UPyD: La Ley de Administración Local "ayuda a destruir el Sistema Público de Servicios Sociales"

Esta ley, más conocida como reforma local, después de un proceso legislativo caótico e improvisado de principio a fin, ha entrado en vigor el 31 de diciembre del año recién acabado y pone en marcha los mecanismos para que los servicios sociosanitarios que prestan los municipios pasen a ser responsabilidad de las comunidades, que tienen la competencia general en la materia.

En cuanto a los servicios sociales, el plazo para el traspaso es más corto, de dos años. Los municipios se encargarán sólo de detectar y evaluar situaciones de necesidad y de la atención inmediata por exclusión social. Sin embargo, en ambos casos las comunidades tienen la alternativa de delegar el servicio en la diputación o en el ayuntamiento, aunque deberán pagar por ello y si no lo hacen, Hacienda les retendrá el equivalente de las transferencias del sistema de financiación.

Rosa Díez pidió la retirada de ese proyecto porque, a pesar de que contiene "ciertos avances", no responde "a las necesidades del país, que son los ciudadanos" y "es una ley hecha para mantener el bipartidismo y el control clientelar de las entidades locales", resumió en el Congreso de los Diputados. En la sesión correspondiente, entre otras cosas, la portavoz de UPyD censuró que se mantenga la estructura "elefantiásica" municipal y que refuerce el poder de las diputaciones, así como, entre otras muchas cosas, la "discrecionalidad" del equipo de gobierno y el alcalde.

Aprobada y puesta en marcha la ley, la coordinadora regional de UPyD en Castilla-La Mancha, Celia Cámara, lamenta esta norma porque "ayuda a destruir el Sistema Público de Servicios Sociales, contribuyendo a la implantación de un modelo de una mayor desigualdad, gestionado por un Estado asistencial que sobrecarga a la familia y que hace al individuo responsable último de los riesgos de su existencia ".

Además, pone de manifiesto la necesidad de estar en guardia a los partidos de la oposición, especialmente a UPyD, "pues las obligaciones derivadas de su práctica retardada comportan que tanto Comunidades Autónomas (a quienes afecta notablemente este texto) como entes locales deban iniciar un proceso de adaptación de su cartera de servicios, organización y personal a lo dispuesto en esta norma", continúa Cámara.

Pero el problema más urgente es que "engloba mandatos inmediatamente aplicables, ante los cuales ni responsables políticos locales ni funcionarios públicos podrán eludir su cumplimiento", precisa la coordinadora territorial. Por esto desde UPyD reclamamos al gobierno de Castilla-La Mancha que soslaye medidas privatizadoras y recentralizadoras, y actúe con la diligencia precisa para evitar un desmantelamiento total del sistema público de servicios sociales, cuya acción retraería una vuelta a los pasos de beneficencia en materia asistencial.