La Justicia declara nula la Orden de Cospedal sobre prestaciones a los Dependientes: más de CINCO mil han muerto esperando recibir la ayuda

Este es el comunicado completo de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha. Respetamos su redacción y ortografía en todos sus términos:

NULA DE PLENO DERECHO

“LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN CASTILLA-LA MANCHA INFORMA DE LA SENTENCIA DEL TSJCLM nº 166/2015, DE 2 DE MARZO, QUE DECLARA NULA DE PLENO DERECHO DE LA ORDEN DE 29/07/2013, DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES, QUE ESTABLECE EL CATÁLOGO DE SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

Por unanimidad, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia nº 166/2015, de 9 de marzo, ha estimado el recurso deducido por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha contra la Orden de 29 de julio de 2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, “que establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y se determina la intensidad de los servicios y el régimen de incompatibilidades” (DOCM nº 152, de 7 -8-2013).

En síntesis, la Sentencia -de la que es ponente el Presidente del Tribunal don José Borrego López- aprecia el motivo de antijuridicidad consistente en la omisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, al tratarse de un reglamento ejecutivo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Y concluye:

“Por lo razonado, también se daría el segundo presupuesto legal; que vendría a exigir que la Orden pasara por el control de legalidad del Consejo Consultivo Autonómico. Tal omisión, nos ha de llevar a considerarla como nula de pleno derecho, al tratarse de un requisito esencial en la elaboración de la norma; equiparable a la inexistencia de procedimiento (art. 62.2, de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre); con estimación del recurso (arts. 67, 68, 70 y 71, de la L.J.). Con expresa condena en costas a la parte demandada (art. 68.2 y 139, ambos de la L. R.).”

"La Orden anulada establecía un conjunto de recortes arbitrarios y retroactivos contra los derechos de las personas dependientes..."

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, Responsable Nacional de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-LAPAD) valora muy positivamente esta Sentencia, ya que la Orden anulada establecía un conjunto de recortes arbitrarios y retroactivos contra los derechos de las personas dependientes, reconocidos en la Ley de Dependencia y en la propia Constitución.

Especialmente grave y sangrante era el trato degradante e inhumano que la Orden daba a los grandes dependientes, es decir, a las personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal, personas, SI PERSONAS Y NO NUMEROS, que necesitan una persona a su lado 24 horas al día todos los días del año, para poder seguir viviendo. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (PECEF) es la que se concede ante la imposibilidad de que el dependiente sea atendido por la red de servicios públicos Y QUE SIRVE PARA PODER MANTENER AL GRAN DEPENDIENTE DENTRO DE SU ENTORNO FAMILIAR, TAL Y COMO ESTABLECE LA LEY ORIGINAL DE DEPENDENCIA

La Orden anulada establecía todo tipo de requisitos retardatorios y obstáculos para impedir la atención que necesitan estas personas que se encuentran en la fina línea que separa la vida y la muerte. Por ejemplo, imponía un periodo de carencia mínimo de un año para poder solicitar la prestación. Y después, la Consejería podía suspender durante dos años y medio más la percepción de la prestación. En total, hasta 3 años y medio podía demorarse el abono de la PECEF a los grandes dependientes.

"El hecho objetivo de esta disposición ha sido el FALLECIMIENTO DE MAS DE CINCO MIL PERSONAS EN CASTILLA-LA MANCHA ESPERANDO RECIBIR LA PRESTACIÓN A LA QUE POR LEY DEBERÍAN HABER DISFRUTADO"

Además, si moría el dependiente antes de obtener la resolución expresa del derecho a las prestaciones económicas, la Junta de Comunidades no abona nada, lo cual se convertía en un ESTIMULO DESPRECIABLE  para que la Consejería demorara al máximo el reconocimiento de las prestaciones. Dada la muy deteriorada salud de los grandes dependientes, sea por enfermedad y/o vejez u otras causas, una demora de tres años y medio conlleva una alta probabilidad de fallecimiento. Y más si no se garantiza que reciba la debida atención.

El hecho objetivo de esta disposición ha sido el FALLECIMIENTO DE MAS DE CINCO MIL PERSONAS EN CASTILLA-LA MANCHA ESPERANDO RECIBIR LA PRESTACIÓN A LA QUE POR LEY DEBERÍAN HABER DISFRUTADO. Un hecho sin precedentes en cualquier Estado de Derecho Y UN ESCÁNDALO PARA LA PROPIA DIGNIDAD HUMANA.

Nos alegramos de que el Tribunal Superior de Justicia haya anulado una Orden permitía que la Junta de Castilla-La Mancha se desentendiera de las personas grandes dependientes, dejándolas a su suerte y a cargo de otra persona, familiar normalmente, que había de asumir altruistamente ese cuidado, renunciando a cualquier posibilidad de trabajo o actividad profesional, es decir, a la posibilidad de conseguir sustento económico para sí y su familia y aun de su propia realización personal. Es decir, una Orden que nos retrotrajo al viejo modelo privatista, de la beneficencia y de la caridad, exento de cualquier derecho para todas estas personas.

"Nos alegrarnos de que el Tribunal Superior de Justicia haya anulado una Orden permitía que la Junta de Castilla-La Mancha se desentendiera de las personas grandes dependientes"

Además, la Orden llevaba a cabo una revisión retroactiva, sin justificación ni informes técnicos que la sustentara, una ilegalidad inadmisible, sin un cambio en la situación de la persona, con un incumplimiento de obligaciones o de los requisitos para su reconocimiento. Al amparo de esta Orden, la Consejería estaba procediendo a una revisión sistemática de los grados y prestaciones reconocidos antes de que entrara en vigor, para reducir y/o eliminar servicios y prestaciones, imponiendo el nuevo catálogo, sus intensidades e incompatibilidades de manera indiscriminada sin llevar a cabo una revisión médica ni de ningún otro tipo, sin que hubiera error de baremo ni incumplimiento de obligaciones o requisitos; incluso a personas que han empeorado su situación de gran dependencia.

Esperamos que la Presidenta de Castilla-La Mancha y Secretaria General del Partido Popular, Sra. Cospedal, haya tomado buena nota de la Sentencia y extraiga las consecuencias políticas que proceden en relación con el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales Sr Echániz, curiosamente responsable nacional de Asuntos Sociales del Partido Popular, que acumula la enésima ilegalidad en su gestión denunciandas por esta Plataforma.

Y, lo que es todavía más importante, exigimos que la Junta restablezca a las personas dependientes en sus derechos ordenando la revisión de todas las prestaciones que han sido denegadas, recortadas o suspendidas al amparo de la Orden anulada, procediendo de oficio a su abono a las personas que se han visto ilegalmente privadas de ellas.

"Exigimos que la Junta restablezca a las personas dependientes en sus derechos ordenando la revisión de todas las prestaciones que han sido denegadas, recortadas o suspendidas al amparo de la Orden anulada..."

No obstante, lamentamos profundamente que muchas de esas revisiones no puedan ser restituidas ya que además del hurto económico al que han sido sometidas miles y miles de personas dependientes, muchas de ellas han fallecido, a muchas de ellas hay que buscarlas en los cementerios. Como ejemplo paradigmático de todo lo que ha acontecido queremos recordar en estos momentos al niño de 13 años gran dependiente, Jomián Leonel, fallecido ahora hace un año y al que se le denegó la prestación económica al amparo de la Orden hoy declarada NULA DE PLENO DERECHO POR LA JUSTICIA y que murió a cien kilómetros de su madre que no pudo estar a su lado en estos momentos tan dolorosos. En memoria de Jomian, en memoria de su madre y hermanos y en memoria de todos y todas las personas fallecidas tanto en Castilla-La Mancha como en todo el país bajo una legislación que niega el amparo al colectivo más frágil y dèbil de nuestra sociedad nos presentamos ante toda la ciudadanía para, CON SENTENCIA JUDICIAL EN MANO, demostrar la ilegalidad de todas estas actuaciones.

Junta Directiva Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha

El candidato do PSOE a la presidencia de la Junta de Comunidades ha publicado en su facebook la siguiente reflexión: "La mayor discapacidad es la que tienen algunos en el corazón y en el alma, en la sensibilidad. Mi compromiso era derogar esta Orden de Cospedal, que lo único que hacía era hacer estéril la Ley de Dependencia. Ya no hará falta, pero reitero mi compromiso. Cumpliré milimétricamente la Ley de Dependencia y resolveré todos los expedientes que aún se guardan en el cajón. Siento vergüenza de que en nuestra tierra haya más de 5.000 personas que han fallecido teniendo derecho reconocido a una prestación y no hayan llegado tiempo de tenerla. Hay que dar prioridad a quien la tiene, a quien la tiene moralmente. De todas las cosas que me importa recuperar en la próxima legislatura, la dependencia es la más importante. Porque todos podemos ser dependientes".