UGT denuncia al gerente del SESCAM por presunto delito de prevaricación

Según un comunicado remitido por la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carretero "habría utilizado la figura de 'personal directivo profesional' prevista en la Ley de Empleo Público, pero a fecha de hoy sin desarrollo reglamentario, y además incumpliendo todas las partes esenciales del articulado de la Ley referidas a esta figura".

Los hechos denunciados, según UGT, tuvieron lugar el pasado mes de febrero cuando el director gerente procedió a la cobertura de diversos puestos de trabajo en los Servicios Centrales del SESCAM utilizando, al parecer, la figura contractual de 'personal directivo profesional' prevista en la Ley de Empleo Público (art. 13 y siguientes de la Ley autonómica 4/2011, de 10 de marzo).

Los nombramientos, según este sindicato, fueron los de tres directores y cuatro subdirectores, más un contrato administrativo de servicios para sustituir la Jefatura de Área de Farmacia.

UGT quiere precisar que "a pesar de una nomenclatura que pudiera dar lugar a confusión con los cargos de directores generales, de carácter netamente político, estos puestos no son tal cosa sino jefaturas claramente de carácter administrativo".

En este sentido UGT señala que estos puestos dependen de un director general y su creación y nombramiento ha tenido que ir precedido del cese de jefes de área, funcionarios de carrera todos ellos del Grupo A, que habían obtenido su puesto en los correspondientes concursos públicos de libre designación.

Según recoge la denuncia, firmada por la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, "se ha incumplido la ley en todos sus preceptos básicos puesto que se ha utilizado una figura sin desarrollo reglamentario".

Además y según Campoy, tampoco se ha respetado la convocatoria para la pública concurrencia, no se ha cumplido el requisito de acceso respetando los principios de mérito y capacidad, se desconoce como han sido creadas y dotadas presupuestariamente las plazas y se ignora si como ordena la norma son todos funcionarios de carrera del grupo A.

La denunciante afirma que de la información recibida "se sospecha que incluso alguna de estas personas pudiera no tener la condición de funcionario, situación que la Ley solo permite en el supuesto de que no existan funcionarios del Grupo A con formación y preparación para el puesto.

Además de esto, la norma prohíbe el nombramiento de personal no funcionario para puestos que conlleven ejercicio de potestades públicas o que se dediquen a la salvaguardia de un interés general y, en el presente caso, hablamos nada menos que de la sanidad regional, según afirma la responsable ugetista.

Según Campoy, la decisión de denunciar ha tenido que ser meditada y "es dura", pero la FSP-UGT no ha encontrado otro camino, puesto que a la petición de información efectuada por carta en fecha 14 de febrero y dirigida a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y al Sescam, no se ha producido más contestación que la de la Consejería de Presidencia, señalando que la responsabilidad de estos nombramientos corresponde a la dirección general del Sescam.

"Ante esta situación -concluye Carmen Campoy- ha cobrado fuerza la sospecha de todas las irregularidades, con el resultado de varios nombramientos a dedo absoluto, nada menos que en la cúspide de la estructura administrativa del Sescam, que a juicio de FSP-UGT podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación.

En definitiva, UGT pide al juzgado el esclarecimiento de lo sucedido y que se depuren, si procede, las correspondientes responsabilidades.