APERTURA DEL AÑO JUDICIAL. Perelló exige respeto al trabajo de los jueces: "Ningún poder del Estado puede dar instrucciones a los magistrados"

Perelló exige respeto al trabajo de los jueces: "Ningún poder del Estado puede dar instrucciones a los magistrados"

La nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, ha exigido respeto al trabajo de los jueces, subrayando que "ningún poder del Estado puede dar instrucciones" a los magistrados, al tiempo que ha pedido evitar "ataques injustificados", destacando en concreto la "excelente labor" del TS.

"En esta nueva etapa que hoy se inicia quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan", ha dicho en su primer discurso desde su llegada al cargo, el pasado martes, en el marco de la apertura del año judicial, que se celebra este jueves en el TS.

Perelló ha querido dejar claro que "ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico". "Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente estados de derecho, de ahí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que, si bien "las resoluciones judiciales son suceptibles de crítica", "las críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación y el insulto", por lo que ha pedido "evitar ataques injustificados".

El fiscal general llama a gestionar "con responsabilidad" la inmigración y a no esparcir "semillas de odio"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reclamado que la inmigración se gestione "con responsabilidad" y ha instado a no sembrar "semillas de odio" contra las personas "especialmente vulnerables" que migran.

"No nos cansaremos de repetir lo que es obvio: los y las migrantes son, sin ningún matiz o calificativo, en primer lugar personas, con la dignidad y derechos inherentes a su condición, exactamente igual que lo somos nosotros o lo son nuestros hijos e hijas", ha proclamado el jefe de la Fiscalía durante su discurso en el acto de apertura del año judicial, celebrado este jueves en el Tribunal Supremo.

García Ortiz ha incidido en que "el reto de las migraciones no es un acontecimiento pasajero ni extraordinario", sino que es "una realidad que debemos gestionar con responsabilidad".

"Por ello, y no es ocioso insistir en ello, será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes, nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de las palabras o, lo que es más peligroso, sembrando semillas de odio contra estas personas especialmente vulnerables que pueden prender en sociedades desinformadas o manipuladas", ha advertido.

El fiscal general ha querido lanzar este mensaje ante el daño que se busca hacer a la inmigración desde --ha dicho-- "la desinformación que en ocasiones provocan las redes sociales".

Además, García Ortiz ha subrayado la importancia de combatir los discursos y los delitos de odio, "un peligro constante para la pacífica convivencia" y un "fenómeno contagioso en todo el mundo".

Limitar la acusación popular para evitar su uso con "fines espurios"

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre el ejercicio de la acción popular al considerar que puede llegar a usarse con "fines espurios", al tiempo que ha señalado que el juez instructor "no puede extender sus competencias" al "control absoluto" de la actividad pública y privada.

"Es necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular", ha dicho García Ortiz en el discurso que ha pronunciado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (TS) con motivo de la apertura del año judicial que se celebra este jueves bajo la presidencia del Rey Felipe VI.

Aunque no lo ha mencionado expresamente, ha hecho estas declaraciones en el contexto del 'caso Begoña Gómez', iniciado a raíz de una denuncia de Manos Limpias en ejercicio de la acción popular.

El jefe del Ministerio Público ha indicado que "la utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso, en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal".

Para García Ortiz, "hemos llegado a un punto de difícil gestión" porque "el ejercicio de la acción penal se ha universalizado", "cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular", de modo que "cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tiene acceso a él".

"Un interés que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que mal utilizado puede llegar a serlo. Un interés particular, un derecho irrenunciable en el caso de las víctimas de los delitos, pero indudablemente perturbador en otros casos. Cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales. Todos ellos se alejan, como decimos, de los fines de la investigación criminal", ha sostenido.

Además, ha alertado de que "un sistema que permite, por otra parte, el acceso directo a 50 millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo no es un sistema sostenible, ni eficiente, ni parangonable en el entorno europeo", debido al "riesgo de colapso del propio tribunal y del resto de tribunales".

En este sentido, ha advertido de que "la mejor manera de desviar los recursos, humanos y materiales de los fines para los que están diseñados es inundarlos de papel", dado que "no solo repercute en la calidad de la justicia, en sus prioridades", sino que "también contribuye a fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con fines espurios".

En concreto, se ha detenido en "la figura del juez de instrucción", para afirmar que, si bien fue "concebida en su momento como un necesario y poderoso instrumento de investigación", "no puede extender sus competencias al conocimiento pleno y al control absoluto del sometimiento de toda la actividad pública y privada al ordenamiento jurídico".

El fiscal general ha argumentado que "la jurisdicción penal tiene y debe tener su espacio", pero a renglón seguido ha apuntado que "la existencia y la razón de ser del resto de órdenes jurisdiccionales es lo que culmina la aplicación de la ley y la justicia en el imperio del Estado de Derecho".

Por ello, ha defendido que "es preciso un cambio de modelo que permita invertir el esquema que vemos reproducido a diario y en todas las instancias, aquel en el que los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal son el primer y único filtro de averiguación de los hechos, incluso aquellos que dudosamente presentan caracteres de delito", puesto que --a su juicio-- "puede pervertir la finalidad del procedimiento y la propia idea de Justicia".

Informes sobre asuntos de relevancia social frente a la desinformación

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado en la Memoria entregada este jueves al Rey Felipe VI que el Ministerio Público debe "informar sobre todos aquellos asuntos de relevancia social" siempre "con pleno respeto a los derechos que pudieran verse afectados, tanto de implicados como de terceros".

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, García Ortiz asegura que, "en ocasiones, y respecto de un mismo hecho considerado noticiable, se informa desde perspectivas no solo distintas sino total e interesadamente contradictorias, sin que el contraste de la veracidad de los datos parezca ser un extremo relevante ni para el que la transmite, ni para los que la reciben".

Desde su punto de vista, "se ha naturalizado en los medios y en la sociedad en general la convivencia con la desinformación, y por ende con un elemento que, sin duda, puede socavar nuestra estructura de valores democráticos".

"El que los representantes de las distintas instituciones, partidos políticos o asociaciones del tercer sector rechacen la polarización social existente en la actualidad y reconozcan la responsabilidad que en gran medida tiene la desinformación en esta situación, no sirve de nada si no existe un verdadero empeño común en no utilizar esta herramienta a conveniencia de intereses propios", aduce.

A su juicio, "la Fiscalía como órgano constitucional ha de informar sobre todos aquellos asuntos de relevancia social", y es "de extraordinaria importancia que la información que proporcione cualquiera de sus órganos tenga como señas de identidad la veracidad, la transparencia y la oportunidad".

"La veracidad implica trasladar solo aquello de lo que se tiene conocimiento en el desarrollo de nuestras funciones, con pleno respeto a los derechos que pudieran verse afectados, tanto de implicados como de terceros, y al marco procedimental en que nos encontremos, una vez contrastada la realidad de los datos aportados y al margen de cualquier opinión personal que el transmitente tenga sobre el asunto", afirma.

El fiscal general considera que "la transparencia se logra evitando la información sesgada, esto es, proporcionando los datos de forma objetiva y completa de manera que se facilite su comprensión y no se descontextualicen los datos". "Y la oportunidad ha de identificarse con la inexistencia de motivación alguna distinta a la de proporcionar la información exigida por la trascendencia social del hecho de que se trate", añade.

Por último, García Ortiz opina que "es incontestable que el derecho a la información es un elemento nuclear del estado social y democrático de Derecho, siendo solo la información veraz la que promueve culturas cívicas y consolida los valores en los que se asienta nuestro sistema de derechos y libertades".

PENDIENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO

Cabe destacar que García Ortiz ha asumido en primera persona la responsabilidad de la difusión de la nota de prensa aclaratoria sobre el supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal Supremo se encuentra pendiente de decidir si imputa o no al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos por la citada nota después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le elevase la causa.

García Ortiz defendió el pasado mes de julio que la nota se emitió para poner fin a un bulo y amparar a un compañero, cumpliendo de esta forma -según el fiscal general-la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía.