DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Sociedad
Emiliano García-Page llegó en 2015 a la presidencia de Castilla-La Mancha con el compromiso de revertir los duros recortes aplicados por Dolores de Cospedal en los servicios públicos de la región. Casi una década después, profesionales sanitarios y pacientes se sienten defraudados por las promesas incumplidas del actual presidente y presionan con movilizaciones para que las cumpla.
En el caso de los profesionales sanitarios, las movilizaciones empiezan a ser constantes, como reflejan las concentraciones en los cinco hospitales provinciales de referencia del pasado 1 de octubre y la marcha de 100 kilómetros organizada por las profesionales de enfermería. Con el lema “Luto en el SESCAM”, centenares de sanitarios denunciaron restricciones en la contratación de profesionales por los recortes presupuestarios en la Consejería de Sanidad, lo que les obliga a doblar turnos, impide cubrir vacantes, restringe su derecho a vacaciones y al descanso o disfrutar de permisos y a la reducción de jornada para conciliar. Según fuentes sindicales “están bloqueadas las nuevas incorporaciones hasta el 31 de diciembre por motivos presupuestarios”.
En las movilizaciones del pasado 21 de septiembre, una de las reivindicaciones principales de los profesionales sanitarios era la “carrera profesional”, que fue paralizada en 2012 por Cospedal, pese a la existencia de un acuerdo entre profesionales y administración desde el año 2008, y que García-Page aún no ha desbloqueado. “El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) es el único servicio público que no tiene reconocido el derecho a la carrera profesional, lo que está limitando nuestros derechos laborales y económicos”, denuncian fuentes sindicales.
Pero no solo los profesionales sanitarios están en pie de guerra contra los recortes de García-Page. Las plataformas en defensa de la sanidad publica, cansadas de promesas incumplidas, convocaron el 6 de octubre una manifestación en la capital regional. “A las 12h, comenzaba una manifestación popular por las calles del casco antiguo de Toledo que finalizaba en la puerta de la sede del Gobierno Regional, para denunciar la situación de deterioro y precariedad asistencial y laboral del Sistema Sanitario Público en todas las Áreas de Salud y en todas las Zonas Sanitarias” decían los convocantes.
La convocatoria partió de la Plataforma por lo Público de Villarrobledo y Comarca, que buscaba con esta movilización dar el paso necesario para articular un movimiento más amplio, por lo que llamaron a otros colectivos y a la ciudadanía castellanomanchega a “la movilización frente a una dinámica política que está acabando con el derecho a una atención sanitaria, universal, solidaria, adecuada y de calidad, degradando la salud de todas las clases populares”. Aquella convocatoria fue apoyada públicamente por Toledo por la Sanidad Pública, Plataforma en defensa del Hospital de Almansa, Coordinadora Sanitaria de Tomelloso, Plataforma Pro-Servicios de Tomelloso, Sanitarixs de Urgencias del Hospital de Albacete, CAS CLM, CNT-AIT Albacete, CNT-CIT Ciudad Real, Solidaridad Obrera, y CGT Alcázar.
Los convocantes y quienes apoyaron la manifestación del 6 de octubre denunciaban que tras 25 años de las leyes privatizadoras, la situación es cada vez peor a medida que crece el negocio sanitario privado, que ya es capaz de hacerle la competencia en recursos humanos al sistema Público, y que García-Page persiste en la desinversión en la sanidad pública regional, fundamentalmente en lo que atañe al personal sanitario y no sanitario del sector, como queda demostrado con su negativa a introducir la carrera profesional, las contrataciones parciales de interinos en lugar de afianzar y cubrir plazas, o la no sustitución de bajas profesionales.
Los hechos denunciados por profesionales y pacientes son ejemplos claros de una línea política conservadora en la defensa de lo público, que, en el caso de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha supuso aprobar unos presupuestos claramente insuficientes que se han agotado a mitad de la legislatura, con la consecuente repercusión en la calidad del servicio. En consecuencia, las citas de atención primaria se retrasan más de 15 días, y en el caso de las citas con especialistas o quirúrgicas, el retraso es de muchos meses. “Es un austericidio que afecta a las personas con menos recursos, a las que puede que no se les detecte a tiempo enfermedades graves”, afirman varios profesionales sanitarios.
Quizá, con las continuas movilizaciones, García-Page se de un baño de realidad y se centre en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha y deje a un lado sus intentos de ocupar el espacio político de la derecha en una región que necesita imperiosamente políticas progresistas y fortalecer sus servicios públicos.
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