Nueva amenaza para los buitres ibéricos: "Las medidas planteadas por la Junta supondrán un incremento de costes"

• Las medidas planteadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha supondrán un incremento de costes económicos injustificados a gestores cinegéticos y propietarios de cotos de caza
• Los buitres facilitan el control de las enfermedades transmisibles de la fauna silvestre a través del consumo rápido y eficaz de subproductos animales no destinados a consumo humano

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha distribuido un borrador de Orden, en el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las medidas de gestión necesarias para garantizar un nivel adecuado de protección de la sanidad animal de ciertos restos cinegéticos. El contenido de este borrador incluye una serie de aspectos que limitan las posibilidades de alimentación de las especies necrófagas en los acotados en que se realizan actividades cinegéticas, no justificados en base a la legislación sanitaria (reglamentos SANDACH CE1069/2009 y UE 142/2011) y de protección de las especies silvestres (Directiva Aves 2009/147/CE y Directiva Hábitats 92/43/CEE). La propuesta del borrador de Orden reduce una fuente de alimento que resulta primordial para estas aves y, además, supone un incremento de los costes económicos y ambientales para gestores cinegéticos y administraciones competentes. En concreto, las opciones de tratamiento de los restos cinegéticos propuestas se realizan independientemente del riesgo sanitario de dichos restos, lo cuál es el fundamento principal para aplicar unas medidas u otras de gestión. Además, no contribuye a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, como la tuberculosis, a las personas o al ganado doméstico.

De acuerdo con la normativa sanitaria, para la correcta gestión de los subproductos derivados de la caza mayor es necesario que un veterinario determine in situ el riesgo de que el animal cazado esté infectado por enfermedades. Esta evaluación de los cadáveres tras la actividad cinegética, que es obligatoria para destinar la carne a comercialización, determinará si las canales son aptas para consumo humano. En el caso de que se detecte algún riesgo, los cadáveres han de ser eliminados, pero si no se evidencia ningún riesgo dichas canales pueden ser distribuidas comercialmente para consumo humano, y sus restos (vísceras, patas y otras partes no aprovechables) podrían ir destinadas sin riesgo sanitario a la alimentación de especies necrófagas. Sorprendentemente, este principio fundamental de permitir que los buitres puedan comer lo que es apto para consumo humano es obviado en la propuesta normativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por el contrario, no se realiza esa distinción de riesgo sanitario y se limita el depósito de los restos in situ (fuera de muladares vallados) a gran parte del territorio castellano manchego, puesto que solo podría realizarse en comarcas libres de tuberculosis bovina (actualmente solo en las provincias de Guadalajara, Albacete y Cuenca). Así, quedarían fuera de este ámbito las principales fincas y acotados cinegéticos de la región, en Toledo y Ciudad Real, lugares clave para la alimentación de las principales poblaciones de buitres españolas durante el invierno. Las alternativas disponibles para la gestión de los cadáveres en buen estado sanitario que propone la Orden de Castilla-La Mancha son el enterramiento de los mismos, la retirada por empresas de transporte para su eliminación en plantas de tratamiento o su aporte en muladares vallados. Todas ellas conllevan un gasto económico importante para muchos acotados, que resultarían en algunos casos inasumibles por sus gestores. En el caso de los muladares, se ha propuesto reducir sus dimensiones a solo 400 ó 1000 m2, lo cual amenaza la seguridad de las aves que entran a alimentarse por riesgo de colisiones con el vallado.

Las medidas propuestas por la administración castellano manchega tienen como objetivo principal la reducción de las prevalencias de tuberculosis bovina en la fauna silvestre. A diferencia de la gestión de animales domésticos, para los que los programas de control existentes sí resultan eficaces (por ejemplo, delimitación de usos en las explotaciones, campañas de saneamiento, vacunación, gestión de puntos de agua, etc.), el manejo de la fauna silvestre incluye numerosos aspectos no controlables desde un único punto de vista veterinario, y requiere la evaluación y adopción de medidas que tengan en cuenta la funcionalidad de los hábitat, las densidades poblacionales, el uso del espacio y la adecuada gestión de los propios individuos (alimentación suplementaria, reforzamientos poblacionales, razón de sexos de la población, etc.) La limitación de la disponibilidad de carroña para la alimentación de especies que actúan como potenciales vectores de la tuberculosis bovina (por ejemplo, jabalíes) solo constituye una pequeña parte del paquete de medidas a aplicar y no tiene sentido cuando los subproductos aportados están exentos de riesgo sanitario. De la misma manera, no existen evidencias científicas de que el consumo de carroña exenta de riesgos sanitarios por parte de especies como el jabalí, considerados reservorios de la tuberculosis, contribuya a mantener o incrementar la prevalencia de dicha enfermedad. Además, supone un impacto negativo para la alimentación de las especies de aves necrófagas, por la disminución de la disponibilidad de recursos tróficos.

Los buitres han demostrado tradicionalmente su importante papel como aliados en la adecuada gestión sanitaria del medio natural, por la rapidez en la eliminación de biomasa corrompible de los cadáveres y asegurando la inocuidad respecto a la transmisión de las principales zoonosis en el medio mediterráneo. Además, prestan otros servicios ecosistémicos importantes, como es la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y el ahorro económico a las arcas públicas y de particulares sustituyendo la retirada y eliminación de cadáveres en plantas de tratamiento –que requiere la suscripción de seguros o el pago de los servicios de retirada- por su consumo en el propio medio natural. Del mismo modo, existe la obligación legal para la protección y promoción de estas especies de fauna silvestre, en ocasiones consideradas amenazadas. Es el caso del buitre negro, para el que España alberga el 95% de las poblaciones europeas, y que satisface un tercio de sus necesidades alimenticias con los cadáveres de ungulados cinegéticos cobrados en actividades cinegéticas de los montes mediterráneos. Además, otras especies amenazadas como el águila imperial ibérica, endémica de nuestra fauna, también encuentra en los cadáveres de animales de caza mayor una fuente primordial de alimento durante el invierno.

Existen, en este caso, alternativas más económicas, viables técnica y sanitariamente, que pueden ser empleadas y autorizadas para la gestión de restos cinegéticos. Se brinda una importante ocasión para aprovechar la acción de los buitres como eliminadores naturales de los cadáveres de ungulados en los acotados, sin necesidad de penalizar económicamente a los gestores cinegéticos. En este sentido, es preciso permitir el aporte de subproductos de caza dentro de las zonas de protección de la alimentación delimitadas por las autoridades competentes sin necesidad de construir muladares vallados o, en su defecto, utilizando modelos de mallas perimetrales móviles y económicas que impiden el acceso a mamíferos oportunistas potenciales vectores de enfermedades. Estas medidas reducirían asimismo los conflictos suscitados por interacciones y depredaciones de buitres sobre ganado vivo, producidas circunstancialmente en los últimos tiempos por la alteración y disminución de la disponibilidad de carroña de origen ganadero, como consecuencia de la aplicación de la normativa de gestión de subproductos animales tras la crisis de las vacas locas que, afortunadamente,se ha flexibilizado en tiempos recientes.

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Antoni Margalida es investigador del Instituto de Ecología y Evolución de la Universidad de Berna, y de la Universidad de Lleida. Es especialista en el estudio de especies amenazadas, fundamentalmente aves carroñeras.

Javier Oria es presidente de la Fundación CBD-Habitat, entidad que desarrolla proyectos de colaboración con propiedades privadas sobre buenas prácticas de gestión y conservación de especies amenazadas en el monte mediterráneo.

José Antonio Donázar, profesor de investigación adscrito al Departamento de Biología de la Conservación de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), está especializado en el estudio de fauna amenazada, principalmente buitres.

José Antonio Sánchez-Zapata es profesor titular del Departamento de Ecología de la Universidad Miguel Hernández (Elche) y experto en la evaluación de los servicios ecosistémicos prestados por especies necrófagas.

José Tavares es director ejecutivo de la Vulture Conservation Foundation (VCF), entidad dedicada a la conservación de los buitres en el ámbito europeo y con sede en Zurich (Suiza).