Los Gobierno de Castilla y León, Galicia y Aragón hicieron caja con el dinero de la dependencia

Así lo ha denunciado  la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, quien a su vez ha hecho público el dato de que las Comunidades que menos porcentaje aportan en Dependencia son Galicia (59%), La Rioja (59%), Andalucía (62%) Y Castilla y León (63%) y las que más aportan son País Vasco (84%), Navarra (81%), Extremadura (78%) y C. Valenciana (78%). 

Un total de 3 Comunidades han disminuido durante el Plan de Choque, el gasto en la atención a personas en situación de dependencia -en millones de euros-:  Castilla y León (-34,7) Galicia (-6,4) Aragón (-3,2). Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido en Galicia, ya que es la Comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional.

La inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2023 ascendió a 11.522 millones de euros distribuidos en 8.230 millones por parte de las Comunidades Autónomas (71%), y 3.292 por parte del Gobierno central (29%).

Por lo que a juicio de la organización se mantiene la acusada desigualdad territorial, siendo las Comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año País Vasco (2.848 €), Extremadura (2.599 €) y Navarra (2.413 €), mientras a la cola continúan Murcia (1.504 €) Canarias (1.248 €) y Galicia (1.073€).

Las Comunidades que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a la Atención a la Dependencia son País Vasco (83,9%), Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%) y las que menos (las más financiadas por la AGE) son La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castilla y León (63,2%).

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncian “el incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel. Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia. Ello exige que se preste atención a esta política con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la Ley”.

Hay que recordar que, a fecha de hoy, 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley. Y que, desgraciadamente, a las 40.447 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo.