A FONDO: Desmintiendo las ventajas de la privatización del abastecimiento de agua potable

La estrategia neoliberal busca reducir el campo de la función pública para dejar mayor espacio al libre mercado. Su objetivo es desactivar la tradicional función del Estado como promotor de la cohesión social, imponiendo una progresiva "anorexización" de las instituciones públicas, presentadas como ineficientes y burocráticas, mientras se mitifican las virtudes de flexibilidad y eficiencia del mercado.

En España, con los gobiernos del PP, se ensayan las propuestas más radicales del neoliberalismo, privatizándose de facto ríos y acuíferos. Coincidiendo con el primer gobierno de Aznar, en el año 1996, el 37% de la población era abastecida por empresas privadas. En 2003, un año antes del gobierno Zapatero, la cifra había crecido hasta el 48%. La llegada de los socialistas al gobierno no frena la escalada privatizadora y en 2006 se invierte la relación público-privada en la gestión del agua y se alcanza la cifra del 53% de población abastecida por empresas privadas.

Los socialistas abrieron el melón de la privatización, aunque es verdad que su modelo es más sutil que el neoliberal. Frente al radicalismo neoliberal, el PSOE apostó por el "modelo francés". Modelo que se extiende con el apoyo del Banco Mundial. En él, se privatiza tan sólo la gestión del servicio, a través de una estrategia de partenariado público-privado, promoviendo empresas mixtas en las que las multinacionales aceptan ser socias minoritarias (49%). No ocurre así en el caso de Puertollano, donde la empresa privada (Aquagest) es propietaria del 51%. (Abro aquí un paréntesis para preguntar sobre la extraña razón que lleva al PSOE a conceder suculentos contratos públicos a empresas vinculadas a la financiación irregular del PP y a conocidas tramas de corrupción).

La clave reside en asegurar la competencia exclusiva de la empresa privada en lo que se refiere a la gestión, bajo el argumento de disponer de las capacidades tecnológicas y organizativas necesarias. De forma sutil, la clave del poder pasa a estar en el monopolio de la información y no en la mayoría accionarial. Por otra parte, la empresa privada pasa a decidir en materia de compras, contratas y subcontratas, haciendo desaparecer durante 40 o 50 años los concursos públicos, con lo que se blindan los llamados "mercados de inputs secundarios" en beneficio del grupo empresarial del operador. Paradójicamente, en nombre del libre mercado, se colapsa la competencia, al tiempo que los beneficios privados crecen y se camuflan en el capítulo de costes de la empresa mixta, cuyos beneficios suelen ser exiguos. Otro argumento fácilmente rebatible. Si tomamos cono ejemplo Jerez de la Frontera, cuyo Ayuntamiento concedió a Aqualia (la empresa elegida por el alcalde de Alcázar de San Juan) la gestión del servicio público de aguas, comprobaremos que los 80 millones abonados por la empresa se convierten en 341'5 millones de beneficios.

Desde la visión neoliberal, garantizar el acceso universal a servicios básicos de interés general, como los de agua y saneamiento, vinculados a derechos humanos y ciudadanos, se considera un ataque al libre mercado (1).

Los ciudadanos pasan a ser clientes y los servicios de acceso universal tan sólo accesibles para quienes puedan pagarlos. Las presiones desreguladoras sobre los países empobrecidos por la burbuja inmobiliaria y financiera, han supuesto desmontar sus servicios públicos y/o privatizarlos. Pero incluso en los países más desarrollados, las instituciones públicas se ven empujadas a privatizar los servicios básicos, como forma de aliviar su situación financiera, poniendo en cuestión el llamado estado del bienestar. Dos son los principales argumentos empleados para justificar esas políticas privatizadoras:

1.- El sector privado aportará la inversión que la Administración Pública no puede hacer. Sin embargo, los grandes operadores multinacionales invierten pocos fondos propios en desarrollar redes e infraestructuras básicas, tal y como demuestra el proyecto europeo de investigación PRINWASS, al hacer balance de los procesos de privatización en un amplio número de países. Me viene a la memoria lo ocurrido en España con la privatización de las eléctricas y el chantaje del déficit de tarifa que nos obliga a hacer frente a las supuestas inversiones realizadas por las empresas beneficiaras con aquella privatización. En países como Argentina, tras la privatización, las inversiones siguieron siendo mayoritariamente públicas, al considerar los operadores que invertir en infraestructura básica es de escasa rentabilidad. Eso sí, la privatización desbloqueó créditos del Banco Mundial que cargaron sobre la deuda pública aunque fueron gestionados por el operador privado.

2.- La libre competencia inducirá eficiencia y un mayor control de los usuarios ejerciendo sus derechos como clientes. Los incentivos de eficiencia que puede aportar la libre competencia, no se producen en este caso, dado que estos servicios, por su naturaleza, constituyen un "monopolio natural". El proceso de privatización puede, a lo sumo, suscitar competencia "por el mercado", pero no "en el mercado". Es decir, una efímera competencia por la concesión, en concurso público, si no se produce una adjudicación directa. Pero una vez adjudicado, el servicio pasa a gestionarse en un régimen de monopolio privado, difícilmente revisable, bajo duras cláusulas de rescisión.

En la práctica, y aunque resulte paradójico, se reduce el nivel real de competencia. En efecto, desde la gestión pública, la adquisición de nuevas tecnologías, trabajos de mantenimiento etc..., se contratan acudiendo al mercado, donde compiten multitud de pequeñas y medianas empresas del territorio. Es lo que se conoce como el "mercado de inputs secundarios". Sin embargo, cuando el servicio queda adjudicado a una multinacional, este mercado queda blindado a la competencia, adjudicándose los contratos de forma directa y sin concurso público a empresas del grupo, reduciéndose la competencia de mercado.

El argumento del control sobre el operador, ejerciendo cada cual sus derechos como cliente, tampoco funciona, pues tales derechos sólo pueden ejercerse si se puede cambiar de proveedor, cuestión imposible al tratarse de un monopolio natural.

La pretendida transparencia del mercado frente a la opacidad de la gestión pública también es un mito. El hecho de que en algunos casos la gestión pública sea burocrática y opaca no significa que tenga que serlo siempre.

Precisamente, el que sea pública permite exigir transparencia. Sin embargo, la empresa privada se ve legalmente protegida por el derecho a la privacidad en la información, reservándose la transparencia tan sólo para sus principales accionistas. Por otro lado, el desproporcionado poder de estas multinacionales favorece el fenómeno conocido como "compra del regulador".

Los problemas de opacidad administrativa, burocracia e incluso corrupción, no se resuelven privatizando el servicio, sino democratizándolo. A nadie se le ocurriría proponer como solución a la corrupción de la policía, su privatización. Bueno al PP si, solo hay que analizar en detalle su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.

En la medida que no puede haber competencia en el mercado, por tratarse de un monopolio natural, se trata de impulsar la competencia a través de la información. El reto está en promover nuevos modelos de gestión pública participativa, que garanticen transparencia y una sana competencia a través de una información homogénea, comprensible y significativa que permita contrastar servicios análogos, en lo que se conoce como "benchmarking".

Hay otro camino. Es el emprendido por ciudades como Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Viena y París, que han firmado en contra de la privatización de los servicios de agua en la primera Iniciativa Ciudadana Europea que permite, con un millón de firmas de siete países europeos, invitar a la Comisión Europea a que proponga un texto legislativo para Europa. En Catalunya, la Plataforma Agua es Vida integrada por asociaciones de vecinos, sindicatos, ecologistas y colectivos sociales defiende una gestión no mercantil del agua.

Siguiendo el principio de participación proactiva que establece la Convención de Aarhus, para privatizar este tipo de servicios, de los que dependen derechos ciudadanos e incluso derechos humanos, no debería bastar un simple acuerdo de pleno, menos aún con el voto de calidad del alcalde, sino exigirse, cuando menos, un amplio debate público que culmine en referéndum vinculante.

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(1) "El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos".

"El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para todos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar".