EL ESPACIO DE LA disCAPACIDAD. PP, PSOE, Sumar y Junts llegan a un acuerdo para iniciar los trámites de la Ley ELA

PP, PSOE, Sumar y Junts llegan a un acuerdo para iniciar los trámites de la Ley ELA

El PP, PSOE, Sumar y Junts han llegado en la noche de este lunes a un acuerdo para fijar definitivamente el texto de la Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que finalmente contempla también otras enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible.

El texto final llega después de que PP, PSOE junto con Sumar y Junts presentaran sus propios proyectos de ley al respecto en el Congreso, todos ellos aprobados por unanimidad, dando lugar a meses de conversaciones para acordar una única ley.

Así, a partir de la entrada en vigor de esta norma, que tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los enfermos avanzados tendrán garantizada la atención 24 horas y les será reconocida su condición de consumidores vulnerables, pudiendo optar al bono social al ser electrodependientes.

En este sentido, el Gobierno elaborará un estudio sobre la conveniencia de aprobar otras posibles ayudas para las personas en situación de electrodependencia, tales como la garantía de que no se les pueda suspender el suministro eléctrico; el establecimiento de la obligación de que las compañías eléctricas notifiquen, con la mayor antelación posible, aquellos cortes programados e inevitables en el suministro; el acceso a mayores bonificaciones en la tarifa eléctrica; o la puesta a disposición de dispositivos que garanticen el suministro en casos de cortes programados e inevitables o coyunturas imprevistas, como equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida

AGILIZACIÓN EN LOS TRÁMITES DEL RECONOCIMIENTO DE LA DISCAPACIDAD

Por otro lado, la ley permite la agilización de los trámites administrativos para el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia y se establece un procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad en el caso de estos pacientes. Se considerará, a todos los efectos, que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma.

También se contempla la mejora de la protección de las personas cuidadoras de personas en situación de dependencia con un grado III. Así, las personas cuidadoras de grandes dependientes que se hayan visto obligadas a renunciar a su actividad laboral o profesional por hacerse cargo de personas incluidas en al ámbito de aplicación de esta ley serán consideradas colectivo de atención prioritaria para la política de empleo.

Por otro lado, la ley impulsa la capacitación y especialización de los profesionales sanitarios en enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible como la ELA; así como la garantía de un plazo máximo para la recepción de las prestaciones.

Las disposiciones finales abordan modificaciones de determinadas leyes que son necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Entre ellas, destacan la modificación de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para adecuar la prestación de atención especializada y la prestación sociosanitaria a los fines de esta; y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para agilizar la tramitación de la incapacidad permanente contributiva.

Por último, se modifica el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica para incluir a las personas con electrodependencia entre quienes pueden optar al bono social eléctrico.

En el plazo de un año desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta norma, el Gobierno incorporará un anexo con un listado de enfermedades y procesos a los que resultará aplicable la presente ley.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar 65,9 millones de euros a las entidades que atienden a las personas con discapacidad en 2025

El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará “en las próximas semanas la aprobación, en Consejo de Gobierno, de la convocatoria de subvenciones a entidades para la atención a las personas con discapacidad con una inversión de 65,9 millones de euros para 2025”.

Así lo ha detallado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, al inicio de la recepción de autoridades, concentración de colectivos, batucada y desfile por el Día de las personas con discapacidad en la Feria de Albacete, a la que también ha asistido el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, así como el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la delegada de Bienestar Social en la provincia, Antonia Coloma. A continuación, han acompañado al presidente Emiliano García-Page en la visita a las entidades sociosanitarias presentes en la Feria.

García Torijano ha anunciado el incremento en 4,6 millones de euros de la convocatoria de subvenciones a entidades para la atención a las personas con Discapacidad. Una convocatoria que alcanzará una inversión total de 65,9 millones de euros para 2025 “para atender a los 370 recursos especializados que tenemos en toda la región”, así como para “dar respuesta a más de 14.400 personas y a sus familias, y para seguir en el compromiso del Gobierno de estar cerca de las personas que más lo necesitan”, ha recalcado la consejera.

En este contexto, García Torijano ha subrayado que con este incremento presupuestario en la convocatoria de entidades privadas “respondemos a las demandas del sector y facilitamos su estabilidad, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los profesionales”, y que las entidades hagan frente a sus obligaciones en cuanto a las retribuciones de los trabajadores en aplicación del convenio colectivo que las regula.

Se trata de una convocatoria que adelantamos en el tiempo, “igual que en los dos años anteriores, para facilitar de este modo el trabajo de las entidades desde comienzos de año cuando ya disponen de la subvención concedida para desarrollar los proyectos”, ha añadido la consejera.

Asimismo, la titular de Bienestar Social ha recordado “los años complicados en los que se vieron afectadas las políticas sociales en Castilla-La Mancha” y cómo, en los últimos nueve años, el Gobierno regional ha incrementado los recursos “para poder dar atención a las personas que más lo necesitan, a las personas más vulnerables”. Concretamente, la consejera ha destacado el crecimiento en la provincia de Albacete, donde “destinamos más de doce millones de euros para atender a más de 65 recursos y a más de 2.200 personas, pero además hemos crecido en más de 500 plazas especializadas”.

En este sentido, García Torijano ha subrayado que es “un orgullo en el Día de la discapacidad en la Feria poder acompañar a todas y cada una de las entidades que trabajan por mejora la vida de los demás, sobre todo de las personas más vulnerables”. Así, ha puntualizado el Día de la discapacidad en la Feria “nos sirve de marco para respaldar a las asociaciones y a sus usuarios y para reclamar, todos a una, una sociedad más justa, más igualitaria, sin barreras y plenamente inclusiva”.

De esta manera, la titular de Bienestar Social ha remarcado que es importante escuchar a las entidades y a los profesionales “y mantener un diálogo continuo; algo que podemos hacer las administraciones muy de cerca aprovechando oportunidades como la que nos brinda la feria de Albacete, que es una feria que se vuelca con las entidades sociales”.

CERMI pide cancelar el servicio de empresas de patinetes de alquiler en todos los ayuntamientos con la actividad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido cancelar el servicio de empresas de patinetes de alquiler en todos los ayuntamientos que dispongan de la actividad.

En este sentido, ha pedido a seguir el ejemplo de Madrid y cancelar "de inmediato" el servicio de las empresas de patinetes de alquiler, ya que "es una actividad objetivamente perniciosa que atenta contra el interés general".

El CERMI ha explicado que son "cada vez más" las ciudades europeas, y también españolas, el último caso Madrid, que han establecido "medidas drásticas" para paralizar el servicio de alquiler de patinetes compartidos. Así, ha añadido que esta situación se ha producido por "los gravísimos problemas de todo tipo que el uso masivo y anárquico de estos elementos de movilidad personal ha acarreado a las poblaciones donde se han implantado".

"Desde la perspectiva de los peatones vulnerables, personas con discapacidad, mayores e infancia, esta nueva forma de nefasta movilidad no ha hecho sino comprometer, llegando incluso a poner en riesgo la integridad física y el derecho fundamental a la libre circulación en entornos urbanos accesibles, seguros y cómodos para todos los viandantes", ha destacado.

Además, ha recalcado la "incompatibilidad absoluta" de los patinetes compartidos con una movilidad respetuosa con todos los grupos de interés de las ciudades. Por ello, a juicio del CERMI, "la mejor decisión es cancelar este servicio, allí donde se presta, revocando por razones de interés público las autorizaciones concedidas por los municipios, e impidiendo que pueda implantarse en localidades que hasta ahora no lo tenían".

 

Más de 7.000 estudiantes ciegos vuelven estos días a las aulas, la mayoría en centro ordinarios

Un total de 7.153 estudiantes ciegos o con discapacidad visual de toda España comenzarán estos días el nuevo curso escolar y prácticamente la totalidad de ellos lo harán matriculados en centros de enseñanza ordinarios, en un modelo de educación inclusiva con el apoyo de los equipos de atención educativa de la ONCE.

Durante este curso 2024/2025, de los 7.153 alumnos y alumnas ciegos y con discapacidad visual: 1.166 son de Educación Infantil; 1.487 de Educación Primaria; 1.125 de Educación Secundaria Obligatoria; 261 de Bachillerato; 457 de Formación Profesional; 715 de la Universidad; y 1.942 de otro tipo de enseñanzas.

Por comunidades autónomas, el censo se distribuye así: Andalucía, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 1.733 estudiantes; Aragón, con 199; Asturias, con 137; Baleares, con 143; Canarias, con 251; Cantabria, con 66; Castilla-La Mancha, con 299; Castilla y León, con 353; Cataluña, con 1.162; Extremadura, con 150; Galicia, con 321; La Rioja, con 35; Comunidad de Madrid, con 1.057; Murcia, con 310; Navarra, con 93; País Vasco, con 137; y Comunidad Valenciana, con 707.

Para el apoyo de estos estudiantes, los equipos específicos de atención educativa cuentan con maestros y maestras, tanto de la ONCE como de la Administración, especializados en discapacidad visual, que acuden a los centros en los que se escolariza un alumno o alumna ciego o con baja visión, según ha informado la ONCE en un comunicado.

Asimismo, forman a la comunidad educativa en materia de discapacidad visual, asesoran al profesorado e intervienen directamente con los estudiantes y sus familias. En la actualidad, hay más de 400 de estos profesionales en todas las comunidades autónomas.

Además de docentes, los equipos específicos de atención educativa de la ONCE están formados por psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de rehabilitación, instructores de tiflotecnología y braille, profesionales de la animación sociocultural o mediadores para el alumnado con sordoceguera.

LOS IDIOMAS, UNA MATERIA DE ESPECIAL DIFICULTAD

Según precisa la ONCE, uno de sus principales ámbitos de intervención en materia de educación es el apoyo en las áreas curriculares de especial dificultad, entre las cuales destaca el aprendizaje de idiomas, cuya dificultad más evidente es su carácter visual (apoyo en ilustraciones). Esto implica la puesta en marcha de mecanismos como verbalizar todo lo que ocurre y que llega por vía visual o generar materiales adaptados para que el alumnado pueda seguir las clases con normalidad.

Además, la diferencia entre la pronunciación oral y la presentación gráfica de las palabras, así como la signografía braille específica en algunas de las lenguas, son otras de las características que deben ser abordadas.

En este sentido, la ONCE cuenta con especialistas en el área de idiomas, en concreto en inglés, francés y lenguas clásicas, y cuyas funciones son las de dar formación y asesorar a otros profesionales, tanto de la ONCE como de la comunidad educativa, en las necesidades específicas del alumnado, dar apoyo a este alumnado y colaborar con entidades para que conozcan e implementen programas de idiomas basados en la accesibilidad universal.

La acción más intensiva que lleva a cabo la ONCE en este área son los programas de perfeccionamiento de idiomas que se desarrollan en verano, tanto en España como en el extranjero, destinados a alumnado con edades comprendidas entre 8 y 22 años. Este verano de 2024 han participado un total de 125 alumnos, de los cuales 120 son españoles y cinco proceden de otros países de la Unión Europea.

Por otro lado, la ONCE y el British Council llevan a cabo en los últimos años una colaboración destinada a mejorar el acceso al aprendizaje de idiomas por parte de las personas con ceguera y deficiencia visual grave que quieran estudiar en esta entidad.

Según Ana Llauradó, jefa del Departamento de Atención Educativa de la ONCE, "el aprendizaje de una segunda o tercera lengua es imprescindible dado el impacto que supone en el desarrollo educativo y profesional". "Por tanto, desde el Departamento de Atención Educativa de la ONCE debemos poner en marcha todos los recursos a nuestro alcance para proporcionar al alumnado con ceguera o deficiencia visual grave las estrategias de intervención que les permitan la formación más completa posible en esta área"