenemos nosotros de tener relaciones diplomáticas?", se ha preguntado.
Rodríguez, que ha pedido a la comisión permanente de Política Exterior que redacte esta resolución, también se ha mostrado partidario de que cesen los vuelos entre España y Venezuela. "Que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato", ha reclamado.
Durante su largo discurso ante la Asamblea Nacional, Rodríguez ha asegurado que España vuelve a incurrir "en el mismo error" y en "la misma estupidez" que en 2019 cuando reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente encargado del país.
"Vuelven a incurrir en el mismo desatino, en el mismo error, en la misma estupidez, en la misma estulticia, en la misma imbecilidad (...) En el texto de ese adefesio que aprobaron hoy las llamadas Cortes Españolas expresan un profundo desconocimiento de las leyes electorales de Venezuela y de nuestra Constitución", ha señalado.
Rodríguez ha saludado "la decencia de los diputados" que han votado en contra "de ese desatino". "Ya más temprano que tarde aparecerá cuánto fue que cobraron por cada voto", ha subrayado, agregando que esos 177 son "representantes de lo más rancio de la ultraderecha".
Asimismo, ha criticado que España sea "un refugio de fascistas" y de "golpistas". "La Constitución española, una Constitución negociada con el franquismo, llena de elementos que preservan a uno de los regímenes más asesinos, más brutales, más fascistas que haya conocido la historia de la humanidad", ha sentenciado.
Sus palabras se producen en el marco de una sesión extraordinaria celebrada en la Asamblea Nacional de Venezuela para "rechazar las acciones injerencistas" del Congreso español, según ha recogido la cadena de televisión VTB.
El Congreso, con el voto favorable de PP, Vox, UPN, CC y PNV, ha aprobado una proposición no de ley de los 'populares' por la que se insta al Gobierno a reconocer a González, refugiado desde el domingo en España, como presidente electo tras las presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela.
Sin embargo, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación han reiterado a Europa Press que el objetivo del Gobierno es trabajar para que se mantenga la "posición común como hasta ahora en la UE" para facilitar que pueda haber una "solución política negociada" en Venezuela y que "incluya analizar si el reconocimiento de Edmundo González Urrutia puede ayudar a ello".
"EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL LOS ESPERA"
La reacción por parte del Partido Popular no ha tardado en llegar y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha criticado la respuesta de "los golpistas" al Congreso de los Diputados.
"Veremos la semana que viene qué dicen al Parlamento Europeo. El Tribunal Penal Internacional los espera, sólo es cuestión de tiempo", ha escrito en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.
Venezuela celebró el pasado 28 de julio unas elecciones presidenciales en las que, según las autoridades, Maduro se hizo con la victoria con poco más del 51 por ciento de los votos, si bien es cierto la oposición reivindicó rápidamente su triunfo.
Desde el extranjero también aumenta la presión sobre Maduro a medida que las comunidad internacional insiste en la necesidad de revisar y publicar las actas electorales y que el oficialismo demuestre transparencia y evidencias de su victoria.
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, encuentra "cierto fetichismo" en las constantes críticas del PP contra el organismo público y las ha atribuido a los "enfados" de los 'populares' por no obtener en las encuestas los resultados que esperaban.
Así lo ha expresado durante su comparecencia de este miércoles ante la Comisión Constitucional del Congreso para rendir cuentas por el "manifiesto sesgo partidista" que, según el PP tienen las encuestas del instituto público que dirige y también por el "impacto en el radical desprestigio alcanzado por el organismo" desde que él fue elegido presidente en 2018.
El sociólogo socialista ha rechazado las críticas recibidas reivindicando el CIS como uno de los "mejores" institutos de opinión pública y ha achacado las acusaciones de "desprestigio" vertidas por algunos partidos en los "enfados porque no les gusta el resultado". "Pueden trabajar para desprestigiar la institución, pero de momento no lo han conseguido y tienen una ardua tarea por delante", ha advertido.
EL CIS NO SOBREESTIMA AL PSOE
En ese sentido, Tezanos ha aprovechado su comparecencia para reiterar que la institución que dirige "no hace predicciones" porque "no son adivinos" y ha asegurado que el comportamiento electoral es "muy difícil" de predecir. "Sé que hay muchas personas y muchas empresas que se venden como adivinos, y en el caso del Partido Popular, yo sé que alguna persona que se está diciéndoles a ustedes van a tener 180 escaños", ha aseverado.
Aún así, el dirigente del CIS ha ensalzado que en las 39 elecciones que se han celebrado desde su nombramiento al frente del ente público, sólo han fallado en las estimaciones de tres convocatorias, las autonómicas de Castilla y León, las autonómicas en Baleares del pasado 2023 y las últimas elecciones al Parlamento Europeo.
Por ello, Tezanos ha tachado de "mentira" el argumento de que desde su institución "siempre se sobreestima" en voto al Partido Socialista. "Creo que somos víctimas de un cierto fetichismo en el que se esperan unos resultados que no son esperables de una investigación científica rigurosa", ha reiterado.
Asimismo, ha calificado de pensamiento "mágico" la idea del PP de que su formación pierde las elecciones porque el CIS diga en sus encuestas que no van a ganar, por ello ha zanjado el asunto asegurando que los efectos de las encuestas en la intención de voto son "relativamente pequeños".
La Fiscalía de Madrid apoya que se admita a trámite la querella presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el magistrado que investiga a su esposa Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, por un delito de prevaricación. También considera pertinente que se admita la ampliación de la misma presentada por la Abogacía del Estado.
En la querella, la Abogacía General del Estado llevaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Peinado y a su sustituto, el juez Carlos Valle, por dos resoluciones: la providencia por la que se citó a Sánchez como testigo y la providencia por la que se rechazó que declarase por escrito.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aconsejado este martes al PP cambiar el nombre de su sede, ubicada en la madrileña calle de Génova 13, a "rue del Manguta 13", ante las acusaciones de corrupción de los 'populares'.
Así lo ha hecho el ministro durante una interpelación en el Senado, solicitada por el PP para que explicara "la política de buenas prácticas y transparencia de su ministerio, así como las medidas que piensa adoptar en el futuro", tras la investigación abierta por el 'caso Koldo', en la que el PP y Puente se han enzarzado a cuenta de los casos de corrupción de ambos partidos.
El senador del PP Eloy Suárez Lamata ha asegurado que el ministerio que ahora encabeza Puente es el "epicentro de la corrupción", que además está "incardinada en el Gobierno" de Pedro Sánchez. Centrado en el 'caso Koldo', ha afirmado que se trata de una "estafa piramidal" que involucra a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pero "nadie quiere aclarar nada".
"CUATRO GOLFOS"
En esta línea, ha trasladado a Puente que la auditoría en su ministerio para depurar responsabilidades tras el caso fue "manifiestamente insuficiente" y ha censurado al ministro por tratar de cerrar el tema circunscribiéndolo "a cuatro golfos". "Es una trama", ha ahondado". "Taparon, tapan y taparán todo lo que sea corrupción", ha zanjado Suárez Lamata.
De su lado, Puente ha replicado al senador 'popular' que "el epicentro de la corrupción" en España "hoy, ayer y siempre sigue siendo Génova 13", la "sede en B". Así, el ministro ha recomendado a los de Alberto Núñez Feijóo cambiar el nombre de la sede a "rue del Manguta 13".
El ministro también ha sacado a colación la sentencia a siete años de cárcel contra el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada por el Campus de la Justicia, dictada por la Audiencia Nacional y conocido durante esta misma jornada.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado un escrito dirigido a la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha en él que se denuncia "el lenguaje de exaltación franquista que se lleva a cabo al contar la historia del Alcázar de Toledo".
En el escrito se expone que en el portal web de la Consejería de Cultura del Gobierno de Castilla La Mancha hay un apartado dedicado al Alcázar de Toledo, ha informado la asociación en nota de prensa.
El texto de la web hace un relato cronológico de la historia de la edificación y al llegar al año 1936 dice literalmente: "Después, ya en Época Contemporánea, el Alcázar sufrió varios incendios, sirviendo como prisión, Casa de la Caridad y Academia Militar, siendo durante la Guerra Civil Española (1936) destruido en su mayor parte al ser utilizado por el coronel José Moscardó como punto defensivo. A mediados del siglo XX se procede a su reconstrucción, manteniendo el estilo de los arquitectos imperiales y presentándose como aparece hoy".
Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada genéticamente "es muy grave que en la web de un gobierno autonómico democrático se utilicen argumentos que parecen dictados por Franco, con ese relato de que quienes atacaron la democracia y la destruyeron durante décadas sean tratados asépticamente". Y añade: "Es tan grave como decir que un asesino se defiende cometiendo un crimen".
La ARMH solicita que se cambie el texto y "se cuente con precisión que el coronel José Moscardó no estaba defendiendo el Alcázar sino que lo estaba atacando, ocupándolo ilegalmente para facilitar el triunfo de un golpe de Estado y construir una terrible dictadura de casi cuatro décadas".
"Moscardó y quienes con él dieron el golpe de Estado estaban utilizando un bien público, bajo legítima tutela de un Gobierno democrático, para hacer triunfar al fascismo y arrebatar al poder político mediante el uso de la fuerza y de una violencia que tiene todavía el país sembrado de cunetas con miles de demócratas desaparecidos".
Ese texto, dice el presidente de ARMH, "además de utilizar el lenguaje de defensa del Alcázar que utilizó durante décadas la dictadura franquista, está atentando contra el honor de miles de personas que trataron de evitar que el fascismo tomara violentamente el poder y siguieron combatiendo la dictadura hasta el retornó la democracia".
La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada por 24 contratos por un total de 40 millones de euros en la construcción del proyecto fallido del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal condena por el mismo delito a penas de tres años y medio de prisión a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de ese proyecto, ya que les considera cooperadores necesarios: Isabelino Baños (director general técnico) Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).
A todos los condenados, no obstante, la AN les aplica la atenuante de dilaciones indebidas y les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid.
Un sexto acusado, Mariano José Sanz (subdirector general técnico), ha sido absuelto por el tribunal, al entender que un máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido.
Los magistrados establecen además que el exconsejero Prada, Baños, De las Heras y Gómez Gordo deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en la cantidad de 40.482.735,78 euros, y subsidiariamente en defecto de los anteriores responderá civilmente por dicha cantidad García de Castro.
SIN PREVISIÓN ECONÓMICA NI CONTROLES
En la sentencia, la AN explica que Campus de la Justicia y los acusados, todos ellos miembros de la mesa de contratación, llevaron a cabo una "intensa actividad de contratación en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, infringiendo la normativa aplicable y externalizando prácticamente toda la actividad de la sociedad, que tenía un número muy escaso de empleados para llevar a cabo la tarea".
"Los contratos suscritos se alejaron cada vez más del objeto social y la construcción de una ciudad de la justicia dejó de ser el objetivo principal", añade la resolución, "para convertirse en un pretexto o excusa para celebrar todo tipo de contratos cuyo objeto se halla más en publicitar el Campus que en la propia ejecución del proyecto", en especial el encargo al arquitecto británico Norman Foster para que diseñara varios edificios del complejo.
En este sentido, recoge que Prada fue el que acudió a Londres para entrevistarse con Foster y quien decidió contratarlo sin justificación alguna.
Los contratos irregulares, señala la AN, "en nada benefician el objeto social por múltiples razones, como puede ser la absoluta falta de relación entre la actividad contratada y la ejecución del proyecto o por su excesivo coste que supera completamente la capacidad económica de la sociedad, por su inutilidad de cara al objeto social, por su inadecuación para la fase de desarrollo del proyecto".
Para los magistrados, esos contratos se alejaron del objeto social del Campus y el precio que se pagó por ellos "es dinero que se distrajo de su legítimo fin", ya que la construcción del complejo "nunca se hizo realidad y el gasto excesivo empleado en la contratación fue una de las causas del fracaso del proyecto".
MALVERSACIÓN GRAVE
El tribunal expresa que la malversación ocasionada en el proyecto es de "suma gravedad", puesto que basta considerar que el contrato suscrito con Foster & Partners y el abono a las empresas consultoras con las que trabajaba el estudio costó a las arcas públicas más de 13 millones de euros, a los que hay que añadir los costes de los otros 23 contratos enjuiciados, cuya suma alcanza los 40 millones de euros.
Tal cantidad, subraya, es de una "extraordinaria relevancia" y ha dañado de forma clara el servicio público, recordando que la urbanización y edificación de un complejo que albergara todas las sedes judiciales de la capital no se ha logrado culminar.
Los magistrados inciden en que el "fracaso" del proyecto se debió en gran parte a "los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes alguna".
ELECCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN LOS "DESEOS" DE PRADA
Sobre el delito de prevaricación, el tribunal lo atribuye a la celebración de unos contratos alejados de los fines que constituyen el objeto de la sociedad y que se impuso la voluntad de los acusados, en especial del entonces consejero Prada, "pero también de los demás, que es la elección directa, acorde con sus deseos, de las empresas que van a ser contratadas".
A su juicio, la implicación de Prada en los 24 contratos objeto de este juicio está "sobradamente acreditada", no solo porque es quien firma los contratos en representación de Campus, "sino también porque tiene una participación decisiva en la elección de los adjudicatarios prescindiendo del procedimiento administrativo".
"Bien mediante la convocatoria del concurso, en los casos en los que los hubo, y posterior adjudicación, bien mediante la elección directa del adjudicatario sin concurso abierto o procedimiento negociado previo", precisa la AN.
En el juicio, la Fiscalía solicitó 8 años de cárcel para Prada por delitos continuados de prevaricación y malversación, y 6 años para los otros cinco acusados que formaron parte del equipo directivo del Campus en la primera etapa del proyecto.
La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez instructor admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se basó en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el Campus que arrojaba diversas irregularidades.
Podemos ha reclamado que se retire a Juan Carlos I sus títulos y honores que mantiene mientras que Sumar, a través de Compromís, registrará una pregunta parlamentaria para que 
el Gobierno se pronuncie sobre la creación de una fundación en Abu Dhabi para gestionar su patrimonio y garantizar la herencia a sus hijas Elena y Cristina.
Además, la diputada de la formación valenciana y portavoz adjunta del grupo plurinacional, Águeda Micó, ha pedido que se esclarezca si la "futura Jefa del Estado", en alusión a la Princesa Leonor, va a "beneficiarse de una fortuna heredada por mordidas y chanchullos eméritos".
A su vez, el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha cargado en rueda de prensa contra Juan Carlos I al tildar de "escándalo" que articule una fundación en Emiratos para transferir herencia a sus hijas
El diputado del Grupo Mixto ha denunciado que la "fortuna" del emérito se ha amasado, según ha lanzado, en una parte importante en "comisiones ilícitas" y en la "estafa prolongada" que hizo a la Hacienda Pública, sin que ningún tribunal se haya "atrevido" a juzgarle por una interpretación "muy generosa" del pecepto constitucional de la inviolabilidad del Jefe del Estado.
Por tanto, ha criticado que es una "vergüenza" y un "insulto" ante la igualdad de la ley que Juan Carlos I conserve títulos y honores institucionales y, a su juicio, ha llegado el momento de plantear sus retirada.
Es más, ha avanzado que pedirán a la Mesa del Congreso que se retiren los retratos del antiguo monarca que están instalados en distintas dependencias de la cámara, como ya pidieron la legislatura pasada.
"CLAN FAMILIAR DEDICADO AL EXPOLIO"
En otra comparecencia, Micó también ha denunciado que la herencia del emérito se basa en "mordidas y chanchullos" y, en consecuencia, registrarán una pregunta para saber qué opina el Gobierno de la creación de su fundación en Abu Dhabi para transferirla a las infantas. Para la diputada de Compromís, se trata de un "claro caso de corrupción que no se puede permitir".
La también portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los 'comunes', Aina Vidal, también ha comparecido ante la prensa para reprochar el "enésimo escándalo" de Juan Carlos I, que sigue avergonzando al país al montar una "especie de sociedad para transferir una fortuna indecente" a sus hijas.
"Parece que la monarquía y la familia Borbón sean básicamente un clan familiar dedicado al expolio del país, algo muy lejos de la patria y del amor a su supuesta tierra. Es infame"
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del gobernador del Banco de España, el nombramiento de la economista Soledad Núñez como nueva subgobernadora de la institución, tras ocupar desde 2018 un puesto en el Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva del organismo.
Asimismo, ha dado luz verde a los nombramientos de Jordi Pons Novell y Lucía Rodríguez Muñoz como nuevos consejeros del organismo, completando así las vacantes de esta institución, dirigida desde la pasada semana por José Luis Escrivá.
Soledad Núñez Ramos, que sustituye en el cargo a Margarita Delgado, a la que el Gobierno agradece "encarecidamente su labor" estos últimos seis años, es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y doctora en Economía por la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) y ha trabajado como economista en el Banco de España durante más de 20 años.
Concretamente, ha sido consejera del Banco de España y miembro de su comisión ejecutiva desde 2018. En tal condición, ha participado en el proceso de toma de decisión de todas las materias ligadas a las competencias del Banco de España durante ese período. Desde su incorporación como economista en el Banco de España en 1987, ha trabajado en las direcciones generales de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pagos y de Economía y Estadística.
De 2015 a 2018, fecha de su nombramiento como consejera del Banco, trabajó como asesora senior en la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Supervisión del Banco de España.
También ha desempeñado a lo largo de su carrera labores vinculadas con la política, ya que ocupó el cargo de directora general de Política Económica de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno entre mayo de 2004 y febrero de 2005, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Posteriormente, ocupó el cargo de directora general del Tesoro y Política Financiera hasta finales de 2011. Durante este período, fue vicepresidenta del Comité de Servicios Financieros de la Unión Europea y miembro de distintos foros internacionales, como el Analytical Group of Vulnerabilities del Consejo de Estabilidad Financiera o el High Level Group of Crisis Management.
Igualmente, fue miembro externo del Comité del sistema Target 2 del BCE entre 2012 y 2015, año en el que fue nombrada consejera de Banco Madrid.
En el año 2012, el PSOE propuso al PP --entonces en el Gobierno-- el nombre de Soledad Núñez para el puesto de subgobernadora del Banco de España, bajo el mandato de Luis María Linde.
No obstante los 'populares' no veían bien este nombramiento por su vinculación al anterior Ejecutivo y se eligió a Fernando Restoy Lozano para ocupar el puesto, quien era vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
FICHAJE DESDE LA AIREF Y ASESORA DE CALVIÑO
Por su parte, la nueva consejera Lucía Rodríguez es funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Licenciada en Derecho y Administración de Empresas, ha sido hasta la fecha subdirectora general de Endeudamiento Público en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), encargada de analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y realizar el seguimiento del marco fiscal europeo.
Anteriormente, fue consejera de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y del Instituto de Ciberseguridad (Incibe), así como asesora en el gabinete de la ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño.
En el ámbito europeo, trabajó durante cuatro años como experta nacional destacada en la unidad de política fiscal de la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea. También ha sido miembro de la 'Task Force' de expertos del European Policy Center para Repensar la Gobernanza Económica de la Unión Europea.
Lucía Rodríguez también fue subdirectora general adjunta de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, unidad encargada de estimar en modelos de equilibrio general dinámico el impacto macroeconómico de decisiones de política económica, como reformas estructurales o reformas impositivas.
De su lado, Jordi Pons Novell es doctor en Economía y catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona. Entre enero de 2007 y febrero de 2022 ha sido síndico de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, organismo de fiscalización externa de las cuentas, la gestión económica y el control financiero del sector público de Cataluña.
Su actividad investigadora se ha centrado, en primer lugar, en el análisis de series temporales, indicadores económicos y métodos de predicción y, en segundo lugar, en el análisis de las consecuencias de la globalización sobre las desigualdades sociales y el estado del bienestar.
Los resultados de los trabajos realizados han sido publicados en libros y en revistas científicas como 'Journal of Economic Geography', 'Cliometrica', 'Journal of Forecasting', 'Journal of Regional Science', 'Regional Studies', 'Journal of Economic History', 'Health Economics' y 'Journal of Urban Technology'.
El Partido Animalista Pacma ha manifestado este lunes, a través de un comunicado de prensa, su "enérgica condena" ante la muerte de un joven de 20 años ocurrida durante los encierros ce
lebrados el pasado sábado en El Casar, provincia de Guadalajara, a causa de una cornada. Este suceso se suma a la muerte de otro hombre, ocurrida hace apenas dos semanas en la pedanía de Mesones, también en el marco de los festejos taurinos organizados en la misma localidad.
La formación política responsabiliza directamente a la Junta de Castilla-La Mancha por autorizar este tipo de eventos, así como al Ayuntamiento de El Casar por su organización, subrayando que estas actividades "no solo suponen un trato cruel y violento" hacia los animales, sino que también representan "un grave riesgo" para la seguridad de personas "de todas las edades" porque, afirman "los controles de acceso suelen brillar por su ausencia".
"Los encierros son peligrosos e inútiles, y en ningún caso merecen la pena, porque si no cuesta la vida a los animales, acaba costándole a las personas", añaden.
Pacma remarca, a colación de la cantidad de encierros infantiles celebrados este verano, que encierros como los de El Casar serán frecuentados por jóvenes ante quienes "se ha normalizado la tauromaquia como una forma más de ocio". "Estos mismos niños que hoy corren inocentemente delante de becerros, mañana podrían estar jugándose la vida sin ningún propósito en encierros para adultos".
El Partido Animalista también critica el "doble rasero" del Ayuntamiento de El Casar por decretar tres días de luto por estas muertes. "La responsabilidad recae directamente sobre el Consistorio por organizar los encierros y sobre la Junta de Castilla La Mancha por autorizarlos, por lo que resulta contradictorio lamentarse cuando eran conscientes de que es muy fácil que estas cosas ocurran, máxime cuando venían de otra muerte apenas unos días atrás por el mismo motivo".
La Fundación Franz Weber pide reconducir las políticas de fiestas de los municipios y dejar de lado la tauromaquia
El coste social y sanitario de los encierros debería hacer recapacitar a la Junta, las Diputaciones y los Ayuntamientos
Menores de edad están presentes en estas convocatorias y visualizan tanto la violencia sobre animales como las cogidas
La Fundación Franz Weber ha llamado este lunes a una profunda reflexión política y ciudadana tras el fallecimiento de un joven durante los encierros de El Casar, que incluso fue trasladado al Hospital de La Paz (Comunidad de Madrid) por la gravedad de las lesiones provocadas en el momento de la cogida.
Los naturalistas recuerdan que durante los encierros, también en novilladas o corridas, la presencia de personas menores de edad es habitual, con lo que pueden visualizar tanto la violencia ejercida sobre los animales como su respuesta ante las personas participantes.
Así, estos niños y niñas acaban contemplando escenas realmente dramáticas, como lesiones invalidantes o la muerte de personas en un contexto para el que son reforzados: comentarios positivos, actividades amparadas en ritos culturales o tradicionales o imitación de personas adultas.
FFW considera que la Junta de Comunidades podría tomar una primera decisión: vetar el acceso de menores a actos taurinos, precisamente cumpliendo con las objeciones de 2018 y 2023 realizadas por el Comité de los Derechos del Niño (CDN), que pide alejar a estos grupos vulnerables de la violencia ejercida sobre animales.
De este modo, mientras que delante de un televisor o una tablet existen condicionantes de edad y advertencias según el contenido, en las convocatorias taurinas no hay cortapisa alguna.
En apenas dos semanas el municipio del Casar ha vivido dos cornadas mortales sin que tampoco se realizara reflexión alguna e incluso se mantuvieran los encierros tras el primer hecho luctuoso.
El PP llevará a votación esta semana al Pleno del Congreso una iniciativa sobre las elecciones presidenciales en Venezuela con la busca que España reconozca al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, como ganador y nuevo presidente del país, asi como una condena de la represión del régimen de Nicolás Maduro y una reprobación del silencio del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha participado en tareas de mediación entre Gobierno y oposición.
La proposición no de ley, que se debatirá el martes, podría salir adelante en su integridad o varios de sus puntos, ya que no sólo el PP y Vox reclaman el reconocimiento de la victoria de la oposición venezolana, sino también aliados del gobierno como el PNV y Coalición Canaria.
Esta votación llega después de que el tribunal de Venezuela haya emitido una orden de arresto contra Edmundo González por los supuestos delitos de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas" y "asociación".
ELEVAR LA PRESIÓN SOBRE MADURO
En la iniciativa, recogida por Europa Press, los 'populares' señalan que según las actas presentadas por las fuerzas democráticas y avaladas por instancias internacionales, el candidato Edmundo González obtuvo 7.303.480 votos (el 67% del total), lo que refleja el "deseo inequívoco del pueblo venezolano de un cambio en la conducción del país: de la dictadura a la democracia, de la servidumbre a la libertad".
Por ello, consideran que ante el régimen de Nicolás Maduro que intenta "imponer una perversa narrativa", es una "obligación política y moral" que el Gobierno de España reconozca al líder de la oposición como el "presidente electo y legítimo" de Venezuela. "Es un acto de justicia y de respeto a la verdad", inciden.
Además, según defienden, esta decisión tiene implícitas dos consecuencias "imprescindibles". La primera, "elevar la presión sobre Maduro y sus secuaces", en un momento en el que la "represión arrecia" y la segunda, es enviar un mensaje "nítido" a la "dictadura" para que "asuma la realidad y ceda el poder".
"Frente a la dictadura, el fraude y la represión en Venezuela no caben la equidistancia ni las vacilaciones", advierten y censuran el "silencio" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a quien reprochan además su "inaceptable" falta de compromiso con la verdad y la justicia y sitúan como "apoyo explícito" de Maduro.
Por todo ello, en los nueve puntos que incluye la iniciativa, exigen no solo el reconocimiendo de Edmundo González como presidente "legítimo", sino que también en otro de los puntos instan al Ejecutivo a "liderar" el este reconocimiento en las instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente venezolano.
También reclaman que se exija al régimen de Maduro el cese "inmediato" de la represión contra las protestas pacíficas y la liberación de todos los presos políticos.
UN SISTEMA DEMOCRÁTICO PARA VENEZUELA
Al hilo de esta cuestión, urgen a contribuir a reforzar las medidas de seguridad personal de los dirigentes de la oposición como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia ante las "amenazas por su lucha en defensa de la democracia" en Venezuela. A los que piden también respaldarles como los "únicos interlocutores legítimos" en las negociaciones para la transición democrática.
A nivel internacional, los 'populares' reclaman al Ejecutivo que lidere iniciativas para garantizar que el voto de los venezolanos sea respetado, y que se inicie un proceso de transición hacia un sistema de derechos y libertades basado en el reconocimiento de los resultados del 28 de julio.
Pero también que promueva ante la Unión Europea la reinstauración de las sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro que fueron levantadas antes de las elecciones como "presunto y a todas luces inútil" gesto de "buena voluntad", y ampliar estas sanciones, dirigiéndolas especialmente a los intereses económicos de los "colaboradores de la dictadura".
Finalmente, en los dos últimos puntos del texto, el PP reclama apoyar en primer lugar la comparecencia en el Congreso de la dirección del Centro Carter para que explique con detalle las conclusiones de sus informes sobre las elecciones venezolanas y en segundo lugar, apoyar todas aquellas iniciativas de las fuerzas democráticas venezolanas y en especial, aquellas dirigidas a mantener viva la movilización en defensa del resultado electoral.
El opositor venezolano Edmundo González, principal rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha partido de Venezuela rumbo a España en condición de asilado político, han informado los gobiernos de ambos países.
"Edmundo González ha despegado de Caracas en dirección a España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. El Gobierno de España ha dispuesto los medios diplomáticos y materiales necesarios para su traslado, realizado a solicitud suya", reza el comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El titular de la cartera, José Manuel Albares, ha confirmado esta información en su cuenta de la red social X, donde ha reiterado el "compromiso" de las autoridades españolas "con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos".
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, también ha anunciado que González Urrutia había abandonado el país con un salvoconducto concedido "en aras de la tranquilidad y paz política".
"El día de hoy, 7 de septiembre, ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien habiéndose refugiado voluntariamente en la Embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político", ha señalado en su cuenta de la red social Instagram.
Las autoridades de Venezuela concedieron el salvoconducto al opositor después de haber mantenido los "contactos pertinentes" con el Gobierno español y "una vez cumplidos los extremos del caso y en apego a la legalidad internacional". La vicepresidenta ha defendido que esta actuación "reafirma el respeto" de las autoridades venezolanas por el Derecho internacional.
ORDEN DE ARRESTO
Sobre Edmundo González pesaba una orden de arresto dictada a instancias de la Fiscalía, que le había convocado en tres ocasiones en el marco de una investigación por presuntos delitos vinculados a la publicación en Internet de documentación que acreditaría la derrota de Maduro y desmontaría los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
González, un antiguo diplomático de 74 años, permanecía en paradero desconocido, "resguardado" en palabras de otros dirigentes opositores y no participó en la movilización convocada por la disidencia el 28 de agosto, a la que sí asistió su compañera María Corina Machado.
En España ya residen otros líderes de la oposición venezolana, como el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma o el miembro de Voluntad Popular Leopoldo López, que escapó en octubre de 2020 de Caracas tras permanecer refugiado en la Embajada española.
La Policía Local de Sanxenxo tuvo que prestar asistencia a última hora de este viernes al conductor de un vehículo que quedó encajado en unas escaleras al seguir las indicaciones erróneas del GPS.
En concreto, según han informado fuentes municipales, tuvo lugar en las escaleras que unen la calle Madrid, donde hay una plataforma única para peatones y tráfico, y la calle Sol.
Al parecer, fue el GPS el que condujo al vehículo hasta allí y le indicó que descendiese por las escaleras, con lo que quedó encajado. Fue necesario retirarlo con una grúa, pero no hubo heridos.
El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su acuerdo con la Fundación del Toro de Lidia para "mantener viva la llama del espíritu taurino", con la creación de otro galardón en colaboración con otras comunidades autónomas.
Así lo ha indicado el vicepresidente primero del Ejecutivo castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, preguntado sobre la supresión del Premio Nacional de Tauromaquía, que publica este viernes el Boletín Oficial del Estado, durante la inauguración en Cuenca de la exposición de los 25 años del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.
"Es un error que no se debía haber cometido", ha considerado Martínez Guijarro, después de que el Ministerio de Cultura haya suprimido este galardón, ante el aumento de la "preocupación" por el bienestar animal.
El PSOE ha pedido al Tribunal Supremo que anule la sentencia de la conocida como 'caja B' del Partido Popular y que ordena a la Audiencia Nacional celebrar un nuevo juicio que tenga en cuenta los correos electrónicos que obran en la causa sobre el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, Equipo Económico.
En un escrito, recogido por Europa Press, la acusación ejercida por las exdiputadas socialistas Carmen Ninet y Cristina Moreno en el caso en que juzgó el pago en 'b' de la sede del PP en Génova ha solicitado al alto tribunal que requiera esos documentos al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona así como los informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y por la Unidad de Auxilio de Fiscalía Anticorrupción.
Esos mensajes, recoge el escrito, "revelan maniobras del Ministerio de Hacienda tendente a evitar la imputación del PP en el caso de la contabilidad b (financiación ilegal), introduciendo argumentos tributarios para lograr la exculpación del PP del delito fiscal del Impuesto de Sociedad del 2008, por el que finalmente la sentencia de la Audiencia Nacional les absolvió".
Los socialistas sostienen que los correos electrónicos, revelados por 'El Periódico de España', dan cuenta "de un control sobre las respuestas preparadas para contestar al requerimiento" del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, entonces instructor de la causa de la 'caja b'.
En concreto, los mails intercambiados "por responsables del Ministerio de Hacienda", con Montoro a la cabeza, "delatan una intervención" de su departamento "en los informes que la ONIF o la Oficina de Auxilio Judicial" remitían por aquellas fechas al magistrado.
La formación insta al Supremo a analizar la "relevancia y certeza" de esos correos y, en caso de que lo considere, anule la sentencia y nombre un nuevo tribunal para una vista oral en la que puedan "ser introducidos en el juicio y sometidos a contradicción".
"Pues precisamente la ignorancia de su existencia no permitió adentrarse en una línea de interrogatorio que abordara la posible falta de objetividad de los peritos y su falta de servicio a los intereses generales para defender unos particulares, los del Partido (Popular), al que se exoneraba de responsabilidad penal fiscal", apunta el escrito.
El PP ha pedido retirar del Diario de Sesiones del Senado los gritos de "traidora" pronunciados por algunos parlamentarios del Grupo Popular durante la comparecencia de la vicepresidenta María Jesús Montero para explicar la financiación singular para Cataluña pactada por PSC y ERC.
Los insultos fueron recriminados en el mismo momento por el presidente del Senado, Pedro Rollán, del PP, y tras el discurso de Montero ha sido el PSOE quien ha reprochado ese comportamiento, pidiendo bajar el tono.
Y el secretario general del Grupo Popular, Javier Arenas, ha admitido que desde sus filas salió el insulto de "traidora" y ha pedido retirarlo, instando al PSOE a hacer lo mismo en circunstancias similares.
Lo que Arenas ha negado es que también se haya llamado "sinvergüenza" a la ministra de Hacienda, como ha deslizado el socialista Alfonso Gil. "Otra cosa es que se haya dicho 'Qué vergüenza'"
La magistrada Isabel Perelló ha prometido este miércoles ante el Rey Felipe VI su nuevo cargo como presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras haber sido elegida la víspera.
Perelló, primera mujer en ocupar este cargo, ha prometido en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela en el que han estado presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así como los presidentes de Congreso y Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán Ojeda, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
La magistrada, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), tomará ahora posesión de su cargo en un acto previsto en el Salón de Plenos del Supremo a las 13.00 horas.
La magistrada Isabel Perelló tomará posesión este miércoles como nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, convirtiéndose en la primera mujer al frente del Poder Judicial.
El acto de toma de posesión se celebrará en el Salón de Plenos del Supremo a las 13.00 horas, ha anunciado este martes el alto tribunal.
Antes, a partir de las 09.30 horas, Perelló jurará o prometerá el cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, según ha comunicado la Casa del Rey.
También este miércoles, Felipe VI recibirá en audiencia al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, a las 10.00 horas, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las 10.45.
El motivo de sendos encuentros es entregar al monarca una copia de las memorias anuales tanto del Constitucional como de la Fiscalía General, un día antes del acto de apertura del año judicial que presidirá el propio Felipe VI en el Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto diligencias tras recibir el testimonio de la causa que investiga un juzgado de Navalcarnero contra la exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid Ana Millán por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares.
Hace unas semanas, el juzgado hizo llegar a la Sala de lo Civil y Penal "bastantes cajas" de documentación (agendas, CD's, cuadernos, etc), el mayor volumen que se recuerda en los últimos años en esta sede judicial, según informan a Europa Press fuentes jurídicas. Lo hizo para que se procediera a la apertura de diligencias de ordenación por aforamiento.
En un auto dictado el pasado 2 de agosto, al que tuvo acceso Europa Press, el Alto Tribunal madrileño abre las citadas diligencias y designa al magistrado Francisco Goyena para su tramitación.
Ahora, se dará traslado a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid para que se pronuncie sobre la admisión o no de la causa seguida contra la 'número tres' del PP de Madrid. El ponente de dicha admisión o inadmisión será el magistrado Goyena. En caso de que se admitiera, habría que nombrar un magistrado instructor, según apuntan las mismas fuentes.
El pasado junio, la jueza de Instrucción número 6 de Navalcarnero se inhibió a favor del TSJM en la investigación que seguía contra la exalcaldesa de Arroyomolinos por la condición de Millán de ser aforada al ser vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.
Y lo hizo al deducir conforme a las diligencias indiciariamente que los investigados, tanto Millán como un empresario, pueden ser "autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública".
La causa se inició en octubre de 2020 aceptando la inhibición del Juzgado Central de Instrucción Número 6 por presuntos delitos de corrupción detectados en una pieza del caso 'Púnica' y del que no guardaba relación alguna.
IRREGULARIDADES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
La magistrada exponía que existen "una serie de circunstancias, que vincularían a Ana Millán, en la época en que era concejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y su entorno con Grupo Educativo, las cuales pudieran tener relación con posibles irregularidades en materia de contratación o con supuesta contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos del Ayuntamiento de Arroyomolinos al citado grupo empresarial, dirigido por Francisco Roselló".
Y lo afirmaba en base a "las diligencias que obran en el mismo, primero de carácter policial concretándose en los informes y diligencias llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa, en especial el Informe Final de fecha 8 de abril de 2024 y asimismo las diligencias judiciales acordadas con diversas declaraciones y documental recabada".
Detallaba que en base al análisis llevado a cabo por la Unidad Central Operativa, Delincuencia Económica, de la Dirección General de la Guardia Civil, se ha podido analizar y extraer que "por el Consistorio antedicho se adjudicaron nueve contratos (7 mayores y 2 menores) a varias de las empresas de Francisco Roselló entre 2005 y 2011.
En la resolución se aludía a una declaración de la auxiliar administrativo de la Concejalía de Ana Millán, quien "destaca la diferencia de trato otorgado por la exconcejal en la contratación y en la forma de interactuar con Grupo Educativo, que habría sido distinta a la de con el resto de empresas que fueron adjudicatarias desde su Concejalía".
"Esa confidencialidad, reserva y trato personal por parte de Ana Millán es significativo, más si se considera que de forma paralela a esta participación aludida, se sucedieron una serie de circunstancias que relacionarían a Ana Millán con Grupo Educativo y Francisco Roselló como el hecho de recibir pagos por un valor global de 51.104,67 euros", señala el auto.
"El motivo de los mismos se fundamentaría en el pago del alquiler de un ático de Arroyomolinos, con opción a compra, por el valor de la hipoteca, la comunidad y los suministros. Durante este tiempo, Neverland Eventos habría realquilado el inmueble. Los mismos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2012", señala el auto.
Agregaba igualmente que la hermana de la exconcejal, recibió "pagos por un valor global de 88.642,42 euros de GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social, en concepto de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, por su desempeño profesional en estas sociedades". Los mismos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2011.
Y a la pareja de la exconcejal, le fueron imputados "rendimientos del trabajo y de actividades económicas" por un importe total de 37.578,04 euros de una UTE conformada por las mercantiles GE Escuela de Ocio y GE Escuelas Urbanas. Los últimos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2011".
Recordaba la jueza que tras el análisis llevado a cabo sobre las cuentas bancarias de Ana Millán, se localizaron "numerosos ingresos en efectivo de origen desconocido con inicio también en 2008". En relación a los mismos, considerando las justificaciones dadas por la exconcejal en sede judicial, ascenderían a 42.650,00 euros entre 2008 y 2014", agrega.
Ante ello, la magistrada señalaba que de lo actuado "se deduce indiciariamente que los investigados pueden ser autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública".
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes 2 de septiembre la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que estuvo a cargo de estudiar cómo afecta la amnistía a los investigados de 'Tsunami Democràtic' hasta que archivó la causa, después de que el magistrado solicitara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adelantar a este día desde el 16 de octubre, cuando cumple 72 años.
En concreto, el BOE ha publicado el acuerdo del pasado 20 de junio de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara "la jubilación forzosa por edad" del magistrado Manuel García Castellón, hasta ayer titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El decreto está firmado por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.
El CGPJ aprobó el pasado mes de junio la petición del juez de la Audiencia Nacional de adelantar su jubilación del 16 de octubre --cuando cumple 72 años-- al 2 de septiembre. Desde el Central de Instrucción Seis, García Castellón ha sido el encargado de dirigir las investigaciones de casos como el de 'Tsunami Democràtic', 'Púnica', 'Lezo' o el denominado 'caso Villarejo'.
El pasado 9 de julio decidió archivar la causa de 'Tsunami Democràtic' tras conocer el auto de la Sala de lo Penal que invalida todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo.
En el auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó también remitir testimonio de su resolución, así como la de la Sala de lo Penal, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo "para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial".
Cabe recordar que, después de que el juez remitiera en 2023 exposición razonada al alto tribunal, este acordó investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg.
LA JUEZ TARDÓN ASUMIRÁ SUS CAUSAS
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón asumirá las causas de su compañero Manuel García Castellón --cuya jubilación se ha hecho efectiva este lunes-- hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a su sustituto.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el órgano de gobierno de los jueces deberá convocar la plaza para elegir un nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, a la que podrán concurrir un número indefinido de magistrados.
Cuando se analicen las distintas candidaturas, el CGPJ escogerá en función de los diversos méritos y trayectoria al que será el reemplazo de García Castellón en la Audiencia Nacional.
Hasta entonces, será su compañera María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, la que se hará cargo de las diversas causas que dirigía hasta este lunes el juez.
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