DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
El gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por el socialista Emiliano García-Page y cinco de los catorce gobiernos autonómicos del PP, concretamente Andalucía, Aragón, Madrid, Cantabria y Murcia, han presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada el pasado mes de mayo para perdonar una década del proceso independentista.
Fue el pasado jueves cuando el PP nacional --con la firma de sus diputados y senadores-- registró su recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), en el pedían también apartar de la deliberación de la Ley de Amnistía a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los dos miembros que procedían del Gobierno de Pedro Sánchez, el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díez.
Ahora es el turno de las comunidades autónomas, ya que a pesar de que ya anunciaron en su momento la intención de acudir al TC para impugnar dicha ley, han apurado hasta el último momento para llevarlo acabo y poder así ampliar sus argumentos jurídicos y analizar con calma las alegaciones del Tribunal Supremo en su cuestión de inconstitucionalidad.
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Castilla-La Mancha ha presentado de forma telemática ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la Ley de Amnistía, tal y como ha anunciado hoy la consejera Portavoz, Esther Padilla, desde la localidad toledana de Villarrubia de Santiago, donde ha asistido a las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Castellar.
La consejera ha recordado que el pasado 30 de julio el Consejo de Gobierno, tras estudiar el informe del Consejo Consultivo a requerimiento del presidente García-Page, encargó la redacción de dicho recurso a los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades. Dicho informe tal y como ha hecho hincapié señalaba que la ley “es inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los españoles y las españolas”.
En relación a la financiación autonómica, y al ser preguntada por los medios de comunicación, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha señalado que el presidente García-Page “siempre defenderá un modelo justo que garantice la equidad entre los ciudadanos y ciudadanas, que garantice el acceso a los servicios públicos de calidad de todas las personas que viven en distintos territorios y por lo tanto, hay que garantizarlo en todos y cada uno de ellos”. Además, ha sostenido que el modelo actual de financiación “lleva caducado diez años” y hace que “Castilla-La Mancha esté infrafinanciada”, por lo que ha abogado por “un nuevo modelo que debe ser abordado por todos los territorios, por el conjunto del Estado”.
Padilla ha reivindicado también una mejora de la armonización fiscal, “algo que el presidente García-Page lleva reclamando desde hace diez años”. Sobre este punto, la consejera ha sostenido que “es imprescindible para evitar que se produzca una competencia desleal”. Y es que ha reiterado que “entre los impuestos que cobran unas comunidades autónomas con sus circunstancias y los que cobran otras se producen ventajas que perjudican a unas comunidades y otras en función de lo que decide, por ejemplo, la Comunidad de Madrid respecto a las comunidades autónomas que estamos alrededor”.
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Concretamente, la Ley de Amnistía fija tres meses para poder impugnar la norma desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tuvo lugar el pasado 11 de junio, por lo tanto, las CCAA tienen hasta este miércoles 11 de septiembre para interponer sus respectivos recursos. Este lunes han sido cinco las comunidades autónomas del PP que han acudido a la justicia, Andalucía, Aragón, Madrid, Cantabria y Murcia.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que este recurso era "en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de la seguridad jurídica y la división de poderes" y ha reiterado que desde su Gobierno harán todo lo que "esté en su mano" para impedir que "atropellen" la Constitución.
También el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha situado este recurso como una herramienta contra la "vergonzosa" Ley de Amnistía, que a su juicio genera "más desigualdad entre españoles" y "vulnera la separación de poderes".
Desde Aragón, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha asegurado que el recurso de inconstitucionalidad forma parte del "compromiso" de defender los intereses de los ciudadanos y "parar todas las tropelías e ignominias" que está cometiendo el Ejecutivo central, liderado por Pedro Sánchez.
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