Teruel (PP): El aforamiento "es un derecho irrenunciable"

   Con esta propuesta se insta además al Gobierno, a los partidos políticos y a la sociedad castellano-manchega a "seguir trabajando para aprobar las medidas normativas necesarias para reducir los privilegios", en concreto, de los expresidentes de Castilla-La Mancha.

   Esta aprobación llega después de que en esta misma sesión plenaria se rechazara una propuesta socialista para cambiar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y eliminar los aforamientos tanto de los parlamentarios autonómicos como de los miembros del Consejo de Gobierno.

PSOE LAMENTA LA "PANTOMIMA"

   El diputado socialista José Molina ha lamentado en su turno de palabra la "pantomima" vivida en el Parlamento, después de que minutos antes de aprobar esta resolución se rechazara la propuesta del PSOE que pedía eliminar el aforamiento de parlamentarios y miembros del Consejo de Gobierno.

   En este punto, ha parafraseado al portavoz del Gobierno, Leandro Esteban, que en el debate anterior ha retado al secretario general del PSOE, Emiliano García-Page, a dejar su condición de aforado, haciendo lo propio y retando a María Dolores de Cospedal a hacer lo mismo.

   José Molina ha recordado que el juez Ruz "está intentando aclarar si la campaña del PP de 2007 se pagó con recursos ilegítimos", en relación a la mordida de 200.000 que el extesorero 'popular' Luis Bárcenas aseguró que había ido a parar al partido como comisión por la asignación de un contrato de basuras en Toledo.

PP: "TODOS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS"

   Por su parte, el diputado del Grupo Popular José Luis Teruel ha acusado al socialista de "tergiversar la realidad", recordando que pese a la condición de aforados los diputados "tienen los mismos derechos y obligaciones" que el resto de ciudadanos.

   "Todos los que estamos aquí somos juzgados por los jueces que determina la ley", ha subrayado, incidiendo en que el aforamiento "es un derecho irrenunciable".

   Ha dicho además, en relación a las acusaciones de los socialistas con respecto a los 200.000 euros, que "si tienen conocimiento de algún hecho delictivo, formulen una querella, pero no acusen sin pruebas y sin fundamentos".