Recuperación, tambores lejanos

El ministro Montoro habló de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo como los de la consolidación de la recuperación. Pero hasta los más suaves críticos con la gestión económico-financiera del Gobierno ponen en duda buena parte de esa recuperación.

Porque, en efecto, para el pensionista al que incrementan en un porcentaje irrisorio (0,25%), para el funcionario al que han vuelto a congelar sus retribuciones, para el contribuyente que paga más tasas e impuestos, para el enfermo crónico que abona un 10% de su tratamiento, para los parados de larga duración o para quienes están en el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social (o sea, unos 2.5 millones de personas), la palabra recuperación les debe sonar a tambores lejanos, en unos cuantos casos, insultante.

Es cierto que va a haber más inversiones en infraestructuras (un 8,8% más que en 2014), por primera vez en este capítulo desde que la crisis hizo acto de aparición y frenó no pocas actuaciones. Y como es cierto, igualmente, que las transferencias del Estado a las comunidades autónomas crecerán un 7,8%, en tanto que los recursos para los ayuntamientos crecerán un 2%. Montoro trató de ser persuasivo en sus explicaciones, con mensajes como la necesidad de contener el gasto público o lo que es igual no gastar más de lo que crece la economía.

Estas, y todo el conjunto de previsiones presupuestarias, como es sabido, son para un año electoral. Eso siempre condiciona. Recordemos, en ese sentido, que está en marcha una reforma fiscal que ya asoma las aristas de la controversia: mientras, por un lado, se habla de una reducción de tributos para un 10% de la población, al 90% restante se le suben los impuestos indirectos. Lo peor es que en este altísimo porcentaje de ciudadanos, hay que incluir a quienes verán recortadas las ayudas y prestaciones sociales. Por tanto, se puede advertir desde ya una cierta desigualdad que se aprecia también en los niveles de inversión para la cohesión social, insuficientes, desde luego, para hablar con propiedad de recuperación económica, tal como hacen los miembros del Gobierno.

Son unas tres millones trescientas mil las personas en situación de desempleo que no perciben protección alguna. El incremento de esta cantidad, desde enero 2010, casi alcanza los dos millones. Y es ahí donde también se refleja el desequilibrio del que hablamos: el Gobierno del Partido Popular (PP) reduce, por un lado, el gasto de atención al desempleo en más de cuatro mil millones de euros; y por otro, prevé aplicar una reducción fiscal entre los niveles de ingresos más altos cuyo importe se aproxima a la anterior cuantía: unos tres mil setecientos millones de euros.
Claro que el rodillo de la mayoría parlamentaria dará por buena esa desigualdad… y todo lo demás.

Salvador García Llanos